¡HAY QUE SENTAR A PEDRO SÁNCHEZ Y A SUS SECUACES ANTE LOS TRIBUNALES, ENJUICIARLOS Y CASTIGARLOS SEVERAMENTE POR LOS CRÍMENES COMETIDOS DURANTE ESTOS OCHO AÑOS!
De Adamuz a Urda: tragedias ferroviarias, negligencias, corrupción, despilfarro, deuda descomunal y una España que se cae a pedazos mientras el Gobierno presume de recaudar. ¡Basta de impunidad! ¡Hay que recuperar el juicio de residencia!
CARLOS AURELIO CALDITO AUNIÓN
28 de octubre de 2026
I. ¡OTRA MATANZA FERROVIARIA! ¿CUÁNTOS MUERTOS MÁS HACEN FALTA?
Otra vez.
Otra vez los vagones destrozados.
Otra vez las ambulancias, los bomberos, las camillas, los heridos, los cadáveres y las familias desesperadas.
Otra vez los españoles contemplando horrorizados cómo un viaje en tren, algo tan cotidiano como acudir al trabajo, visitar a la familia o desplazarse por vacaciones, termina convertido en una espantosa tragedia.
Y otra vez el Gobierno compareciendo ante las cámaras.
¡Faltaría más!
Para las fotografías nunca faltan ministros.
Para las declaraciones solemnes nunca faltan palabras.
Para manifestar condolencias siempre hay tiempo.
Lo verdaderamente difícil parece ser encontrar responsables.
Este miércoles, 28 de octubre de 2026, un tren AVE de Renfe ha embestido a otro de Iryo que permanecía detenido en las proximidades de Urda, Toledo. Varios vagones han descarrilado. Algunos han terminado precipitándose por un terraplén.
El balance provisional conocido esta tarde asciende a 68 fallecidos y numerosos heridos.
¡Sesenta y ocho muertos!
Y eso cuando todavía no han transcurrido diez meses desde la tragedia de Adamuz, ocurrida el 18 de enero, donde fallecieron otras 46 personas.
¡CIENTO CATORCE MUERTOS EN DOS CATÁSTROFES FERROVIARIAS DURANTE EL MISMO AÑO!
Ciento catorce españoles y viajeros que no volverán a sus casas.
Ciento catorce familias destrozadas.
Ciento catorce vidas que no pueden convertirse en simples cifras de una comparecencia ministerial.
¿Y qué explicaciones conocemos sobre Urda?
Según las primeras informaciones, un fallo del sistema automático de seguridad obligó a controlar manualmente la circulación. Posteriormente se autorizó la marcha de un tren que terminó alcanzando al convoy detenido.
¡Un sistema de alta velocidad!
¡Un ferrocarril que durante décadas fue presentado como símbolo de la modernización española!
¡Un servicio por el que los viajeros pagan precisamente porque confían en su seguridad!
¿Y ahora qué?
¿Otra comisión?
¿Otro informe?
¿Otra promesa de llegar hasta el final?
¿Otros minutos de silencio?
¿Otra ceremonia con representantes políticos convenientemente situados ante las cámaras?
Los familiares de los muertos merecen algo más que palabras.
Y los españoles que continúan utilizando el ferrocarril tienen derecho a saber si las condiciones de seguridad son las adecuadas.
No basta con señalar al último trabajador que intervino en la circulación.
Hay que investigar toda la cadena de responsabilidades.
Desde el centro de control hasta los despachos de quienes dirigen las empresas públicas.
Desde las órdenes de circulación hasta los procedimientos de emergencia.
Desde las inspecciones hasta las decisiones presupuestarias.
Y, cuando corresponda, hasta el propio Ministerio de Transportes.
La responsabilidad política no puede evaporarse cada vez que aparece una tragedia.
Pedro Sánchez lleva más de ocho años presidiendo el Gobierno.
Óscar Puente dirige el Ministerio de Transportes.
Ambos deben dar explicaciones sobre la actuación de sus respectivos ámbitos de responsabilidad.
Y cualquier indicio de delito debe ser investigado por los tribunales, con independencia del cargo de la persona afectada.
Lo inadmisible sería que otra catástrofe terminara convertida en una disputa parlamentaria mientras los responsables de las decisiones verdaderamente relevantes permanecen cómodamente instalados en sus despachos.
Porque los muertos no necesitan propaganda.
Necesitan justicia.
II. ¡ESPAÑA SE CAE A PEDAZOS!
Y no se trata solamente de los ferrocarriles.
¡Ojalá fuera ése nuestro único problema!
La tragedia ferroviaria se produce en un país que acumula problemas gravísimos en prácticamente todos los grandes ámbitos de la administración pública.
La enseñanza, sometida durante décadas a reformas, contrarreformas y experimentos políticos, presenta deficiencias que perjudican especialmente a los alumnos con menos recursos.
Demasiados escolares terminan sus estudios sin dominar suficientemente la lectura, la expresión escrita, las matemáticas o conocimientos fundamentales de historia y geografía.
La disciplina y la autoridad del profesor se han convertido en asuntos incómodos para quienes parecen confundir enseñar con entretener.
Y mientras tanto proliferan los proyectos, los planes, los informes, las ocurrencias pedagógicas y la burocracia.
¡Mucho papel y demasiados alumnos que no saben lo que deberían saber!
La sanidad pública, entretanto, padece listas de espera que en determinados servicios y territorios resultan desesperantes.
Meses para obtener una consulta.
Meses para determinadas pruebas diagnósticas.
Meses para intervenciones quirúrgicas.
Pacientes que deben continuar viviendo con dolor, incertidumbre y preocupación mientras esperan ser atendidos.
Y cuando llegan las críticas, comienza el habitual intercambio de responsabilidades entre el Gobierno central y las comunidades autónomas.
¡Magnífico!
El enfermo espera y los políticos discuten.
La Administración de Justicia tampoco ofrece motivos suficientes para el entusiasmo.
Procedimientos que se prolongan durante años.
Gastos que desalientan a quienes pretenden defender sus derechos.
Juzgados sobrecargados.
Resoluciones tardías.
Y ciudadanos que pueden terminar preguntándose si merece la pena acudir a los tribunales.
Una justicia tardía, carísima e inaccesible no cumple satisfactoriamente la función que justifica su existencia.
Las carreteras y autovías presentan en numerosos tramos pavimentos deteriorados, baches, necesidades de conservación, señalización deficiente y obras que se prolongan más de lo razonable.
La seguridad vial exige algo más que radares, sanciones y campañas publicitarias.
Exige conservar correctamente las infraestructuras.
Los ferrocarriles, antiguamente orgullo nacional, acumulan incidencias, retrasos, averías y problemas que reclaman atención permanente.
Y ahora, dos catástrofes de enorme magnitud en menos de un año.
Los cauces fluviales, las presas, las infraestructuras hidráulicas y las zonas inundables necesitan actuaciones continuadas de conservación, prevención e inspección.
Sin embargo, cuando llegan las inundaciones, asistimos al espectáculo habitual.
Unos políticos culpan a otros.
Los responsables de unas administraciones señalan a los de las demás.
Aparecen informes que advierten de riesgos conocidos.
Y los ciudadanos perjudicados deben soportar las consecuencias.
Los montes y bosques requieren gestión forestal, prevención de incendios, conservación de caminos, vigilancia y actuaciones destinadas a reducir determinados riesgos.
Pero esas tareas no ofrecen el atractivo electoral de una inauguración.
No permiten cortar cintas.
No suelen proporcionar fotografías espectaculares.
Y su eficacia se mide, precisamente, por las desgracias que ayudan a evitar.
La vivienda, entretanto, se ha convertido en un problema gravísimo para numerosos jóvenes y familias.
Los alquileres resultan inalcanzables en muchas ciudades.
Comprar una vivienda exige esfuerzos económicos descomunales.
La oferta de nuevas viviendas encuentra dificultades administrativas.
Y las sucesivas intervenciones políticas no han conseguido resolver las causas profundas del problema.
A todo ello se añaden la inseguridad ciudadana, los problemas de atención a la dependencia, las dificultades de los autónomos, la burocracia asfixiante y una administración que demasiadas veces trata al ciudadano como un súbdito obligado a demostrar continuamente que tiene derecho a recibir lo que ya ha pagado mediante sus impuestos.
Éste es el panorama que debe examinarse.
No una España imaginaria fabricada para los discursos oficiales.
La España real.
La España de quienes trabajan, pagan y necesitan servicios que funcionen.
¡Y QUE NADIE PRETENDA CONVENCERNOS DE QUE TODO ESTÁ ESTUPENDAMENTE PORQUE EL GOBIERNO RECAUDA MÁS QUE NUNCA!
III. ¡NI SIQUIERA TENEMOS UNOS NUEVOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO!
Aquí comienza uno de los mayores escándalos de nuestra vida pública.
España continúa en 2026 con unos Presupuestos Generales del Estado prorrogados.
Los últimos aprobados corresponden a 2023.
¡CUATRO EJERCICIOS PRESUPUESTARIOS SIN NUEVAS CUENTAS GENERALES APROBADAS!
Y mientras tanto, el presidente del Gobierno continúa gobernando, anunciando inversiones, distribuyendo recursos, aprobando decretos y negociando medidas con los partidos cuya colaboración necesita para permanecer en la Moncloa.
¿Para qué sirven entonces las Cortes Generales?
¿Para qué se eligen diputados?
¿Para qué establece la Constitución que corresponde al Gobierno elaborar los presupuestos y a las Cortes examinarlos, enmendarlos y aprobarlos?
Los Presupuestos Generales del Estado no constituyen un simple trámite burocrático.
Son el instrumento mediante el cual el Gobierno debe presentar sus previsiones de ingresos, sus programas de gasto, las partidas destinadas a actuaciones concretas y las prioridades de la política económica.
También constituyen una de las principales herramientas de control parlamentario.
Sin unas nuevas cuentas aprobadas durante años, resulta mucho más difícil someter a una discusión completa y actualizada las prioridades de gasto del Ejecutivo.
La Constitución permite la prórroga presupuestaria, desde luego.
Pero lo que se concibió para garantizar la continuidad de la administración no debería convertirse en un cómodo sustituto de la aprobación periódica de unas cuentas nuevas.
Porque las necesidades cambian.
Los costes aumentan.
Las infraestructuras envejecen.
Los servicios requieren nuevas inversiones.
Y el Parlamento debería poder examinar y aprobar esas prioridades.
Un Gobierno que administra cantidades gigantescas de dinero público debe explicar detalladamente qué pretende hacer con ellas.
No basta con publicar anuncios.
No basta con prometer inversiones.
No basta con presentar cantidades globales destinadas a impresionar a los periodistas.
Hay que concretar.
Cuánto dinero se destina a cada programa.
Qué actuaciones se financiarán.
Qué obras se ejecutarán.
Qué gastos se reducirán.
Qué plazos se cumplirán.
Y qué resultados se esperan.
¡PRESUPUESTOS, SEÑOR SÁNCHEZ!
¡CUENTAS CLARAS!
¡CONTROL PARLAMENTARIO!
¡Y RESPONSABILIDADES POR LOS COMPROMISOS INCUMPLIDOS!
IV. ¡SÁNCHEZ, EL GRAN RECAUDADOR!
El presidente del Gobierno puede presumir de que los ingresos tributarios aumentan.
Pero convendría recordar una verdad elemental.
Pedro Sánchez no produce personalmente el dinero que recauda el Estado.
No lo fabrica.
No lo gana trabajando en una fábrica.
No lo obtiene cultivando tierras.
No lo produce mediante su actividad empresarial.
Lo recauda de la riqueza que generan los españoles.
De los trabajadores.
De los autónomos.
De los agricultores.
De los empresarios.
De los comerciantes.
De quienes ahorran.
De quienes consumen.
De quienes compran una vivienda o reciben una herencia.
EL DINERO PÚBLICO NO ES DINERO DEL GOBIERNO. ES DINERO QUE EL GOBIERNO ADMINISTRA.
Y ésa es una diferencia fundamental.
Porque recaudar mucho no constituye por sí solo una demostración de buena administración.
El verdadero éxito consistiría en administrar eficazmente esos ingresos, garantizar los servicios esenciales, conservar las infraestructuras y ofrecer resultados satisfactorios.
Un Gobierno no puede exigir sacrificios continuos a los contribuyentes y después limitarse a ofrecer excusas cuando los servicios que debe prestar presentan deficiencias.
Tampoco puede presumir indefinidamente de sus ingresos mientras evita discutir con el mismo entusiasmo la calidad del gasto.
¿Cuánto se destina realmente a conservar las infraestructuras?
¿Cuánto a mantener los hospitales?
¿Cuánto a mejorar la enseñanza?
¿Cuánto a reducir los retrasos de la justicia?
¿Cuánto a atender la deuda?
¿Y cuánto a organismos innecesarios, duplicidades, gastos superfluos y estructuras administrativas que deberían ser revisadas?
Esas preguntas merecen respuestas documentadas.
Porque el contribuyente no tiene por qué conformarse con saber cuánto dinero ha conseguido recaudar el Gobierno.
Tiene derecho a saber qué ha recibido a cambio.
V. MÁS DE 2,3 BILLONES DE EUROS EN PASIVOS PÚBLICOS. ¡Y TODAVÍA PRETENDEN DARNOS LECCIONES DE ADMINISTRACIÓN!
La deuda pública constituye otro de los grandes problemas que España debe afrontar.
Los pasivos financieros totales de las Administraciones Públicas superaban los 2,3 billones de euros en el segundo trimestre de 2026.
La deuda consolidada conforme al Protocolo de Déficit Excesivo era inferior, pero también gigantesca: alrededor de 1,76 billones de euros, equivalentes al 101,4 % del producto interior bruto.
No son la misma magnitud.
Pero ambas reflejan la enorme dimensión de las obligaciones financieras asumidas por las administraciones.
Y permiten formular una pregunta muy sencilla.
¿QUÉ SE HA HECHO CON TODO ESE DINERO?
No basta con explicar que la deuda representa determinado porcentaje de la producción nacional.
Hay que atender los vencimientos.
Hay que pagar los intereses.
Hay que financiar los servicios.
Y hay que procurar que las obligaciones presentes no terminen hipotecando innecesariamente el futuro.
Las cuentas públicas no pueden examinarse exclusivamente desde la perspectiva de lo que resulta conveniente anunciar antes de unas elecciones.
Deben examinarse pensando también en quienes tendrán que pagar las facturas dentro de diez, veinte o treinta años.
Por eso hay que revisar cada gran programa de gasto.
Cada organismo duplicado.
Cada contratación innecesaria.
Cada inversión de utilidad discutible.
Cada subvención que no cumple su finalidad.
Cada compromiso financiero que se adquiere sin explicar suficientemente sus consecuencias.
La deuda no es un juguete electoral. Y el dinero de los contribuyentes no constituye un botín que los partidos puedan repartirse a su antojo.
VI. NEGLIGENCIA, MALVERSACIÓN, PREVARICACIÓN Y CORRUPCIÓN: ¡QUE SE INVESTIGUE HASTA EL ÚLTIMO DESPACHO!
La corrupción no comienza y termina necesariamente con un sobre lleno de billetes.
Puede manifestarse mediante adjudicaciones fraudulentas.
Comisiones ilegales.
Contratos amañados.
Enriquecimientos ilícitos.
Resoluciones administrativas arbitrarias dictadas a sabiendas de su injusticia.
Desvíos de fondos.
Favores ilegales a familiares, amigos o personas vinculadas al poder.
Y otras conductas castigadas por nuestro ordenamiento jurídico.
Pero existe también una cuestión que merece especial atención: las obligaciones incumplidas por quienes tenían el deber de proteger la seguridad de los ciudadanos.
Si una autoridad conoce un peligro grave y desatiende deliberadamente las obligaciones legales destinadas a evitarlo, su actuación debe ser investigada.
Si se ocultan irregularidades, hay que averiguar quién las ocultó.
Si se manipulan contratos, hay que identificar a quienes participaron.
Si se sustraen fondos públicos, hay que recuperarlos.
Y si una conducta constituye delito, debe perseguirse penalmente.
¡QUE LAS INVESTIGACIONES LLEGUEN HASTA DONDE TENGAN QUE LLEGAR!
Aunque alcancen a ministros.
Aunque alcancen a presidentes de empresas públicas.
Aunque afecten a altos funcionarios.
Aunque comprometan a personas cercanas al presidente del Gobierno.
Y aunque lleguen a la propia Presidencia.
El poder no puede constituir un refugio frente a la justicia.
Las responsabilidades penales deben establecerse a partir de las pruebas, pero el cargo desempeñado jamás debería convertirse en una razón para impedir que se investigue a quien corresponda.
No necesitamos ceremonias de indignación.
Necesitamos investigaciones eficaces.
Documentos.
Auditorías.
Inspecciones.
Reclamaciones.
Responsabilidades patrimoniales.
Procedimientos judiciales.
Y cumplimiento efectivo de las sentencias.
VII. ¡BASTA DE QUE LOS ERRORES LOS PAGUEN SIEMPRE LOS MISMOS!
Un trabajador responde por sus incumplimientos.
Un profesional puede ser inhabilitado.
Un empresario puede perder su patrimonio.
Un conductor puede terminar en prisión si comete un delito contra la seguridad vial.
Un autónomo debe responder de sus obligaciones tributarias.
¿Por qué debería resultar más difícil exigir responsabilidades a quien administra miles de millones de euros?
¿Por qué los ministros pueden abandonar sus cargos dejando asuntos sin aclarar?
¿Por qué los presidentes de empresas públicas no están sometidos a un examen independiente y completo de su administración al concluir sus funciones?
¿Por qué un gobernante puede anunciar inversiones y después marcharse sin explicar suficientemente cuáles se ejecutaron y cuáles quedaron pendientes?
La respuesta no debería depender de la simpatía que despierte el político.
Ni de su partido.
Ni de sus amistades.
Ni de la cantidad de diputados dispuestos a defenderlo.
Quien recibe autoridad pública debe responder de la manera en que la ejerce.
Y ésa es la razón por la que España necesita recuperar una institución que conoció hace siglos.
VIII. ¡HAY QUE REINSTAURAR EL JUICIO DE RESIDENCIA!
Sí.
El juicio de residencia.
Una institución de nuestro derecho histórico que permitía examinar la conducta de determinados funcionarios y gobernantes al terminar sus cargos.
Su desarrollo fue especialmente importante en Castilla y en los territorios americanos de la Monarquía Hispánica.
Corregidores, gobernadores y hasta virreyes podían verse sometidos al examen de su administración.
Se recibían quejas.
Se investigaban actuaciones.
Se examinaban posibles abusos.
Y podían exigirse responsabilidades.
¡Hasta un virrey de la Monarquía Hispánica podía tener que dar explicaciones al concluir su mandato!
¿Y vamos a aceptar que en pleno siglo XXI resulte extraordinariamente difícil examinar íntegramente la gestión de nuestros gobernantes?
¿No presumimos tanto de democracia?
¿No hablamos continuamente de transparencia?
¿No proclamamos que todos somos iguales ante la ley?
Pues empecemos por exigir que esas palabras tengan consecuencias.
El juicio de residencia moderno debería aplicarse a presidentes del Gobierno, ministros, secretarios de Estado, presidentes autonómicos, consejeros, alcaldes y máximos responsables de organismos y empresas públicas.
Debería examinar cómo administraron los recursos recibidos.
Qué decisiones adoptaron.
Qué obligaciones cumplieron.
Qué compromisos incumplieron.
Qué advertencias desatendieron.
Qué contratos adjudicaron.
Qué inversiones ejecutaron.
Qué perjuicios ocasionaron las actuaciones contrarias a derecho.
Y si existieron irregularidades patrimoniales o indicios de delito.
La revisión tendría que estar encomendada a órganos independientes.
Sus conclusiones deberían hacerse públicas.
Los ciudadanos directamente perjudicados deberían disponer de cauces para formular reclamaciones.
Y cualquier indicio delictivo debería trasladarse inmediatamente a la justicia penal.
No se trataría de inventar un tribunal político al servicio del vencedor de unas elecciones.
Se trataría de establecer un verdadero mecanismo permanente de responsabilidad pública.
¡QUE NINGÚN GOBERNANTE PUEDA MARCHARSE SIN EXPLICAR LO QUE HIZO CON EL PODER Y EL DINERO QUE RECIBIÓ!
Y, por supuesto, las investigaciones penales no tendrían que esperar al final del mandato.
Quien cometa un delito durante el ejercicio del cargo debe poder ser investigado y juzgado mientras permanezca en él.
El juicio de residencia serviría para examinar la gestión completa.
Los tribunales penales, para determinar y castigar los delitos.
Una cosa no sustituiría a la otra.
IX. NI VENGANZA NI INDULGENCIA: RESPONSABILIDAD PERSONAL Y JUSTICIA
Hay una idea que debería formar parte del funcionamiento ordinario de cualquier democracia.
Los políticos no son propietarios de las instituciones.
Son administradores temporales.
No poseen los ministerios.
No poseen las empresas públicas.
No poseen el presupuesto.
No poseen los tribunales.
Y tampoco poseen a los funcionarios.
Reciben unas competencias durante un tiempo determinado.
Y deben responder por cómo las ejercen.
De ahí que la rendición de cuentas deba ser general.
Para Pedro Sánchez.
Para sus ministros.
Para los gobiernos anteriores.
Para quienes los sustituyan.
Para los gobiernos autonómicos.
Para los responsables municipales.
Para todos.
Porque un juicio de residencia destinado exclusivamente a perseguir a los adversarios políticos sería una perversión del mismo principio que pretende defender.
La regeneración no consiste en cambiar de beneficiarios de los privilegios.
Consiste en acabar con los privilegios injustificables.
La justicia debe actuar sin favoritismos.
Y la responsabilidad política debe poder exigirse sin esperar a que un juez dicte sentencia penal.
X. ¡FEIJÓO Y ABASCAL: PROGRAMA, PROGRAMA, PROGRAMA!
La cuestión no termina con la exigencia de responsabilidades al Gobierno de Pedro Sánchez.
También alcanza a quienes aspiran a reemplazarlo.
Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal deben explicar ante los españoles qué reformas proponen y cómo piensan ejecutarlas.
No basta con anunciar que todo mejorará cuando Sánchez abandone la Moncloa.
No basta con prometer regeneración.
No basta con comprometerse a derogar leyes sin explicar qué normas las sustituirán.
No basta con hablar de rebajas de impuestos sin precisar su financiación.
No basta con ofrecer una enseñanza excelente, una sanidad eficaz y unas infraestructuras seguras.
Es necesario presentar un programa de gobierno completo.
Con objetivos.
Con cifras.
Con presupuestos.
Con plazos.
Con responsables.
Y con mecanismos de comprobación.
¿Qué reformas proponen para garantizar la presentación y aprobación periódica de los Presupuestos Generales del Estado?
¿Qué objetivos cuantificados establecerían para la deuda y el déficit públicos?
¿Qué organismos administrativos consideran innecesarios?
¿Qué duplicidades pretenden eliminar?
¿Qué mecanismos de auditoría del gasto implantarían?
¿Cuánto dinero destinarían al mantenimiento de las infraestructuras ferroviarias y viarias?
¿Qué medidas adoptarían para mejorar la conservación hidráulica y forestal?
¿Cómo reducirían los retrasos judiciales?
¿Qué compromisos concretos asumirían sobre las listas de espera sanitarias?
¿Cómo medirían los conocimientos de los alumnos al concluir cada etapa de enseñanza?
¿Qué reformas proponen para combatir la corrupción?
Y, sobre todo:
¿ESTARÍAN DISPUESTOS A SOMETER SUS PROPIOS GOBIERNOS A UN JUICIO DE RESIDENCIA AL TERMINAR SUS MANDATOS?
Ahí tendrían una oportunidad de demostrar la seriedad de sus propuestas.
No mediante discursos.
Mediante compromisos institucionales verificables.
Porque una promesa electoral no puede convertirse en un cheque en blanco.
Y un programa de gobierno no debería ser un catálogo de aspiraciones tan hermosas como imposibles de comprobar.
XI. ¡BASTA DE SENTIMENTALISMO TÓXICO!
La política española está demasiado acostumbrada a sustituir los programas por las emociones.
Se invoca la patria.
La libertad.
La justicia.
La democracia.
El progreso.
La solidaridad.
La regeneración.
Y después aparecen los aplausos, las banderas, la música y los discursos grandilocuentes.
Pero ningún discurso repara una carretera.
Ninguna proclama conserva una vía ferroviaria.
Ninguna declaración solemne reduce por sí sola las listas de espera.
Ninguna promesa hace desaparecer la deuda.
Y ninguna ovación garantiza que un ministro administre honradamente los recursos recibidos.
Las palabras pueden expresar objetivos.
Pero los objetivos necesitan medidas.
Las medidas necesitan recursos.
Los recursos necesitan presupuestos.
Y los compromisos necesitan responsables.
¡MENOS DECLAMACIONES Y MÁS ADMINISTRACIÓN!
¡Menos promesas y más cuentas!
¡Menos fotografías y más resultados!
¡Menos ataques verbales y más propuestas concretas!
La regeneración institucional debe poder comprobarse.
Y quien prometa llevarla a cabo debería aceptar que, terminado su mandato, los ciudadanos puedan examinar rigurosamente lo que hizo.
XII. ¡QUE NADIE VUELVA A MARCHARSE SIN RENDIR CUENTAS!
Regresemos a Urda.
A los trenes destrozados.
A las víctimas.
A las familias.
A las personas que jamás imaginaron que aquel viaje terminaría de semejante manera.
Los muertos no pueden convertirse en simples cifras de una disputa política.
Ni en instrumentos de propaganda.
Ni en el motivo de otra sucesión de promesas que terminarán olvidadas.
Lo sucedido exige conocer las causas, revisar los sistemas de seguridad y establecer todas las responsabilidades que correspondan.
Pero también obliga a examinar las condiciones generales de la administración pública española.
Porque España necesita mucho más que un cambio de ocupantes de los ministerios.
Necesita cuentas claras.
Presupuestos sometidos a control parlamentario.
Infraestructuras conservadas.
Servicios públicos eficaces.
Administraciones responsables.
Tribunales independientes.
Y gobernantes que conozcan las consecuencias de sus actos.
¡QUE NINGÚN CARGO PÚBLICO SIRVA DE REFUGIO FRENTE A LA JUSTICIA!
Que los delitos se investiguen.
Que los responsables comparezcan ante los tribunales.
Que el dinero malversado se recupere.
Que las indemnizaciones correspondientes se satisfagan.
Que las inhabilitaciones se cumplan.
Y que las condenas penales se ejecuten sin privilegios políticos.
Hoy, más que nunca, resulta necesario recuperar el juicio de residencia.
Para que quien gobierne sepa desde el primer día que tendrá que responder por su administración.
Para que el poder vuelva a entenderse como un servicio.
Y para que ninguna persona pueda confundir la confianza electoral con una licencia para actuar sin consecuencias.
Pedro Sánchez y sus ministros deben rendir cuentas de su gestión.
Las responsabilidades por las catástrofes ferroviarias deben investigarse hasta sus últimas consecuencias.
Y quienes aspiren a gobernar después deben explicar qué mecanismos establecerán para que la administración pública quede sometida a un control eficaz.
Porque los españoles no necesitan otros ocho años de disputas, promesas y excusas.
Necesitan instituciones que funcionen.
Y una clase dirigente que comprenda que gobernar significa administrar lo que pertenece a todos.
¡BASTA DE IMPUNIDAD!
¡BASTA DE DESPILFARRO!
¡BASTA DE IRRESPONSABILIDAD!
¡JUSTICIA PARA LAS VÍCTIMAS Y RESPONSABILIDADES PERSONALES PARA QUIENES HAYAN COMETIDO DELITOS!
¡RECUPEREMOS EL JUICIO DE RESIDENCIA!
Y, SEÑORES FEIJÓO Y ABASCAL: PROGRAMA, PROGRAMA, PROGRAMA. CON OBJETIVOS, PLAZOS, PRESUPUESTOS Y RENDICIÓN DE CUENTAS.
Porque España no es propiedad de quienes la gobiernan.
Y el dinero público no es suyo.
CARLOS AURELIO CALDITO AUNIÓN
28 de octubre de 2026
