MANOS LIMPIAS DENUNCIA AL EXJUEZ LUIS JOSÉ SÁENZ DE TEJADA POR TENTATIVA DE ASESINATO DE LA MAGISTRADA BEATRIZ BIEDMA
Manos Limpias solicita que se investigue la participación del exmagistrado en una trama para acabar con la vida de la jueza que investigó a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno; a Miguel Ángel Gallardo, entonces secretario general del PSOE de Extremadura y presidente de la Diputación Provincial de Badajoz; y a otros nueve implicados. La denuncia también reclama esclarecer las conexiones con el clan de narcotraficantes «Los Rocho» y la posible existencia de una organización dedicada a obstaculizar investigaciones judiciales incómodas para el poder.
Por MIGUEL BERNAD REMÓN Secretario general del Sindicato Manos Limpias
9 de octubre de 2026
El Sindicato Manos Limpias ha presentado, por medio de su procuradora Marta Gerona del Campo, una denuncia ante los juzgados de Instrucción de Badajoz contra el exjuez Luis José Sáenz de Tejada por un delito de tentativa de asesinato de la magistrada Beatriz Biedma, quien instruyó el procedimiento penal contra David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno; Miguel Ángel Gallardo, entonces presidente de la Diputación Provincial de Badajoz y secretario general del PSOE extremeño; y otras nueve personas vinculadas con las actuaciones administrativas investigadas.
La denuncia se fundamenta en los artículos 15, 16 y 139 del Código Penal y reclama la apertura de las correspondientes diligencias para esclarecer la participación del denunciado en las actuaciones dirigidas contra la magistrada, sus contactos con integrantes del clan de narcotraficantes «Los Rocho» y la intervención de quienes pudieron colaborar en una operación destinada a impedir que la investigación judicial siguiera su curso.
Los hechos tienen una gravedad extraordinaria.
No estamos hablando únicamente de campañas de desprestigio, insultos o presiones contra una jueza. Estamos hablando de testimonios que apuntan a la recopilación de información sobre su vida privada, seguimientos a su entorno familiar y contactos con delincuentes para eliminarla.
Y hay una cuestión que no podemos pasar por alto: Beatriz Biedma estaba investigando una causa que afectaba simultáneamente al hermano del presidente del Gobierno y a la máxima autoridad política e institucional de la Diputación Provincial de Badajoz.
Precisamente por ello resulta fundamental averiguar quiénes pudieron intervenir en aquellas actuaciones, qué objetivos perseguían y si existieron personas que, desde posiciones de influencia, promovieron o facilitaron las maniobras denunciadas.
UNA INVESTIGACIÓN QUE ALCANZABA AL HERMANO DEL PRESIDENTE Y A LA DIRECCIÓN DEL SOCIALISMO EXTREMEÑO
La investigación judicial promovida por Manos Limpias comenzó en junio de 2024, a raíz de una denuncia relacionada con la contratación de David Sánchez Pérez-Castejón por la Diputación Provincial de Badajoz.
Las actuaciones no se limitaron al hermano del presidente del Gobierno.
También alcanzaron a Miguel Ángel Gallardo, entonces presidente de la institución provincial y secretario general del PSOE de Extremadura, así como a otras nueve personas que habían intervenido, desde distintas responsabilidades administrativas, en los hechos examinados.
El procedimiento analizaba la creación y provisión del puesto de coordinador de los conservatorios provinciales, ocupado por David Sánchez a partir de 2017, y las posteriores modificaciones de su situación profesional dentro de la Diputación.
La magistrada Beatriz Biedma consideró que existían indicios suficientes para procesar a once personas por posibles delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias.
La Audiencia Provincial de Badajoz confirmó la continuación del procedimiento.
La instrucción terminó desembocando en una sentencia dictada el 14 de julio de 2026.
David Sánchez fue condenado a nueve años de inhabilitación por prevaricación administrativa. Miguel Ángel Gallardo recibió una condena de dieciocho años de inhabilitación por dos delitos de la misma naturaleza, mientras que otros nueve acusados también resultaron condenados.
La Audiencia descartó el delito de tráfico de influencias, pero apreció irregularidades constitutivas de prevaricación. Las condenas han sido recurridas y la Fiscalía ha solicitado la absolución de los once condenados.
Por tanto, la investigación que instruía Beatriz Biedma no constituía un asunto judicial menor, circunscrito a una contratación administrativa.
Afectaba directamente a la familia del presidente del Gobierno, a la presidencia de una diputación provincial y a distintos responsables de su organización administrativa.
Ese era el procedimiento que, según sostiene Manos Limpias, determinadas personas pretendían perturbar.
LOS INTENTOS DE INTERFERIR EN LA INSTRUCCIÓN JUDICIAL
La denuncia señala que Luis José Sáenz de Tejada, que había ejercido anteriormente como magistrado en Badajoz, conocía el entorno profesional y personal de Beatriz Biedma.
Según el escrito presentado por Manos Limpias, el exjuez trató de intervenir en el procedimiento mediante su personación como acusación popular.
La magistrada rechazó aquella pretensión.
Posteriormente, se produjo otro intento de personación a través de Patricia Sáenz de Tejada, hermana del denunciado, igualmente rechazado.
Manos Limpias sostiene que aquellas iniciativas formaban parte de una estrategia para entorpecer la instrucción, desacreditar a su responsable y conseguir apartarla de la investigación.
Pero la cuestión adquirió una dimensión mucho más grave cuando comenzaron a conocerse testimonios sobre contactos entre Sáenz de Tejada y personas relacionadas con el narcotráfico.
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha investigado actuaciones relacionadas con una trama de presiones sobre investigadores, fiscales y jueces, en la que aparece la figura de Leire Díez.
Según informaciones conocidas el 7 de octubre, una integrante del clan «Los Rocho», Cintia Rocho, declaró ante los investigadores que Sáenz de Tejada había hablado de eliminar a Beatriz Biedma, a quien consideraba un obstáculo.
La declaración resulta especialmente importante porque introduce una cuestión que va mucho más allá de una campaña pública de descrédito: la posible preparación de actuaciones dirigidas contra la integridad física de una magistrada.
LOS CONTACTOS CON EL CLAN DE NARCOTRAFICANTES «LOS ROCHO»
La denuncia de Manos Limpias sostiene que se recopiló información personal y familiar sobre Beatriz Biedma: datos relativos a su esposo, sus hijas, los lugares que frecuentaba y sus desplazamientos habituales.
También menciona fotografías y seguimientos que habrían permitido conocer sus movimientos.
El sindicato reclama que se investigue quién obtuvo esa información, quién ordenó recopilarla, a quién fue entregada y para qué se pretendía utilizar.
La obtención de semejantes datos adquiere una dimensión especialmente alarmante cuando aparece relacionada con conversaciones sobre la eliminación física de su destinataria.
La denuncia señala que la información habría sido trasladada a personas vinculadas con el clan «Los Rocho», entre ellas un individuo conocido como «Moto Ratón».
También solicita esclarecer una eventual contraprestación: la promesa de intervenir favorablemente en un procedimiento penal relacionado con el narcotráfico que afectaba a integrantes del clan.
La investigación deberá determinar si existió ese ofrecimiento, quién lo realizó y qué capacidad tenía para cumplirlo.
Porque, si se pretendió utilizar a delincuentes para atacar a una jueza a cambio de facilitarles ventajas judiciales, estaríamos ante una operación criminal de extraordinaria gravedad.
Y si semejante operación estaba destinada a impedir la continuidad de una investigación que afectaba al entorno del presidente del Gobierno y a responsables socialistas de Extremadura, resulta imprescindible esclarecer todas las relaciones existentes entre sus posibles participantes.
«QUERÍAN MATARLA»
Uno de los testimonios de mayor relevancia fue difundido por el periodista de investigación Alejandro Entrambasaguas en el programa Horizonte, presentado por Iker Jiménez en la televisión Cuatro.
El 6 de octubre de 2026, el periodista dio a conocer una conversación mantenida con «Moto Ratón», antiguo integrante del clan «Los Rocho».
En aquella conversación se abordaba el verdadero significado de la palabra «eliminar», utilizada en relación con Beatriz Biedma.
El testigo explicó que no se trataba simplemente de apartarla de la investigación judicial, sino de matarla.
La propia cadena televisiva difundió la información bajo el titular «Querían matarla».
Manos Limpias solicita que se incorpore esa grabación a las diligencias judiciales y que tanto Alejandro Entrambasaguas como «Moto Ratón» comparezcan para explicar cuánto conocen sobre los hechos.
La diferencia entre amenazar, intimidar, preparar un asesinato e iniciar su ejecución tiene consecuencias jurídicas decisivas.
Precisamente por ello es imprescindible investigar qué actuaciones concretas se realizaron, quiénes participaron y hasta dónde llegaron.
No basta con conocer el significado de las palabras pronunciadas.
Es necesario averiguar si estuvieron acompañadas de actuaciones materiales destinadas a cumplir las amenazas.
LA MAGISTRADA RELATA ANTE LA AUDIENCIA NACIONAL LAS MANIOBRAS CONTRA ELLA
El 8 de octubre, Beatriz Biedma compareció ante el magistrado Santiago Pedraz, en la Audiencia Nacional, en el procedimiento relacionado con las actuaciones atribuidas a Leire Díez y su entorno.
La magistrada explicó que dos abogados la habían advertido, por separado, de maniobras dirigidas contra ella.
Uno de ellos le comunicó que Sáenz de Tejada mantenía contactos con un clan de narcotraficantes.
Otro le habló de actuaciones relacionadas con las denominadas cloacas y de la existencia de imágenes privadas de la magistrada con sus hijas.
Biedma también relató episodios relacionados con personas que habrían acudido al colegio de sus hijas utilizando identidades falsas o afirmando actuar en nombre de familiares o colaboradores inexistentes.
La magistrada declaró que aquellas circunstancias le causaron angustia, aunque no alteraron su actuación judicial.
El testimonio confirma la necesidad de esclarecer el origen y la finalidad de las actuaciones dirigidas contra ella.
También plantea una cuestión institucional que no debe minimizarse.
¿Qué protección efectiva recibe una magistrada cuando, en el curso de una investigación penal, aparecen informaciones sobre seguimientos a sus hijas, recopilación de imágenes familiares y contactos con delincuentes para causarle daño?
La independencia judicial no consiste únicamente en proclamar que los jueces están sometidos al imperio de la ley.
Exige que puedan investigar sin sufrir amenazas contra su vida o la de sus familiares.
DE LAS AMENAZAS A LA TENTATIVA DE ASESINATO
Manos Limpias fundamenta su denuncia en los artículos 15, 16 y 139 del Código Penal.
El artículo 16 establece que existe tentativa cuando una persona comienza la ejecución de un delito mediante actos exteriores que deberían producir el resultado pretendido, sin que este llegue a consumarse por causas ajenas a su voluntad.
Por su parte, el artículo 139 regula el delito de asesinato.
Uno de los elementos esenciales para examinar los hechos denunciados es el denominado animus necandi, es decir, la intención de causar la muerte.
Manos Limpias considera que las actuaciones atribuidas a Sáenz de Tejada deben investigarse desde esa perspectiva.
La denuncia destaca la existencia de una campaña reiterada de descalificaciones contra Beatriz Biedma, difundida mediante grabaciones publicadas en el canal de YouTube del exjuez.
Según las informaciones relativas a la declaración de la magistrada, llegó a mencionarse la publicación de 99 vídeos contra
La hostilidad manifestada públicamente constituye un antecedente relevante, pero el núcleo de la denuncia se encuentra en los contactos con personas vinculadas al narcotráfico y en las actuaciones que pudieron organizarse para ejecutar las amenazas.
Por ello, Manos Limpias solicita investigar si existieron actos directamente encaminados a causar la muerte de Beatriz Biedma y determinar la responsabilidad penal de cuantos hubieran intervenido.
LAS DILIGENCIAS QUE SOLICITA MANOS LIMPIAS
El escrito presentado ante los juzgados de Instrucción de Badajoz reclama la admisión de la denuncia y la práctica de cinco diligencias fundamentales:
1. Declaración de Luis José Sáenz de Tejada, para esclarecer su participación en los hechos denunciados, sus contactos con integrantes del clan «Los Rocho» y las actuaciones dirigidas contra Beatriz Biedma.
2. Declaración testifical del periodista Alejandro Entrambasaguas, con aportación de las grabaciones difundidas en Horizonte, en las que se recogen las manifestaciones sobre el propósito de matar a la magistrada.
3. Declaración testifical de «Moto Ratón», para determinar el contenido de las conversaciones, los eventuales encargos recibidos, las contraprestaciones ofrecidas y la identidad de las personas que pudieron intervenir.
4. Incorporación de las grabaciones publicadas por Sáenz de Tejada en su canal de YouTube, para examinar las descalificaciones dirigidas contra la magistrada y su posible relación con las actuaciones investigadas.
5. Práctica de cuantas diligencias interese el Ministerio Fiscal, especialmente las destinadas a reconstruir las comunicaciones y relaciones entre quienes aparecen mencionados en los testimonios.
El sindicato anuncia asimismo su intención de transformar la denuncia en querella una vez abiertas las correspondientes diligencias penales.
¿QUIÉN QUERÍA APARTAR A BEATRIZ BIEDMA Y POR QUÉ?
La investigación debe esclarecer una cuestión fundamental: si las actuaciones dirigidas contra Beatriz Biedma respondían exclusivamente a la iniciativa personal de quienes aparecen mencionados o si existía una organización más amplia interesada en obstaculizar determinadas investigaciones judiciales.
La causa que instruía la magistrada afectaba a David Sánchez, Miguel Ángel Gallardo y otros nueve investigados.
Posteriormente se dictaron condenas por prevaricación administrativa contra los once acusados.
La coincidencia temporal entre aquella instrucción y las maniobras dirigidas contra su responsable exige examinar las motivaciones de quienes intervinieron en ellas.
Eso no significa atribuir automáticamente responsabilidades a todos los investigados en la causa original.
Significa averiguar quiénes tenían interés en obstaculizar el procedimiento, quiénes actuaron con ese propósito y qué medios utilizaron.
En particular, resulta imprescindible investigar las relaciones entre las personas que aparecen mencionadas en las actuaciones policiales, los posibles encargos realizados a delincuentes y las promesas de obtener ventajas en otros procedimientos judiciales.
También deberá determinarse qué conocimiento tenían los distintos participantes de las actuaciones dirigidas contra Beatriz Biedma.
La Justicia tiene la obligación de investigar los hechos hasta sus últimas consecuencias, sin que las relaciones políticas o personales de los implicados se conviertan en un obstáculo.
UNA MAGISTRADA NO PUEDE CONVERTIRSE EN OBJETIVO DE UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL POR CUMPLIR CON SU OBLIGACIÓN
La gravedad del asunto excede ampliamente las circunstancias personales de Beatriz Biedma.
Si se demuestra que determinadas personas recurrieron a delincuentes para intimidar o atacar a una magistrada, con el propósito de impedir que continuara una investigación judicial, estaremos ante una agresión directa contra el funcionamiento de la Justicia.
El hecho de que aquella investigación afectara a personas vinculadas al entorno familiar del presidente del Gobierno y a la dirección del PSOE extremeño añade una dimensión institucional que tampoco puede ignorarse.
Quienes ejercen funciones judiciales deben poder investigar a cualquier ciudadano, con independencia de su apellido, cargo público, influencia política o posición económica.
Lo contrario significaría aceptar que existen personas cuya proximidad al poder las coloca fuera del alcance efectivo de los tribunales.
Manos Limpias promovió la investigación que dio origen al procedimiento contra David Sánchez, Miguel Ángel Gallardo y los demás encausados.
Ahora reclama que se investiguen las actuaciones dirigidas contra la magistrada que asumió aquella instrucción.
Las declaraciones conocidas sobre posibles seguimientos, recopilación de información familiar y contactos con integrantes de un clan de narcotraficantes constituyen motivos suficientes para exigir un esclarecimiento exhaustivo.
La Justicia debe determinar quiénes participaron, qué actuaciones realizaron y si aquellas conductas constituyeron tentativa de asesinato u otros delitos.
Pero hay algo que conviene dejar sentado desde ahora:
Una investigación judicial no puede convertirse en una condena a muerte para el magistrado que tiene la obligación de llevarla adelante.
Y tampoco puede aceptarse que los delincuentes se conviertan en instrumentos para resolver los problemas judiciales de quienes disfrutan de influencia política o económica.
Manos Limpias reclama que se identifique a todos los responsables de las actuaciones dirigidas contra Beatriz Biedma.
A quienes pudieron concebirlas.
A quienes pudieron encargarlas.
A quienes facilitaron los medios.
Y a quienes eventualmente aceptaron ejecutarlas.
Porque la Justicia dejaría de ser tal si investigar a determinadas personas significara poner en peligro la propia vida.
MIGUEL BERNAD REMÓN Secretario general del Sindicato Manos Limpias
Badajoz, 9 de octubre de 2026
