MANOS LIMPIAS DENUNCIA CRIMINALMENTE A ADIF, RENFE E IRYO POR EL GRAVE ACCIDENTE FERROVIARIO DE URDA Y EXIGE QUE SE INVESTIGUEN LAS RESPONSABILIDADES PENALES
El sindicato que dirige Miguel Bernad Remón denuncia posibles delitos contra la seguridad colectiva, homicidio y lesiones por imprudencia grave. Reclama investigar las deficiencias de mantenimiento, identificar a los directivos responsables y examinar las revisiones ferroviarias realizadas durante los últimos cinco años.
28 de octubre de 2026.
El Sindicato Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias, dirigido por Miguel Bernad Remón, ha formulado una DENUNCIA CRIMINAL contra ADIF, Renfe e Iryo, así como contra los directivos y responsables técnicos que pudieran tener responsabilidad en el grave accidente ferroviario registrado este miércoles en las inmediaciones de Urda (Toledo).
La denuncia, dirigida al órgano judicial competente de Orgaz, reclama la apertura de una investigación penal para determinar las causas del siniestro y esclarecer las posibles responsabilidades derivadas del mantenimiento de las infraestructuras ferroviarias, los sistemas de seguridad y el material rodante.
Según recoge el escrito, el accidente se produjo a las 8.54 horas del 28 de octubre de 2026, cuando dos trenes de las compañías Iryo y Renfe colisionaron a la altura del punto kilométrico 118, en las proximidades de Urda.
Manos Limpias considera imprescindible averiguar si la tragedia pudo evitarse y si detrás del accidente existen negligencias graves, incumplimientos de las normas de seguridad o deficiencias reiteradas en los trabajos de mantenimiento.
Un sistema de mantenimiento bajo sospecha
La denuncia recoge las manifestaciones del ingeniero industrial Juan Franco, difundidas por Antena 3 en su programa Espejo Público, acerca de las deficiencias que podrían haber contribuido al accidente.
El técnico ha apuntado a la posible existencia de un sistema de mantenimiento defectuoso, que ha llegado a calificar de «chapuza».
Para Manos Limpias, estas manifestaciones justifican que se investigue cómo se estaban efectuando las revisiones técnicas, qué controles de seguridad se aplicaban y si las empresas encargadas de la explotación y conservación ferroviaria cumplían rigurosamente sus obligaciones.
El escrito denuncia la posible existencia de anomalías en los procedimientos de revisión de los elementos de rodadura, frenado, catenaria y señalización.
También plantea que determinadas operaciones de mantenimiento pudieron haberse realizado sin respetar las especificaciones de los fabricantes y las normas técnicas obligatorias, con posibles demoras en revisiones esenciales o en la sustitución de piezas sometidas a desgaste.
La seguridad de los viajeros no puede depender del ahorro en reparaciones, de revisiones aplazadas ni de controles efectuados de cualquier manera.
El mantenimiento ferroviario no constituye una cuestión secundaria ni una mera obligación administrativa. Su finalidad es impedir que una avería, un defecto técnico o una negligencia termine convirtiéndose en una tragedia.
Los responsables no son solamente quienes conducen los trenes
Uno de los aspectos fundamentales de la denuncia es la exigencia de investigar las responsabilidades de quienes dirigen, supervisan y gestionan el sistema ferroviario.
Manos Limpias reclama que las pesquisas no se limiten a examinar el comportamiento de los trabajadores directamente relacionados con el accidente.
También deben investigarse las decisiones de quienes tenían a su cargo garantizar el mantenimiento, ordenar las revisiones, corregir las anomalías y asegurar el funcionamiento de los sistemas de protección.
La denuncia se dirige contra ADIF, Iryo y Renfe, además de contra las personas físicas cuya responsabilidad pudiera determinarse durante la instrucción judicial.
El sindicato considera que los hechos descritos podrían ser constitutivos de delitos contra la seguridad colectiva y de homicidio o lesiones por imprudencia grave, contemplados en el Código Penal.
Asimismo, reclama examinar la eventual responsabilidad penal de las personas jurídicas, conforme a las disposiciones legales aplicables.
Manos Limpias exige examinar los últimos cinco años de mantenimiento
Entre las diligencias solicitadas destaca el requerimiento a las empresas ferroviarias para que aporten la documentación relativa al mantenimiento de los trenes e instalaciones afectados.
La investigación debe abarcar los cinco años anteriores al accidente.
Manos Limpias pide que se incorporen a las actuaciones judiciales los libros de mantenimiento, las fichas de revisión técnica, los partes de incidencias y los antecedentes de las operaciones realizadas.
También exige conocer qué empresas tenían encomendados los trabajos de mantenimiento, qué contratos estaban vigentes, cuáles eran sus obligaciones y qué actuaciones llevaron realmente a cabo.
Con ello se pretende esclarecer si las revisiones se ejecutaron correctamente y si existieron advertencias, averías o deficiencias que exigieran actuaciones preventivas.
El sindicato solicita igualmente que la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) remita al órgano judicial los informes que elabore acerca de las causas del siniestro.
Declaración del ingeniero Juan Franco y peritaje judicial independiente
La denuncia incluye la petición de que el ingeniero industrial Juan Franco sea llamado a declarar para explicar y fundamentar sus manifestaciones acerca del posible funcionamiento defectuoso del sistema de mantenimiento.
Manos Limpias reclama igualmente la intervención de la Policía Judicial y de los especialistas necesarios para conservar las pruebas, recoger los antecedentes técnicos y esclarecer las circunstancias del accidente.
Otra de las peticiones consiste en la designación de un perito judicial independiente que examine los trenes accidentados, las infraestructuras ferroviarias y los sistemas de seguridad.
La finalidad es reconstruir técnicamente lo sucedido, determinar el origen de las posibles anomalías y averiguar quiénes estaban obligados a prevenirlas o corregirlas.
Investigación penal y ejercicio de la acción popular
En el escrito presentado, Miguel Bernad Remón solicita al órgano judicial competente la admisión de la denuncia y la apertura de las correspondientes diligencias previas.
Asimismo, Manos Limpias manifiesta expresamente su voluntad de ejercer la acción popular, al amparo del artículo 125 de la Constitución y de las disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
El sindicato solicita que se establezca, cuando corresponda, una fianza proporcionada que haga posible su intervención en el procedimiento.
La denuncia cuenta con la representación de la procuradora Marta Gerona del Campo y la asistencia de los letrados José María Bueno Manzanares y Yulia Ivanistova Ivanistova.
La seguridad ferroviaria exige responsabilidades, no solamente explicaciones
La denuncia de Manos Limpias plantea cuestiones que no pueden quedar sin respuesta.
¿Se realizaron todas las revisiones obligatorias? ¿Se sustituyeron oportunamente las piezas deterioradas? ¿Se respetaron las especificaciones de los fabricantes? ¿Funcionaban correctamente los sistemas de protección? ¿Quién supervisaba los trabajos? ¿Quién autorizaba las operaciones de mantenimiento? ¿Existían deficiencias conocidas que no fueron corregidas?
Y, sobre todo, ¿se pudo evitar el accidente?
Estas son algunas de las cuestiones que deberán aclararse mediante la investigación solicitada.
El transporte ferroviario de viajeros exige el cumplimiento riguroso de unas normas cuya finalidad es proteger la vida y la integridad física de quienes utilizan diariamente este servicio público.
Las obligaciones de seguridad no son recomendaciones que puedan atenderse cuando resulte conveniente. Son exigencias cuya inobservancia puede tener consecuencias devastadoras.
Cuando falla la seguridad ferroviaria, no basta con reparar los desperfectos ni con sustituir los equipos dañados. Hay que averiguar qué falló, por qué falló y quién tenía la obligación de impedirlo.
Con esta denuncia criminal, Miguel Bernad Remón y el Sindicato Manos Limpias reclaman una investigación penal que llegue hasta los responsables de las decisiones, actuaciones u omisiones que hayan podido contribuir al accidente ferroviario de Urda.
El objetivo es que se esclarezcan los hechos, se identifique a quienes corresponda exigir responsabilidades y se depuren las consecuencias penales que procedan.
Porque la seguridad de los viajeros no puede quedar a merced de la negligencia, el abandono del mantenimiento o el incumplimiento de las obligaciones de quienes tienen el deber de garantizarla.
Y porque, cuando se produce una tragedia de estas características, la obligación de investigar no termina en el lugar del accidente: debe llegar hasta los despachos de quienes tenían encomendada la seguridad del servicio ferroviario.
