O ACABAMOS CON EL SANCHISMO O EL SANCHISMO ACABA CON ESPAÑA.
NO BASTA CON ECHAR A PEDRO SÁNCHEZ: HAY QUE IMPEDIR QUE PUEDA HABER OTRO DE SU CALAÑA.

Hay momentos en la vida de una nación en que la prudencia deja de ser virtud y empieza a parecerse demasiado a la cobardía. Momentos en que mirar hacia otro lado ya no significa mantenerse neutral, sino dejar hacer. Y momentos en que callar, pudiendo hablar, equivale a consentir.
España atraviesa uno de esos momentos.
Pedro Sánchez y su Gobierno son, a juicio de quien esto escribe, el enemigo político interior más peligroso que hoy tiene España.
Así de claro.
No porque Sánchez haya inventado todos nuestros males. Muchos existían antes de que llegara a la Moncloa: partidos que se reparten cargos e instituciones; diputados sometidos a quienes confeccionan las listas electorales; gobiernos autonómicos convertidos demasiadas veces en cacicazgos; despilfarro del dinero público; políticos que pasan del cargo a empresas favorecidas por decisiones públicas; jueces cuyo nombramiento acaba siendo objeto de negociación entre partidos; administraciones innecesariamente grandes y una costumbre particularmente dañina: el gobernante casi nunca responde personalmente por lo que hace.
Sánchez encontró todo eso hecho.
Y descubrió hasta dónde podía aprovecharlo.
Ésa es la verdadera gravedad del sanchismo.
Porque el sanchismo no es solamente Pedro Sánchez. Es una forma de entender el poder según la cual conservarlo está por encima de casi todo lo demás.
Lo que ayer era inadmisible hoy se hace.
Lo que ayer se prometió no hacer mañana se presenta como inevitable.
A quien ayer se rechazaba como compañero de viaje hoy se necesita para alcanzar una mayoría.
Una promesa dura mientras resulta conveniente.
Una palabra dada vale hasta que estorba.
Y el interés general queda sometido a una pregunta mucho más pequeña:
¿Me permite esto seguir gobernando?
Ahí comienza la corrupción más peligrosa de la política.
Antes del dinero.
Antes de las comisiones.
Antes de los enchufes.
La primera corrupción consiste en dejar de distinguir entre servir a España y servirse de España.
PRIMERO HAY QUE ECHARLOS.
Cuando una casa arde, nadie comienza discutiendo de qué color pintará el comedor.
Primero apaga el fuego.
Por eso el objetivo político más urgente de quienes consideran que el sanchismo está causando un daño gravísimo a España es muy sencillo:
DESALOJAR DEMOCRÁTICAMENTE A PEDRO SÁNCHEZ Y A SU GOBIERNO DEL PODER.
Después discutiremos.
Y habrá mucho que discutir.
Monarquía o República.
Autonomías.
Impuestos.
Inmigración.
Enseñanza.
Sanidad.
Agricultura.
Energía.
Pensiones.
Defensa.
Vida.
Familia.
Propiedad.
Libertad religiosa.
Tamaño y funciones del Estado.
Pero para poder discutir sobre todas esas cosas hace falta algo anterior:
Que España siga siendo una nación capaz de gobernarse y decidir por sí misma.
Por eso quienes discrepan en muchos asuntos pueden coincidir en éste.
¿Aliados circunstanciales?
¿Por qué no?
No hace falta casarse con quien viene a ayudarnos a apagar nuestra casa.
Basta con que traiga agua.
Cuando el incendio haya terminado ya discutiremos sobre los muebles.
¿DÓNDE ESTABAS?
Algún día llegará la pregunta.
A los políticos.
A los jueces.
A los periodistas.
A los empresarios.
A quienes ocupaban cargos públicos.
A quienes tenían autoridad.
A quienes podían hablar y prefirieron callar.
Y también a los ciudadanos.
¿Dónde estabas y qué hacías mientras ocurría todo aquello?
Porque no hacer nada también tiene consecuencias.
Callar puede ser una decisión.
Mirar hacia otro lado también.
Unos dirán que tenían miedo.
Otros, que podían perder el puesto.
Otros, que tenían una familia.
Otros, que no querían meterse en política.
Otros, que aquello no iba con ellos.
Y muchos responderán con la excusa más vieja del mundo:
—Pensé que alguien haría algo.
La Historia está llena de pueblos formados por personas que esperaban que otro hiciera lo necesario.
Después llega el desastre y aparece otra frase igualmente vieja:
—Yo no sabía.
Nosotros no podremos decirlo.
Sabemos.
Vemos.
Leemos.
Votamos.
Y podemos juzgar por nosotros mismos.
Por eso la pregunta será inevitable:
¿QUÉ HICISTE?
Cada cual tendrá que contestarla.
No necesariamente ante un juez.
Existe un tribunal bastante más difícil de engañar:
la propia conciencia.
Ante ella no sirven abogados, asesores, secretarios de prensa ni consignas.
Uno puede mentir a los demás.
Engañarse a sí mismo resulta bastante más difícil.
La Patria nos lo demandará.
¿Y EL REY?
También la Corona tendrá que responder ante la Historia.
Se nos repite que el Rey está atado de pies y manos por la Constitución.
Muy bien.
Leamos la Constitución.
Su artículo 56 dice que el Rey es jefe del Estado y «símbolo de su unidad y permanencia».
Detengámonos en esas palabras:
UNIDAD Y PERMANENCIA
El artículo 62 enumera sus funciones.
El 64 regula el refrendo de sus actos.
El 97 atribuye al Gobierno la dirección de la política interior y exterior, de la Administración civil y militar y de la defensa del Estado.
Hasta ahí, nada que discutir.
Pero ahora alguien deberá explicar dónde dice exactamente la Constitución que el Rey debe permanecer prácticamente mudo e inmóvil cuando una parte de España corre peligro.
No basta con responder:
—El Rey no puede.
¿Por qué no puede?
¿Dónde está escrito?
¿Qué artículo se lo impide?
¿Todo viaje del Rey es necesariamente una decisión política del Gobierno?
¿Toda palabra pronunciada por el jefe del Estado necesita autorización previa?
¿Todo gesto suyo constituye un acto de gobierno?
Si es así, explíquese.
Con la Constitución en la mano.
Artículo por artículo.
Porque repetir mil veces «no puede» no convierte esas palabras en un artículo constitucional.
Y si hablamos de Ceuta y Melilla, la pregunta resulta todavía más grave.
Recibir al presidente de Ceuta, estrecharle la mano y decirle que ya llegará el momento de viajar allí puede ser cortés.
Pero cabe preguntar:
¿ESO ES TODO?
¿Eso es cuanto puede hacer quien constitucionalmente representa la unidad y permanencia del Estado?
Si la respuesta es sí, queremos saber por qué.
Y si es no, queremos saber por qué no hace más.
También aquí llegará la misma pregunta:
¿DÓNDE ESTABAS?
La Patria nos lo demandará.
NO BASTA CON ECHAR A SÁNCHEZ.
Aquí llegamos al verdadero problema.
Supongamos que mañana Pedro Sánchez abandona la Moncloa.
¿Se acabó todo?
No.
Sánchez se irá.
Todos los presidentes terminan marchándose.
Pero si dejamos intactas las leyes, costumbres y abusos que hicieron posible el sanchismo, aparecerá otro.
Quizá socialista.
Quizá conservador… o supuestamente no socialista.
Quizá de un partido que todavía no existe.
Da igual.
El problema no consiste únicamente en que una persona abuse del poder.
El problema es permitir que una sola persona pueda acumular poder suficiente para abusar de él.
Una buena ley no debe escribirse pensando que gobernarán personas honradas.
Debe escribirse pensando precisamente en lo contrario.
Preguntémonos:
¿QUÉ PODRÍA HACER CON ESTA LEY EL GOBERNANTE EN QUIEN MENOS CONFÍO?
Si la respuesta asusta, esa ley necesita límites.
Porque los controles del poder no se inventaron para protegernos de los gobernantes buenos.
Se inventaron para protegernos de los malos.
¿A QUIÉN REPRESENTA UN DIPUTADO?
España celebra elecciones libres.
Por supuesto.
Pero la democracia no termina cuando depositamos una papeleta en una urna.
Veamos cómo llega un diputado al Congreso.
¿Lo escogen personalmente los vecinos de una comarca, una ciudad o un distrito?
No.
Su partido confecciona una lista.
Y quienes mandan en el partido deciden quién aparece en ella y en qué puesto.
Preguntemos entonces:
¿DE QUIÉN DEPENDE ESE DIPUTADO?
¿Del elector?
¿O de quien decide si volverá a figurar en la siguiente lista?
La respuesta explica muchas cosas.
Después nos sorprendemos de que los diputados voten lo que ordena el partido.
¿Y qué esperábamos?
Quien desobedece sabe que puede quedarse sin escaño en las siguientes elecciones.
El ciudadano vota.
El partido confecciona la lista.
El jefe manda.
El diputado obedece.
Y después llamamos a eso representación.
Tal vez haya llegado el momento de cambiarlo.
Que cada ciudadano sepa quién es su diputado.
Que pueda premiarlo.
Que pueda castigarlo.
Que el diputado deba mirar más a sus electores y menos al jefe de su partido.
UNA LEY ELECTORAL QUE CONVIERTE AL PEQUEÑO EN ÁRBITRO.
También habrá que revisar la ley electoral.
Todo español debe poder defender legalmente sus ideas.
Incluso quien desea separar una parte de España.
Eso es democracia.
Pero cosa muy distinta es que unos pocos diputados puedan decidir quién gobierna toda España y exigir un precio político por entregar sus votos.
Hemos llegado así a una situación difícil de explicar:
partidos cuyo propósito declarado es abandonar España pueden decidir quién gobierna España.
No hace falta un tratado de Derecho Constitucional para comprender que aquí existe un problema.
Y habrá que resolverlo.
DIECISIETE CACIQUES SON DIECISIETE CACIQUES.
También habrá que hablar de las autonomías.
Sin miedo.
Después de casi medio siglo podemos juzgar por los resultados.
Diecisiete gobiernos.
Diecisiete parlamentos.
Diecisiete presidentes.
Consejeros.
Diputados.
Asesores.
Empresas públicas.
Televisiones públicas.
Fundaciones.
Consejos.
Agencias.
Defensores.
Oficinas en el extranjero.
Coches oficiales.
Gabinetes.
Despachos.
Y miles de personas dedicadas muchas veces a hacer desde un lugar lo mismo que otros hacen desde otro.
La pregunta es sencilla:
¿NECESITAMOS TODO ESO?
No preguntamos si existe.
Ya sabemos que existe.
Preguntamos si sirve.
Cuánto cuesta.
Qué hace.
Y qué ocurriría si desapareciera.
También habrá que preguntarse algo todavía más incómodo:
¿EL ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS HA UNIDO A LOS ESPAÑOLES O LOS HA SEPARADO?
Casi cincuenta años después ya no estamos haciendo conjeturas.
Podemos mirar los resultados.
Y juzgar.
PODERES SEPARADOS, NO REPARTIDOS.
Montesquieu comprendió algo elemental:
el poder debe frenar al poder.
Porque quien manda suele querer mandar más.
Da igual que sea de derechas o de izquierdas.
Da igual que nos guste o nos repugne.
Precisamente por eso existen poderes distintos.
Uno gobierna.
Otro hace las leyes.
Otro juzga.
Y ninguno debe ser dueño de los otros.
Eso es separar poderes.
No sentarse alrededor de una mesa y decidir:
—Éstos para ti y aquéllos para mí.
Eso no es separación.
Eso es reparto.
Y España necesita lo primero.
¿QUIÉN RESPONDE POR LOS DESASTRES POLÍTICOS?
Un médico comete una negligencia grave y responde.
Un arquitecto construye mal y responde.
Un empresario incumple la ley y responde.
Un conductor provoca un accidente y responde.
Un ciudadano deja de pagar un impuesto y Hacienda no tarda en recordarle sus obligaciones.
¿Y el político?
Puede gastar cantidades enormes de dinero ajeno.
Puede endeudar a generaciones que todavía no han nacido.
Puede crear organismos inútiles.
Puede colocar a incompetentes.
Puede adoptar decisiones desastrosas.
Puede incumplir cuanto prometió.
Puede dejar detrás de sí un desastre.
Y después…
se marcha.
A veces a otro cargo.
A veces a una empresa.
A veces a un consejo de administración.
Y alguna vez hasta recibe una condecoración.
Algo falla.
Quien administra dinero ajeno debe explicar qué hizo con él.
Quien recibe poder debe explicar cómo lo utilizó.
Quien gobierna a millones de personas debe responder por sus decisiones.
No hablamos de encarcelar a quien se equivoca.
Hablamos de algo mucho más sencillo:
RENDIR CUENTAS
Nuestros antepasados tenían una expresión magnífica:
JUICIO DE RESIDENCIA
Recuperemos la idea.
Quien termina de gobernar debe explicar qué encontró, qué hizo, cuánto gastó, qué dejó, qué prometió y qué cumplió.
Gobernar no consiste en disfrutar del poder.
Consiste en responder por su ejercicio.
LA LEY NO PUEDE HACERSE A LA MEDIDA DEL QUE TIENE LOS VOTOS.
También habrá que poner límites al indulto y a la amnistía cuando sirven para conseguir apoyos parlamentarios.
La cuestión es elemental.
Si un Gobierno necesita los votos de determinadas personas o partidos para continuar y esas mismas personas resultan beneficiadas por decisiones del Gobierno, existe un conflicto evidente.
La ley no puede hacerse a medida.
No puede ensancharse para unos y estrecharse para otros.
No puede depender de quién posee los votos que necesita el presidente.
La ley debe ser igual para todos.
Sin excepciones confeccionadas para conservar una mayoría parlamentaria.
LA CONSTITUCIÓN NO BAJÓ DEL SINAÍ
Y sí:
habrá que reformar la Constitución.
La Constitución de 1978 no la escribió Dios sobre dos tablas de piedra.
La escribieron hombres.
Hombres que vivieron unas circunstancias concretas y trataron de resolver los problemas de su tiempo.
Casi medio siglo después sabemos bastante más.
Sabemos qué salió bien.
Qué salió regular.
Y qué salió mal.
Para eso existe la reforma constitucional.
Reformar no significa destruir.
Significa corregir.
Habrá que hablar de la elección de los diputados.
De la ley electoral.
De las autonomías.
De la separación de poderes.
De las obligaciones de quienes gobiernan.
De los límites del Gobierno.
De la Corona.
De las consultas directas a los ciudadanos.
De todo.
Sin miedo.
Porque una Constitución está hecha para servir a una nación.
No una nación para servir a su Constitución.
EL DÍA SIGUIENTE.
Pedro Sánchez se irá.
La cuestión verdaderamente importante es:
¿QUÉ HAREMOS DESPUÉS?
¿Cambiar ministros?
¿Cambiar asesores?
¿Cambiar altos cargos?
¿Echar a quienes viven del presupuesto para colocar a los nuestros?
¿Conservar todas las ventajas del poder porque ahora las disfrutamos nosotros?
Si hacemos eso, no habremos cambiado nada importante.
Sólo habremos cambiado los comensales del banquete.
Y algún día llegará otro Sánchez.
Quizá con barba.
Quizá con coleta.
Quizá con corbata azul.
Quizá envuelto en una bandera española.
Da igual.
Si dejamos el mismo poder a su alcance, alguien volverá a utilizarlo.
ESPAÑA NO NECESITA SALVADORES.
España no necesita un hombre providencial.
Necesita algo bastante mejor:
NO NECESITAR HOMBRES PROVIDENCIALES.
Necesita leyes que sujeten al gobernante.
Jueces independientes.
Diputados que respondan ante sus electores.
Cuentas comprensibles.
Administraciones que sepan qué deben hacer y qué no.
Gobernantes obligados a explicar sus actos.
Y ciudadanos que comprendan una regla fundamental:
HAY QUE VIGILAR SOBRE TODO AL POLÍTICO AL QUE HEMOS VOTADO.
Al adversario ya lo vigilamos.
A los nuestros tendemos a perdonárselo todo.
Y ahí comienza de nuevo el desastre.
O RECTIFICAMOS O NOS VAMOS, DESAPARECEMOS…
Pedro Sánchez pasará.
España también puede pasar.
Ninguna nación posee garantizada la eternidad.
Han desaparecido imperios, reinos, repúblicas y países que parecían destinados a durar para siempre.
España tampoco tiene un seguro contra la Historia.
Puede empobrecerse.
Puede perder importancia.
Puede perder territorio.
Puede dividirse.
Puede desaparecer.
La pregunta es si queremos impedirlo.
Porque antes de preguntarnos qué enseñanza queremos, qué sanidad queremos, qué agricultura queremos, qué impuestos queremos o si preferimos Monarquía o República, existe otra pregunta:
¿QUEREMOS SEGUIR SIENDO ESPAÑA?
Si la respuesta es sí, habrá que demostrarlo.
No basta con colocar una bandera en el balcón.
No basta con indignarse.
No basta con escribir en las redes.
No basta con maldecir al Gobierno tomando café.
Habrá que votar.
Habrá que exigir.
Habrá que vigilar.
Habrá que denunciar.
Habrá que reformar.
Habrá que asumir responsabilidades.
Y habrá que dejar de esperar a que otro haga el trabajo.
Las naciones rara vez desaparecen de un día para otro.
Primero se renuncia a una cosa.
Después a otra.
Luego a otra.
Cada renuncia parece pequeña.
Cada cesión encuentra una explicación.
Cada cobardía tiene una excusa.
Cada paso hacia atrás parece soportable.
Hasta que un día se vuelve la cabeza y se descubre que apenas queda nada detrás.
Entonces entenderemos aquella terrible imagen de Ortega: «la polvareda que queda cuando por la gran ruta histórica ha pasado galopando un gran pueblo».
Todavía estamos a tiempo.
Pero no basta con echar a Pedro Sánchez.
HAY QUE IMPEDIR QUE PUEDA HABER OTRO.
Habrá que cambiar las leyes que hayan permitido los abusos.
Habrá que devolver al ciudadano el poder que los partidos le han quitado.
Habrá que separar de verdad los poderes del Estado.
Habrá que revisar las autonomías.
Habrá que obligar a los gobernantes a rendir cuentas.
Habrá que reformar la Constitución donde la experiencia haya demostrado que falla.
Habrá que decidir qué queremos conservar y qué debemos cambiar.
Y, sobre todo, habrá que dejar de esperar que venga alguien a salvarnos.
Porque quizá nuestros hijos nos pregunten algún día:
¿DÓNDE ESTABAIS Y QUÉ HACÍAIS MIENTRAS OCURRÍA TODO AQUELLO?
Más nos vale tener una respuesta.
Porque si no hacemos nada, llegará el momento en que subiremos, como nuevos Boabdiles, al último puerto.
Volveremos la cabeza.
Contemplaremos lo que fuimos.
Y lloraremos lo que no supimos conservar.
Entonces sólo quedarán cuatro palabras:
¡ADIÓS, ESPAÑA, ADIÓS!
Y esta vez no podremos decir que nadie nos avisó.