Y… DE REPENTE, ESPAÑA DESCUBRE QUE LOS PODEROSOS TAMBIÉN PUEDEN FUGARSE.

Carlos Aurelio Caldito Aunión

RESUMEN PARA LECTORES CON PRISAS

El terremoto político y mediático provocado por el auto del juez Juan Carlos Peinado no se explica únicamente por el procesamiento de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno.

Tampoco por la retirada de su pasaporte, la prohibición de abandonar España o la obligación de comparecer periódicamente ante el juzgado.

Lo que realmente ha desencadenado la tormenta es algo mucho más profundo.

Peinado ha puesto por escrito algo que una parte significativa de las élites políticas, administrativas y mediáticas considera casi tabú: la posibilidad de que la proximidad al poder político genere mecanismos de protección extraordinarios, incluso en circunstancias en las que debería actuar la justicia.

La reacción ha sido inmediata.

Sindicatos policiales indignados.

Declaraciones institucionales.

Reuniones extraordinarias.

Editoriales alarmados.

Tertulias encendidas.

Pero la pregunta fundamental sigue siendo la misma:

¿Por qué escandaliza tanto que un juez contemple escenarios que la historia reciente de España ha mostrado repetidamente?

Porque, nos guste o no, la historia española contemporánea está llena de episodios donde funcionarios, policías, responsables políticos o miembros de los aparatos del Estado actuaron de manera incompatible con las obligaciones que tenían encomendadas.

Los GAL.

El caso Roldán.

El caso Faisán.

Las cloacas policiales.

Kitchen.

Villarejo.

La fuga y posterior itinerario político y judicial de Puigdemont.

Las múltiples filtraciones y operaciones políticas desarrolladas desde organismos que deberían haber actuado con neutralidad.

Nada de eso pertenece a la ficción.

Forma parte de la historia reciente de España.

Por ello, la verdadera cuestión no consiste en determinar si los escoltas de una persona concreta habrían colaborado o no en una hipotética fuga.

La cuestión consiste en preguntarse si un juez puede ignorar deliberadamente antecedentes históricos de ese tipo cuando debe valorar riesgos procesales.

La respuesta parece evidente.

No sólo puede tenerlos en cuenta.

Probablemente tiene la obligación de hacerlo.

EL PROBLEMA NO ES UN CASO. ES UN SISTEMA

Uno de los errores más frecuentes consiste en analizar cada escándalo político como si hubiera surgido de manera aislada.

Sin embargo, los ciudadanos no perciben la realidad de esa forma.

Los ciudadanos acumulan experiencias.

Comparan acontecimientos.

Relacionan episodios.

Y terminan construyendo una visión global del funcionamiento del sistema.

Por eso el caso actual no se interpreta únicamente a la luz de los hechos investigados.

Se interpreta también a la luz de décadas de escándalos, promesas incumplidas, investigaciones frustradas, responsabilidades diluidas y privilegios percibidos.

La consecuencia es una creciente desconfianza.

No necesariamente hacia una persona concreta.

Ni siquiera hacia un gobierno concreto.

La desconfianza comienza a dirigirse hacia las propias instituciones.

Y ahí aparece el verdadero problema.

Porque una democracia puede sobrevivir a casos de corrupción.

Puede sobrevivir a gobiernos incompetentes.

Puede sobrevivir a errores políticos.

Lo que difícilmente puede soportar durante mucho tiempo es la pérdida generalizada de confianza en las reglas del juego.

LA JUSTICIA DE DOS VELOCIDADES

Otro de los factores que alimentan esa desconfianza es la percepción de que determinadas personas parecen recibir un trato diferente según su proximidad al poder político.

Los ciudadanos observan.

Ven ingresos en prisión preventiva extremadamente rápidos en algunos casos.

Ven investigaciones que avanzan a gran velocidad.

Ven registros espectaculares.

Ven filtraciones constantes.

Y, simultáneamente, contemplan otros procedimientos que parecen desarrollarse con una lentitud extraordinaria.

Observan cómo determinadas investigaciones se retrasan durante años.

Cómo ciertas decisiones aparecen después de procesos electorales especialmente relevantes.

Cómo algunos casos reciben una cobertura mediática inmensa mientras otros parecen desaparecer de la conversación pública.

Quizá muchas de esas percepciones sean injustas.

Quizá existan explicaciones jurídicas perfectamente razonables.

Pero el problema sigue siendo el mismo.

La confianza.

Porque la justicia no sólo debe ser imparcial.

También debe parecerlo.

Y cuando una parte creciente de la sociedad deja de percibir esa imparcialidad, la credibilidad institucional comienza a erosionarse.

EL CALENDARIO ELECTORAL Y LA POLÍTICA DEL TIEMPO

Una de las cuestiones más inquietantes abordadas en este ensayo es la tendencia, explícita o implícita, a adaptar determinadas actuaciones judiciales al calendario político.

Con frecuencia se afirma que ciertas resoluciones conviene retrasarlas para no interferir en campañas electorales.

Sin embargo, esa lógica encierra una contradicción evidente.

Porque retrasar una decisión para no influir en unas elecciones constituye también una forma de influir en ellas.

La justicia debería actuar cuando corresponde.

No cuando resulte conveniente para el Gobierno.

No cuando resulte conveniente para la oposición.

No cuando resulte conveniente para una campaña electoral.

Cuando los tribunales empiezan a sincronizar sus tiempos con los tiempos de la política, la sospecha de dependencia institucional se vuelve inevitable.

EL PROBLEMA DE LA OBEDIENCIA

El ensayo también aborda una cuestión frecuentemente olvidada.

La obediencia.

Durante décadas, numerosos escándalos políticos y administrativos han venido acompañados de una explicación recurrente:

«Yo sólo obedecía órdenes».

La frase resulta familiar porque ha acompañado a algunos de los episodios más oscuros de la historia contemporánea.

Y porque encierra un problema profundo.

La responsabilidad individual.

El experimento de Stanley Milgram demostró hace décadas hasta qué punto personas completamente normales pueden ejecutar acciones que consideran incorrectas cuando una autoridad legítima les ordena hacerlo.

La lección sigue plenamente vigente.

Las democracias no dependen únicamente de buenas leyes.

Dependen también de funcionarios, jueces, policías, militares, periodistas y ciudadanos capaces de mantener su criterio moral incluso cuando reciben instrucciones en sentido contrario.

Cuando la obediencia sustituye completamente a la responsabilidad individual, las instituciones comienzan a deteriorarse.

EL ESTADO DE PARTIDOS

Otra de las tesis centrales del ensayo es que muchos de los problemas actuales derivan de la creciente concentración de poder en estructuras partidistas.

Los partidos nacieron como instrumentos al servicio de los ciudadanos.

Sin embargo, siguiendo la conocida ley de hierro de las oligarquías formulada por Robert Michels, han desarrollado progresivamente intereses propios.

La disciplina interna.

Las listas cerradas.

La dependencia de los aparatos de partido.

Los nombramientos institucionales negociados entre organizaciones políticas.

Los aforamientos.

La financiación pública.

Todo ello ha contribuido a generar la percepción de que los partidos controlan una parte creciente de las instituciones que deberían vigilarlos.

La consecuencia es una creciente distancia entre las élites políticas y los ciudadanos.

LA RESPONSABILIDAD POLÍTICA HA DESAPARECIDO

Uno de los fenómenos más llamativos de nuestro tiempo es la progresiva desaparición de la responsabilidad política.

Durante décadas, numerosos dirigentes dimitían por errores graves, conflictos de intereses o simples fallos de supervisión.

Hoy parece que únicamente una condena firme justifica la renuncia.

Y ni siquiera siempre.

Los errores se atribuyen a subordinados.

Las irregularidades a terceros.

Los fracasos a circunstancias externas.

Las responsabilidades se fragmentan, se dispersan y finalmente desaparecen.

Sin embargo, una democracia sana exige algo más.

Exige que quienes ejercen el poder respondan no sólo de lo que hacen personalmente, sino también de aquello que ocurre bajo su autoridad.

LA LECCIÓN FINAL

El caso Peinado no constituye únicamente un episodio judicial.

Es un espejo.

Un espejo que refleja problemas acumulados durante décadas.

La erosión de la confianza institucional.

La creciente distancia entre gobernantes y gobernados.

La percepción de desigualdad ante la ley.

La politización de organismos llamados a ser independientes.

La desaparición de la responsabilidad política.

La expansión de la obediencia burocrática.

Y la tendencia permanente del poder a protegerse a sí mismo.

La pregunta decisiva no es si Pedro Sánchez, Begoña Gómez, Zapatero, Ábalos o cualquier otro protagonista concreto resultarán finalmente condenados o absueltos.

Eso corresponde a los tribunales.

La verdadera cuestión es otra.

¿Dispone España de mecanismos suficientemente sólidos para controlar eficazmente a quienes ocupan las posiciones más elevadas del poder?

¿Existen contrapoderes reales?

¿Funcionan los controles?

¿Se aplican las mismas reglas a todos?

Mientras una parte significativa de los ciudadanos siga dudando de la respuesta, la crisis de confianza continuará abierta.

Porque las democracias no se sostienen únicamente sobre leyes, elecciones y procedimientos.

Se sostienen también sobre una convicción compartida.

La convicción de que nadie está por encima de la ley.

Y de que quienes ejercen el poder responden realmente por el uso que hacen de él.

Cuando esa convicción comienza a desaparecer, el problema deja de ser judicial.

Deja de ser político.

Y se convierte en un problema de legitimidad institucional.

Y pocas crisis resultan más peligrosas para una democracia que esa.

SI QUIERES SABER MÁS Y FROFUNDIZAR, SIGUE LEYENDO.

I. El terremoto político del fin de semana

Hay acontecimientos que producen un terremoto político por lo que sucede.

Y hay otros que lo producen porque alguien se atreve a decir en voz alta lo que muchos piensan en privado.

Lo ocurrido este fin de semana pertenece claramente a la segunda categoría.

La decisión del juez Juan Carlos Peinado de abrir juicio oral contra Begoña Gómez por diversos delitos relacionados con la actividad desarrollada durante los años en que su marido ocupaba la Presidencia del Gobierno ha provocado una conmoción política y mediática de enorme magnitud.

Sin embargo, el auténtico epicentro del terremoto no se encuentra en el procesamiento.

Tampoco en la retirada del pasaporte.

Ni siquiera en la prohibición de abandonar territorio nacional o en la obligación de comparecer periódicamente ante el juzgado.

Lo que realmente ha provocado la indignación de una parte del establishment político, mediático e institucional ha sido la explicación ofrecida por el magistrado.

Peinado ha considerado necesario adoptar medidas cautelares para evitar una eventual fuga y ha mencionado expresamente la posibilidad de que los recursos de protección y escolta asignados a la esposa del presidente pudieran facilitarla.

Y, de repente, media España ha fingido sentirse escandalizada.

Como si la historia reciente de nuestro país no estuviera repleta de episodios en los que personas integradas en los aparatos del Estado han actuado al margen de la legalidad.

Como si jamás hubieran existido filtraciones.

Como si nunca se hubiera protegido a nadie.

Como si nunca se hubiera avisado a investigados.

Como si jamás hubieran existido cloacas policiales.

Como si nunca se hubieran obedecido órdenes impropias.

Como si la corrupción institucional fuera una leyenda urbana.

II. La pregunta equivocada

Desde el mismo instante en que se conoció el auto, numerosos comentaristas comenzaron a formular la misma pregunta:

«¿Cómo puede insinuar un juez que los escoltas policiales de la esposa del presidente podrían ayudarla a huir?»

Pero esa no es la cuestión verdaderamente importante.

La pregunta correcta es otra.

¿Puede un juez ignorar la experiencia histórica acumulada durante décadas?

¿Debe actuar como si determinados riesgos fueran imposibles únicamente porque afectan a personas situadas cerca del poder?

¿Debe presuponer que las estructuras del Estado funcionan siempre de forma impecable?

Si la respuesta es afirmativa, sobran los jueces de instrucción.

Sobran los controles.

Sobran las medidas cautelares.

Sobran las auditorías.

Sobran las inspecciones.

Sobran las investigaciones internas.

Porque todos esos mecanismos existen precisamente porque la experiencia demuestra que ninguna institución humana es inmune a la corrupción, al abuso de poder o a la obediencia indebida.

III. España y su memoria selectiva

Lo más sorprendente del debate no es la decisión judicial.

Lo sorprendente es la amnesia colectiva.

España lleva medio siglo contemplando episodios que demuestran que los aparatos del Estado están formados por seres humanos y que los seres humanos, independientemente del uniforme o del cargo que ocupen, pueden actuar correctamente o pueden actuar de manera incompatible con sus obligaciones.

Los GAL.

El caso Roldán.

Las escuchas ilegales.

Las guerras internas dentro de los cuerpos policiales.

Las operaciones parapoliciales.

Las cloacas policiales denunciadas durante décadas.

Kitchen.

Villarejo.

Las filtraciones interesadas.

Los informes fabricados.

Las investigaciones prospectivas.

Los dosieres anónimos.

Las campañas de intoxicación.

La utilización partidista de recursos públicos.

Nada de eso pertenece a la ficción.

Nada de eso es una teoría conspirativa.

Forma parte de la historia reciente de España.

IV. El precedente del Faisán

Pero existe un caso especialmente significativo.

Porque guarda una relación directa con el núcleo del debate actual.

El caso Faisán.

En plena negociación política con ETA durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, una operación policial destinada a golpear la red de extorsión de la organización terrorista quedó frustrada por una filtración procedente de los propios aparatos del Estado.

Alguien avisó.

Alguien alertó a quienes iban a ser detenidos.

Alguien permitió que desaparecieran pruebas y que los investigados adoptaran medidas de protección.

Durante años se discutieron responsabilidades, autores materiales y responsabilidades políticas.

Pero existe un hecho imposible de negar.

La filtración existió.

Y procedía precisamente de quienes tenían la obligación de impedirla.

Por tanto, cuando hoy algunos presentan como una extravagancia la posibilidad de que funcionarios públicos puedan facilitar, tolerar o encubrir actuaciones irregulares, conviene recordar que España ya ha vivido episodios semejantes.

No una vez.

Muchas veces.

V. Puigdemont y la credibilidad institucional

La misma reflexión resulta aplicable a otro episodio mucho más reciente.

La salida de España de Carles Puigdemont.

Su posterior regreso.

Su nueva desaparición.

Y la incapacidad demostrada por distintos organismos del Estado para ejecutar resoluciones judiciales que afectaban a una persona cuya localización era conocida por millones de ciudadanos.

Las explicaciones ofrecidas nunca disiparon completamente las dudas.

Y precisamente por eso resulta extraño que algunos se escandalicen cuando un juez decide contemplar hipótesis que la experiencia histórica aconseja no descartar.

VI. Los ciudadanos observan

La cuestión de fondo no es jurídica.

Es política.

Es institucional.

Es moral.

Millones de españoles observan desde hace años una sucesión interminable de escándalos relacionados con corrupción, clientelismo, tráfico de influencias, malversación, utilización partidista de instituciones y degradación de los mecanismos de control.

Observan también cómo algunos procedimientos judiciales avanzan a una velocidad extraordinaria mientras otros parecen moverse con lentitud geológica.

Observan cómo algunos investigados ingresan rápidamente en prisión preventiva mientras otros disfrutan durante años de una cadena interminable de recursos, aplazamientos y garantías.

Observan cómo determinadas personas parecen recibir un trato especialmente cuidadoso por parte del sistema.

Y, naturalmente, extraen sus propias conclusiones.

VII. La igualdad ante la ley y los ciudadanos más iguales que otros

La democracia liberal descansa sobre una premisa elemental.

La igualdad ante la ley.

No la igualdad ante los medios.

No la igualdad ante los partidos.

No la igualdad ante los sindicatos.

No la igualdad ante las campañas de propaganda.

La igualdad ante la ley.

Sin embargo, cuando determinados asuntos afectan al entorno inmediato del poder político, una parte significativa de la opinión pública tiene la impresión de que esa igualdad se vuelve más flexible.

Quizá esa percepción sea injusta.

Quizá sea exagerada.

Pero existe.

Y ninguna campaña de comunicación conseguirá eliminarla mientras continúen acumulándose episodios que parecen reforzarla.

Por eso el problema no es únicamente el auto de Peinado.

El problema es que una parte creciente de la sociedad ya no discute sobre la culpabilidad o inocencia de los investigados.

Discute sobre si las reglas son realmente las mismas para todos.

Y cuando una democracia llega a ese punto, el deterioro institucional comienza a ser mucho más profundo que cualquier escándalo concreto.

VIII. Conclusión

Quizá lo más llamativo de todo este episodio sea que nadie parece haberse escandalizado por los delitos investigados.

Nadie parece haberse escandalizado por los indicios.

Nadie parece haberse escandalizado por las acusaciones.

Lo que ha provocado la tormenta es que un juez haya verbalizado algo que muchos consideran políticamente incorrecto.

Que el poder protege al poder.

Que los seres humanos son falibles.

Que las instituciones pueden ser utilizadas indebidamente.

Y que la proximidad al Gobierno no elimina los riesgos que cualquier juez tiene la obligación de valorar.

La verdadera pregunta no es si Peinado ha sido prudente.

La verdadera pregunta es por qué tantos se sorprenden de que un juez contemple escenarios que la propia historia reciente de España se ha encargado de documentar una y otra vez.

Porque si algo enseña esa historia es que las grandes corrupciones jamás prosperan solas.

Necesitan colaboradores.

Necesitan silencios.

Necesitan encubridores.

Necesitan obediencias.

Y, en ocasiones, necesitan precisamente aquello cuya mera posibilidad algunos pretenden hoy considerar impensable.

LAS CLOACAS DEL ESTADO NO NACIERON AYER

O DE CÓMO LOS APARATOS DEL PODER DESARROLLAN INSTINTOS DE SUPERVIVENCIA

Si algo ha puesto de manifiesto la reacción provocada por el auto del juez Peinado es la extraordinaria facilidad con la que determinadas personas olvidan la historia reciente de España.

De repente, pareciera que cuestionar la actuación de funcionarios públicos constituye una blasfemia institucional.

De repente, pareciera que mencionar la posibilidad de filtraciones, encubrimientos o colaboraciones indebidas equivale a atacar a todo un cuerpo policial.

De repente, pareciera que los aparatos del Estado hubieran estado siempre compuestos por monjes trapenses, santos canonizables y héroes incorruptibles.

Sin embargo, la realidad es bastante menos edificante.

Y la historia reciente de España resulta demoledora para quienes pretenden presentar determinadas hipótesis como imposibles.

Porque los hechos son testarudos.

Y la memoria, aunque algunos intenten administrarla desde el poder, posee la desagradable costumbre de regresar una y otra vez.

Cuando el Estado decide saltarse sus propias normas

Existe una diferencia fundamental entre los delitos cometidos por particulares y los cometidos desde las instituciones.

Cuando un delincuente común roba, estafa o agrede, incumple las reglas del sistema.

Cuando quien incumple las reglas es una persona encargada de hacerlas cumplir, el problema adquiere una dimensión completamente distinta.

Porque entonces no falla únicamente un individuo.

Falla la confianza.

Falla la credibilidad.

Falla la legitimidad.

Y cuando la legitimidad se deteriora, el daño producido suele ser mucho más profundo que cualquier perjuicio económico.

La historia de las democracias modernas demuestra que todos los Estados generan inevitablemente zonas grises.

Ámbitos donde el control se debilita.

Lugares donde determinados funcionarios adquieren una autonomía creciente.

Espacios donde las razones de Estado terminan imponiéndose a las razones del Derecho.

España no constituye ninguna excepción.

Los GAL: cuando el Estado combatió el crimen utilizando métodos criminales

El ejemplo más conocido continúa siendo el de los GAL.

Durante años, sectores vinculados a los aparatos de seguridad del Estado participaron en actividades criminales destinadas a combatir a ETA mediante procedimientos incompatibles con el Estado de Derecho.

Secuestros.

Torturas.

Asesinatos.

Financiación irregular.

Operaciones encubiertas.

El escándalo no residía únicamente en los delitos.

Lo verdaderamente devastador era comprobar que quienes tenían la obligación de perseguir el crimen habían terminado recurriendo a métodos criminales.

La lección resulta evidente.

El uniforme no inmuniza contra la corrupción.

El cargo tampoco.

Ni siquiera las mejores intenciones constituyen una garantía suficiente.

Cuando desaparecen los controles efectivos, los abusos terminan apareciendo.

Luis Roldán y la corrupción desde dentro

Poco después llegaría otro episodio demoledor.

Luis Roldán.

Director general de la Guardia Civil.

Máxima autoridad operativa del cuerpo.

Presentado durante años como ejemplo de eficacia y modernización.

Y, sin embargo, terminó protagonizando uno de los mayores escándalos de corrupción de la España contemporánea.

Las irregularidades afectaban precisamente a quien debía velar por la ejemplaridad institucional.

Lo relevante para nuestro análisis no son únicamente los delitos cometidos.

Lo relevante es que nadie detectó durante años lo que estaba ocurriendo.

O peor aún.

Que algunos sí lo detectaron y decidieron mirar hacia otro lado.

El caso Faisán: la llamada telefónica que jamás debió producirse

Pero si existe un episodio que conecta directamente con el debate actual es el caso Faisán.

Porque constituye la demostración más clara de que determinados funcionarios pueden actuar exactamente en sentido contrario a las obligaciones que tienen encomendadas.

Mientras las fuerzas de seguridad preparaban una operación contra la red de extorsión de ETA, alguien decidió avisar.

Alguien alertó a quienes iban a ser detenidos.

Alguien frustró parcialmente una actuación policial legítima.

La cuestión esencial no consiste en reabrir ahora un debate judicial ya concluido.

La cuestión esencial es recordar que ocurrió.

Y que ocurrió precisamente dentro de los aparatos del Estado.

Por tanto, cuando hoy algunos presentan como absurda la posibilidad de que funcionarios puedan facilitar actuaciones contrarias a la ley, conviene recordarles que la historia reciente española contiene ejemplos perfectamente documentados.

Las cloacas policiales permanentes

Con el paso del tiempo aparecerían nuevos escándalos.

Las grabaciones de Villarejo.

Las guerras internas entre comisarías.

Los informes reservados.

Las filtraciones selectivas.

Las operaciones de desgaste político.

Las investigaciones dirigidas más por intereses partidistas que por criterios estrictamente profesionales.

Los ciudadanos descubrieron entonces algo inquietante.

Las cloacas no eran una anomalía puntual.

Parecían formar parte estructural del sistema.

Gobernara quien gobernase.

Cambiaran las siglas que cambiaran.

Las caras variaban.

Los mecanismos permanecían.

Kitchen: cuando el Estado protege al Estado

El caso Kitchen añadió un nuevo elemento al problema.

La utilización presunta de recursos públicos para obtener información comprometida y proteger determinados intereses políticos.

Una vez más aparecía la misma constante.

Recursos institucionales utilizados para finalidades distintas de aquellas para las que habían sido creados.

Una vez más surgía la misma pregunta.

¿Quién controla realmente a quienes disponen de capacidad para controlar a los demás?

La respuesta continúa siendo incómoda.

Con frecuencia, nadie.

O nadie de manera eficaz.

Puigdemont y la erosión de la credibilidad

La fuga de Carles Puigdemont introdujo otro factor especialmente dañino.

Millones de ciudadanos contemplaron cómo una persona reclamada por la justicia parecía moverse con una libertad difícil de comprender.

Posteriormente regresó.

Posteriormente volvió a desaparecer.

Y las explicaciones oficiales nunca lograron disipar completamente las dudas.

No se trata únicamente de determinar quién tomó cada decisión.

Lo relevante es la percepción generada.

Y la percepción fue devastadora para la confianza institucional.

Porque cuando el ciudadano corriente observa que determinadas personas parecen escapar continuamente de las consecuencias jurídicas que afectan a los demás, concluye que existen reglas diferentes según la posición política de cada individuo.

La ley de hierro de las oligarquías

Hace más de un siglo, Robert Michels formuló una observación extraordinariamente incómoda.

Toda organización compleja tiende a desarrollar una élite dirigente.

Y esa élite termina dedicando una parte creciente de sus esfuerzos a proteger su propia posición.

Michels formulaba así la denominada ley de hierro de las oligarquías.

Con independencia de las ideologías.

Con independencia de las banderas.

Con independencia de los discursos.

Las organizaciones tienden a protegerse a sí mismas.

Los partidos.

Los sindicatos.

Las grandes empresas.

Los medios de información.

Las administraciones.

Los cuerpos burocráticos.

Y también los aparatos de seguridad.

Por eso resulta ingenuo imaginar que los problemas desaparecen simplemente cambiando a las personas que ocupan determinados cargos.

El fenómeno es más profundo.

Tiene que ver con incentivos.

Con intereses.

Con estructuras.

Con la tendencia natural de quienes acumulan poder a utilizarlo para conservarlo.

El verdadero significado del auto de Peinado

Llegados a este punto resulta más sencillo comprender la polémica.

El problema no es si Begoña Gómez pensaba realmente fugarse.

Nadie puede saberlo.

El problema tampoco consiste en determinar si algún escolta habría colaborado en una eventual huida.

Tampoco lo sabemos.

Lo relevante es otra cosa.

¿Puede un juez ignorar todos estos antecedentes históricos cuando valora un riesgo procesal?

¿Debe actuar como si los aparatos del Estado fueran inmunes a la corrupción, a las presiones políticas o a las obediencias indebidas?

¿Debe fingir que nunca existieron los GAL?

¿Que nunca existió el caso Faisán?

¿Que nunca existió Roldán?

¿Que nunca existió Kitchen?

¿Que nunca existieron las cloacas policiales?

¿Que nunca existieron las filtraciones?

¿Que nunca existieron los encubrimientos?

La respuesta parece evidente.

Y quizá precisamente por eso el auto ha provocado tanta irritación.

Porque obliga a recordar una realidad incómoda.

Que las instituciones están formadas por seres humanos.

Y que los seres humanos, incluso cuando visten uniforme o ocupan altos cargos, siguen siendo exactamente igual de falibles que el resto de los mortales.

LA JUSTICIA DE DOS VELOCIDADES

CUANDO LOS CIUDADANOS EMPIEZAN A DESCONFIAR

Si las cloacas del Estado constituyen uno de los factores que erosionan la confianza institucional, existe otro quizá todavía más peligroso.

La sensación de que la justicia no funciona igual para todos.

No se trata necesariamente de que los jueces dicten resoluciones distintas ante hechos idénticos.

La realidad judicial es mucho más compleja.

Cada procedimiento posee sus particularidades.

Cada investigación presenta circunstancias específicas.

Cada magistrado dispone de márgenes de valoración reconocidos por la ley.

Sin embargo, las sociedades no viven únicamente de realidades jurídicas.

También viven de percepciones.

Y cuando millones de ciudadanos empiezan a percibir que determinadas personas parecen recibir un trato diferente del reservado al común de los mortales, la credibilidad institucional comienza a deteriorarse.

La confianza tarda décadas en construirse.

Puede desaparecer en pocos años.

La justicia no sólo debe ser imparcial

Los viejos juristas ingleses resumían esta cuestión mediante una fórmula extraordinariamente sencilla.

La justicia no sólo debe ser imparcial.

También debe parecerlo.

La frase encierra una enorme sabiduría.

Porque incluso el sistema judicial más honesto puede perder legitimidad si una parte creciente de la población percibe favoritismos, privilegios o dobles raseros.

La autoridad de los tribunales descansa en gran medida sobre la confianza colectiva.

Cuando esa confianza se debilita, el problema trasciende los procedimientos concretos.

Afecta al conjunto del sistema.

Y precisamente eso es lo que parece estar ocurriendo en España desde hace años.

El contraste permanente

Los ciudadanos observan.

Comparan.

Recuerdan.

Y sacan conclusiones.

Recuerdan ingresos inmediatos en prisión preventiva.

Recuerdan detenciones espectaculares retransmitidas por televisión.

Recuerdan registros domiciliarios convertidos en acontecimientos mediáticos.

Recuerdan filtraciones constantes a la prensa.

Recuerdan investigaciones desarrolladas bajo una presión pública extraordinaria.

Y luego contemplan otros procedimientos.

Más lentos.

Más cautelosos.

Más garantistas.

Más comprensivos.

Más prudentes.

Y comienzan inevitablemente las comparaciones.

Quizá algunas resulten injustas.

Quizá otras estén plenamente justificadas.

Pero el fenómeno existe.

Y negarlo no contribuye a resolverlo.

La política entra en los juzgados

Uno de los mayores problemas de las democracias contemporáneas aparece cuando las fronteras entre justicia y política comienzan a difuminarse.

No porque los jueces hagan política.

Ni porque los políticos administren justicia.

Sino porque la ciudadanía deja de distinguir claramente dónde termina una esfera y comienza la otra.

Cada vez que un nombramiento judicial genera sospechas partidistas.

Cada vez que la Fiscalía parece actuar siguiendo criterios políticos.

Cada vez que el Consejo General del Poder Judicial aparece asociado a negociaciones entre partidos.

Cada vez que un procedimiento afecta a una figura relevante del poder y las reacciones institucionales parecen condicionadas por esa circunstancia.

La confianza se resiente.

Y la sospecha aumenta.

El caso Zapatero

En este contexto resulta inevitable que muchos ciudadanos formulen preguntas incómodas.

Preguntas relacionadas con la distinta intensidad con la que determinadas instituciones parecen actuar según quién sea el protagonista de cada historia.

Durante años, numerosos observadores denunciaron actividades, relaciones internacionales, asesorías, mediaciones y vínculos económicos asociados a José Luis Rodríguez Zapatero.

Sin embargo, las investigaciones efectivas brillaron por su ausencia.

Quienes señalaban posibles irregularidades eran frecuentemente presentados como exagerados, conspiradores o agitadores.

Hoy, cuando diversas informaciones vuelven a colocar determinados asuntos bajo el foco público, muchos ciudadanos se preguntan por qué determinadas cuestiones tardan tanto tiempo en ser examinadas.

La pregunta no desaparecerá mediante comunicados oficiales.

Tampoco mediante campañas de propaganda.

Sólo desaparecerá cuando las instituciones demuestren que aplican exactamente los mismos criterios a todos.

Ábalos, Santos Cerdán y la erosión acumulativa

La misma reflexión puede aplicarse a otros casos recientes.

Lo que deteriora la confianza ciudadana no suele ser un único escándalo.

Lo que produce desgaste es la acumulación.

Caso tras caso.

Nombre tras nombre.

Investigación tras investigación.

Los ciudadanos observan una sucesión de episodios relacionados con corrupción, tráfico de influencias, adjudicaciones dudosas, utilización partidista de recursos públicos y redes clientelares.

Y terminan preguntándose algo elemental.

¿Dónde estaban los mecanismos de control?

¿Quién debía haber actuado antes?

¿Por qué nadie detectó lo que parecía evidente para tanta gente?

Son preguntas legítimas.

Y constituyen precisamente el combustible que alimenta la desconfianza.

La prisión preventiva y el principio de igualdad

La prisión preventiva merece una reflexión especial.

Porque constituye una de las medidas más severas que puede adoptar un Estado de Derecho antes de que exista una sentencia firme.

Su utilización debe ser excepcional.

Y precisamente por eso provoca comparaciones inevitables.

Cada vez que un ciudadano contempla cómo una persona ingresa en prisión preventiva mientras otra permanece en libertad durante procedimientos aparentemente más graves, surgen dudas.

Muchas veces esas dudas nacen del desconocimiento de los detalles jurídicos.

Pero otras veces reflejan una preocupación legítima.

La necesidad de que las decisiones judiciales aparezcan suficientemente motivadas y comprensibles para la sociedad.

Porque una democracia no puede exigir confianza ciega.

Debe ganársela.

Los ciudadanos no son estúpidos

Existe una tendencia recurrente entre las élites políticas, mediáticas y burocráticas.

Consiste en atribuir cualquier crítica ciudadana a la ignorancia, la manipulación o la desinformación.

Es un error.

Los ciudadanos pueden equivocarse.

Pueden disponer de información incompleta.

Pueden dejarse influir por prejuicios.

Pero también son capaces de detectar incoherencias.

Y cuando perciben que determinadas personas parecen disfrutar de ventajas inaccesibles para el resto, reaccionan en consecuencia.

La confianza disminuye.

El escepticismo aumenta.

Y la distancia entre gobernantes y gobernados se amplía.

La ley de Orwell

George Orwell jamás escribió un tratado jurídico.

Pero comprendió perfectamente uno de los grandes peligros de las sociedades modernas.

La aparición de castas privilegiadas que terminan viviendo bajo reglas distintas de las aplicadas al resto.

Por eso una de las frases más recordadas de Rebelión en la granja conserva toda su vigencia:

«Todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros».

La fuerza de la frase reside en que describe una tentación permanente del poder.

La tentación de reservar privilegios para quienes forman parte del círculo dirigente.

La tentación de exigir sacrificios a los demás mientras se conservan excepciones para uno mismo.

La tentación de predicar igualdad mientras se practica la desigualdad.

El verdadero riesgo para la democracia

A menudo se afirma que el principal peligro para una democracia es la corrupción.

No es exactamente cierto.

Las democracias han sobrevivido a numerosos episodios de corrupción.

Lo verdaderamente peligroso es la pérdida de confianza en la capacidad del sistema para combatirla.

Cuando los ciudadanos dejan de creer que las instituciones son capaces de corregirse a sí mismas, aparece el cinismo.

Y cuando el cinismo se generaliza, la legitimidad comienza a evaporarse.

No porque todos los jueces sean parciales.

No porque todos los políticos sean corruptos.

No porque todas las instituciones estén podridas.

Sino porque una parte creciente de la sociedad deja de creer en ellas.

El significado profundo del caso Peinado

Y ahí reside precisamente la importancia del episodio que ha desencadenado este debate.

La polémica generada por el auto de Peinado no habla únicamente de Begoña Gómez.

No habla únicamente del Gobierno.

Ni siquiera habla únicamente de la justicia.

Habla de algo mucho más profundo.

Habla de la confianza.

Habla de la credibilidad.

Habla de la percepción creciente de que existen españoles sometidos a todas las consecuencias de la ley y españoles protegidos por su proximidad al poder.

Puede que esa percepción sea correcta.

Puede que sea exagerada.

Puede que contenga una parte de verdad y otra de simplificación.

Pero existe.

Y mientras exista, cada nuevo escándalo reforzará la sospecha.

La sospecha de que la igualdad ante la ley continúa siendo uno de los grandes principios proclamados por el sistema.

Y una de las realidades más discutidas por quienes observan su funcionamiento cotidiano.

PEDRO SÁNCHEZ, BEGOÑA GÓMEZ Y LA CRISIS DE CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES

CUANDO EL PROBLEMA DEJA DE SER JUDICIAL PARA CONVERTIRSE EN POLÍTICO

Toda democracia atraviesa periódicamente escándalos de corrupción.

Todas.

Sin excepción.

La diferencia entre unas y otras no reside en la inexistencia de comportamientos irregulares.

Reside en la capacidad de las instituciones para investigarlos, sancionarlos y corregirlos.

O, dicho de otra manera, la verdadera prueba de resistencia de un sistema político no aparece cuando todo funciona correctamente.

Aparece cuando quienes ocupan las posiciones más elevadas del poder son objeto de investigación.

Es entonces cuando se comprueba si las instituciones sirven al Estado o sirven al Gobierno.

Si sirven a la ley o sirven a quienes administran temporalmente el poder.

Si conservan autonomía o se han transformado en simples prolongaciones de intereses políticos.

Y precisamente ahí es donde la situación española ha comenzado a generar una inquietud creciente.

El problema de las apariencias

Existe una vieja máxima jurídica según la cual la mujer del César no sólo debe ser honrada.

También debe parecerlo.

La frase conserva plena vigencia.

Porque en política las apariencias importan.

Importan mucho.

No porque sustituyan a los hechos.

Sino porque condicionan la confianza pública.

Cuando la esposa de un presidente del Gobierno aparece vinculada a actividades económicas, empresariales, académicas o institucionales susceptibles de generar dudas sobre posibles conflictos de intereses, la exigencia de transparencia debería ser máxima.

No menor.

Cuando además intervienen organismos públicos, adjudicaciones, relaciones empresariales o financiación procedente de recursos colectivos, la necesidad de claridad resulta todavía más evidente.

No porque exista automáticamente delito.

Sino porque el poder político tiene la obligación de evitar cualquier sombra de duda.

Y precisamente eso es lo que muchos ciudadanos consideran que no ha sucedido.

Una reacción que agrava el problema

En circunstancias normales, un Gobierno convencido de la absoluta inocencia de sus dirigentes debería facilitar hasta el extremo cualquier investigación.

Sin embargo, en España se ha producido con frecuencia el fenómeno contrario.

Las investigaciones son presentadas como persecuciones.

Los jueces pasan a convertirse en sospechosos.

Los periodistas son etiquetados como conspiradores.

Las acusaciones particulares son descritas como organizaciones desestabilizadoras.

Las resoluciones judiciales son reinterpretadas desde una óptica política.

Y todo ello termina generando un efecto paradójico.

Lo que quizá comenzó siendo un problema limitado termina convirtiéndose en una crisis de confianza mucho más amplia.

Porque la ciudadanía percibe que determinadas preguntas no reciben respuesta.

Reciben ataques.

El papel de la Fiscalía

Pocas instituciones resultan tan decisivas para la salud de una democracia como el Ministerio Fiscal.

Su misión consiste precisamente en defender la legalidad con independencia de intereses partidistas.

Por eso cualquier sospecha de dependencia política resulta extraordinariamente dañina.

No basta con ser independiente.

Es imprescindible parecer independiente.

Y ahí surge uno de los problemas fundamentales del sistema español.

La percepción de que determinadas actuaciones de la Fiscalía parecen demasiado coincidentes con los intereses coyunturales del poder político.

Tal percepción puede resultar injusta para muchos fiscales que realizan su trabajo con profesionalidad y rigor.

Pero mientras continúe existiendo, la institución seguirá sufriendo un desgaste constante.

El CGPJ y la sombra permanente de los partidos

Algo parecido ocurre con el Consejo General del Poder Judicial.

Durante décadas, la forma de designación de sus miembros ha generado controversias constantes.

No porque todos los vocales actúen obedeciendo consignas partidistas.

Sería injusto afirmarlo.

Sino porque el sistema de nombramientos proyecta una imagen de dependencia política difícil de ignorar.

Cada negociación parlamentaria.

Cada reparto de cuotas.

Cada acuerdo entre partidos.

Cada bloqueo institucional.

Refuerza la sensación de que los órganos llamados a garantizar la independencia judicial permanecen excesivamente condicionados por intereses políticos.

Y cuando esa sensación se instala en la opinión pública, la credibilidad se resiente inevitablemente.

Los medios de información y la fabricación de relatos

A esta situación se añade otro fenómeno especialmente relevante.

La creciente polarización de los medios de información.

Durante décadas, la prensa actuó como intermediaria entre los hechos y los ciudadanos.

Hoy, con demasiada frecuencia, parece actuar como intermediaria entre los intereses políticos y los ciudadanos.

Los mismos acontecimientos producen interpretaciones radicalmente distintas dependiendo del medio que los relate.

Un juez puede aparecer retratado como héroe o como villano.

Un investigado puede ser presentado como víctima o como culpable.

Una prueba puede convertirse en evidencia irrefutable o en simple anécdota irrelevante.

Todo depende del relato previamente escogido.

Y cuando la realidad queda subordinada al relato, la confianza vuelve a erosionarse.

La UCO y las excepciones que confirman la regla

Resulta significativo que, en medio de este panorama, determinadas unidades policiales hayan logrado conservar un elevado prestigio social.

Especialmente la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.

La razón es sencilla.

La ciudadanía percibe que muchas de sus investigaciones han afectado indistintamente a dirigentes de diferentes partidos políticos.

Esa percepción de neutralidad constituye precisamente el activo más valioso de cualquier institución.

Porque la confianza no se decreta.

Se gana.

Y se gana demostrando que las mismas reglas se aplican a todos.

Amigos y adversarios.

Gobernantes y opositores.

Poderosos y ciudadanos corrientes.

El círculo vicioso de la desconfianza

El problema aparece cuando las instituciones comienzan a reaccionar ante las críticas de manera defensiva.

Entonces se genera un círculo vicioso.

La ciudadanía desconfía.

Las instituciones se sienten atacadas.

Responden cerrándose sobre sí mismas.

La desconfianza aumenta.

Y el proceso se retroalimenta.

Cada nuevo escándalo refuerza las sospechas anteriores.

Cada nueva polémica alimenta las viejas dudas.

Cada nuevo caso se interpreta a la luz de todos los anteriores.

Y así, poco a poco, la credibilidad acumulada durante décadas puede comenzar a evaporarse.

La cuestión fundamental

La cuestión central no consiste en determinar si Pedro Sánchez conocía o desconocía determinadas actuaciones.

Tampoco si Begoña Gómez será finalmente condenada o absuelta.

Eso corresponde a los tribunales.

La cuestión verdaderamente importante es otra.

¿Qué sucede cuando una parte creciente de la población deja de confiar en la neutralidad de las instituciones encargadas de investigar, acusar y juzgar?

La respuesta resulta inquietante.

Porque ninguna democracia puede sobrevivir indefinidamente si los ciudadanos dejan de creer en la imparcialidad de sus mecanismos de control.

El riesgo de una democracia sin confianza

Las constituciones.

Las leyes.

Los reglamentos.

Los procedimientos.

Los tribunales.

Los parlamentos.

Todo ello resulta imprescindible.

Pero existe un elemento todavía más importante.

La confianza.

Sin ella, las instituciones continúan existiendo formalmente.

Siguen funcionando.

Siguen celebrándose elecciones.

Siguen dictándose sentencias.

Siguen aprobándose leyes.

Pero el vínculo invisible que une a los ciudadanos con el sistema comienza a deteriorarse.

Y cuando ese vínculo se rompe, la democracia entra en una zona de riesgo mucho más peligrosa que cualquier escándalo concreto.

El verdadero terremoto

Por eso el auto del juez Peinado ha provocado un impacto tan profundo.

No únicamente por sus consecuencias jurídicas.

No únicamente por afectar a la esposa del presidente del Gobierno.

Sino porque ha actuado como un reflector gigantesco.

Ha iluminado dudas que ya existían.

Ha reactivado sospechas acumuladas durante años.

Ha obligado a muchos ciudadanos a preguntarse si las instituciones españolas conservan realmente la independencia, neutralidad y fortaleza que proclaman poseer.

Y esa pregunta, mucho más que cualquier medida cautelar o cualquier auto judicial, constituye el auténtico terremoto político del momento.

Porque los gobiernos pasan.

Los presidentes pasan.

Los partidos pasan.

Pero cuando la confianza institucional comienza a desaparecer, las consecuencias suelen permanecer durante mucho tiempo.

¿SEPARACIÓN DE PODERES O REPARTO DE PODERES?

MONTESQUIEU FRENTE A LA REALIDAD ESPAÑOLA

Existe una frase atribuida a Charles-Louis de Secondat, barón de Montesquieu, que figura entre los cimientos intelectuales de las democracias modernas:

«Para que no se pueda abusar del poder es preciso que el poder frene al poder».

Sobre esa sencilla idea se edificó buena parte del constitucionalismo occidental.

Poder legislativo.

Poder ejecutivo.

Poder judicial.

Tres esferas diferenciadas.

Tres ámbitos de actuación distintos.

Tres mecanismos destinados a impedir la concentración excesiva de autoridad en unas pocas manos.

La teoría resulta admirable.

El problema aparece cuando se compara con la práctica.

Especialmente con la práctica española.

Porque, al observar el funcionamiento real de las instituciones, muchos ciudadanos llegan a una conclusión incómoda:

más que una separación de poderes, lo que existe es un complejo sistema de reparto de poderes.

Y la diferencia entre ambas cosas no es precisamente pequeña.

Montesquieu jamás conoció los partidos modernos

Cuando Montesquieu escribió El espíritu de las leyes, los partidos políticos modernos todavía no existían.

No podía prever la aparición de grandes maquinarias electorales capaces de controlar simultáneamente el Gobierno, el Parlamento, una parte significativa de los órganos reguladores y una enorme porción de la administración pública.

Tampoco podía imaginar sistemas electorales basados en listas cerradas y bloqueadas donde los representantes deben su puesto fundamentalmente a las direcciones de los partidos y no a los electores.

Y ahí aparece uno de los problemas fundamentales de la política contemporánea.

Los diputados deberían controlar al Gobierno.

Pero en la práctica suelen depender políticamente de él.

Porque quien decide buena parte de las candidaturas es precisamente la dirección del partido que sostiene al Ejecutivo.

La consecuencia resulta evidente.

El control se debilita.

La independencia disminuye.

Y la disciplina interna sustituye con frecuencia al criterio personal.

La obediencia debida parlamentaria

Las constituciones modernas suelen proclamar que los parlamentarios representan a toda la nación.

La realidad cotidiana muestra algo bastante diferente.

Los debates parlamentarios terminan a menudo convertidos en una representación donde el resultado de las votaciones ya se conoce de antemano.

La inmensa mayoría de diputados y senadores votan exactamente lo que les indican las direcciones de sus respectivos partidos.

No porque carezcan de criterio.

Sino porque el sistema penaliza severamente cualquier discrepancia.

La carrera política depende de la obediencia.

La promoción depende de la obediencia.

La permanencia en las listas depende de la obediencia.

Y cuando la obediencia se convierte en el principal requisito para prosperar, el Parlamento deja progresivamente de actuar como contrapoder.

Se transforma en una prolongación del Ejecutivo.

Robert Michels y la ley de hierro de las oligarquías

A principios del siglo XX, el sociólogo Robert Michels formuló una de las observaciones más perturbadoras de toda la ciencia política.

Toda organización compleja tiende inevitablemente hacia la oligarquía.

Toda.

Sin excepción.

Los partidos nacidos para democratizar la sociedad.

Los sindicatos creados para defender a los trabajadores.

Las asociaciones fundadas para proteger intereses colectivos.

Las cooperativas.

Las organizaciones religiosas.

Las burocracias estatales.

Todas desarrollan una élite dirigente.

Y esa élite termina adquiriendo intereses propios.

Intereses que no siempre coinciden con los de aquellos a quienes supuestamente representan.

España ofrece abundantes ejemplos de este fenómeno.

Partidos que nacieron prometiendo regeneración y terminaron reproduciendo exactamente los mismos comportamientos que criticaban.

Organizaciones que proclamaban transparencia y acabaron instaladas en la opacidad.

Dirigentes que denunciaban privilegios hasta el día en que comenzaron a disfrutarlos.

El Consejo General del Poder Judicial

Pocas instituciones ilustran mejor esta problemática que el Consejo General del Poder Judicial.

Sobre el papel, su misión consiste en garantizar la independencia de los jueces.

En la práctica, su renovación se ha convertido durante décadas en objeto de negociación entre partidos políticos.

Cada acuerdo.

Cada reparto.

Cada bloqueo.

Cada intercambio de nombres.

Refuerza la percepción de que los grandes partidos consideran determinados órganos institucionales como espacios de influencia que deben repartirse.

Quizá esa percepción resulte exagerada.

Pero resulta difícil evitarla cuando las negociaciones se desarrollan públicamente en términos de cuotas, equilibrios ideológicos y afinidades políticas.

El daño para la credibilidad institucional es enorme.

Porque la independencia judicial depende tanto de la realidad como de la apariencia.

El fenómeno de los aforamientos

España figura entre los países con mayor número de aforados del mundo.

Miles de cargos públicos disfrutan de regímenes procesales especiales.

La justificación original era proteger determinadas funciones institucionales frente a denuncias abusivas.

Sin embargo, con el paso del tiempo muchos ciudadanos han llegado a percibir los aforamientos como privilegios incompatibles con el principio de igualdad ante la ley.

La cuestión merece una reflexión serena.

¿Protegen realmente la independencia institucional?

¿O terminan proyectando la imagen de que existen categorías diferentes de ciudadanos?

La respuesta no resulta sencilla.

Pero la pregunta continúa siendo legítima.

El indulto como herramienta política

Algo parecido sucede con los indultos.

La institución existe desde hace siglos.

Y puede cumplir funciones razonables en determinadas circunstancias excepcionales.

Sin embargo, cuando afecta a personas vinculadas a intereses políticos inmediatos, las sospechas aparecen inevitablemente.

Porque el ciudadano corriente observa que las mismas autoridades que promueven determinadas políticas penales conservan simultáneamente la capacidad de neutralizar algunas de sus consecuencias.

Y esa dualidad genera desconfianza.

Especialmente cuando las decisiones parecen responder más a cálculos políticos que a criterios de justicia material.

Estado, Gobierno y partido

Una de las señales más preocupantes de deterioro institucional aparece cuando comienzan a confundirse tres realidades distintas.

El Estado.

El Gobierno.

Y el partido gobernante.

En teoría son cosas diferentes.

El Estado pertenece a todos los ciudadanos.

El Gobierno administra temporalmente determinadas competencias.

Los partidos compiten legítimamente por alcanzar el poder.

Sin embargo, la frontera entre esos tres ámbitos tiende a difuminarse.

Los recursos públicos comienzan a utilizarse con fines partidistas.

Las instituciones aparecen crecientemente identificadas con quienes las dirigen en cada momento.

Las críticas al Gobierno son presentadas como ataques al Estado.

Y la discrepancia política empieza a confundirse con deslealtad institucional.

Cuando eso ocurre, la calidad democrática se resiente inevitablemente.

La ficción de los contrapoderes

Durante décadas se ha repetido que los contrapoderes funcionan.

Y, formalmente, siguen existiendo.

Tribunales.

Parlamentos.

Órganos reguladores.

Tribunales de cuentas.

Fiscalías.

Defensores del pueblo.

Consejos consultivos.

Autoridades independientes.

Pero la cuestión decisiva no consiste en determinar si existen.

La cuestión consiste en averiguar hasta qué punto conservan autonomía real frente a los intereses de quienes controlan el poder político.

Porque un contrapoder dependiente deja de ser contrapoder.

Se convierte en decoración institucional.

El caso Peinado como síntoma

Por eso la polémica desencadenada por el auto del juez Peinado trasciende ampliamente la situación procesal de Begoña Gómez.

Lo que ha provocado la reacción no es únicamente una resolución judicial.

Es el hecho de que un juez haya actuado de manera que muchos ciudadanos perciben como independiente de las preferencias del poder político.

Y precisamente esa percepción explica buena parte de la intensidad del debate.

Porque cuando la independencia se convierte en noticia, significa que la normalidad institucional ya no se considera garantizada.

El problema de fondo

La cuestión fundamental no consiste en decidir si España continúa siendo una democracia.

Lo es.

La cuestión consiste en determinar qué calidad posee esa democracia.

Qué mecanismos de control funcionan realmente.

Qué instituciones conservan autonomía efectiva.

Qué espacios permanecen protegidos frente a las presiones partidistas.

Y hasta qué punto los principios constitucionales siguen operando en la práctica cotidiana.

Porque la democracia no muere necesariamente mediante golpes de Estado.

A veces se degrada lentamente.

Mediante nombramientos.

Mediante dependencias.

Mediante incentivos.

Mediante redes clientelares.

Mediante la progresiva desaparición de los controles efectivos.

Y cuando los ciudadanos empiezan a percibir ese deterioro, la confianza institucional comienza a erosionarse.

De Montesquieu a nuestros días

Quizá la enseñanza más importante de Montesquieu siga siendo la misma tres siglos después.

Ningún gobernante debe confiar exclusivamente en su propia virtud.

Ningún partido debe confiar exclusivamente en sus buenas intenciones.

Ninguna institución debe depender únicamente de la honestidad de quienes la dirigen.

La libertad política exige controles.

Equilibrios.

Contrapesos.

Fiscalización.

Responsabilidad.

Y, sobre todo, la convicción permanente de que cualquier poder, por legítimo que sea su origen, puede terminar abusando de su posición si deja de encontrar límites eficaces.

La cuestión que España tiene ante sí no es si posee instituciones.

Las posee.

La cuestión es si esas instituciones conservan la independencia necesaria para seguir cumpliendo la función para la que fueron creadas.

Y esa pregunta resulta hoy mucho más relevante que cualquier disputa partidista concreta.

EL CALENDARIO ELECTORAL COMO COARTADA

CUANDO LA JUSTICIA DECIDE NO DECIDIR

Existe una expresión que aparece periódicamente en la vida pública española.

Una expresión aparentemente prudente.

Moderada.

Sensata.

Incluso responsable.

La expresión es:

«No debemos interferir en el calendario electoral».

A primera vista parece razonable.

Nadie desea que los tribunales sustituyan a los ciudadanos en las urnas.

Nadie desea procesos judiciales convertidos en instrumentos partidistas.

Nadie desea que la justicia se transforme en una prolongación de la lucha política.

Sin embargo, la cuestión merece una reflexión más profunda.

Porque la obligación de los jueces no consiste en proteger procesos electorales.

Su obligación consiste en aplicar la ley.

Y hacerlo cuando corresponde.

No cuando resulte políticamente oportuno.

El problema del aplazamiento selectivo

Imaginemos dos escenarios.

En el primero, un juez dispone de elementos suficientes para dictar una resolución y la dicta inmediatamente.

En el segundo, dispone exactamente de los mismos elementos, pero decide esperar varios meses porque existe una convocatoria electoral cercana.

La pregunta es sencilla.

¿Ha actuado políticamente en el segundo caso?

Muchos ciudadanos responderían que sí.

Porque la decisión de retrasar una resolución constituye también una decisión política.

No decidir ya es decidir.

El aplazamiento produce efectos.

Modifica percepciones.

Altera campañas.

Influye sobre los votantes.

Y puede terminar beneficiando o perjudicando a determinados actores políticos.

La justicia y el reloj

La independencia judicial no consiste únicamente en decidir sin recibir órdenes.

También exige decidir sin atender a conveniencias políticas.

Cuando los tribunales comienzan a incorporar el calendario electoral a sus deliberaciones aparece un riesgo evidente.

La justicia deja de funcionar según sus propios tiempos.

Empieza a funcionar según los tiempos de la política.

Y en ese momento las fronteras entre ambos ámbitos comienzan a difuminarse.

Lo que hoy se justifica para evitar interferencias puede mañana convertirse en una forma encubierta de interferencia.

La igualdad temporal ante la ley

La igualdad ante la ley posee una dimensión frecuentemente olvidada.

La dimensión temporal.

No basta con que las normas sean iguales para todos.

También deben aplicarse con criterios temporalmente coherentes.

Porque retrasar una investigación.

Retrasar una imputación.

Retrasar una sentencia.

Retrasar un auto.

Retrasar una resolución.

Puede alterar profundamente sus consecuencias políticas y sociales.

La demora también produce efectos.

A veces tan importantes como la propia decisión.

El ciudadano y sus sospechas

El ciudadano corriente no suele conocer los detalles técnicos de los procedimientos judiciales.

Pero sí observa determinadas coincidencias.

Observa resoluciones que aparecen inmediatamente después de unas elecciones.

Observa investigaciones que parecen acelerarse o ralentizarse según las circunstancias políticas.

Observa causas que permanecen años dormidas.

Y otras que avanzan a velocidad de vértigo.

Quizá muchas de esas percepciones sean erróneas.

Quizá existan explicaciones jurídicas perfectamente razonables.

Pero el problema vuelve a ser el mismo.

La confianza.

Porque cuando la ciudadanía empieza a sospechar que el calendario electoral condiciona la actividad judicial, la independencia deja de parecer evidente.

La paradoja de la no interferencia

La paradoja resulta casi cómica.

Quien aplaza una resolución para no influir en unas elecciones ya está influyendo en ellas.

Porque ha alterado deliberadamente el momento en que los ciudadanos recibirán determinada información.

Ha modificado el contexto político.

Ha introducido un elemento nuevo en el proceso democrático.

Precisamente aquello que pretendía evitar.

Por eso la verdadera neutralidad consiste en otra cosa.

Consiste en actuar cuando corresponde.

Ni antes.

Ni después.

Ni según las necesidades del Gobierno.

Ni según las necesidades de la oposición.

Ni según las necesidades de la campaña electoral.

Según las necesidades de la justicia.

El daño institucional

Quizá el mayor daño no sea jurídico.

Sea moral.

Cada vez que un tribunal parece adaptar sus tiempos al calendario político, millones de ciudadanos concluyen que las instituciones ya no funcionan con plena autonomía.

Y una vez instalada esa sospecha, resulta extraordinariamente difícil erradicarla.

Porque la justicia puede sobrevivir a errores.

Puede sobrevivir a sentencias discutibles.

Puede sobrevivir a recursos.

Puede sobrevivir incluso a escándalos.

Lo que difícilmente puede soportar es la pérdida de credibilidad.

Y pocas cosas erosionan más esa credibilidad que la impresión de que el reloj de los tribunales se sincroniza con el reloj de los partidos.

LA MUJER DEL CÉSAR Y LA EROSIÓN MORAL DEL PODER

CUANDO LA LEGALIDAD YA NO ES SUFICIENTE

Existe una diferencia fundamental entre la responsabilidad penal y la responsabilidad política.

Y existe otra diferencia todavía más importante.

La diferencia entre la legalidad y la ejemplaridad.

Las democracias modernas parecen haber olvidado con frecuencia ambas cuestiones.

Cada vez resulta más habitual que un dirigente político se considere plenamente legitimado para continuar en su puesto mientras no exista una sentencia firme que lo condene.

Cada vez resulta más frecuente escuchar el mismo argumento:

«No hay condena».

«No hay sentencia».

«No hay delito probado».

«Por tanto, no existe problema alguno».

Sin embargo, durante siglos, las sociedades occidentales sostuvieron una idea muy distinta.

La idea de que quienes ejercen funciones públicas están sometidos a exigencias superiores a las aplicables al resto de los ciudadanos.

No porque posean menos derechos.

Sino porque administran responsabilidades que afectan a toda la comunidad.

Y precisamente ahí aparece la vieja enseñanza romana que parece haberse extraviado en algún despacho ministerial, parlamentario o partidista.

La mujer del César

La expresión procede de un episodio conocido de la Roma republicana.

Julio César decidió divorciarse de Pompeya después de que ésta apareciera indirectamente vinculada a un escándalo religioso.

Cuando le preguntaron por qué actuaba de esa manera si no existían pruebas concluyentes contra ella, respondió con una frase que atravesaría los siglos:

«La mujer del César no sólo debe ser honrada; también debe parecerlo».

Lo importante de la anécdota no es la figura de Pompeya.

Ni siquiera la de César.

Lo importante es el principio.

Quien ocupa posiciones de poder debe evitar no sólo la corrupción.

Debe evitar también las situaciones que razonablemente puedan generar sospechas de corrupción.

Debe evitar no sólo los conflictos de intereses.

También la apariencia de conflicto de intereses.

Porque la confianza pública constituye uno de los recursos más valiosos de cualquier sistema político.

Y una vez perdida, resulta extremadamente difícil recuperarla.

La reducción moral de la política

Uno de los fenómenos más llamativos de las últimas décadas ha sido la progresiva reducción de la política a una cuestión exclusivamente penal.

Parece que todo queda reducido a una pregunta:

¿Existe condena judicial?

Si la respuesta es negativa, muchos consideran cerrado el debate.

Pero la vida pública nunca ha funcionado así.

La honestidad política siempre ha exigido criterios más amplios.

La prudencia.

La transparencia.

La ejemplaridad.

La coherencia.

La responsabilidad.

La renuncia cuando determinadas circunstancias dificultan el ejercicio digno de una función pública.

Nada de eso depende necesariamente de la existencia de un delito.

El conflicto de intereses

La mayor parte de los escándalos políticos contemporáneos no comienzan con delitos.

Comienzan con conflictos de intereses.

Una amistad.

Una recomendación.

Una relación empresarial.

Una adjudicación.

Una contratación.

Una influencia.

Un acceso privilegiado.

Una llamada telefónica.

Una puerta que se abre para unos y permanece cerrada para los demás.

A veces no existe infracción penal.

Pero sí existe un problema político.

Porque los ciudadanos esperan que quienes ejercen el poder actúen bajo criterios distintos de los que rigen las relaciones privadas.

Y cuando esa frontera desaparece, la confianza empieza a deteriorarse.

La corrupción antes de la corrupción

Existe además una realidad incómoda.

La corrupción rara vez aparece de manera repentina.

Antes suele existir una larga cadena de pequeñas concesiones.

Pequeños privilegios.

Pequeñas excepciones.

Pequeñas ventajas.

Pequeñas justificaciones.

Pequeñas transgresiones.

Cada una parece insignificante.

Cada una parece razonable.

Cada una parece perfectamente explicable.

Hasta que un día el conjunto resulta imposible de justificar.

La corrupción institucional suele comenzar mucho antes de que aparezca el Código Penal.

Comienza en la mentalidad.

Comienza cuando quienes ejercen el poder empiezan a considerarse acreedores de ventajas especiales.

La cultura de la impunidad

Toda organización desarrolla con el tiempo mecanismos de autoprotección.

Los partidos políticos no constituyen una excepción.

Cuando una formación permanece muchos años en el poder suele aparecer una peligrosa sensación de invulnerabilidad.

Los dirigentes comienzan a confundir el interés general con el interés del partido.

Posteriormente confunden el interés del partido con su propio interés.

Y finalmente terminan convencidos de que cualquier crítica constituye un ataque ilegítimo.

La consecuencia es previsible.

La autocrítica desaparece.

La vigilancia interna desaparece.

Los controles pierden eficacia.

Y la impunidad comienza a extenderse.

El deterioro de las exigencias públicas

Hace algunas décadas, determinadas conductas provocaban dimisiones inmediatas.

No porque existiera una condena.

No porque existiera una imputación.

Bastaba la aparición de dudas razonables sobre la capacidad de una persona para seguir ejerciendo determinadas responsabilidades.

Hoy ocurre exactamente lo contrario.

Muchos dirigentes parecen considerar que únicamente una sentencia firme puede justificar una renuncia.

Y ni siquiera siempre.

La consecuencia es un progresivo deterioro de los estándares éticos de la vida pública.

Lo que ayer parecía inaceptable hoy se considera normal.

Lo que ayer provocaba escándalo hoy apenas genera titulares pasajeros.

Y lo que ayer habría supuesto una dimisión hoy suele resolverse mediante un gabinete de comunicación.

Cicerón y la República

Marco Tulio Cicerón comprendió perfectamente este problema hace más de dos mil años.

La República no dependía únicamente de las leyes.

Dependía también de las costumbres.

De los hábitos.

De los comportamientos.

De lo que los romanos denominaban mos maiorum.

Las leyes podían castigar determinadas conductas.

Pero la salud de la República exigía algo más.

Exigía ciudadanos y gobernantes conscientes de que no todo lo legal resulta necesariamente correcto.

Esa enseñanza continúa siendo válida.

Porque ninguna democracia puede sobrevivir únicamente mediante códigos y reglamentos.

Necesita también límites morales compartidos.

El caso Begoña Gómez

Precisamente por eso el debate actual trasciende ampliamente el ámbito judicial.

Los tribunales determinarán si existen o no responsabilidades penales.

Esa es su función.

Pero la discusión política comenzó mucho antes.

Comenzó en el momento en que millones de ciudadanos empezaron a preguntarse si determinadas actividades eran compatibles con la posición institucional ocupada por la esposa del presidente del Gobierno.

La cuestión de fondo no era inicialmente jurídica.

Era política.

Era ética.

Era institucional.

Y sigue siéndolo.

El verdadero significado de la ejemplaridad

La ejemplaridad no consiste en ser perfecto.

Nadie lo es.

Tampoco consiste en vivir bajo estándares imposibles.

Consiste en comprender que determinadas posiciones exigen una prudencia extraordinaria.

Una transparencia extraordinaria.

Y una disposición extraordinaria a rendir cuentas.

Porque cuanto mayor es el poder, mayor debe ser la responsabilidad.

Y cuanto mayor es la responsabilidad, menor debería ser la tolerancia hacia cualquier comportamiento susceptible de generar dudas razonables.

La erosión moral del poder

Todos los sistemas políticos corren el mismo riesgo.

El riesgo de acostumbrarse.

Acostumbrarse a los privilegios.

Acostumbrarse a las excepciones.

Acostumbrarse a las ventajas.

Acostumbrarse a considerar normales situaciones que en otro contexto resultarían inaceptables.

Cuando eso ocurre, la erosión institucional ya ha comenzado.

No porque las leyes hayan dejado de existir.

No porque los tribunales hayan desaparecido.

Sino porque quienes ejercen el poder han comenzado a olvidar que la legitimidad no depende únicamente de la legalidad.

Depende también de la confianza.

Y la confianza, una vez perdida, rara vez se recupera con facilidad.

Más allá de los tribunales

Quizá por eso el debate abierto por el caso actual resulta tan relevante.

Porque obliga a plantear una cuestión que va mucho más allá de cualquier procedimiento judicial.

¿Qué estándares morales exigimos a quienes nos gobiernan?

¿Nos basta con que no sean condenados?

¿O esperamos algo más?

La respuesta a esa pregunta determinará en gran medida la calidad de nuestra vida pública durante las próximas décadas.

Y también determinará si la democracia española consigue recuperar la confianza que una parte creciente de la sociedad parece haber comenzado a perder.

DEL ESTADO DE DERECHO AL ESTADO DE PARTIDOS

CUANDO LAS ORGANIZACIONES ACABAN SIENDO MÁS IMPORTANTES QUE LOS CIUDADANOS

Existe una pregunta incómoda que rara vez aparece en los debates televisivos, en las declaraciones institucionales o en los grandes discursos parlamentarios.

¿Quién gobierna realmente España?

La respuesta oficial parece sencilla.

Gobiernan los ciudadanos mediante elecciones libres.

Gobiernan las Cortes Generales a través de la representación popular.

Gobierna el Ejecutivo surgido de las urnas.

Gobiernan las instituciones previstas por la Constitución.

Todo ello es cierto.

Pero sólo parcialmente.

Porque entre los ciudadanos y las instituciones se ha desarrollado una compleja red de organizaciones cuya influencia resulta decisiva.

Los partidos políticos.

Y precisamente ahí aparece una de las grandes contradicciones de la democracia contemporánea.

Los partidos nacieron como instrumentos de representación.

Con el paso del tiempo han terminado convirtiéndose en estructuras de poder con intereses propios.

La profecía de Robert Michels

A comienzos del siglo XX, Robert Michels estudió el funcionamiento interno de diversas organizaciones políticas.

Sus conclusiones fueron demoledoras.

Toda organización compleja genera inevitablemente una élite dirigente.

Y esa élite desarrolla progresivamente intereses propios.

Intereses que no siempre coinciden con los de los afiliados.

Ni con los de los votantes.

Ni con los de la sociedad.

Michels denominó a este fenómeno la ley de hierro de las oligarquías.

Más de un siglo después, sus observaciones conservan una actualidad sorprendente.

Porque los partidos contemporáneos parecen confirmar diariamente sus diagnósticos.

El diputado que no representa a sus electores

Formalmente, los diputados representan a los ciudadanos.

En la práctica, muchos terminan dependiendo fundamentalmente de quienes elaboran las listas electorales.

La diferencia es enorme.

Cuando un parlamentario debe su puesto a decenas de miles de electores concretos, su incentivo principal consiste en responder ante ellos.

Cuando debe su puesto a una dirección nacional o regional, la lógica cambia.

Su supervivencia política depende de conservar la confianza de quienes controlan las candidaturas.

Y esa realidad condiciona inevitablemente su comportamiento.

No es una cuestión moral.

Es una cuestión estructural.

El sistema premia la obediencia.

Y castiga la independencia.

El Parlamento como cámara de ratificación

La consecuencia resulta visible en la práctica cotidiana.

La inmensa mayoría de las votaciones parlamentarias presentan resultados perfectamente previsibles.

Los diputados de cada grupo votan en bloque.

Las discrepancias son excepcionales.

Las rebeliones internas resultan extraordinariamente raras.

Y cuando se producen suelen tener consecuencias inmediatas.

Expedientes disciplinarios.

Pérdida de responsabilidades.

Marginación política.

Exclusión futura de las candidaturas.

De este modo, el Parlamento corre el riesgo de dejar de funcionar como órgano de control para convertirse en una cámara de ratificación de decisiones previamente adoptadas por las direcciones partidistas.

Joaquín Costa y la oligarquía

Hace más de un siglo, Joaquín Costa denunció la existencia de una estructura política dominada por oligarquías y caciques.

Naturalmente, la España actual no es la de la Restauración.

Las circunstancias históricas son completamente distintas.

Pero algunas dinámicas conservan un sorprendente parecido.

Costa observaba cómo determinadas minorías organizadas concentraban una enorme capacidad de influencia sobre las instituciones.

Hoy los mecanismos son diferentes.

Los protagonistas también.

Pero la preocupación fundamental continúa siendo parecida.

¿Cómo impedir que los aparatos organizativos terminen imponiéndose sobre los intereses generales?

¿Cómo evitar que quienes controlan las estructuras de poder acaben actuando prioritariamente en beneficio propio?

La financiación pública y la dependencia del Estado

La evolución de los partidos ha producido otra paradoja llamativa.

Nacieron como organizaciones destinadas a representar a la sociedad frente al Estado.

Hoy dependen en gran medida de recursos procedentes del propio Estado.

Subvenciones.

Asignaciones parlamentarias.

Fundaciones asociadas.

Recursos institucionales.

Personal financiado indirectamente por fondos públicos.

La consecuencia resulta evidente.

Los partidos se han integrado progresivamente en la estructura estatal.

Y cuanto más intensa es esa integración, menor resulta el incentivo para cuestionar determinados mecanismos de funcionamiento.

El problema de los órganos de control

La situación se vuelve especialmente delicada cuando afecta a instituciones llamadas precisamente a supervisar al poder.

Tribunales de cuentas.

Consejos reguladores.

Fiscalías.

Defensorías.

Autoridades independientes.

Organismos supervisores.

En teoría deben actuar con autonomía.

En la práctica, sus sistemas de nombramiento suelen depender, directa o indirectamente, de acuerdos entre partidos.

Y aunque ello no implique necesariamente falta de independencia efectiva, sí genera un problema evidente de percepción pública.

Porque la confianza institucional no depende únicamente de las intenciones.

Depende también de las apariencias.

La colonización silenciosa

A menudo se habla de ocupación de instituciones.

La expresión puede resultar excesiva.

Pero existe un fenómeno real difícil de ignorar.

La tendencia de los partidos a extender su influencia sobre todos los espacios posibles.

Empresas públicas.

Organismos reguladores.

Fundaciones.

Consorcios.

Entidades culturales.

Corporaciones públicas.

Consejos asesores.

Universidades.

La lógica resulta comprensible desde la perspectiva del poder.

Quien gobierna tiende naturalmente a rodearse de personas afines.

El problema aparece cuando ese proceso alcanza una intensidad tal que las fronteras entre institución y partido comienzan a desaparecer.

Estado y partido

Las democracias liberales nacieron precisamente para evitar esa confusión.

El Estado pertenece a todos.

Los gobiernos son temporales.

Los partidos son instrumentos legítimos de competencia política.

Cuando estas diferencias permanecen claras, el sistema funciona razonablemente bien.

Cuando empiezan a confundirse, aparecen los problemas.

Las críticas al Gobierno se interpretan como ataques al Estado.

Las discrepancias políticas se presentan como amenazas institucionales.

Los intereses partidistas se identifican con el interés general.

Y la pluralidad democrática comienza a debilitarse.

El ciudadano frente a la maquinaria

Mientras tanto, el ciudadano corriente contempla el espectáculo con creciente escepticismo.

Observa cómo las promesas de regeneración suelen terminar pareciéndose mucho a aquello que pretendían sustituir.

Observa cómo los nuevos partidos adoptan rápidamente los hábitos de los antiguos.

Observa cómo las estructuras terminan imponiéndose a las personas.

Y concluye que el problema quizá no resida exclusivamente en los individuos.

Quizá resida también en los incentivos generados por el propio sistema.

El caso Peinado como síntoma de algo más profundo

Por eso el auto del juez Peinado ha provocado una reacción tan intensa.

Porque no se percibe únicamente como una resolución judicial.

Se percibe como un episodio más dentro de una discusión mucho más amplia.

La discusión sobre la independencia real de las instituciones.

Sobre la capacidad del sistema para investigar a quienes ocupan posiciones de poder.

Sobre la posibilidad de que existan controles efectivos frente a los gobiernos.

Y, en última instancia, sobre la diferencia entre una democracia formal y una democracia sustancial.

El riesgo de las democracias maduras

Las democracias rara vez desaparecen de manera repentina.

Lo habitual es que sufran procesos graduales de deterioro.

Pequeñas renuncias.

Pequeñas dependencias.

Pequeños privilegios.

Pequeñas excepciones.

Pequeñas justificaciones.

Cada una parece insignificante.

Pero la suma termina transformando profundamente el sistema.

Y cuando los ciudadanos comienzan a percibir ese proceso, aparece la desconfianza.

No necesariamente contra una institución concreta.

Sino contra el conjunto.

La pregunta inevitable

Llegados a este punto, la cuestión ya no consiste únicamente en determinar si determinadas personas cometieron o no determinados delitos.

La pregunta es mucho más profunda.

¿Dispone España de mecanismos suficientemente sólidos para investigar con independencia a quienes ocupan las posiciones más elevadas del poder político?

¿O los partidos han terminado adquiriendo una influencia tan extensa que los controles funcionan cada vez con mayores dificultades?

La respuesta a esa pregunta condicionará buena parte del futuro institucional del país.

Porque ninguna democracia puede conservar indefinidamente la confianza de sus ciudadanos si éstos comienzan a sospechar que las organizaciones creadas para servirles han terminado sirviéndose principalmente a sí mismas.

PEDRO SÁNCHEZ, ZAPATERO Y EL PROBLEMA DE LA RESPONSABILIDAD POLÍTICA

CUANDO NADIE SABE NADA, NADIE VE NADA Y NADIE RESPONDE DE NADA

Existe una escena que se repite una y otra vez en la historia política de casi todos los países.

Estalla un escándalo.

Aparecen contratos sospechosos.

Surgen comisiones.

Se descubren intermediarios.

Afloran mensajes.

Se conocen reuniones.

Se investigan adjudicaciones.

Y entonces comienza el ritual.

Los responsables políticos afirman no saber nada.

Los superiores jerárquicos aseguran desconocer lo ocurrido.

Los ministros niegan haber recibido información.

Los asesores afirman carecer de competencias.

Los dirigentes sostienen que jamás sospecharon nada.

Y los partidos presentan los hechos como simples actuaciones individuales completamente desvinculadas de la organización.

La escena resulta tan frecuente que casi se ha convertido en un género literario.

Y, sin embargo, plantea una cuestión fundamental para cualquier democracia.

¿Hasta dónde llega la responsabilidad de quienes ejercen el poder?

La responsabilidad penal y sus límites

Desde el punto de vista jurídico, la cuestión parece clara.

Nadie puede ser condenado por lo que hizo otra persona.

La responsabilidad penal es individual.

Debe acreditarse mediante pruebas.

Debe respetar las garantías procesales.

Debe apoyarse en hechos concretos.

Y debe quedar demostrada más allá de toda duda razonable.

Ese principio constituye una conquista esencial del Estado de Derecho.

Pero el problema aparece cuando se pretende trasladar automáticamente esa lógica al ámbito político.

Porque la política opera según criterios diferentes.

La responsabilidad política

Un ministro puede no haber cometido delito alguno.

Y, sin embargo, resultar políticamente responsable de graves irregularidades ocurridas bajo su autoridad.

Un presidente puede ignorar determinados hechos.

Y, aun así, verse obligado a asumir consecuencias políticas por no haberlos detectado.

Un dirigente puede desconocer determinadas conductas.

Y continuar siendo responsable de haber creado las condiciones que las hicieron posibles.

La responsabilidad política no exige culpabilidad penal.

Exige algo distinto.

Exige rendición de cuentas.

La vieja cultura de las dimisiones

Durante buena parte del siglo XX, numerosas democracias occidentales desarrollaron una cultura política basada en esta idea.

Las dimisiones no se producían exclusivamente por condenas judiciales.

En ocasiones bastaban errores graves de gestión.

Fallos de supervisión.

Actuaciones incompatibles con la dignidad del cargo.

Pérdida de confianza pública.

La lógica era sencilla.

Las instituciones debían protegerse incluso a costa de sacrificar carreras políticas individuales.

Hoy esa cultura parece haberse debilitado considerablemente.

El blindaje partidista

Uno de los fenómenos más llamativos de las últimas décadas ha sido la creciente tendencia de los partidos a proteger a sus dirigentes hasta el último momento.

La dimisión ya no aparece como un acto de responsabilidad.

Se presenta como una derrota.

Como una concesión al adversario.

Como una muestra de debilidad.

La consecuencia resulta evidente.

Las responsabilidades se diluyen.

Las explicaciones se retrasan.

Las decisiones se aplazan.

Y la confianza pública continúa deteriorándose.

El caso Ábalos

Las investigaciones relacionadas con José Luis Ábalos constituyen un ejemplo significativo de este fenómeno.

Durante años ocupó posiciones centrales dentro del aparato político gubernamental.

Era una de las figuras más relevantes del entorno presidencial.

Posteriormente comenzaron a aparecer informaciones, investigaciones y sospechas que afectaban a personas situadas en su entorno político y administrativo.

La cuestión fundamental no consiste únicamente en determinar las responsabilidades penales que puedan derivarse.

Corresponderá a los tribunales establecerlas.

La cuestión política resulta distinta.

¿Cómo es posible que determinadas prácticas se desarrollen durante tanto tiempo sin que los mecanismos de control las detecten?

¿Quién supervisaba?

¿Quién verificaba?

¿Quién comprobaba?

¿Quién respondía?

Estas preguntas afectan directamente a la calidad institucional.

Santos Cerdán y el problema estructural

Algo parecido ocurre con otros nombres que han aparecido recientemente en el debate público.

Cuando los casos se acumulan, la explicación basada exclusivamente en comportamientos individuales comienza a perder fuerza.

La ciudadanía empieza a preguntarse si el problema es únicamente personal o si existe también una dimensión estructural.

Si se trata de manzanas podridas aisladas.

O si el cesto presenta problemas más profundos.

La pregunta puede resultar incómoda.

Pero resulta inevitable.

Zapatero y la cuestión de la influencia

José Luis Rodríguez Zapatero ocupa una posición singular dentro de la política española contemporánea.

Abandonó formalmente el poder hace años.

Sin embargo, su influencia política continúa siendo objeto de debate.

Sus relaciones internacionales.

Sus actividades de mediación.

Sus contactos con distintos gobiernos extranjeros.

Sus vínculos con determinados actores políticos y económicos.

Todo ello ha generado controversias recurrentes.

La cuestión aquí no consiste en emitir condenas anticipadas.

Ni en sustituir a los tribunales.

La cuestión consiste en comprender por qué amplios sectores de la sociedad consideran insuficientes las explicaciones ofrecidas hasta ahora.

Y por qué la mera apelación a la ausencia de condenas judiciales ya no parece satisfacer a una parte creciente de la opinión pública.

La doctrina del desconocimiento universal

Existe una constante que aparece en casi todos los escándalos políticos.

Nadie sabía nada.

Nadie sospechaba nada.

Nadie observó nada extraño.

Nadie recibió advertencias.

Nadie detectó señales de alarma.

Nadie consideró necesario investigar.

La repetición de este patrón termina generando un problema de credibilidad.

Porque las organizaciones complejas disponen precisamente de sistemas de supervisión para detectar irregularidades.

Si dichos sistemas funcionan, deberían descubrir los problemas.

Y si no los descubren, surge otra pregunta igualmente inquietante.

¿Para qué existen entonces?

El poder y la responsabilidad

Cuanto mayor es el poder, mayor debería ser la responsabilidad.

Esa era una de las intuiciones fundamentales del constitucionalismo clásico.

No se otorgaban privilegios para liberar de obligaciones.

Se otorgaban competencias para asumir mayores responsabilidades.

Sin embargo, la evolución reciente parece haber invertido parcialmente esa lógica.

A veces da la impresión de que el incremento de poder lleva aparejada una disminución proporcional de responsabilidad.

Los éxitos se atribuyen a los dirigentes.

Los fracasos se atribuyen a subordinados.

Los méritos ascienden.

Las culpas descienden.

Y así sucesivamente.

La erosión de la confianza

El verdadero problema no reside únicamente en los posibles delitos.

Ni siquiera en los escándalos concretos.

El verdadero problema aparece cuando los ciudadanos concluyen que nadie responde nunca por nada.

Que los errores carecen de consecuencias.

Que las responsabilidades se diluyen.

Que las explicaciones sustituyen a las soluciones.

Que las comparecencias sustituyen a las dimisiones.

Que las campañas de comunicación sustituyen a la rendición de cuentas.

En ese momento la confianza comienza a evaporarse.

La cuestión decisiva

La pregunta central no es si Pedro Sánchez conocía o desconocía determinados hechos.

Tampoco si Zapatero conocía o desconocía otros.

Ni siquiera si determinados dirigentes resultarán finalmente condenados o absueltos.

La pregunta verdaderamente importante es otra.

¿Qué mecanismos existen para garantizar que quienes ejercen el poder respondan políticamente cuando las cosas salen mal?

Porque una democracia puede sobrevivir a la corrupción.

Puede sobrevivir a los errores.

Puede sobrevivir a los escándalos.

Lo que difícilmente puede soportar durante mucho tiempo es la sensación de que las responsabilidades desaparecen sistemáticamente a medida que se asciende en la jerarquía.

El juicio de la opinión pública

Los tribunales dictarán sus resoluciones.

Las investigaciones seguirán su curso.

Las sentencias llegarán cuando corresponda.

Pero existe otro juicio que se desarrolla paralelamente.

El juicio de la opinión pública.

Y ese juicio no se limita a determinar si alguien ha infringido una norma penal.

Valora algo más amplio.

La ejemplaridad.

La transparencia.

La credibilidad.

La capacidad de asumir responsabilidades.

Y, sobre todo, la disposición a responder por aquello que ocurre bajo la propia autoridad.

Porque, al final, las democracias no se sostienen únicamente sobre leyes.

Se sostienen también sobre la confianza de los ciudadanos en que quienes ejercen el poder están dispuestos a rendir cuentas por el uso que hacen de él.

Cuando esa confianza desaparece, el deterioro institucional ya ha comenzado.

Y ninguna campaña de propaganda consigue detenerlo durante mucho tiempo.

¿QUIÉN VIGILA A LOS VIGILANTES?

EL PROBLEMA ETERNO DEL PODER

Existe una pregunta que atraviesa toda la historia de la civilización occidental.

Una pregunta más importante que cualquier elección.

Más importante que cualquier partido.

Más importante que cualquier gobierno concreto.

Una pregunta que ya preocupaba a griegos y romanos mucho antes de que existieran las democracias modernas.

La pregunta es sencilla.

¿Quién controla a quienes tienen la misión de controlar a los demás?

¿Quién vigila a los vigilantes?

¿Quién supervisa a los supervisores?

¿Quién juzga a quienes juzgan?

¿Quién fiscaliza a quienes fiscalizan?

Toda la arquitectura política de Occidente puede interpretarse, en gran medida, como un intento de responder a esa cuestión.

Y, sin embargo, después de más de dos mil años seguimos enfrentándonos exactamente al mismo problema.

Porque el poder cambia de forma.

Pero la naturaleza humana permanece esencialmente igual.

Juvenal y una pregunta inmortal

La formulación más famosa procede del poeta romano Juvenal.

«Quis custodiet ipsos custodes?»

¿Quién vigilará a los propios vigilantes?

La pregunta surgía originalmente en un contexto muy concreto.

Pero terminó convirtiéndose en uno de los grandes dilemas de la teoría política.

Porque toda sociedad necesita autoridades.

Necesita jueces.

Necesita policías.

Necesita inspectores.

Necesita gobernantes.

Necesita administradores.

Necesita mecanismos de control.

Pero todos ellos están formados por seres humanos.

Y los seres humanos son falibles.

Pueden equivocarse.

Pueden corromperse.

Pueden dejarse arrastrar por intereses personales.

Pueden obedecer órdenes impropias.

Pueden utilizar el poder para fines distintos de aquellos para los que les fue confiado.

Precisamente por eso la cuestión sigue siendo tan actual.

La ingenuidad política

Uno de los errores más frecuentes consiste en creer que el problema puede resolverse simplemente colocando a las personas adecuadas en los puestos adecuados.

La historia demuestra exactamente lo contrario.

Las instituciones no fracasan únicamente porque existan individuos deshonestos.

Fracasan también porque incluso las personas honestas terminan sometidas a incentivos, presiones y tentaciones.

Los romanos lo sabían.

Los padres fundadores de los Estados Unidos también.

Los pensadores de la Escuela de Salamanca igualmente.

Por eso insistían tanto en la necesidad de limitar el poder.

No porque desconfiaran de todos los gobernantes.

Sino porque desconfiaban de cualquier concentración excesiva de poder.

La Escuela de Salamanca

Mucho antes de Montesquieu, pensadores españoles como Francisco de Vitoria, Domingo de Soto, Juan de Mariana o Francisco Suárez reflexionaron sobre la legitimidad del poder político.

Comprendieron algo fundamental.

Los gobernantes no son propietarios del poder.

Son administradores temporales.

Su autoridad no es ilimitada.

No es absoluta.

No es sagrada.

Y precisamente por eso debe estar sometida a restricciones.

Aquellos autores desconfiaban profundamente de cualquier forma de poder sin control.

Sabían que incluso las mejores intenciones pueden terminar produciendo consecuencias desastrosas cuando desaparecen los límites institucionales.

Lord Acton

Siglos después, Lord Acton resumiría la cuestión mediante una de las frases más citadas de toda la teoría política:

«El poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente».

La frase suele citarse con frecuencia.

Pero rara vez se extraen todas sus consecuencias.

Porque Acton no afirmaba que sólo los malvados se corrompan.

Afirmaba algo mucho más inquietante.

Afirmaba que la propia acumulación de poder genera dinámicas corruptoras.

No necesariamente corrupción económica.

También corrupción moral.

Corrupción intelectual.

Corrupción institucional.

La convicción creciente de que uno posee siempre razón.

La sensación de impunidad.

La pérdida progresiva de contacto con la realidad.

La tendencia a confundir interés propio e interés general.

El poder siempre encuentra justificaciones

La experiencia histórica muestra además una constante sorprendente.

Todos los abusos de poder suelen presentarse inicialmente como medidas necesarias.

Por la seguridad.

Por la estabilidad.

Por la emergencia.

Por el interés general.

Por la democracia.

Por la justicia.

Por el progreso.

Las palabras cambian.

La lógica permanece.

Quien ejerce el poder rara vez reconoce que actúa por interés propio.

Siempre encuentra una justificación superior.

Precisamente por eso los límites institucionales resultan tan importantes.

Porque protegen a la sociedad incluso cuando los gobernantes están convencidos de actuar correctamente.

Hayek y el conocimiento limitado

Friedrich Hayek añadió otra dimensión esencial al problema.

Nadie dispone de información suficiente para dirigir completamente una sociedad compleja.

Nadie.

Ni los gobiernos.

Ni los expertos.

Ni los tecnócratas.

Ni los partidos.

Ni las burocracias.

La concentración excesiva de poder produce inevitablemente errores porque concentra también la toma de decisiones en grupos cada vez más reducidos.

Y cuanto más reducido es el grupo que decide, mayor es el riesgo de equivocación.

Por eso la dispersión del poder constituye también una forma de protección frente a los errores humanos.

El caso español

España no escapa a ninguna de estas dinámicas.

La polémica generada por el auto del juez Peinado constituye precisamente una manifestación más de este problema universal.

Porque el debate real no gira únicamente en torno a una persona concreta.

Ni siquiera en torno a un gobierno concreto.

El debate gira en torno a la capacidad de las instituciones para controlar efectivamente al poder político cuando éste alcanza las posiciones más elevadas del Estado.

¿Puede investigarse realmente a quienes gobiernan?

¿Pueden funcionar los mecanismos de control sin interferencias?

¿Pueden actuar jueces, fiscales, policías y órganos supervisores con plena independencia?

La intensidad de la polémica demuestra que muchos ciudadanos albergan dudas al respecto.

El círculo de protección

Toda estructura de poder desarrolla instintivamente mecanismos de autoprotección.

No es una peculiaridad española.

Es un fenómeno universal.

Los gobiernos protegen a sus dirigentes.

Los partidos protegen a sus cuadros.

Las burocracias protegen a sus miembros.

Las corporaciones protegen a sus directivos.

Las organizaciones protegen a quienes ocupan posiciones relevantes.

Precisamente por eso los controles externos resultan tan importantes.

Porque las organizaciones rara vez se corrigen a sí mismas con la misma intensidad con la que corrigen a sus adversarios.

La importancia de los contrapoderes

La libertad política depende, en última instancia, de la existencia de contrapoderes efectivos.

Tribunales independientes.

Prensa libre.

Parlamentos capaces de controlar al Ejecutivo.

Órganos supervisores autónomos.

Sociedades civiles fuertes.

Ciudadanos críticos.

No basta con que existan formalmente.

Deben disponer de capacidad real para actuar.

Y deben estar protegidos frente a represalias cuando ejercen sus funciones.

Porque un contrapoder intimidado deja de ser contrapoder.

La lección olvidada

Quizá la principal enseñanza de toda esta discusión resulte sorprendentemente sencilla.

El problema nunca ha sido quién ocupa el poder.

El problema siempre ha sido cómo limitarlo.

Las sociedades libres no dependen de encontrar gobernantes perfectos.

Eso es imposible.

Dependen de construir instituciones capaces de contener los errores, excesos y tentaciones inevitables de cualquier gobernante.

Los seres humanos no cambian.

Por eso los controles siguen siendo necesarios.

El verdadero significado del terremoto político

Y ahí reside la importancia profunda de la crisis actual.

Lo que ha generado tanta polémica no es únicamente una investigación judicial.

Es la sensación de que los mecanismos de control han alcanzado zonas del poder que muchos consideraban prácticamente inaccesibles.

Por eso las reacciones han sido tan intensas.

Porque toda investigación sobre los círculos más próximos al poder obliga a responder nuevamente a la pregunta que Juvenal formuló hace casi dos mil años.

¿Quién vigila a los vigilantes?

Y, sobre todo, ¿qué ocurre cuando los vigilantes deciden finalmente ejercer esa función?

La respuesta a esa pregunta determinará no sólo el desenlace de este caso concreto.

Determinará también el grado de confianza que los ciudadanos seguirán depositando en las instituciones españolas durante los próximos años.

ESPAÑA ANTE EL ESPEJO

DE LA CONFIANZA INSTITUCIONAL AL ESCEPTICISMO CIUDADANO

Existe un momento particularmente peligroso en la vida de las naciones.

No es necesariamente una crisis económica.

No es necesariamente una derrota militar.

No es necesariamente una revolución.

Es algo mucho más silencioso.

Mucho más gradual.

Mucho más difícil de detectar.

Ese momento llega cuando los ciudadanos comienzan a perder la confianza en las instituciones.

No de forma repentina.

No de un día para otro.

No mediante un acontecimiento aislado.

La desconfianza se acumula lentamente.

Caso tras caso.

Escándalo tras escándalo.

Promesa incumplida tras promesa incumplida.

Y cuando finalmente aflora, suele ser la consecuencia de un proceso que llevaba años desarrollándose.

El problema no es un caso concreto

Uno de los errores más frecuentes consiste en analizar cada escándalo como si apareciera aislado de todos los anteriores.

Pero los ciudadanos no funcionan así.

Los ciudadanos acumulan experiencias.

Recuerdan.

Comparan.

Relacionan acontecimientos.

Construyen una visión global.

Por eso el debate provocado por el auto del juez Peinado no puede entenderse únicamente a partir de las circunstancias particulares de Begoña Gómez.

La reacción social se explica porque el episodio se incorpora a una larga secuencia de acontecimientos previos.

Los GAL.

Roldán.

El caso Faisán.

Las cloacas policiales.

Kitchen.

Villarejo.

Puigdemont.

Las polémicas relacionadas con Ábalos.

Las investigaciones sobre Santos Cerdán.

Las controversias en torno a Zapatero.

Las disputas sobre la Fiscalía.

Las tensiones relacionadas con el Consejo General del Poder Judicial.

Cada episodio posee características distintas.

Pero todos terminan formando parte de una misma percepción colectiva.

El ciudadano corriente

Conviene detenerse un momento en la perspectiva del ciudadano común.

Ese ciudadano no dispone de información privilegiada.

No participa en reuniones ministeriales.

No conoce los secretos de los partidos.

No tiene acceso a informes reservados.

Observa únicamente lo que sucede.

Y extrae conclusiones.

Ve cómo determinados responsables políticos prometen transparencia y posteriormente aparecen vinculados a escándalos.

Ve cómo partidos que llegaron al poder prometiendo regeneración terminan reproduciendo prácticas muy parecidas a las de quienes les precedieron.

Ve cómo la corrupción parece atravesar ideologías, territorios y generaciones.

Y empieza a sospechar que el problema es más profundo de lo que inicialmente parecía.

La fábrica de desencanto

Las democracias generan expectativas.

Y cuando esas expectativas no se cumplen, aparece el desencanto.

La situación española presenta una característica especialmente preocupante.

El desencanto ya no afecta únicamente a un gobierno concreto.

Ni a un partido concreto.

Ni a una ideología concreta.

Comienza a extenderse hacia las propias instituciones.

Y ahí reside el verdadero peligro.

Porque una democracia puede soportar una enorme desconfianza hacia los gobernantes.

Lo que difícilmente puede soportar es una pérdida generalizada de confianza hacia las reglas del juego.

La sospecha permanente

Cuando la desconfianza alcanza cierto nivel aparece un fenómeno particularmente corrosivo.

La sospecha permanente.

Cada decisión judicial es interpretada políticamente.

Cada investigación policial genera teorías contrapuestas.

Cada actuación de la Fiscalía es examinada desde una óptica partidista.

Cada nombramiento institucional produce controversias.

Cada resolución se convierte en motivo de disputa.

Y así, poco a poco, desaparece el terreno común indispensable para la convivencia democrática.

La fractura de la credibilidad

Durante décadas, las instituciones acumulan capital de confianza.

Pero ese capital no es infinito.

Puede agotarse.

Puede deteriorarse.

Puede desaparecer.

Y una vez perdido, resulta extraordinariamente difícil reconstruirlo.

Porque la credibilidad funciona de manera asimétrica.

Se tarda mucho tiempo en construirla.

Puede perderse muy rápidamente.

La historia está llena de ejemplos.

Imperios.

Monarquías.

Repúblicas.

Democracias.

Todos ellos descubrieron tarde o temprano que la legitimidad depende en gran medida de la confianza de los gobernados.

El papel de las élites

Existe además un fenómeno adicional que agrava el problema.

La creciente distancia entre las élites y los ciudadanos.

Quienes ocupan posiciones de influencia suelen moverse en entornos muy homogéneos.

Comparten círculos sociales.

Comparten medios de información.

Comparten referencias culturales.

Comparten intereses profesionales.

Y con frecuencia terminan perdiendo contacto con las preocupaciones reales de quienes viven fuera de esos círculos.

Cuando eso ocurre, las explicaciones oficiales comienzan a sonar cada vez más artificiales.

Cada vez más alejadas de la experiencia cotidiana.

Cada vez menos convincentes.

La crisis de representación

La consecuencia lógica es una progresiva crisis de representación.

Los ciudadanos empiezan a sentir que nadie los representa realmente.

No se identifican con los partidos.

No se identifican con las instituciones.

No se identifican con los discursos oficiales.

Y comienzan a refugiarse en el escepticismo.

A veces en la abstención.

A veces en opciones políticas alternativas.

A veces simplemente en la indiferencia.

Todas estas reacciones poseen un denominador común.

La pérdida de confianza.

El caso Peinado como espejo

Por eso el auto del juez Peinado posee una relevancia que trasciende ampliamente el ámbito judicial.

Ha actuado como un espejo.

Ha reflejado tensiones acumuladas durante años.

Ha puesto de manifiesto la profundidad de la desconfianza existente.

Ha revelado hasta qué punto una parte significativa de la sociedad interpreta ya los acontecimientos políticos y judiciales a través del prisma de la sospecha.

No porque todos los ciudadanos compartan las mismas conclusiones.

Sino porque cada vez son menos quienes aceptan sin reservas las explicaciones oficiales.

España y la fatiga institucional

Quizá el concepto que mejor describe la situación actual sea el de fatiga institucional.

Los ciudadanos siguen votando.

Siguen pagando impuestos.

Siguen obedeciendo las leyes.

Siguen participando en la vida pública.

Pero lo hacen con una dosis creciente de escepticismo.

Ya no esperan demasiado.

Ya no se sorprenden demasiado.

Ya no confían demasiado.

Y esa actitud constituye uno de los síntomas más claros de deterioro democrático.

Porque las democracias necesitan algo más que procedimientos.

Necesitan confianza.

Necesitan legitimidad.

Necesitan credibilidad.

El espejo devuelve una imagen incómoda

El problema de los espejos es que reflejan aquello que tienen delante.

No lo que nos gustaría ver.

Y el espejo que hoy tiene delante España devuelve una imagen incómoda.

Una imagen formada por instituciones cuestionadas.

Por partidos desacreditados.

Por ciudadanos desconfiados.

Por escándalos recurrentes.

Por mecanismos de control sometidos a sospecha.

Y por una creciente sensación de distancia entre gobernantes y gobernados.

Naturalmente, esta imagen no lo explica todo.

España continúa siendo una democracia.

Continúa celebrando elecciones libres.

Continúa disponiendo de tribunales independientes en muchos ámbitos.

Continúa contando con funcionarios, jueces, fiscales, policías y servidores públicos que realizan su trabajo con profesionalidad y honestidad.

Pero precisamente por eso resulta tan importante abordar los problemas existentes.

Negarlos no los hará desaparecer.

El dilema español

La cuestión decisiva ya no consiste en determinar quién ganará las próximas elecciones.

Ni quién perderá las siguientes.

Ni qué partido ocupará el Gobierno dentro de unos años.

La cuestión verdaderamente importante es otra.

¿Serán capaces las instituciones españolas de recuperar la confianza de una ciudadanía cada vez más escéptica?

Porque sin esa confianza ninguna democracia puede funcionar adecuadamente durante mucho tiempo.

Y porque la recuperación de la credibilidad exige algo más que discursos.

Exige transparencia.

Exige responsabilidad.

Exige controles efectivos.

Exige ejemplaridad.

Exige asumir errores.

Exige aceptar que el poder también debe someterse a vigilancia.

Antes de la conclusión

Llegados a este punto, el lector puede sentirse tentado de interpretar este ensayo como una simple crítica a personas concretas.

Sería un error.

Pedro Sánchez pasará.

Zapatero pasará.

Los dirigentes actuales pasarán.

Los partidos cambiarán.

Los nombres desaparecerán de los titulares.

Pero el problema fundamental permanecerá.

Porque el verdadero asunto nunca ha sido una persona.

Ni siquiera un gobierno.

El verdadero asunto siempre ha sido el mismo.

Cómo impedir que el poder termine situándose por encima de los controles diseñados para limitarlo.

Y esa cuestión seguirá siendo relevante mucho después de que todos los protagonistas actuales hayan abandonado la escena.

CONCLUSIÓN GENERAL

EL PODER, LA RESPONSABILIDAD Y EL FUTURO DE LA DEMOCRACIA ESPAÑOLA

EL PROBLEMA NUNCA FUE UNA PERSONA

A lo largo de estas páginas han aparecido muchos nombres.

Pedro Sánchez.

Begoña Gómez.

José Luis Rodríguez Zapatero.

Ábalos.

Santos Cerdán.

Peinado.

Puigdemont.

Villarejo.

Roldán.

Y otros muchos.

Sin embargo, todos ellos constituyen únicamente manifestaciones concretas de un problema mucho más profundo.

El verdadero asunto nunca ha sido una persona.

Ni siquiera un partido.

Ni un gobierno.

Ni una ideología.

El verdadero problema es la relación entre el poder y los límites que deberían contenerlo.

Porque la historia demuestra que los seres humanos cambian muy poco.

Cambian las tecnologías.

Cambian los discursos.

Cambian las consignas.

Cambian los uniformes.

Cambian las banderas.

Pero la naturaleza humana permanece esencialmente igual.

Y precisamente por eso los mecanismos de control siguen siendo tan necesarios hoy como lo eran hace dos mil años.

La gran tentación del poder

Todo poder desarrolla una tendencia natural hacia la expansión.

No importa que se trate de un gobierno.

De una burocracia.

De un partido político.

De una gran empresa.

De un sindicato.

De una organización internacional.

De una administración pública.

El impulso resulta siempre parecido.

Acumular competencias.

Reducir controles.

Aumentar recursos.

Incrementar influencia.

Consolidar posiciones.

No necesariamente por maldad.

Muchas veces por simple lógica organizativa.

Robert Michels lo comprendió perfectamente.

Las organizaciones desarrollan intereses propios.

Y esos intereses terminan adquiriendo vida propia.

El nacimiento del sentimiento de impunidad

Existe un momento especialmente peligroso en la evolución de cualquier estructura de poder.

El momento en que quienes la integran comienzan a sentirse protegidos.

No necesariamente por la ley.

Sino por la organización.

Por los contactos.

Por las relaciones.

Por la proximidad al poder.

Por la convicción de que determinadas conductas jamás tendrán consecuencias.

Es entonces cuando aparece el sentimiento de impunidad.

Y el sentimiento de impunidad constituye uno de los mayores enemigos de cualquier sistema democrático.

Porque altera profundamente el comportamiento humano.

Las personas que creen que serán descubiertas suelen actuar con prudencia.

Las personas convencidas de que jamás responderán por sus actos suelen comportarse de manera muy distinta.

El funcionario que ya no teme las consecuencias

Esta realidad afecta especialmente a las grandes burocracias.

Millones de funcionarios realizan diariamente su trabajo con profesionalidad, honestidad y espíritu de servicio.

Pero las organizaciones públicas no son inmunes a los mismos problemas que afectan a cualquier otra institución humana.

Cuando determinados individuos comienzan a percibir que la responsabilidad efectiva es escasa, aparecen conductas preocupantes.

La negligencia.

La arbitrariedad.

La desidia.

La utilización partidista de recursos públicos.

La aplicación desigual de normas.

La obediencia mecánica.

Y, en los casos más graves, la corrupción.

No porque todos los funcionarios actúen así.

Sería absurdo afirmarlo.

Sino porque los incentivos incorrectos terminan produciendo comportamientos incorrectos.

«Yo sólo obedecía órdenes»

Existe una frase que atraviesa buena parte de la historia contemporánea.

«Yo sólo obedecía órdenes».

La pronunciaron funcionarios.

La pronunciaron militares.

La pronunciaron policías.

La pronunciaron burócratas.

La pronunciaron responsables políticos.

La pronunciaron personas implicadas en actuaciones de muy distinta gravedad.

Y casi siempre perseguía el mismo objetivo.

Diluir la responsabilidad individual.

Trasladarla hacia arriba.

Convertir al ejecutor en una simple herramienta.

Transformar decisiones humanas en procesos impersonales.

Sin embargo, las sociedades libres descansan precisamente sobre el principio contrario.

Cada individuo sigue siendo responsable de sus actos.

Incluso cuando recibe instrucciones.

Incluso cuando actúa dentro de una organización.

Incluso cuando existe una cadena jerárquica.

Stanley Milgram y la obediencia

En la década de 1960, el psicólogo Stanley Milgram realizó uno de los experimentos más conocidos y perturbadores de la historia de las ciencias sociales.

Los participantes creían estar colaborando en una investigación académica.

Una figura revestida de autoridad les indicaba que aplicaran descargas eléctricas crecientes a otra persona.

Las descargas eran simuladas.

Pero los participantes no lo sabían.

Los resultados sorprendieron al mundo.

Un porcentaje muy elevado estaba dispuesto a llegar mucho más lejos de lo que ellos mismos habrían considerado posible simplemente porque una autoridad legítima se lo ordenaba.

La conclusión resultaba inquietante.

La obediencia posee una fuerza enorme.

Mucho mayor de la que la mayoría de las personas está dispuesta a reconocer.

El experimento que nunca termina

Muchos observadores interpretaron el experimento de Milgram como una explicación parcial de fenómenos históricos extremos.

Pero su enseñanza resulta mucho más amplia.

La obediencia no aparece únicamente en situaciones excepcionales.

Aparece diariamente.

En ministerios.

En administraciones.

En partidos.

En empresas.

En sindicatos.

En medios de información.

En universidades.

En cualquier organización jerarquizada.

Y precisamente por eso la responsabilidad individual sigue siendo tan importante.

Porque las peores decisiones rara vez son ejecutadas exclusivamente por fanáticos.

Con frecuencia son ejecutadas por personas normales convencidas de que simplemente están cumpliendo instrucciones.

El problema de la obediencia burocrática

Las democracias modernas han generado gigantescas estructuras administrativas.

Y esas estructuras necesitan reglas.

Procedimientos.

Jerarquías.

Protocolos.

Todo ello resulta imprescindible.

El problema aparece cuando el cumplimiento mecánico de órdenes sustituye completamente al juicio moral individual.

Cuando nadie pregunta.

Cuando nadie cuestiona.

Cuando nadie asume responsabilidad.

Cuando todos se limitan a cumplir instrucciones.

En ese momento la burocracia deja de ser un instrumento al servicio de la ley.

Corre el riesgo de convertirse en un instrumento al servicio del poder.

El caso español

España no es una excepción.

Las polémicas relacionadas con las cloacas policiales.

Con determinadas filtraciones.

Con el caso Faisán.

Con Kitchen.

Con diversas operaciones políticas y administrativas.

Han mostrado repetidamente un patrón reconocible.

Muy pocas veces aparecen responsables directos dispuestos a asumir plenamente las consecuencias.

Con frecuencia surgen explicaciones similares.

«Cumplía órdenes».

«Actuaba siguiendo instrucciones».

«No conocía el contexto completo».

«No era competencia mía».

«La responsabilidad correspondía a otro nivel».

Y así sucesivamente.

La responsabilidad se fragmenta.

Se dispersa.

Se diluye.

Hasta desaparecer.

La responsabilidad como fundamento de la libertad

Las sociedades libres exigen exactamente lo contrario.

Exigen personas capaces de asumir las consecuencias de sus decisiones.

Funcionarios capaces de negarse a ejecutar órdenes ilegales.

Jueces capaces de resistir presiones.

Policías capaces de actuar conforme a la ley y no conforme a conveniencias políticas.

Gobernantes capaces de reconocer errores.

Administraciones capaces de corregirse.

Porque la libertad política no depende únicamente de las leyes.

Depende también del carácter de quienes deben aplicarlas.

La verdadera lección del caso Peinado

Quizá esa sea la enseñanza más importante de todo lo ocurrido.

El auto del juez Peinado ha generado una enorme controversia porque ha obligado a plantear preguntas incómodas.

Preguntas sobre la independencia institucional.

Sobre los mecanismos de control.

Sobre la igualdad ante la ley.

Sobre la relación entre poder y responsabilidad.

Y, en último término, sobre la capacidad de la democracia española para corregir sus propias desviaciones.

No sabemos cuál será el desenlace judicial.

No sabemos cuáles serán las sentencias futuras.

No sabemos qué responsabilidades terminarán acreditándose.

Pero sí sabemos algo.

La confianza pública sólo puede mantenerse cuando quienes ejercen poder están sometidos a controles reales.

Y cuando esos controles funcionan sin excepciones.

El futuro

La gran cuestión no consiste en decidir quién gobernará España dentro de cinco años.

Ni qué partido ocupará la Moncloa.

Ni qué dirigentes protagonizarán los próximos titulares.

La cuestión verdaderamente importante es otra.

¿Serán capaces las instituciones españolas de reconstruir una cultura de responsabilidad?

¿Serán capaces de premiar la independencia en lugar de la obediencia ciega?

¿Serán capaces de exigir ejemplaridad a quienes ejercen el poder?

¿Serán capaces de recordar que ninguna organización, ningún gobierno y ningún partido están por encima de la ley?

Porque, al final, toda democracia se enfrenta siempre al mismo dilema.

No cómo elegir gobernantes.

Sino cómo impedir que los gobernantes, las burocracias y las organizaciones terminen situándose por encima de los ciudadanos a quienes deberían servir.

Y esa batalla nunca concluye.

Cada generación debe librarla nuevamente.

También la nuestra