SÁNCHEZ, EL BANDIDO ESTACIONARIO, CEUTA Y LA PREGUNTA DEL MILLÓN

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¿Qué tendría que hacer todavía Pedro Sánchez para que millones de españoles dejaran de votarle?

CARLOS AURELIO CALDITO AUNIÓN.

Hay preguntas incómodas.

Y hay otras que resultan tan incómodas que preferimos no formularlas porque sospechamos que la respuesta puede decir más sobre nosotros mismos que sobre aquellos a quienes pretendemos juzgar.

Ésta es una de ellas.

Las encuestas más recientes siguen atribuyendo al PSOE alrededor de cien diputados. El sondeo de Sigma Dos publicado el 30 de agosto de 2026 le concede 101 escaños y un 25,4 % de los votos, frente a los 121 diputados obtenidos en 2023.

Cien diputados.

Alrededor de una cuarta parte de los votos.

En términos absolutos, dependiendo naturalmente de la participación electoral, millones y millones de españoles; del orden de seis millones largos o aproximadamente siete millones de papeletas.

Después de todo lo sucedido.

Después de Ceuta.

Después de Marruecos.

Después del Sáhara.

Después de años sin aprobar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado.

Después de que los pasivos financieros de las Administraciones Públicas hayan escalado hasta aproximadamente 2,24 billones de euros, es decir, redondeando, unos 2,3 billones, alrededor del 132 % del producto interior bruto.

Después de los impuestos.

Después del gasto.

Después de la deuda.

Después de Ábalos.

Después de Koldo.

Después de Cerdán.

Después de Begoña Gómez.

Después de David Sánchez.

Después de Leire Díez.

Después de los enfrentamientos con socios parlamentarios.

Después de todo.

Y, sin embargo:

unos cien diputados.

Llegados aquí, resulta inevitable formular las preguntas del millón.

¿Aprueban todos esos españoles cuanto ha hecho Pedro Sánchez?

Evidentemente, no hace falta llegar tan lejos.

La pregunta verdaderamente interesante es otra:

¿Qué tendría que hacer todavía Pedro Sánchez para que dejaran de votarlo?

Ahí comienza nuestro problema.


MANCUR OLSON Y EL BANDIDO QUE DESCUBRIÓ QUE ERA MEJOR QUEDARSE

Mancur Olson, uno de los grandes estudiosos de la acción colectiva y de los incentivos del poder, desarrolló una metáfora extraordinariamente sencilla.

Imaginemos un bandido errante.

Llega a una aldea.

Roba.

Saquea.

Se lleva cuanto puede.

Y continúa camino.

No tiene incentivo alguno para preocuparse por el futuro de sus víctimas. Si mañana la aldea queda arruinada, poco le importa. Él estará lejos.

Pero supongamos que el bandido comprende un día que puede obtener mucho más quedándose.

En lugar de saquear una sola vez, monopoliza la violencia, se instala y comienza a extraer periódicamente una parte de cuanto producen los habitantes.

Entonces ocurre algo fascinante.

Ya no le interesa destruirlos.

Necesita que sigan produciendo.

Incluso le conviene protegerlos contra otros bandidos.

Construir algún camino.

Garantizar un mínimo de seguridad.

Favorecer cierta prosperidad.

No necesariamente porque se haya convertido en filántropo, sino porque cuanto más produzcan sus gobernados, más podrá extraer de ellos sin destruir la fuente de la que vive.

Ha nacido el bandido estacionario de Olson.

La tesis contiene una segunda idea particularmente importante: el comportamiento del gobernante depende decisivamente de su horizonte temporal. Cuanto más tiempo espere permanecer, mayor incentivo tendrá para conservar aquello de lo que espera seguir obteniendo rendimiento. Cuando ese horizonte se acorta, aumenta la tentación de preferir el beneficio inmediato al perjuicio que aparecerá cuando él ya no esté.

Y ahora traslademos la metáfora a España.

No para afirmar puerilmente que cualquier gobernante sea literalmente un ladrón.

Olson habla de incentivos.

Y ésa es precisamente la palabra que necesitamos.


EL GOBERNANTE NO ES UN ÁNGEL: RESPONDE A INCENTIVOS

Uno de los grandes errores de nuestra conversación política consiste en suponer que el poder actúa siempre preguntándose:

«¿Qué conviene a España dentro de treinta años?»

¿Por qué habría de hacerlo necesariamente?

El gobernante también tiene intereses.

Quiere gobernar.

Quiere continuar gobernando.

Quiere ganar las próximas elecciones.

Quiere mantener cohesionada su mayoría.

Quiere conservar el apoyo de los partidos que necesita.

Quiere evitar una rebelión interna.

Quiere evitar que sus diputados comiencen a imaginar una vida fuera del Congreso.

Quiere que sus ministros conserven el ministerio.

Quiere que miles de altos cargos, asesores y dirigentes dependientes directa o indirectamente de una determinada mayoría sigan creyendo que su supervivencia personal depende de la supervivencia del Gobierno.

Y quiere que las crisis se produzcan, a ser posible, después.

Siempre después.

Después de las elecciones.

Después de la legislatura.

Después de dejar el cargo.

Ése es el horizonte temporal de Olson.


CIEN DIPUTADOS: LA ENCUESTA QUE CADA SOCIALISTA SABE LEER

Detengámonos un momento en esos 101 diputados que actualmente atribuye Sigma Dos al PSOE.

En 2023 obtuvo 121.

Veinte diputados menos.

Veinte.

No hace falta recurrir a ninguna fuente confidencial de Ferraz para comprender qué significa eso.

Hay veinte diputados socialistas actuales que, trasladada mecánicamente esa estimación a unas elecciones, dejarían de ser diputados.

Veinte sueldos parlamentarios.

Veinte carreras.

Veinte despachos.

Veinte personas que pasarían del Congreso a otra cosa.

Y alrededor de cada diputado, cada ministerio, cada secretaría de Estado, cada dirección general, cada empresa pública y cada estructura territorial existe una constelación de dirigentes, asesores y cargos políticos cuyo porvenir está ligado de una forma u otra al resultado electoral.

¿Podemos conjeturar razonablemente que algunos están preocupados?

Naturalmente.

Lo extraño sería lo contrario.

No necesitamos descubrir una conversación clandestina para comprender un incentivo tan elemental.

Quien está situado cerca de la raya de salida sabe que una pérdida de veinte diputados significa que alguien se queda sin silla.

Y quizá él sea ese alguien.

De hecho, el debate interno existe. Emiliano García-Page ha reclamado elecciones y una cuestión de confianza; Adrián Barbón llegó a describir al partido como situado «en una esquina del cuadrilátero». La mayoría de la dirección socialista, ciertamente, ha cerrado filas hasta ahora en torno a Sánchez, y eso también forma parte del cuadro: temor electoral y disciplina interna pueden coexistir perfectamente.

Precisamente por eso resulta interesante.

El poder cohesiona.

Especialmente cuando perderlo resulta caro.


Y AHORA AÑADAMOS LOS TRIBUNALES.

El horizonte político de Pedro Sánchez no está condicionado únicamente por las elecciones.

Está rodeado por un calendario judicial extraordinariamente incómodo.

Su esposa, Begoña Gómez, continúa afrontando un procedimiento que la Audiencia Provincial de Madrid ha permitido que siga adelante por posibles delitos de tráfico de influencias y malversación, mediante tribunal del jurado. La Audiencia redujo el alcance que había dado inicialmente el juez instructor y anuló algunas de las medidas cautelares que éste había impuesto, pero mantuvo vivo el núcleo de esos dos delitos.

Su hermano, David Sánchez, ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Badajoz a nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público por prevaricación administrativa. La sentencia es recurrible y su defensa anunció recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

No estamos ya hablando aquí de una mera denuncia: existe una sentencia de la Audiencia Provincial.

El que fuera ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha sido condenado por el Tribunal Supremo a 24 años y tres meses de prisión en el llamado caso Mascarillas; su antiguo colaborador Koldo García, a 19 años y ocho meses.

Santos Cerdán, otro antiguo secretario de Organización del PSOE —el tercer hombre del partido durante una etapa decisiva— continúa investigado en relación con presuntos amaños de adjudicaciones de obra pública; un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil situó además bajo examen más de 300.000 euros de ingresos cuyo origen investiga la causa.

El denominado caso Leire Díez se encuentra ya en la Audiencia Nacional, donde se investigan presuntas maniobras dirigidas contra jueces, fiscales y mandos de la Guardia Civil en relación con causas que afectan al PSOE y al Gobierno.

Y el curso judicial que comienza en septiembre añade todavía otros frentes que alcanzan al entorno político socialista, incluido José Luis Rodríguez Zapatero y el caso Plus Ultra.

A ello se añade una denuncia presentada por Manos Limpias ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo contra Pedro Sánchez, Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska por su actuación ante la crisis de Ceuta. Una denuncia no equivale, naturalmente, a una condena ni determina por sí misma qué hará el tribunal; pero políticamente constituye otro frente abierto que el presidente conoce y debe incorporar a su horizonte inmediato.

No hace falta demostrar una conspiración.

Ni imaginar reuniones secretas.

Ni meterse en la cabeza de nadie.

Basta con juntar las piezas.

Elecciones.

Encuestas.

Tribunales.

Ceuta.

Marruecos.

Presupuestos.

Socios parlamentarios.

Partido.

Familia.

Antiguos colaboradores.

Y preguntar:

¿qué horizonte temporal puede tener un gobernante sometido simultáneamente a semejante acumulación de presiones?


EL BANDIDO ESTACIONARIO AL QUE SE LE ACORTA EL TIEMPO

Aquí la metáfora de Olson adquiere toda su potencia.

El bandido estacionario protege relativamente la fuente de su riqueza porque espera continuar explotándola mañana.

Pero imaginemos que empieza a sospechar que mañana quizá no estará.

Entonces los incentivos cambian.

¿Por qué pagar hoy un coste cuyo beneficio obtendrá quien venga después?

¿Por qué emprender una reforma dolorosa que quizá sólo produzca resultados dentro de diez años?

¿Por qué equilibrar las cuentas si hacerlo exige reducir inmediatamente la capacidad de repartir recursos?

¿Por qué enfrentarse hoy con un socio político cuya ayuda necesito para aprobar una votación esta semana?

¿Por qué resistir a Marruecos si resistir provoca una crisis ahora mientras que las consecuencias de ceder quizá no aparezcan plenamente hasta dentro de quince años?

Ésta es una conjetura.

Pero una conjetura perfectamente razonable.

Y precisamente para eso sirve el análisis político.


MARRUECOS NO TIENE PRISA

Enfrente tenemos un actor que funciona con una lógica completamente diferente.

Marruecos.

El texto que sirve de punto de partida para estas reflexiones subraya algo fundamental: Marruecos mantiene un horizonte estratégico largo mientras España ha ido operando con horizontes políticos progresivamente más cortos.

Rabat no necesita conseguir Ceuta mañana.

Ni Melilla pasado mañana.

Puede esperar.

Puede avanzar.

Detenerse.

Retroceder aparentemente.

Volver a avanzar.

Puede aprovechar un Gobierno.

Después otro.

Una crisis.

Después otra.

Una debilidad.

Después otra.

Eso es justamente lo que explica la denominada estrategia del salami: cada actuación aislada puede parecer demasiado pequeña para justificar una respuesta contundente, pero la sucesión de pequeñas alteraciones acaba produciendo un cambio estratégico gigantesco.

Una loncha.

Otra.

Otra.

Y otra.

Hasta que un día queda el cordel.


CEUTA Y LA VENTAJA DE PENSAR EN TREINTA AÑOS

La crisis de Ceuta ha puesto esta asimetría bajo una luz brutal.

El Gobierno español tardó semanas en articular una respuesta coordinada; la propia ministra Margarita Robles reconoció ante el Congreso que el Ejecutivo había actuado mal y llegado tarde. PNV y Junts reclamaron además que Sánchez compareciera antes de lo previsto, y otros socios formularon reproches por la gestión.

Incluso dos representantes socialistas ceutíes criticaron públicamente la respuesta del Gobierno y reclamaron mayor contundencia.

Y, entretanto, continúa una discusión esencial:

¿qué sabía cada organismo?

¿Qué sabía el Centro Nacional de Inteligencia?

¿Qué sabía Interior?

¿Qué sabía Defensa?

¿Qué recibió la Delegación del Gobierno?

¿Qué avisos existían?

¿Qué se hizo con ellos?

Robles e Interior llegaron a ofrecer explicaciones suficientemente diferentes como para obligar al propio PSOE a tratar públicamente de conciliarlas.

Todo eso sucede mientras Marruecos permanece donde siempre ha estado.

Al otro lado de la frontera.

Esperando.


EL BENEFICIO DE CEDER SE COBRA HOY; EL COSTE, MAÑANA

Supongamos que el Gobierno decide responder firmemente a Marruecos.

¿Qué ocurriría?

Tensiones diplomáticas.

Problemas fronterizos.

Presiones migratorias.

Posibles dificultades comerciales.

Aumento del gasto militar.

Conflictos con Bruselas.

Malestar empresarial.

Titulares preocupantes.

Ataques de la oposición si algo sale mal.

Todo eso aparece mañana por la mañana.

Ahora supongamos que cede.

¿Qué obtiene?

Una fotografía.

Una declaración conjunta.

Un regreso provisional a la tranquilidad.

Una frase de Albares sobre «cooperación».

Otra sobre «amistad».

Otra sobre «buena vecindad».

Y quizá varios meses sin crisis.

El beneficio político es inmediato.

El daño estratégico llegará después.

Ésta es justamente la trampa del corto plazo descrita en el texto aportado: las consecuencias de resistir son inmediatas y visibles; las de ceder se acumulan lentamente y pueden terminar manifestándose cuando gobierne otra persona.

Olson otra vez.


LA SOLEDAD PARLAMENTARIA NO SIGNIFICA ESTAR SOLO EN TODAS LAS VOTACIONES

También conviene precisar qué significa decir que Sánchez está «cada vez más solo» en el Congreso.

No significa que haya perdido automáticamente todas las votaciones.

No las ha perdido.

PSOE, Sumar y distintos aliados siguen reuniendo mayorías en determinados asuntos; el 26 de agosto, por ejemplo, consiguieron rechazar varias comparecencias extraordinarias pedidas por el PP.

Pero la política no consiste solamente en sumar votos.

Existe también la calidad del apoyo.

Y ahí la situación se ha deteriorado.

En junio, un debate parlamentario sobre corrupción acabó con reproches públicos de ERC y PNV al presidente. La situación fue descrita entonces como la de un Sánchez «cada vez más solo», precisamente porque quienes lo habían sostenido empezaban a advertirle que ya no bastaba con presentar a PP y Vox como alternativa peor.

Tras aquella comparecencia, varios socios reconocieron públicamente su decepción y exigieron «más explicaciones» y medidas adicionales.

Y con Ceuta se ha repetido el fenómeno.

Junts.

PNV.

Podemos.

Incluso sectores de Sumar.

Cada uno por razones diferentes.

Eso significa que Sánchez todavía puede conseguir votos.

Pero debe negociar cada vez más cada voto.

Y un Gobierno que vive negociando su supervivencia votación a votación vuelve inevitablemente a mirar el mundo con horizonte corto.


SIN PRESUPUESTOS NUEVOS: GOBERNAR EL PRESENTE CON LAS CUENTAS DEL PASADO

A todo ello se añade una situación difícilmente defendible como normalidad institucional.

España continúa en 2026 sin unos nuevos Presupuestos Generales del Estado aprobados para el ejercicio.

La documentación oficial del Ministerio de Hacienda lo dice expresamente:

«Presupuesto prorrogado para 2026».

Y remite a los Presupuestos Generales del Estado de 2023.

Conviene recordar algo elemental.

Un presupuesto no es un tomo decorativo.

Es la previsión y autorización parlamentaria anual de los ingresos y gastos públicos.

Es decir:

cuánto esperamos ingresar y cuánto pensamos gastar.

Y constituye uno de los grandes instrumentos históricos mediante los cuales el Parlamento controla al Gobierno.

Pues bien:

el Gobierno sigue gobernando.

Sigue recaudando.

Sigue gastando.

Sigue comprometiendo recursos.

Sigue endeudándose.

Sigue anunciando nuevas actuaciones.

Pero no ha conseguido aprobar unas nuevas cuentas generales completas que sustituyan las de 2023.

Y llegamos nuevamente a Olson.

¿Por qué un gobernante políticamente amenazado habría de abrazar voluntariamente una disciplina que reduce su margen de maniobra?

Ésa es otra pregunta legítima.


LOS 2,24 BILLONES: LLAMEMOS A LAS COSAS POR SU NOMBRE.

Llegamos a la deuda.

Aquí conviene impedir desde el principio el habitual juego de manos estadístico.

Una cosa es la deuda calculada según el Protocolo de Déficit Excesivo (PDE).

Otra, más amplia, son los pasivos financieros de las Administraciones Públicas.

Las propias estadísticas del Banco de España distinguen entre la deuda PDE y las cuentas financieras que incorporan un conjunto más amplio de pasivos e instrumentos.

Cuando estamos analizando la carga financiera total del sector público, la magnitud amplia resulta indispensable.

Y esa magnitud ronda actualmente los 2,24 billones de euros.

Digámoslo en román paladino:

dos billones doscientos cuarenta mil millones de euros.

O, redondeando para comprender la escala:

unos 2,3 billones.

Y sigue creciendo.

Se nos responde entonces:

«Pero baja la deuda respecto del PIB».

Otra vez el truco verbal.

Puede bajar una ratio mientras aumenta aquello que figura en el numerador.

De hecho, incluso la deuda PDE aumentó en términos absolutos un 4,3 % interanual durante el primer trimestre de 2026.

Si ayer debía cien y hoy debo ciento cinco, debo cinco más.

Puede ocurrir que mis ingresos hayan aumentado suficientemente para que mi relación deuda/ingresos sea menor.

Magnífico.

Pero sigo debiendo cinco más.

No resulta complicado.


LA DEUDA ES EL IMPUESTO QUE TODAVÍA NO HA LLEGADO

Aquí aparece otra de las grandes ventajas políticas del endeudamiento.

El impuesto se ve.

Duele inmediatamente.

Aparece en la nómina.

En el IVA.

En el combustible.

En la electricidad.

En la compra.

En la empresa.

En el ahorro.

La deuda posee una propiedad políticamente maravillosa:

permite gastar ahora y mandar parte de la factura al futuro.

El beneficiario del gasto está vivo.

Vota.

Sabe lo que recibe.

El contribuyente que pagará parte de la factura dentro de veinte años quizá sea hoy un niño.

O todavía no haya nacido.

Es el mecanismo perfecto para el gobernante de horizonte corto.

Beneficio presente, coste futuro.

Otra vez Mancur Olson.


¿QUIÉN PAGA?

Pedro Sánchez no pagará personalmente esos 2,24 billones.

Tampoco sus ministros.

Ni los diputados que aprueben el gasto.

Ni los asesores que diseñen cada programa.

Los pagarán los españoles.

Mediante impuestos.

Mediante inflación cuando corresponda.

Mediante menor capacidad futura de gasto.

Mediante intereses.

Mediante refinanciación.

Mediante generaciones futuras que heredarán obligaciones que nunca aprobaron.

Y aquí aparece una cuestión política fundamental.

¿Premia el sistema al gobernante que ahorra para dentro de treinta años?

¿O al que reparte hoy y deja la factura al siguiente?

La respuesta no depende únicamente del gobernante.

Depende también del elector.


AQUÍ APARECEN LOS SIETE MILLONES

Volvamos a nuestra pregunta inicial.

Supongamos que en unas elecciones próximas el PSOE obtiene aproximadamente cien diputados.

Supongamos que millones de españoles vuelven a votar a Pedro Sánchez.

¿Significa que cada uno de ellos aprueba cada decisión del Gobierno?

No es necesario sostener semejante cosa.

La tesis interesante es mucho más fuerte precisamente porque exige menos.

Significa que para cada uno de esos electores, hechas sus propias sumas y restas, todo aquello que desaprueba no pesa lo suficiente para impedirle votar otra vez al mismo partido.

Ésa es la cuestión.

Puede desaprobar la política sobre Marruecos.

Pero considera más importante la pensión.

Puede estar preocupado por la deuda.

Pero teme más a Vox.

Puede disgustarle Begoña Gómez.

Pero detesta al PP.

Puede escandalizarse por Ábalos.

Pero atribuirlo a una conducta individual.

Puede considerar que Cerdán no representa al partido.

Puede pensar que los jueces persiguen al presidente.

Puede considerar que la economía marcha razonablemente bien.

Puede beneficiarse directamente de alguna política pública.

Puede identificarse sentimentalmente con el PSOE.

Puede votar como ha votado toda su vida.

Puede considerar que el adversario es peor.

Todas esas explicaciones son posibles.

Y algunas serán ciertas simultáneamente.

Pero el resultado práctico es exactamente el mismo:

vuelve a votar al PSOE.


EL GOBIERNO TAMBIÉN OBSERVA AL ELECTOR

He aquí la parte que rara vez se dice.

El ciudadano estudia al Gobierno.

Pero el Gobierno estudia al ciudadano muchísimo más.

Tiene encuestas.

Estudios.

Series electorales.

Asesores.

Expertos en comunicación.

Sondeos internos.

Sabe qué preocupa.

Cuánto preocupa.

A quién preocupa.

Durante cuánto tiempo preocupa.

Qué escándalo modifica votos.

Qué escándalo sólo genera enfado.

Qué concesión produce una caída electoral permanente.

Y cuál desaparece de la conversación pública dos semanas después.

El Gobierno aprende.

Todo poder aprende.

Y cada elección constituye un formidable experimento.


¿CUÁNTO PUEDO HACER SIN QUE ME ABANDONES?

Ésta sería la versión política del cálculo del bandido estacionario.

No:

«¿Cuánto puedo robar?»

Eso sería una caricatura.

Sino:

«¿Cuánto puedo hacer sin perder el apoyo imprescindible para seguir gobernando?»

Ése es el cálculo importante.

Aumento el gasto.

Miro la encuesta.

Suben los pasivos públicos.

Miro la encuesta.

No presento unos Presupuestos nuevos.

Miro la encuesta.

Pacto algo que anteriormente negaba que fuera a pactar.

Miro la encuesta.

Cedo en política exterior.

Miro la encuesta.

Mis antiguos hombres de confianza aparecen ante los tribunales.

Miro la encuesta.

Mi entorno familiar entra en procedimientos judiciales.

Miro la encuesta.

Ceuta sufre una crisis gravísima.

Miro la encuesta.

Ciento un diputados.

Entonces el sistema ha transmitido información al gobernante.

Puede que pierda veinte.

Pero conserva cien.


LA PREGUNTA NO ES SI APRUEBAN: ES ¿CUÁL ES SU LÍMITE?

Por eso la pregunta:

«¿Siete millones de españoles quieren entregar Ceuta?»

está mal formulada.

No.

Preguntemos otra cosa.

¿La situación de Ceuta es suficientemente importante para hacerles cambiar el voto?

Ésa sí.

Y sigamos.

¿La política respecto de Marruecos es suficientemente importante?

¿Dos billones largos de pasivos son suficientes?

¿2,3 billones?

¿Lo serían 2,5?

¿Tres?

¿Cinco años sin Presupuestos nuevos serían suficientes?

¿Seis?

¿Los casos judiciales?

¿Una condena?

¿Cinco?

¿El deterioro parlamentario?

¿Las cesiones a los socios?

¿Cuántas?

¿Dónde está el punto en el que el elector responde:

«hasta aquí»?

Ésa es la auténtica pregunta del millón.


¿Y SI EL UMBRAL ES EXTRAORDINARIAMENTE ALTO?

Esta posibilidad merece ser examinada.

Quizá una parte considerable del electorado español haya dejado de votar fundamentalmente sobre hechos concretos.

Quizá vote identidad.

Bloque.

Tribu.

Miedo al contrario.

«Los míos» contra «los otros».

Si fuera así, el dirigente disfrutaría de una ventaja extraordinaria.

Podría perder aprobación sin perder voto.

Podría perder confianza sin perder voto.

Podría indignar a sus propios votantes sin perder voto.

Podría escuchar:

«Esto que has hecho es intolerable».

Y responder mentalmente:

«Ya. Pero el domingo volverás».

Eso altera profundamente los incentivos democráticos.


EL VOTO QUE PROTESTA Y DESPUÉS REGRESA

Imaginemos al elector.

Durante cuatro años protesta.

Critica.

Se enfada.

Dice que Sánchez se ha pasado.

Que esto ya no es socialismo.

Que Marruecos no es de fiar.

Que hay demasiados impuestos.

Que la deuda es una barbaridad.

Que determinados pactos le repugnan.

Que lo de Ábalos es intolerable.

Que lo de Cerdán es demasiado.

Que no comprende lo de Begoña.

Que Ceuta ha sido un desastre.

Y llega el domingo electoral.

Mira las papeletas.

Piensa en el adversario.

Y vuelve a coger la misma.

¿Qué mensaje recibe finalmente el partido?

¿Los cuatro años de protestas?

No.

Recibe la papeleta.

Y la papeleta dice:

«A pesar de todo, continúas teniendo mi voto».

El político racional toma nota.


CEUTA COMO LABORATORIO

Ceuta es especialmente importante porque reúne prácticamente todos los elementos del problema.

Soberanía.

Defensa.

Fronteras.

Emigración.

Marruecos.

Servicios de inteligencia.

Responsabilidad gubernamental.

Política exterior.

Ejército.

Relaciones con la Unión Europea.

Y opinión pública.

Pero además introduce algo distinto:

el tiempo.

Marruecos puede esperar.

España parece tener prisa por recuperar la normalidad.

Rabat piensa en la posición que desea ocupar dentro de veinte años.

Madrid puede pensar en la encuesta del próximo lunes.

Y cuando dos actores compiten con horizontes temporales tan diferentes, el de horizonte largo posee una ventaja estratégica formidable.


MARRUECOS NO NECESITA QUE LOS ESPAÑOLES QUIERAN ENTREGAR CEUTA

Ésta es quizás la reflexión más importante de todas.

Marruecos no necesita convencer a los españoles de que Ceuta debe ser marroquí.

Eso sería dificilísimo.

Quizá imposible.

Le basta con algo mucho más sencillo.

Que Ceuta nunca sea suficientemente importante para el votante español.

Que siempre haya otra cosa delante.

La nómina.

La pensión.

La hipoteca.

La subvención.

La vivienda.

El equipo de fútbol.

Las vacaciones.

La batalla partidista de la semana.

La última declaración escandalosa.

El último programa de televisión.

Mientras tanto:

otra loncha.

Y otra.

Y otra.


LA CESIÓN ENSEÑA AL QUE PRESIONA

Existe además una regla elemental de comportamiento.

Si una conducta obtiene premio, tiende a repetirse.

El propio texto aportado señala que la cesión constante termina animando al agresor porque comprueba que la presión no le ocasiona un coste comparable.

Es elemental.

La disuasión consiste en comunicar:

«Si haces esto, el precio será superior al beneficio».

El apaciguamiento permanente comunica:

«Si insistes suficientemente, quizá terminemos concediéndotelo».

¿Cuál de los dos mensajes invita a insistir?

No hace falta ser Clausewitz.


UNA NACIÓN QUE TEME LAS CONSECUENCIAS DE DEFENDERSE

Quizá el problema español sea todavía más profundo.

Durante décadas se ha extendido la idea de que defender firmemente nuestros intereses frente a Marruecos es peligroso.

Puede provocar otra crisis.

Puede perjudicar la lucha contra la emigración clandestina.

Puede afectar a la pesca.

Puede perjudicar a empresas españolas.

Puede poner en riesgo la cooperación antiterrorista.

Puede generar problemas comerciales.

Perfecto.

Toda política exterior tiene costes.

También rendirse los tiene.

La diferencia consiste en que los costes de resistir suelen aparecer inmediatamente y los costes de ceder aparecen lentamente.

Por eso los primeros aterrorizan al político cortoplacista y los segundos apenas figuran en su agenda.


¿AMISTAD Y BUENA VECINDAD?

Durante décadas España ha repetido casi ritualmente la expresión:

«relaciones de amistad y buena vecindad con Marruecos».

Pero una relación internacional no se define mediante adjetivos.

Se define mediante intereses y conductas.

El texto que ha inspirado estas reflexiones termina precisamente cuestionando la coherencia de hablar de «amistad y buena vecindad» con un Estado que mantiene reivindicaciones sobre territorio administrado por España.

Una cosa es mantener relaciones diplomáticas.

Otra, mantener cooperación.

Otra, evitar una guerra.

Y otra completamente distinta obligarse a llamar amigo a quien persigue objetivos incompatibles con los tuyos.

La política exterior no es un concurso de simpatía.


LA OTRA CARA DEL ARGUMENTO

Un análisis serio debe contemplar también por qué millones de españoles pueden seguir votando a Sánchez.

Muchos consideran positivas determinadas políticas sociales.

Otros valoran el empleo.

Otros creen que PP y Vox constituyen una alternativa peor.

Otros interpretan una parte de las investigaciones judiciales como una utilización política de los tribunales.

Otros consideran que la estabilidad con Marruecos, incluso pagando un precio considerable, resulta preferible a una confrontación.

Otros priorizan las pensiones, el salario mínimo, derechos sociales o políticas laborales sobre la deuda o sobre Ceuta.

Ésa es probablemente una parte importante de la explicación.

Pero lejos de destruir nuestra tesis, la confirma.

Porque estamos hablando precisamente de prioridades.

No preguntamos si conocen Ceuta.

Preguntamos cuánto pesa Ceuta en su voto.

No preguntamos si saben que existe deuda.

Preguntamos cuánto pesa la deuda.

No preguntamos si les preocupa la corrupción.

Preguntamos cuánto tendría que preocuparles para cambiar de papeleta.


EL ELECTOR TAMBIÉN TIENE RESPONSABILIDAD

Llegamos así al lugar más incómodo.

Es muy fácil culpar siempre al político.

Sánchez.

Bolaños.

Marlaska.

Albares.

Los ministros.

Los socios.

Los diputados.

Los asesores.

Naturalmente responden de sus decisiones.

Pero una democracia contiene un mecanismo que cada cierto tiempo transfiere la decisión al ciudadano.

Las elecciones.

Y allí no existe decreto-ley.

Ni disciplina de voto parlamentaria.

Ni Consejo de Ministros.

El ciudadano se encuentra solo con una papeleta.

Por eso existe una responsabilidad política del elector.

No penal.

No judicial.

Política.

Si un gobernante comprueba elección tras elección que determinadas conductas no le impiden conservar millones de votos, ¿qué incentivo tiene para abandonarlas?


NO TODO ES CULPA DEL BANDIDO

He aquí la conclusión incómoda que nos ofrece Olson.

Tal vez llevemos demasiado tiempo preguntando:

«¿Por qué hacen esto nuestros gobernantes?»

Y demasiado poco:

«¿Por qué habría de dejar de hacerlo un gobernante si comprueba que hacerlo no tiene un coste electoral suficiente?»

Ésa es la pregunta.

Porque el sistema político también es un mercado de incentivos.

Y nosotros proporcionamos una parte de esos incentivos.


SÁNCHEZ NO NECESITA QUE SIETE MILLONES APRUEBEN TODO

Le basta con que hagan una cosa.

Votarlo.

No necesita que aprueben su política hacia Marruecos.

Le basta con que esa política no les haga cambiar de voto.

No necesita que estén satisfechos con la deuda.

Le basta con que la deuda no les haga cambiar de voto.

No necesita que les parezca normal gobernar con Presupuestos prorrogados.

Le basta con que no cambien de voto.

No necesita que aprueben sus pactos parlamentarios.

Le basta con que no cambien de voto.

No necesita convencerlos de la inocencia política de todo su entorno.

Le basta con que, llegado el momento, concluyan nuevamente:

«Los otros son peores».

Y depositen la papeleta.


EL GOBERNANTE APRENDE DÓNDE ESTÁ EL LÍMITE

Olson nos enseñó que el bandido estacionario calcula cuánto puede extraer sin destruir aquello de lo que vive.

Añadamos nosotros una versión democrática.

El político profesional aprende cuánto puede tensar a sus electores sin romper el vínculo que los une a él.

Cada encuesta le proporciona información.

Cada elección también.

Un punto menos.

Dos.

Cinco.

Diez.

¿Sigue siendo posible gobernar?

Entonces todavía existe margen.

¿Quedan cien diputados?

Todavía queda un suelo.

¿Puede reconstruirse una mayoría con Sumar, ERC, Bildu, PNV, Junts u otros grupos según la votación?

Entonces se negocia.

Y se continúa.


EL PROBLEMA DEL HORIZONTE FINAL

Y ahora volvamos al principio.

Al bandido estacionario.

Mientras cree que permanecerá mucho tiempo en la finca, posee algún incentivo para conservarla.

Pero cuando empieza a pensar que quizá está entrando en sus últimos tiempos, su cálculo puede cambiar.

Y ésa es quizá la conjetura más inquietante que cabe formular sobre la España de 2026.

Un presidente sometido simultáneamente a:

encuestas desfavorables;

un Gobierno en minoría;

socios cada vez más exigentes;

reproches públicos dentro y fuera de su coalición;

un partido que contempla un ciclo electoral peligrosísimo;

antiguos hombres fuertes condenados o investigados;

su esposa sometida a procedimiento judicial;

su hermano condenado en primera instancia;

otros dirigentes y allegados bajo investigación;

una denuncia contra él y dos ministros por la gestión de Ceuta;

una crisis gravísima en Ceuta;

una relación extraordinariamente delicada con Marruecos;

unos Presupuestos prorrogados;

y una montaña de pasivos públicos que ronda los 2,3 billones…

¿piensa fundamentalmente en España dentro de treinta años?

¿O en cómo llegar políticamente vivo a 2027?

No podemos introducirnos en su cabeza.

Pero sí podemos analizar los incentivos.

Y los incentivos apuntan obstinadamente hacia el corto plazo.


MARRUECOS PUEDE ESPERAR; SÁNCHEZ NO

Ahí reside posiblemente una de las mayores ventajas estratégicas de Marruecos.

Mohamed VI no necesita presentarse a las elecciones generales españolas de 2027.

No tiene ciento un diputados preocupados.

No depende de Junts.

Ni de ERC.

Ni del PNV.

Ni de Sumar.

Ni de Podemos.

No necesita aprobar unos Presupuestos en el Congreso español.

No teme perder veinte escaños.

Puede esperar.

Y quien puede esperar posee una enorme ventaja frente a quien necesita sobrevivir hasta el viernes.


LA VERDADERA PREGUNTA DEL MILLÓN

Por eso, después de recorrer todo el razonamiento, la pregunta inicial ha cambiado.

Ya no es:

¿Aprueban aproximadamente siete millones de españoles todo cuanto hace Pedro Sánchez?

No.

La pregunta es mucho más inquietante.

¿Qué tendría que hacer todavía Pedro Sánchez para perder definitivamente su voto?

¿Aumentar todavía más la deuda?

¿Cuánto?

¿Hasta 2,5 billones?

¿Tres?

¿Aumentar todavía más los impuestos?

¿Continuar sin nuevos Presupuestos?

¿Cuántos años?

¿Hacer nuevas concesiones parlamentarias?

¿Cuáles?

¿Encadenar nuevos escándalos?

¿Cuántos?

¿Otra crisis fronteriza?

¿Otra cesión ante Marruecos?

¿Un deterioro todavía mayor de nuestra posición en Ceuta y Melilla?

¿Y si un día llegásemos verdaderamente al borde de perderlas?

¿Entonces sí?

¿O encontraríamos también entonces una explicación para seguir votando igual?


Y SI CEUTA FUERA EL LÍMITE

Quizá Ceuta tenga precisamente ese valor simbólico.

Porque obliga a determinar dónde termina la política partidista y comienza algo anterior a ella.

El Estado.

La nación.

La soberanía.

El territorio.

Podemos discutir impuestos.

Pensiones.

Salarios.

Leyes laborales.

Educación.

Sanidad.

Política energética.

Todo eso es política democrática ordinaria.

Pero cuando discutimos si un Estado es capaz de conservar su territorio y defender sus fronteras, estamos hablando de la condición previa que permite discutir todo lo demás.

Sin Estado no hay presupuesto.

Ni pensión.

Ni salario mínimo.

Ni derecha.

Ni izquierda.

Ni elecciones.


LA ÚLTIMA LECCIÓN DE OLSON

El bandido estacionario de Mancur Olson tenía al menos una razón poderosa para no destruir la finca.

Quería seguir viviendo de ella.

Y eso lo obligaba a pensar un poco en mañana.

Quizá nuestro problema aparezca cuando el gobernante moderno descubre algo mejor.

Que puede cargar parte de los costes sobre el futuro.

Que puede endeudar al contribuyente de mañana.

Que puede aplazar reformas.

Que puede comprar tranquilidad presente mediante concesiones cuyos costes pagarán otros.

Que puede negociar cada semana su supervivencia.

Y que, después de hacerlo, todavía conserva aproximadamente cien diputados.

Entonces aparece una figura más peligrosa que el viejo bandido estacionario.

El bandido estacionario al que se le está acabando el horizonte.

El primero cuidaba algo la casa porque quería seguir viviendo en ella.

El segundo puede empezar a preguntarse únicamente cómo llegar al final de la noche.

Pero todavía falta un personaje.

Nosotros.

Los electores.

Porque quizá la última enseñanza de todo este asunto no sea que los gobernantes aprendan a abusar de nuestra paciencia.

Quizá sea que nosotros les enseñamos hasta dónde llega esa paciencia.

Cada encuesta.

Cada silencio.

Cada olvido.

Y, finalmente, cada papeleta.

Así que la próxima vez que alguien pregunte:

«¿Cómo es posible que hagan esto?»

tal vez debamos responder con otra pregunta:

«¿Cuántas veces les hemos demostrado que pueden hacerlo y, pese a todo, seguir contando con millones de votos?»

Ésa es la verdadera pregunta del millón.

Y quizá sea también la única que Marruecos necesita que los españoles nunca lleguemos a responder.

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