PP Y VOX: ¡BASTA YA DE SER «MODERADITOS» PARA QUE SÁNCHEZ NO SE ENFADE!
Milei no es el problema. El problema es una oposición acomplejada que debe enfrentarse a ocho años de sanchismo, presentar un proyecto de gobierno y dejar de pedir permiso a sus adversarios para defender sus ideas.
Por Carlos Aurelio Caldito Aunión
22 de octubre de 2026
I. EL EXTRAORDINARIO MIEDO A DISGUSTAR A PEDRO SÁNCHEZ
Hay una enfermedad política que lleva décadas causando estragos en buena parte de la derecha española. No aparece en los manuales de medicina, pero sus síntomas son inconfundibles: temblores ante cualquier acusación de extremismo, sudores fríos cuando la izquierda se enfada, necesidad compulsiva de demostrar moderación y un miedo casi supersticioso a defender determinadas convicciones en público.
Se llama complejo de inferioridad moral ante la izquierda.
Y lo verdaderamente extraordinario es que sus principales víctimas acostumbran a presumir de patriotismo, firmeza, valentía y capacidad para gobernar España.
¡Hay que joderse!
El último episodio lo hemos conocido con motivo de la visita a Madrid del presidente argentino Javier Milei.
Resulta que Milei ha tenido la ocurrencia de criticar duramente a Pedro Sánchez, mostrar sus simpatías hacia determinados dirigentes de la derecha española y expresar su opinión sobre las consecuencias del socialismo.
Naturalmente, se ha organizado el consabido escándalo.
Milei ha llamado a Sánchez «impresentable dictador» y ha utilizado expresiones deliberadamente provocadoras, algunas tan desafortunadas como su llamamiento a sacar a los socialistas «a patadas».
Yo prefiero una fórmula bastante más eficaz y civilizada: SACARLOS DEL GOBIERNO MEDIANTE LAS URNAS Y EXIGIRLES DESPUÉS TODAS LAS RESPONSABILIDADES POLÍTICAS QUE CORRESPONDAN.
Pero lo realmente pintoresco no son las palabras de Milei, sino las reacciones que han provocado.
Algunos comentaristas han descubierto que su visita proporciona munición electoral a Pedro Sánchez.
¡Qué descubrimiento!
Como si Sánchez necesitara que alguien le suministrase proyectiles propagandísticos.
Como si lleváramos ocho años contemplando a un presidente respetuoso con sus adversarios, escrupulosamente veraz, incapaz de exagerar y absolutamente reacio a utilizar las emociones de sus seguidores para mantenerse en el poder.
¿De verdad tenemos que creer que, si Milei no hubiera venido a España, Sánchez habría renunciado a presentar a PP y VOX como peligrosísimos enemigos de la democracia?
¡Venga ya!
La izquierda no necesita que sus adversarios le proporcionen munición política. Cuando no la encuentra, la fabrica.
Y la oposición lleva demasiado tiempo comportándose como si pudiera evitarlo.
II. SÁNCHEZ SIEMPRE ENCONTRARÁ UNA EXCUSA PARA LLAMARLOS FASCISTAS
Imaginemos por un momento que Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal anuncian solemnemente que van a renunciar a cualquier declaración susceptible de irritar a la izquierda.
Nada de expresiones contundentes.
Nada de amistades políticamente incómodas.
Nada de críticas excesivamente severas.
Nada de propuestas que puedan alterar la digestión de los dirigentes socialistas, comunistas, separatistas o de quienes proceden de organizaciones vinculadas históricamente al entorno político de ETA.
Una oposición educadísima.
Exquisita.
Respetuosa.
Tan moderada que, cuando Sánchez le propine una bofetada política, le ofrecerá amablemente la otra mejilla.
¿Qué ocurrirá?
Exactamente lo mismo que ahora.
Si proponen reducir impuestos, serán acusados de querer destruir los servicios públicos.
Si anuncian la reforma de las pensiones, se dirá que pretenden arruinar a los jubilados.
Si defienden el control de las fronteras, aparecerán las acusaciones de xenofobia.
Si reclaman la unidad nacional, alguien desempolvará inmediatamente el franquismo.
Si plantean reducir ministerios y organismos públicos, se les reprochará su insensibilidad social.
Si proponen modificar determinadas leyes ideológicas, serán acusados de pretender liquidar derechos fundamentales.
Y si se atreven a poner en cuestión el funcionamiento de algunas instituciones, escucharán que están preparando un asalto contra la democracia.
Da igual lo que hagan. El resultado propagandístico está decidido de antemano.
Porque el procedimiento no consiste en examinar las propuestas del adversario, sino en atribuirle las peores intenciones posibles.
Y después obligarlo a pasar semanas explicando que no piensa cometer las barbaridades que previamente le han adjudicado.
Es un negocio formidable.
La izquierda acusa.
La oposición se defiende.
La izquierda cambia de acusación.
La oposición vuelve a defenderse.
Y mientras tanto, el Gobierno continúa disfrutando de una ventaja extraordinaria: nadie le exige que responda a las preguntas verdaderamente importantes.
Pues bien, ya va siendo hora de acabar con semejante representación teatral.
III. EL DERECHO DE MILEI A OPINAR Y EL DERECHO DE LOS ESPAÑOLES A NO DARLE LA RAZÓN EN TODO
Javier Milei es el presidente de Argentina, una nación hermana con la que España comparte historia, lengua, cultura y millones de vínculos humanos.
Es un dirigente de convicciones liberales y libertarias, partidario de reducir el intervencionismo estatal, el gasto público y el poder de las burocracias.
Sus políticas merecen ser examinadas.
Sus aciertos, reconocidos.
Sus errores, criticados.
Y sus expresiones más desafortunadas, discutidas.
Pero de ahí a pretender que cualquier dirigente español que mantenga buenas relaciones con él se convierte automáticamente en responsable de todas sus palabras media un abismo.
Feijóo no tiene por qué responder de cada declaración de Milei.
Abascal tampoco.
Ni Isabel Díaz Ayuso.
Como Pedro Sánchez tampoco responde personalmente de cada barbaridad que hayan pronunciado los dirigentes extranjeros con quienes mantiene relaciones políticas.
¿O acaso alguien considera que compartir una fotografía, una reunión internacional o determinadas ideas implica asumir íntegramente la trayectoria de otra persona?
La izquierda española mantiene relaciones con dirigentes de muy diversa procedencia ideológica.
Y está en su derecho.
Exactamente igual que la derecha.
Lo que resulta inaceptable es pretender que unos puedan elegir libremente sus interlocutores mientras otros deban someter sus amistades políticas al departamento de autorizaciones ideológicas de Ferraz.
Una derecha que necesita permiso de la izquierda para elegir sus amistades ya ha renunciado a una parte fundamental de su libertad.
Por supuesto, eso no obliga a imitar la retórica de Milei.
Una cosa es la firmeza.
Otra, la grosería.
Y una tercera, muy distinta, el miedo a discrepar.
El problema de determinados dirigentes españoles no consiste en que sean demasiado educados.
Consiste en que parecen obsesionados con resultar aceptables a quienes jamás van a votarles.
IV. OCHO AÑOS DE SANCHISMO: ¿DE VERDAD LO MÁS IMPORTANTE ES LO QUE HA DICHO MILEI?
Mientras algunos analistas se entretienen examinando las palabras del presidente argentino, convendría recordar que Pedro Sánchez lleva gobernando España desde junio de 2018.
Más de ocho años.
Tiempo suficiente para ofrecer un balance que vaya mucho más allá de los discursos triunfalistas.
Y aquí comienzan las preguntas verdaderamente incómodas.
Hacienda recauda cada vez más. ¿Y los ciudadanos?
En 2018, la Agencia Tributaria ingresó 208.685 millones de euros.
En 2025, la recaudación tributaria alcanzó los 325.356 millones.
Un incremento nominal de aproximadamente el 56 %.
Naturalmente, no todo ese crecimiento puede atribuirse a nuevas decisiones fiscales: también intervienen la inflación, el aumento del empleo y la actividad económica.
Pero la pregunta permanece intacta:
¿Ha mejorado la calidad de los servicios públicos en proporción al incremento de los recursos que administran nuestros gobernantes?
¿Han desaparecido las listas de espera sanitarias?
¿Funciona la justicia con la rapidez exigible?
¿Ha mejorado suficientemente la enseñanza?
¿Disfrutan las empresas y los ciudadanos de una administración más sencilla?
¿Ha dejado de ser la burocracia una carrera de obstáculos?
Porque recaudar más dinero no constituye por sí solo un éxito político.
El éxito consiste en administrar adecuadamente esos recursos y devolverlos a la sociedad en forma de servicios, seguridad, infraestructuras y oportunidades.
Aunque siempre existe una alternativa muy española: crear otro ministerio.
Con su ministro.
Sus secretarios de Estado.
Sus directores generales.
Sus asesores.
Sus gabinetes.
Y una comisión encargada de estudiar por qué el problema que justificó su creación continúa exactamente donde estaba.
¡Eso sí que es progreso!
La deuda: nuestros descendientes recibirán la factura
El Banco de España ha situado la deuda externa bruta del país, al cierre del segundo trimestre de 2026, en aproximadamente 2,925 billones de euros, equivalentes al 168,4 % del PIB.
Casi tres billones.
Conviene distinguir conceptos: esa cifra comprende obligaciones frente al exterior de administraciones, entidades financieras y empresas, y no debe confundirse con la deuda pública.
Esta última, calculada conforme al procedimiento europeo habitual, alcanzaba aproximadamente 1,76 billones de euros en junio.
Son magnitudes diferentes.
Y ambas merecen atención.
Porque el problema no consiste únicamente en cuánto debemos, sino en cuánto cuesta atender los compromisos financieros, qué necesidades de refinanciación existen, cómo evolucionará la carga de intereses y qué margen tendrán los futuros gobiernos para afrontar nuevas dificultades.
El endeudamiento puede ser perfectamente razonable cuando financia inversiones productivas y existe capacidad para devolverlo.
Pero gobernar mediante promesas cuyo coste se traslada continuamente hacia el futuro constituye una tentación política extraordinariamente peligrosa.
En una familia, gastar indefinidamente más de lo que se ingresa acaba provocando una crisis.
En determinados gobiernos, se presenta como una extraordinaria muestra de sensibilidad social.
¡Y que paguen nuestros nietos, que todavía no tienen edad para protestar!
La prosperidad estadística y la pobreza real
El Gobierno presume de los avances del empleo.
Y existen avances que merecen ser reconocidos.
Pero el número de ocupados no basta para determinar si una sociedad prospera.
También importa cuánto cobran, qué pueden comprar, cuánto consiguen ahorrar y qué posibilidades tienen de adquirir o alquilar una vivienda.
Según el Instituto Nacional de Estadística, en 2025 el 25,7 % de la población española se encontraba en riesgo de pobreza o exclusión social.
Más de una cuarta parte.
No significa que todos sus integrantes padezcan idénticas privaciones, pero constituye una señal suficientemente importante para impedir que nadie dé por resueltos nuestros problemas sociales.
La prosperidad no consiste solamente en anunciar grandes cifras macroeconómicas.
Consiste también en que un trabajador pueda vivir de su salario, formar una familia y afrontar su futuro sin depender permanentemente de ayudas públicas.
La vivienda, las pensiones y el arte de prometer
Después de ocho años de anuncios, planes, ayudas y compromisos, el acceso a la vivienda continúa siendo una de las mayores preocupaciones de los españoles.
Los jóvenes retrasan su emancipación.
La oferta disponible resulta insuficiente en numerosas ciudades.
Y alquilar o comprar una vivienda consume una proporción desmesurada de los ingresos de muchos hogares.
Entretanto, el sistema público de pensiones se enfrenta al envejecimiento demográfico, la jubilación de generaciones muy numerosas y unas necesidades crecientes de financiación.
Sin embargo, nuestros dirigentes suelen afrontar ambos problemas con el mismo procedimiento:
Prometer.
Anunciar.
Asegurar.
Garantizar.
Y convocar otra rueda de prensa.
Pero las viviendas no se construyen mediante declaraciones ministeriales.
Ni las pensiones se pagan con discursos.
Se pagan con dinero. Y las cuentas tienen que cuadrar.
Ahora bien, ¿qué propuestas concretas ofrecen Feijóo y Abascal?
Porque señalar los problemas del Gobierno es imprescindible, pero no suficiente para demostrar que uno sabe resolverlos.
V. LA REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA QUE TERMINÓ ENTRE ESCÁNDALOS
Pedro Sánchez llegó a la Moncloa en 2018 mediante una moción de censura presentada bajo la bandera de la regeneración democrática.
La corrupción del Partido Popular constituyó el principal argumento político para desalojar a Mariano Rajoy.
La ejemplaridad se convirtió en el gran distintivo del nuevo Gobierno.
Ocho años después, el contraste resulta demoledor.
José Luis Ábalos, antiguo ministro y destacado dirigente socialista, ha sido condenado por el Tribunal Supremo a veinticuatro años y tres meses de prisión.
Su antiguo asesor Koldo García ha recibido una condena de diecinueve años y ocho meses.
El Supremo ha rechazado recientemente los incidentes de nulidad presentados por ambos, aunque permanece abierta la posibilidad de acudir al Tribunal Constitucional.
Y los procedimientos que afectan a otras personas próximas al entorno político o familiar del presidente han suscitado nuevas preguntas sobre la responsabilidad de quienes ejercen el poder.
Conviene distinguir entre condenas, investigaciones y acusaciones todavía sometidas a los tribunales.
Pero esa distinción no elimina una cuestión fundamental:
La responsabilidad política no empieza ni termina donde comienza o termina la responsabilidad penal.
Sánchez puede sostener que desconocía las actividades ilícitas de sus antiguos colaboradores.
Pero entonces deberá explicar cómo fue posible que personas situadas en puestos de tanta confianza protagonizaran semejantes escándalos.
Y si no conocía lo que ocurría, aparece otro problema: su capacidad para supervisar a quienes nombró.
Lo extraordinario es que un presidente pueda atribuirse personalmente todos los éxitos y declararse completamente ajeno a los fracasos que afectan a su propio entorno.
Cuando las cosas van bien, liderazgo.
Cuando van mal, desconocimiento.
Cuando aparecen sentencias, respeto a la justicia acompañado de reproches a los adversarios.
Y cuando las preguntas se vuelven demasiado incómodas, siempre queda un recurso infalible:
¡La extrema derecha!
O Franco.
Franco lleva medio siglo muerto, pero continúa proporcionando excelentes servicios a quienes necesitan cambiar de conversación.
VI. LOS PRESUPUESTOS, LA AMNISTÍA Y LA EXTRAORDINARIA FLEXIBILIDAD DE LOS PRINCIPIOS
España ha continuado funcionando con los Presupuestos Generales del Estado de 2023 prorrogados.
La Constitución permite esa prórroga.
Pero una herramienta destinada a garantizar la continuidad administrativa no debería convertirse en el sustituto habitual de la elaboración y aprobación de nuevas cuentas públicas.
Y, sin embargo, hemos asistido al espectáculo de un Gobierno que presume de estabilidad mientras no consigue aprobar los principales presupuestos de la nación.
A ello se añade la evolución de sus relaciones con los partidos separatistas.
Los indultos a dirigentes independentistas catalanes.
Las reformas relativas a la sedición y la malversación.
La amnistía de 2024.
Todas ellas defendidas públicamente como medidas destinadas a favorecer la convivencia.
Pero existe una pregunta imposible de esquivar:
¿Habría promovido Sánchez las mismas decisiones si no hubiera necesitado los votos de los separatistas para conservar la presidencia?
La sucesión de los acontecimientos justifica sobradamente la pregunta.
Porque una cosa es negociar dentro de las reglas parlamentarias y otra utilizar la necesidad de una investidura para justificar cambios trascendentales que anteriormente se habían rechazado.
Lo verdaderamente asombroso es la facilidad con la que determinados gobernantes descubren nuevos principios precisamente cuando necesitan nuevos apoyos.
¡La virtud llega siempre después de hacer las cuentas!
Y ante todo ello, ¿la gran preocupación de la oposición debe consistir en si Milei resulta suficientemente simpático a los dirigentes del PSOE?
¡Por favor!
VII. CEUTA, MELILLA Y MARRUECOS: AQUÍ NO HAY LUGAR PARA LOS «MODERADITOS»
Existe otra cuestión que considero especialmente grave.
La política exterior española respecto a Marruecos.
En marzo de 2022, Pedro Sánchez modificó la posición tradicional española sobre el Sáhara Occidental, respaldando el plan marroquí de autonomía como solución al conflicto.
Una decisión de enorme trascendencia política y diplomática.
Y todavía cabe preguntar qué contrapartidas efectivas obtuvo España, qué compromisos asumió Marruecos y hasta qué punto se ha garantizado desde entonces la seguridad de nuestras ciudades norteafricanas.
La crisis fronteriza de Ceuta del pasado verano ha vuelto a demostrar la importancia de una política nacional de seguridad verdaderamente eficaz.
Y las informaciones sobre movimientos navales marroquíes durante aquellos acontecimientos exigen explicaciones precisas.
Porque Ceuta y Melilla son españolas. No constituyen piezas negociables de una política exterior basada en evitar disgustos a Mohamed VI.
La buena vecindad exige reciprocidad.
La cooperación exige respeto.
Y las alianzas internacionales no pueden sustituir a la defensa de los intereses nacionales.
Pero aquí aparece una cuestión que Feijóo y Abascal deberían responder antes de las elecciones.
Estados Unidos e Israel mantienen importantes relaciones estratégicas con Marruecos.
Washington colabora militarmente con Rabat.
Israel normalizó sus relaciones con Marruecos en 2020 y posteriormente reconoció la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental.
Perfectamente.
Esos países tienen derecho a defender sus intereses.
Pero España también.
Por eso quisiera escuchar respuestas inequívocas.
SEÑOR ABASCAL: SI LOS INTERESES ESTRATÉGICOS DE NETANYAHU Y MOHAMED VI ENTRAN EN CONFLICTO CON LOS INTERESES ESPAÑOLES, ¿QUÉ HARÁ USTED?
SEÑOR FEIJÓO: SI WASHINGTON CONSIDERA PRIORITARIA SU COOPERACIÓN CON RABAT FRENTE A UNA REIVINDICACIÓN ESPAÑOLA, ¿QUÉ HARÁ SU GOBIERNO?
Nadie está reclamando que España rompa sus relaciones con Israel o Estados Unidos.
Se trata de algo bastante más elemental.
Un gobernante español debe saber que su obligación fundamental consiste en defender los intereses de España.
Y debe explicar cómo piensa hacerlo.
Porque la política exterior de una nación no puede convertirse en una colección de fotografías de sus dirigentes abrazando a gobernantes extranjeros.
Ni en una sucesión interminable de declaraciones sobre la buena vecindad.
La amistad internacional es deseable. La subordinación política, no.
VIII. ¿VAN A INCENDIAR LAS CALLES SI PIERDEN EL PODER?
Y llegamos a una de las cuestiones más delicadas.
La posible reacción de determinados sectores de la izquierda ante una victoria electoral de PP y VOX.
Mi impresión es que una parte del entramado político y activista próximo al actual Gobierno intentará presentar esa alternancia como una amenaza extraordinaria para España.
No sería ninguna novedad.
Ya conocemos las acusaciones de fascismo.
Las campañas de movilización.
Las apelaciones al miedo.
Las advertencias sobre una supuesta destrucción de la democracia.
Y tampoco sería sorprendente que determinados grupos intentaran trasladar esa confrontación a las calles.
Ahora bien, el derecho a manifestarse pacíficamente pertenece a todos los ciudadanos, también a quienes pierden las elecciones.
Otra cosa completamente distinta es recurrir a la violencia, intimidar a los adversarios o impedir por la fuerza el ejercicio de sus derechos.
Eso no es protesta democrática.
Es coacción.
Y si finalmente se producen disturbios, sus responsables deberán responder por ellos, sean cuales sean sus ideas.
Pero hay una conclusión política que considero fundamental:
PP y VOX no pueden elaborar su programa de gobierno condicionados por el miedo a que sus adversarios organicen protestas, campañas de hostigamiento o posibles episodios de violencia.
Porque quien renuncia a sus convicciones ante la amenaza de disturbios está aceptando que la intimidación pueda condicionar el resultado de las elecciones.
Y eso supone una forma particularmente peligrosa de degradación democrática.
¿Significa que deban actuar irresponsablemente?
En absoluto.
Significa que deben prepararse para gobernar, hacer cumplir las leyes y garantizar los derechos de todos.
También los de sus adversarios.
Pero sin consentir que una minoría violenta pretenda imponer mediante el miedo aquello que no ha conseguido mediante los votos.
Si alguien está decidido a buscar una excusa para incendiar las calles, la encontrará aunque Feijóo y Abascal se conviertan en dos monjes cartujos dedicados exclusivamente al silencio y la contemplación.
Por tanto, que dejen de intentar adivinar qué actitud resultará menos irritante para sus adversarios.
El objetivo debe ser gobernar bien.
No pasar inadvertidos.
IX. FEIJÓO Y ABASCAL: ¿QUIEREN GOBERNAR O SOLAMENTE CAMBIAR DE INQUILINOS EN LA MONCLOA?
Hasta aquí, las críticas al sanchismo.
Pero conviene abandonar por un momento la contemplación de los despropósitos gubernamentales para dirigir unas preguntas a quienes aspiran a sustituir a Pedro Sánchez.
Señores Feijóo y Abascal:
¿Y DESPUÉS, QUÉ?
Supongamos que el 29 de noviembre los españoles les proporcionan una mayoría parlamentaria suficiente para formar un Gobierno.
¿Qué harán?
¿Se limitarán a sustituir a los actuales ministros por otros?
¿Cambiarán a los secretarios de Estado?
¿Nombrarán nuevos directores generales?
¿Colocarán a sus respectivos asesores en los despachos que ahora ocupan los asesores socialistas?
¿Repartirán presidencias de empresas públicas?
¿Distribuirán organismos, observatorios, fundaciones, comisiones y demás instituciones entre personas de su confianza?
¿O pretenden realizar una transformación profunda de las estructuras políticas, administrativas y económicas que llevan años criticando?
Porque conviene recordar una cosa.
Cambiar de inquilinos no significa necesariamente cambiar de sistema.
Si el edificio continúa siendo el mismo, con idénticas estructuras, idénticos privilegios y semejante distribución del poder, lo único que habrá cambiado será el nombre de quienes ocupan los despachos.
Una mudanza.
Y los españoles no necesitamos pasar por semejante campaña electoral para organizar una simple mudanza.
Necesitamos saber si sus propuestas constituyen una alternativa real.
X. MENOS PROMESAS Y MÁS CUENTAS: EL PROGRAMA QUE DEBEN PRESENTAR ANTES DEL 29 DE NOVIEMBRE
Los españoles estamos acostumbrados a que nuestros gobernantes prometan resolver problemas sin explicar cómo piensan hacerlo.
Todos anuncian reformas.
Todos prometen mejorar la economía.
Todos aseguran que combatirán la corrupción.
Todos garantizan servicios públicos excelentes.
Todos proclaman que defenderán las pensiones.
Y todos descubren enormes dificultades cuando llegan al poder.
¡Qué coincidencia tan extraordinaria!
Un empresario que pretende solicitar financiación debe presentar cuentas.
Una familia que solicita una hipoteca debe acreditar ingresos, patrimonio y capacidad de devolución.
Un ciudadano que pide una subvención tiene que justificar hasta el último céntimo.
Pero quien aspira a administrar centenares de miles de millones de euros puede presentarse ante los electores con un puñado de promesas redactadas por expertos en propaganda.
Pues ya va siendo hora de cambiar esa costumbre.
PP y VOX deberían presentar antes de las elecciones un acuerdo público que resuelva, como mínimo, las siguientes cuestiones:
Primera. El modelo territorial. ¿Mantendrán el actual Estado autonómico? ¿Pretenden reformarlo? ¿Recuperarán competencias estatales? ¿Qué duplicidades administrativas eliminarán?
Segunda. El tamaño del Estado. ¿Qué ministerios, organismos, entidades públicas y estructuras administrativas consideran prescindibles? ¿Qué ahorro efectivo calculan obtener?
Tercera. La política fiscal. ¿Qué impuestos reducirán o suprimirán? ¿Qué gastos disminuirán para compensarlo? ¿Cómo afectarán sus medidas al déficit público?
Cuarta. Las pensiones. ¿Qué reformas consideran necesarias para garantizar su financiación durante las próximas décadas? ¿Presentarán previsiones demográficas y económicas comprensibles?
Quinta. La vivienda. ¿Qué medidas adoptarán para aumentar la oferta, facilitar la construcción y mejorar el acceso de los jóvenes a una vivienda?
Sexta. La seguridad y la inmigración. ¿Qué cambios introducirán en la legislación de extranjería, los procedimientos de expulsión, la política de nacionalidad y el control de fronteras?
Séptima. La justicia. ¿Cómo reformarán el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial? ¿Qué harán para fortalecer la independencia de los jueces y mejorar el funcionamiento de los tribunales?
Octava. Las leyes del sanchismo. ¿Cuáles derogarán? ¿Cuáles modificarán? ¿Qué normas sustituirán a las anteriores? ¿Qué mayorías parlamentarias necesitarán?
Novena. La educación, la sanidad y los servicios sociales. ¿Qué objetivos concretos se comprometen a alcanzar? ¿Cómo medirán sus resultados? ¿Con qué recursos?
Décima. La defensa nacional. ¿Qué Fuerzas Armadas necesita España? ¿Qué presupuesto destinarán a ellas? ¿Qué medios tendrán para defender nuestras fronteras, costas, espacios aéreos y ciudades norteafricanas?
Y todavía falta la pregunta que suele resultar más incómoda para los políticos de cualquier tendencia:
¿CUÁNTO COSTARÁ TODO ELLO Y DE DÓNDE SALDRÁ EL DINERO?
Porque no basta con prometer.
Hay que calcular.
Y no basta con calcular.
Hay que ejecutar.
Y después, rendir cuentas.
XI. ANTES DE LAS ELECCIONES, UN ACUERDO ENTRE PP Y VOX. NO UNA SUBASTA POSTERIOR DE MINISTERIOS
Si PP y VOX contemplan seriamente la posibilidad de gobernar juntos, deberían comenzar por comportarse como dos organizaciones políticas adultas.
Sentarse.
Negociar.
Identificar sus coincidencias.
Reconocer sus discrepancias.
Y explicar a los españoles qué programa están dispuestos a compartir.
Antes de las elecciones.
No después.
Porque el elector del Partido Popular tiene derecho a saber qué propuestas de VOX acepta Feijóo.
Y el elector de VOX tiene idéntico derecho a conocer qué compromisos está dispuesto a negociar Abascal.
¿Recentralización o conservación del actual modelo autonómico?
¿Reducción importante del gasto o simples ajustes?
¿Reformas institucionales profundas o retoques superficiales?
¿Derogación de determinadas leyes o modificaciones de carácter limitado?
¿Política exterior española propia o continuidad de las posiciones actuales?
Y, sobre todo, ¿qué harán cuando aparezcan diferencias importantes entre ambos partidos?
Esas preguntas deben responderse públicamente.
Porque los ciudadanos no tenemos por qué votar a ciegas para descubrir después qué han negociado nuestros representantes a puerta cerrada.
Ya hemos visto suficientes investiduras convertidas en mercados de apoyos parlamentarios.
Y suficientes pactos presentados como acontecimientos inevitables después de haber sido negados durante las campañas electorales.
El elector merece algo mejor.
XII. EL CONTRATO CON LOS ELECTORES: PRIMERO LAS OBLIGACIONES, DESPUÉS LOS VOTOS
Ésta es, posiblemente, la propuesta más importante de cuantas considero necesario formular.
FEIJÓO Y ABASCAL DEBERÍAN FIRMAR UN VERDADERO CONTRATO POLÍTICO CON SUS ELECTORES ANTES DEL 29 DE NOVIEMBRE.
No un manifiesto lleno de palabras solemnes.
No un catálogo de buenas intenciones.
No una declaración sentimental sobre el futuro de España.
Un compromiso público, escrito y firmado.
En él deberían figurar los objetivos esenciales de su eventual Gobierno, las medidas necesarias para alcanzarlos, los plazos de ejecución y los recursos económicos previstos.
También los responsables de cada actuación.
Y, especialmente, los mecanismos de comprobación.
Propongo que ese contrato incluya una evaluación de los primeros cien días, otra al finalizar el primer año, revisiones periódicas durante la legislatura y una comparecencia anual de los principales responsables del Gobierno.
Con datos.
Con cuentas.
Con explicaciones.
Y con responsabilidades por los incumplimientos graves que dependan efectivamente de la voluntad de los gobernantes.
No estoy hablando de convertir cada promesa incumplida en un delito.
Estoy hablando de exigir una conducta política que debería resultar elemental.
Quien promete algo para conseguir votos debe explicar después si lo ha cumplido.
Y si no lo ha cumplido, por qué.
Si las circunstancias han cambiado, que lo justifique.
Si han aparecido dificultades insuperables, que las explique.
Pero si simplemente ha abandonado sus compromisos porque ya ha conseguido sentarse en el Consejo de Ministros, deberá asumir las consecuencias políticas correspondientes.
El voto no es un cheque en blanco.
Y los ciudadanos no somos súbditos que debamos agradecer a nuestros gobernantes el privilegio de permitirnos elegirlos cada cuatro años.
Somos quienes financiamos las instituciones.
Quienes pagamos sus sueldos.
Quienes soportamos los efectos de sus decisiones.
Y quienes tenemos derecho a pedirles cuentas.
XIII. LA VERDADERA MUNIÓN ELECTORAL DE SÁNCHEZ ES LA FALTA DE UN PROYECTO ALTERNATIVO
Regresemos a Javier Milei.
Algunos analistas consideran que sus declaraciones han proporcionado munición electoral a Pedro Sánchez.
Yo sostengo que la mayor ventaja que puede concederse al presidente no consiste en recibir la visita de un gobernante argentino de lengua afilada y maneras provocadoras.
Consiste en presentarse ante los españoles sin un programa de gobierno suficientemente claro.
Porque entonces Sánchez puede construir su campaña alrededor del miedo.
Y la oposición queda obligada a defenderse de toda clase de acusaciones.
Pero si PP y VOX presentan un programa preciso, un acuerdo previo, un calendario legislativo y unas previsiones presupuestarias verificables, la discusión política cambia completamente.
Ya no se trata de averiguar si Milei cae simpático o antipático.
Se trata de discutir si conviene reformar el sistema autonómico.
Si es posible reducir determinados impuestos.
Si existen organismos públicos que deberían desaparecer.
Si es necesario modificar la legislación sobre vivienda.
Si las pensiones dispondrán de financiación suficiente.
Si las Fuerzas Armadas cuentan con los recursos necesarios.
Si los mecanismos de independencia judicial funcionan adecuadamente.
Si España está defendiendo eficazmente sus intereses frente a Marruecos.
Y, sobre todo, si los ciudadanos pueden esperar una mejora real en su vida cotidiana.
Eso sí constituye una discusión política seria.
Y eso obliga al Gobierno a defender su propio balance.
El mejor modo de impedir que Sánchez convierta la campaña electoral en un concurso de insultos consiste en obligarlo a responder sobre su gestión y enfrentar sus resultados a una alternativa concreta.
Sin miedo.
Sin complejos.
Sin moderación fingida.
Pero también sin sustituir el programa por la ocurrencia y la firmeza por el insulto.
Porque una oposición que solamente grita contra el Gobierno puede resultar muy entretenida.
Lo difícil es demostrar que sabe gobernar mejor.
XIV. NO NECESITAMOS UNA DERECHA QUE GUSTE A LA IZQUIERDA. NECESITAMOS UNA OPOSICIÓN QUE SEPA PARA QUÉ QUIERE GOBERNAR
Durante décadas, buena parte de la derecha española ha parecido obsesionada con demostrar que no era demasiado de derechas.
Como si defender determinados principios económicos, políticos o institucionales constituyera una vergüenza.
Como si la palabra «centro» solucionase por sí sola los problemas de España.
Como si el objetivo fundamental de la política consistiera en recibir un certificado de respetabilidad expedido por los adversarios.
Y no.
La moderación es una virtud cuando significa prudencia, respeto a las leyes y capacidad para gobernar sin arbitrariedades.
Pero se convierte en un defecto cuando significa renunciar a las propias convicciones para evitar críticas.
Una cosa es ser prudente.
Otra, tener miedo.
Una cosa es buscar acuerdos.
Otra, aceptar anticipadamente las exigencias del adversario.
Una cosa es respetar a quienes piensan de manera diferente.
Otra, permitir que decidan qué podemos pensar nosotros.
PP y VOX deben comprender que sus adversarios no tienen ninguna obligación de aplaudirlos.
Y que ellos tampoco tienen obligación de comportarse como si aspiraran a recibir ese aplauso.
La democracia no consiste en que todos los partidos piensen lo mismo.
Consiste en que puedan defender proyectos distintos, someterlos a los ciudadanos y respetar el resultado de las urnas.
Por eso, señores Feijóo y Abascal, dejen de preocuparse tanto por resultar aceptables a Pedro Sánchez.
Preocúpense por resultar convincentes para los españoles.
Y tengan presente una cuestión fundamental:
No basta con querer echar a Sánchez. Hay que explicar qué España pretenden construir después.
EPÍLOGO. QUE SE ENFADE SÁNCHEZ. ¡PERO QUE PP Y VOX HAGAN SUS DEBERES!
Imaginemos que mañana Feijóo y Abascal comparecen juntos ante los ciudadanos.
No para hacerse una fotografía.
No para intercambiar elogios.
No para prometer un futuro maravilloso.
Sino para anunciar que han alcanzado un acuerdo político.
Que han elaborado un programa de gobierno.
Que conocen las diferencias entre sus respectivos proyectos.
Que saben qué reformas pueden impulsar conjuntamente.
Que han calculado sus costes.
Que han establecido plazos.
Y que están dispuestos a firmar públicamente sus compromisos y rendir cuentas de su cumplimiento.
¿Qué haría Pedro Sánchez?
Seguramente criticaría el acuerdo.
Diría que constituye una amenaza.
Advertiría sobre las consecuencias de un Gobierno de derechas.
Recurriría a las palabras más alarmantes que encontrara en su repertorio.
Y quizá volviera a mencionar a Milei, Trump, Franco o cualquier otro personaje susceptible de movilizar a sus seguidores.
¡Pues que lo haga!
Para eso existe la libertad política.
Sánchez tiene derecho a defender sus ideas.
Y sus adversarios, exactamente el mismo derecho a combatirlas.
Pero lo que no puede permitirse la oposición es continuar actuando como si debiera consultar previamente a Ferraz qué propuestas resultan admisibles.
Ni comportarse como si el objetivo de unas elecciones consistiera en cambiar los nombres de los ministros conservando intacta la maquinaria del poder.
Porque España no necesita otra colección de promesas.
Ni otra montaña de eslóganes.
Ni otro Gobierno que descubra, una vez instalado en sus despachos, que aquello que prometió en la oposición resulta demasiado difícil de cumplir.
Necesita dirigentes que sepan administrar.
Que sepan prever.
Que conozcan las limitaciones económicas.
Que respeten las instituciones.
Que defiendan los intereses españoles.
Que expliquen sus decisiones.
Y que respondan por sus errores.
Por tanto, mi respuesta a quienes consideran que la visita de Milei proporciona munición electoral a Sánchez es bien sencilla:
LA VERDADERA MUNIÓN DE SÁNCHEZ NO ES MILEI. ES UNA OPOSICIÓN QUE SE DEJA ACOMPLEJAR, QUE TEME DEFENDER SUS CONVICCIONES Y QUE NO ACABA DE EXPLICAR CÓMO PIENSA GOBERNAR.
Y, por última vez, señores Feijóo y Abascal:
Si quieren gobernar España, empiecen por demostrar que saben para qué quieren hacerlo.
Si aspiran a cambiar las leyes, expliquen cuáles.
Si pretenden reformar las instituciones, presenten sus propuestas.
Si prometen reducir el gasto, hagan las cuentas.
Si anuncian que defenderán nuestras fronteras, especifiquen los medios.
Si quieren gobernar juntos, negocien antes de pedirnos el voto.
Y si nos solicitan confianza, comprométanse públicamente a rendir cuentas.
Porque para continuar haciendo aquello que critican del sanchismo no necesitamos cambiar de gobernantes.
Y para cambiar realmente de rumbo no basta con cambiar de presidente.
HAY QUE CAMBIAR LA MANERA DE GOBERNAR.
Así que, señores Feijóo y Abascal:
¡MENOS «MODERADITOS», MENOS COMPLEJOS Y MÁS CONVICCIONES!
¡MENOS FOTOGRAFÍAS, MENOS PROMESAS Y MÁS PROGRAMAS CON CIFRAS, PLAZOS Y RESPONSABILIDADES!
¡Y ANTES DE PEDIRNOS EL VOTO, SIÉNTENSE, NEGOCIEN, HAGAN LAS CUENTAS Y FIRMEN EL CONTRATO!
Porque, al fin y al cabo, los españoles no estamos al servicio de quienes nos gobiernan.
Son ellos quienes deben estar a nuestro servicio.
Y SI NO SIRVEN, SE CAMBIAN.
Que para eso, entre otras cosas, existen las elecciones.
CARLOS AURELIO CALDITO AUNIÓN
