MANOS LIMPIAS DENUNCIA AL CONSEJERO DE SEGURIDAD DEL GOBIERNO VASCO POR SU PRESUNTA RESPONSABILIDAD EN LOS GRAVÍSIMOS DISTURBIOS DE BILBAO
El sindicato acusa a Bingen Zupiria de imprudencia grave, cuestiona la tardanza de la Ertzaintza en intervenir y exige investigar por qué se retiraron efectivos policiales cuando existía un riesgo evidente de violencia callejera.
MIGUEL BERNAD REMÓN
Secretario General del Sindicato Manos Limpias
Madrid, 27 de octubre de 2026.
El Sindicato Manos Limpias ha formulado una denuncia dirigida a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco contra el consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria Gorostidi, por su presunta responsabilidad en los gravísimos disturbios ocurridos en Bilbao el pasado lunes, 26 de octubre.
La denuncia sostiene que el responsable político de la seguridad ciudadana pudo incurrir en una imprudencia grave, tanto por la falta de previsión ante unos incidentes anunciados como por la tardanza en ordenar la intervención de la Ertzaintza, cuando numerosos grupos violentos ya estaban sembrando el caos en las calles de la capital vizcaína.
Manos Limpias considera inadmisible que una ciudad pueda convertirse en escenario de incendios, barricadas, ataques a policías, destrucción de vehículos y asaltos a establecimientos comerciales mientras los responsables de garantizar el orden público no adoptan a tiempo las medidas necesarias.
UNA JORNADA DE VIOLENCIA CALLEJERA QUE NO SORPRENDIÓ A NADIE
Los incidentes tuvieron lugar después de las movilizaciones convocadas contra un acto del comunicador Vito Quiles en las inmediaciones de la Universidad de Deusto, finalmente suspendido ante el riesgo de enfrentamientos.
Lo que inicialmente se presentó como una protesta terminó convirtiéndose en una sucesión de episodios de violencia callejera.
Grupos de encapuchados incendiaron contenedores, prendieron fuego a varios vehículos, levantaron barricadas, arrojaron piedras y otros objetos contra agentes de la Ertzaintza y ocasionaron importantes daños en establecimientos comerciales y mobiliario urbano.
Una motocicleta de la Policía Municipal de Bilbao también fue incendiada.
Las imágenes difundidas muestran calles convertidas en escenarios de destrucción, vehículos ardiendo, columnas de humo y grupos violentos actuando ante la mirada de unos ciudadanos que contemplaban cómo se les arrebataba la tranquilidad y la libertad de circular por su propia ciudad.
Según el balance definitivo comunicado por la Ertzaintza el 27 de octubre, los incidentes dejaron 17 personas detenidas, diez de ellas menores de edad, y una más investigada.
No estamos hablando de simples protestas, ni de una algarada estudiantil, ni de un inocente ejercicio del derecho de manifestación.
Estamos hablando de actos de violencia organizada que Manos Limpias califica de terrorismo callejero, cuya gravedad exige identificar no solamente a quienes los ejecutaron, sino también las posibles responsabilidades de quienes debían impedirlos.
LA PREGUNTA QUE BINGEN ZUPIRIA DEBE CONTESTAR
El aspecto central de la denuncia no consiste únicamente en determinar quién incendió los vehículos, quién levantó las barricadas o quién atacó a los agentes.
La cuestión fundamental es otra:
¿Por qué no se actuó antes, cuando existían motivos suficientes para prever lo que podía ocurrir?
Las movilizaciones habían sido anunciadas previamente a través de las redes sociales.
La Universidad de Deusto había suspendido su actividad presencial ante la posibilidad de incidentes.
La propia Ertzaintza había advertido del elevado riesgo que entrañaba la celebración del acto anunciado.
Es decir, había información suficiente para adoptar medidas preventivas.
Manos Limpias sostiene en su denuncia que, una vez iniciados los disturbios, transcurrió más de una hora antes de que se impartieran las órdenes necesarias para la intervención policial.
Esta circunstancia, cuya comprobación reclama el sindicato, constituye uno de los aspectos más graves de los hechos denunciados.
Porque resulta difícilmente aceptable que se conociera anticipadamente el peligro y que, pese a ello, los grupos violentos pudieran actuar durante tanto tiempo.
Si se conocía el riesgo, ¿por qué no se mantuvo un dispositivo suficientemente preparado para impedir los disturbios? ¿Quién decidió la retirada de efectivos? ¿Quién impartió las órdenes y a qué hora?
No son preguntas menores.
Son preguntas que afectan directamente a la responsabilidad de quienes dirigen la seguridad pública.
LOS PROPIOS POLICÍAS CUESTIONAN LA RETIRADA DEL DISPOSITIVO
Especialmente significativa resulta la denuncia pública del Sindicato Independiente de la Policía Vasca, ErNE, que ha criticado la precipitación con la que comenzó a desmontarse el dispositivo policial organizado para aquella jornada.
ErNE ha reclamado explicaciones y responsabilidades a la dirección policial, recordando que la suspensión de un acto público no implica necesariamente la desaparición de los riesgos que justificaron las medidas de seguridad.
Esta advertencia refuerza la necesidad de investigar la actuación de los responsables políticos y policiales.
Porque una cosa es que los grupos violentos sean los autores materiales de los incendios, las agresiones y los destrozos, y otra muy distinta que quienes estaban obligados a prevenirlos puedan eludir cualquier examen de su actuación.
La Ertzaintza cuenta con profesionales cuya misión es proteger a los ciudadanos y hacer cumplir la ley.
Lo que debe esclarecerse es si sus responsables políticos y mandos superiores facilitaron los medios, mantuvieron los efectivos necesarios e impartieron las órdenes oportunas cuando todavía era posible evitar buena parte de los daños.
DE CONDENAR LOS DISTURBIOS A EXPLICAR POR QUÉ NO SE IMPIDIERON
El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco condenó públicamente los actos violentos.
Su propio comunicado reconocía que los participantes parecían actuar de manera premeditada y con la intención de provocar disturbios.
El consejero Bingen Zupiria ha manifestado posteriormente que los autores de los incidentes podrían haber seguido consignas de grupos organizados vascos.
Precisamente por ello resulta todavía más necesario esclarecer lo sucedido.
Si existían grupos organizados, si sus convocatorias eran conocidas y si se consideraba probable que recurrieran a la violencia, la obligación de prevenir los incidentes adquiría una importancia extraordinaria.
Condenar los incendios cuando los vehículos ya han ardido es sencillo. Lo verdaderamente importante es explicar por qué no se impidieron cuando todavía podían evitarse.
La responsabilidad política no desaparece mediante un comunicado de condena.
Tampoco se agota en detener posteriormente a los participantes.
Los ciudadanos tienen derecho a conocer cómo se organizó el dispositivo policial, qué decisiones se adoptaron, quién las tomó y cuáles fueron sus consecuencias.
MANOS LIMPIAS SOLICITA LA APERTURA DE DILIGENCIAS PENALES
En su escrito dirigido al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Manos Limpias atribuye al consejero de Seguridad una posible imprudencia grave relacionada con la falta de previsión y la supuesta tardanza en ordenar la intervención de los agentes.
La denuncia enumera los incendios de contenedores y vehículos, los asaltos a establecimientos comerciales, las barricadas, los ataques contra la Ertzaintza, los daños ocasionados y las restricciones que sufrieron los ciudadanos para circular libremente.
El sindicato solicita que se admita la denuncia y se proceda a la apertura de las correspondientes diligencias penales para esclarecer la posible existencia de responsabilidades.
La investigación solicitada debe permitir conocer las horas exactas de las decisiones policiales, las órdenes transmitidas, las razones de la retirada de efectivos y la actuación de la cadena de mando durante los disturbios.
También debe esclarecerse si las decisiones adoptadas contribuyeron a que los daños fueran mayores de lo que habrían sido con una intervención más temprana.
LA VIOLENCIA NO PUEDE CONVERTIRSE EN UN INSTRUMENTO DE VETO POLÍTICO
Hay otra cuestión que no debe quedar sepultada bajo los restos de los contenedores incendiados.
Los incidentes se produjeron en relación con la convocatoria de un acto público de un comunicador al que determinados colectivos pretendían impedir expresarse.
En una sociedad libre, nadie está obligado a compartir las opiniones de otro, acudir a sus actos ni aprobar sus declaraciones.
Lo que nadie tiene derecho a hacer es sustituir la discusión por las piedras, el fuego y las amenazas.
Cuando unos grupos recurren a la violencia para impedir que otros ejerzan sus libertades, no están defendiendo la democracia: están intentando imponer por la fuerza su propia voluntad.
Y cuando esa violencia se repite, resulta imprescindible examinar no solamente la actuación de los grupos que la practican, sino también la eficacia de las autoridades responsables de combatirla.
Bilbao no puede convertirse en territorio donde determinadas organizaciones decidan quién puede hablar, quién puede reunirse y quién debe permanecer en silencio.
La libertad de expresión y de reunión no puede depender del permiso de los encapuchados.
NI IMPUNIDAD PARA LOS VIOLENTOS NI IRRESPONSABILIDAD PARA LOS GOBERNANTES
Manos Limpias considera que lo ocurrido en Bilbao exige una respuesta que vaya más allá de las condenas de rigor y de las declaraciones institucionales.
Los responsables materiales de los incendios, ataques y destrozos deben responder por sus actos.
Pero también deben investigarse las posibles responsabilidades de quienes tenían encomendada la protección de los ciudadanos y la dirección del dispositivo policial.
No puede aceptarse que los ciudadanos paguen con sus impuestos los vehículos, contenedores, escaparates y bienes destruidos, mientras nadie explica por qué se permitió que los acontecimientos alcanzaran semejante gravedad.
Quien asume una responsabilidad pública debe responder por el ejercicio de sus competencias, especialmente cuando están comprometidas la seguridad de las personas y sus libertades fundamentales.
Por eso Manos Limpias ha acudido al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.
No basta con lamentar los daños.
No basta con prometer nuevas detenciones.
No basta con anunciar investigaciones sobre los encapuchados.
También hay que investigar las decisiones de quienes mandaban, las órdenes que impartieron y las que pudieron dejar de impartir.
Porque una democracia que persigue a quienes queman las calles, pero renuncia a examinar las posibles negligencias de quienes debían protegerlas, deja sin contestar una parte esencial de lo sucedido.
La violencia callejera no puede quedar impune. Y las responsabilidades políticas, administrativas o penales que pudieran derivarse de una actuación negligente tampoco.
MIGUEL BERNAD REMÓN
Secretario General del Sindicato Manos Limpias
Madrid, 27 de octubre de 2026.
