Manifestaciones, huelgas, piquetes, barricadas, amenazas, coacciones y destrozos: ¿acaso los demás españoles no tenemos derechos?

CARLOS AURELIO CALDITO AUNIÓN

RESUMEN PARA LECTORES CON PRISAS Y FANÁTICOS REPETIDORES DE ES LÓGANES

CARLOS AURELIO CALDITO AUNIÓN

A ver si conseguimos entendernos de una puñetera vez.

El derecho a manifestarse no incluye el derecho a amenazar, coaccionar, agredir, destrozar propiedades ajenas ni imponer por la fuerza las propias reivindicaciones.

El derecho a hacer huelga tampoco incluye el derecho a impedir que trabajen quienes no quieren secundarla.

Y el derecho a protestar no convierte las calles, plazas y carreteras en propiedades particulares de quienes se manifiestan.

¿Tan difícil resulta comprenderlo?

Si usted quiere manifestarse, manifiéstese pacíficamente. Si quiere hacer huelga, hágala. Si considera que sus reivindicaciones son importantísimas, defiéndalas. Y si pretende convencerme, exponga sus argumentos.

Pero si le digo que no, déjeme en paz.

No me impida trabajar. No me cierre el negocio. No me bloquee el paso mediante amenazas o violencia. No me destroce el coche. No me rompa el escaparate. No me obligue a perder mi jornal. No pretenda hacerme pagar las consecuencias de una protesta que ni he convocado ni comparto.

Y, por supuesto, no me explique que todo eso se hace por mi bien, por los trabajadores, por la justicia social o por el progreso de la humanidad.

¡No me tome por imbécil!

Tampoco me venga con la cantinela de los «piquetes informativos» y su pretendida misión de persuadir.

¿Persuadirme de qué? ¿De que debo obedecer las consignas de unos desconocidos? ¿De que mis derechos dependen de la aprobación de un sindicato?

La ley permite informar y convencer pacíficamente. No permite amenazar ni coaccionar. Y yo no tengo obligación de escucharle, discutir con usted ni justificar mi decisión de trabajar.

Otra cosa: una manifestación pacífica puede ocasionar molestias e incluso cortes temporales de tráfico legalmente permitidos. Pero eso no autoriza a levantar barricadas peligrosas, incendiar contenedores, destruir bienes ni impedir el paso por la fuerza.

Y una última pregunta para quienes tienen la costumbre de juzgar las protestas según el color político de sus participantes:

¿Una pedrada es menos pedrada cuando la lanza alguien que se proclama progresista? ¿Un escaparate roto resulta más respetable si quien lo destroza dice luchar contra el fascismo?

Pues no.

Las mismas leyes para todos. Las mismas responsabilidades. Las mismas obligaciones de respetar los derechos ajenos.

A los gobernantes, además, conviene recordarles para qué existen las autoridades y las fuerzas policiales: entre otras cosas, para protegernos frente a las amenazas, las agresiones y los delitos, sin favoritismos políticos.

Y a quienes causan daños, algo todavía más sencillo: que respondan de ellos y los reparen cuando corresponda.

PORQUE NO SOMOS SÚBDITOS DE LOS PIQUETES, NI REHENES DE LOS MANIFESTANTES, NI TENEMOS OBLIGACIÓN DE COMPARTIR SUS OCURRENCIAS.

Nuestros derechos no valen menos que los suyos.

Y si todavía queda alguien que no lo ha entendido, se lo resumo en una sola frase:

¡PROTESTE USTED CUANTO QUIERA, DENTRO DE LA LEY, PERO NO ME AMENACE, NO ME COACCIONE, NO ME DESTROCE LO QUE ES MÍO Y, SOBRE TODO, DÉJEME VIVIR EN PAZ!

Si quieres profundizar, sigue leyendo.

Y yo pregunto, a quienes quieran escucharme y, especialmente, a quienes tienen la obligación de velar por nuestros derechos y libertades: ¿por qué demonios hemos de aguantar, soportar resignadamente, que cada vez que a determinados individuos que se hacen llamar progresistas se les antoje salir a la calle, los demás tengamos que sufrir las consecuencias de sus ocurrencias, sus reivindicaciones, sus enfados, sus huelgas, sus protestas y, demasiadas veces, sus amenazas y violencias?

¿Por qué hemos de consentir que corten calles y carreteras, levanten barricadas, incendien contenedores, destrocen mobiliario urbano, apedreen establecimientos, dañen vehículos, amenacen a comerciantes, intimiden a trabajadores, impidan el acceso a fábricas y oficinas, paralicen la circulación y conviertan nuestras ciudades en escenarios de enfrentamientos?

¿Quién les ha dado permiso para disponer de nuestro tiempo, de nuestras propiedades, de nuestros negocios, de nuestras calles, de nuestras vidas?

¿Acaso hemos de pedirles autorización para salir de casa, acudir al trabajo, llevar a nuestros hijos al colegio, asistir a clase, abrir un establecimiento o desplazarnos libremente por España?

¿Desde cuándo el capricho, el enfado o las reivindicaciones de unos cuantos prevalecen sobre los derechos de todos los demás?

Porque conviene aclarar algo desde el principio: no estoy discutiendo el derecho a manifestarse pacíficamente, ni el derecho a declararse en huelga, ni siquiera el derecho a defender las ideas más disparatadas que puedan ocurrírsele a cualquier persona. Estoy discutiendo la pretensión de utilizar esos derechos como excusa para imponer por la fuerza la voluntad propia a quienes no tenemos por qué compartirla.

Y estoy discutiendo, sobre todo, por qué debemos ser los demás quienes paguemos, suframos y soportemos las consecuencias de actuaciones que, cuando traspasan los límites de la ley, deberían impedirse y castigarse.

No es lo mismo manifestarse que amedrentar. No es lo mismo protestar que amenazar. No es lo mismo hacer huelga que impedir trabajar. No es lo mismo expresar una reivindicación que destrozar la propiedad ajena. Y no es lo mismo ocupar temporalmente una calle durante una manifestación pacífica y legal que levantar barricadas, bloquear peligrosamente una carretera o impedir por la fuerza el paso de personas y vehículos.

Son cosas distintas. Muy distintas.

Sin embargo, resulta llamativa la facilidad con la que determinadas conductas terminan envueltas en palabras aparentemente respetables. Lo que es una amenaza se presenta como presión. Lo que es intimidación se convierte en persuasión. Lo que es un destrozo se disfraza de protesta. Y lo que es una imposición por la fuerza pretende justificarse como ejercicio de un derecho.

¡Qué extraordinaria habilidad para cambiar el nombre de las cosas!

Tomemos, por ejemplo, esa expresión que tanto gusta repetir: «piquetes informativos».

¿Informativos? ¿Persuasivos? ¿Disuasorios?

¿Pero qué carajos es eso de la «persuasión piquetera»?

Resulta que un trabajador se levanta por la mañana, se prepara para acudir a su puesto, sale de casa y, al llegar a la fábrica, a la oficina o al establecimiento donde trabaja, encuentra a un grupo de personas que pretende convencerlo de que no entre.

¿Y por qué tiene que convencerlo nadie? ¿Acaso ese trabajador es menor de edad? ¿No conoce sus derechos? ¿No sabe que hay una huelga? ¿No tiene criterio propio? ¿Necesita que alguien le explique lo que debe hacer con su libertad?

Y, sobre todo, ¿qué ocurre cuando responde que no quiere secundar la huelga?

¿Deben insistir hasta que cambie de opinión? ¿Pueden rodearlo, abuchearlo o perseguirlo? ¿Pueden obstaculizarle el paso hasta que se marche? ¿Pueden convertir su negativa en motivo de escarnio?

La respuesta debería ser tan sencilla como contundente: nadie tiene obligación de secundar una huelga, de escuchar un sermón sindical ni de justificar ante un piquete su decisión de acudir al trabajo.

La legislación española reconoce el derecho de huelga, pero también exige respetar la libertad de quienes no desean ejercerlo. El artículo 6 del Real Decreto-ley 17/1977 establece expresamente esa protección y permite dar publicidad a la huelga de forma pacífica y sin coacciones.

Por su parte, el Tribunal Constitucional, en su sentencia 137/1997, admitió que los piquetes pueden informar y tratar de persuadir, pero también dejó claro que impedir el acceso al trabajo mediante intimidación sobrepasa los límites del derecho de huelga.

¡Pues hasta ahí podíamos llegar!

Porque una cosa es que alguien intente convencerme y otra muy distinta que yo tenga que convencerlo a él de que me deje en paz.

Mi derecho a trabajar no depende de que un piquete encuentre satisfactorias mis explicaciones.

Y lo mismo sucede con el derecho de huelga. Quien quiera hacerla, que la haga. Quien quiera permanecer en su domicilio, que permanezca. Quien quiera manifestarse, que se manifieste pacíficamente. Pero que no pretenda obligarme a participar en una protesta que ni he convocado ni comparto.

Que no me cierre el negocio. Que no me impida trabajar. Que no amenace a mis empleados. Que no destroce mis propiedades. Que no me convierta en instrumento involuntario de sus reivindicaciones.

Hay algo especialmente indignante en determinadas actuaciones: quienes se presentan como defensores de los trabajadores terminan perjudicando precisamente a otros trabajadores.

Pensemos en el transportista autónomo, que debe entregar una mercancía y se encuentra una carretera bloqueada. Pensemos en quien trabaja por horas y pierde parte de su jornal. Pensemos en el pequeño comerciante que vive de lo que consigue vender cada día. Pensemos en el empleado que llega tarde porque alguien ha decidido impedir la circulación. Pensemos en el estudiante que pierde un examen, en el enfermo que no consigue acudir puntualmente a una consulta o en los vecinos que se encuentran con los accesos a sus viviendas obstaculizados.

¿Qué tienen que ver esas personas con las reivindicaciones de los manifestantes?

¿Quién les devuelve el tiempo perdido? ¿Quién paga los perjuicios sufridos? ¿Quién indemniza al propietario de un establecimiento destrozado? ¿Quién responde por los vehículos dañados, por los cristales rotos o por los contenedores incendiados?

¿Y quién paga la factura de reparar las calles, las señales, las papeleras, los bancos y todo aquello que algunos encuentran tan entretenido destruir?

La respuesta, demasiadas veces, es conocida: los perjudicados directamente y, cuando los daños recaen sobre bienes públicos, los españoles que pagamos impuestos.

¡Magnífico negocio! Unos se divierten destrozando y otros pagamos la reparación.

Y luego habrá quien pretenda explicarnos que todo forma parte de una admirable lucha por la justicia social.

Pues no. La justicia social, cualquiera que sea el significado que se le quiera atribuir, no consiste en romperle los cristales al vecino, impedirle trabajar o hacerle pagar las consecuencias de una protesta en la que no ha intervenido.

Tampoco consiste en amenazar a quien piensa de otra manera.

Ninguna reivindicación adquiere mayor legitimidad porque sus defensores griten más, intimiden mejor o consigan reunir a un número suficiente de personas para imponerse por la fuerza.

Hay otra cuestión que merece atención: la ocupación de calles, plazas y carreteras.

Se nos recuerda, con razón, que las calles también sirven para manifestarse y que una manifestación pacífica puede ocasionar cortes de tráfico y molestias. Así lo ha reconocido el Tribunal Constitucional.

Perfectamente entendido.

Pero de ahí no se desprende que cualquiera pueda adueñarse de una calle, una plaza o una carretera durante el tiempo que le apetezca y en las condiciones que se le antojen.

Una cosa es la ocupación temporal de la vía pública durante una manifestación pacífica, amparada por la ley, y otra muy distinta impedir deliberadamente la circulación mediante barricadas peligrosas, amenazas o violencia.

Las calles no son propiedad exclusiva de quienes protestan. Tampoco lo son las plazas, las carreteras, las estaciones, las universidades ni los accesos a los centros de trabajo.

Son espacios destinados al uso de todos, no territorios que puedan ser conquistados por quienes tengan más capacidad para intimidar.

Y precisamente por eso existen leyes que establecen cuándo y en qué circunstancias pueden celebrarse manifestaciones y cuándo deben intervenir las autoridades.

La Ley Orgánica 9/1983, reguladora del derecho de reunión, obliga a suspender y, cuando proceda, disolver las manifestaciones que incurran en determinados supuestos, entre ellos las alteraciones del orden público con peligro para personas o bienes.

No se trata, por tanto, de inventar prohibiciones ni de eliminar libertades. Se trata de cumplir las leyes existentes y de proteger a todos los ciudadanos, incluidos quienes no participan en las protestas.

Porque no nos engañemos: una libertad que solamente puede ejercer quien está dispuesto a enfrentarse a una multitud hostil es una libertad muy mal protegida.

Pero hay otra circunstancia que añade indignación a todo este asunto.

Las comparaciones son odiosas, especialmente cuando quienes convocan las manifestaciones no pertenecen a las organizaciones que se presentan como progresistas.

Basta plantear unas preguntas.

¿Se juzgan siempre con el mismo criterio las protestas de unos y otros? ¿Se exige idéntico respeto a la ley cuando los manifestantes defienden ideas de izquierdas y cuando defienden ideas de derechas? ¿Se emplean los mismos calificativos para describir actuaciones semejantes? ¿Se reclama idéntica intervención de las autoridades?

¿Por qué determinadas protestas reciben elogios por su combatividad mientras otras, incluso pacíficas, son presentadas como una amenaza?

No pretendo afirmar que todas las manifestaciones reciban un trato diferente por motivos políticos. Eso debe demostrarse examinando casos concretos. Pero precisamente por eso convendría comparar las actuaciones policiales, las resoluciones administrativas, los procedimientos judiciales y las consecuencias sufridas por quienes participan en protestas semejantes.

Y hacerlo sin distinguir entre simpatizantes y adversarios políticos.

Porque la igualdad ante la ley no consiste en tratar con indulgencia a quienes defienden nuestras ideas y con severidad a quienes defienden las contrarias.

Una pedrada es una pedrada. Una amenaza es una amenaza. Una agresión es una agresión. Y un escaparate roto cuesta exactamente lo mismo con independencia de las ideas del individuo que lo ha destrozado.

Por otra parte, tampoco debemos confundir la legalidad de una manifestación con la sensatez de sus reivindicaciones.

Una protesta puede ser perfectamente legal y parecernos absurda, estúpida, disparatada o inútil. Y tenemos tanto derecho a expresar esa opinión como sus participantes a manifestarse pacíficamente.

De hecho, muchas de las movilizaciones que unos y otros convocan me parecen ejercicios de exhibicionismo político, cuando no competiciones para demostrar quién reúne más seguidores, grita más fuerte o consigue mayores molestias.

Pero incluso la manifestación más ridícula merece la protección de la ley mientras se desarrolle pacíficamente.

La estupidez no es delito. La discrepancia tampoco.

Las amenazas, las agresiones, los daños intencionados y determinadas coacciones, en cambio, sí pueden serlo.

Y ahí debería terminar cualquier discusión.

Sin embargo, seguimos teniendo que explicar lo elemental: que el derecho a protestar no convierte en súbditos de los manifestantes a quienes no protestamos.

Tampoco exonera automáticamente de responsabilidad a quienes organizan una manifestación. La ley exige a los organizadores adoptar las medidas necesarias para su buen desarrollo y establece su posible responsabilidad civil por daños causados por los participantes cuando hayan omitido la diligencia razonablemente exigible para evitarlos.

Naturalmente, cada persona debe responder por sus propios actos, sin atribuir indiscriminadamente a todos los manifestantes los delitos de unos pocos. Pero esa garantía, absolutamente necesaria, no puede servir de pretexto para dejar sin identificar a quienes amenazan, agreden o destruyen.

Y aquí llegamos a la responsabilidad de quienes gobiernan.

¿Para qué están las autoridades? ¿Para qué existen las fuerzas policiales? ¿Para qué pagamos impuestos destinados a mantener la seguridad, la justicia y los servicios públicos?

Desde luego, no solamente para proteger a los manifestantes frente a posibles agresiones, obligación que también deben cumplir, sino para garantizar que los demás ciudadanos podamos ejercer nuestros derechos sin ser amenazados ni coaccionados.

La Policía debe actuar conforme a la ley, con la fuerza estrictamente necesaria y respetando los derechos de todos. Pero esa obligación no significa que deba contemplar impasible cómo se cometen delitos.

Lo que se pide es bastante más sencillo: que se impidan las agresiones, que se persigan las coacciones, que se identifique a quienes causan daños y que los responsables respondan ante los tribunales.

Y, cuando proceda, que reparen los perjuicios ocasionados.

No que la factura acabe, como tantas otras, en el bolsillo de los españoles que pagamos impuestos.

Mención aparte merece la derogación, en abril de 2021, del antiguo apartado tercero del artículo 315 del Código Penal, que castigaba específicamente determinadas coacciones relacionadas con el ejercicio del derecho de huelga.

Aquella decisión legislativa puede discutirse. Lo que no admite discusión es que su derogación no convirtió en lícitas las amenazas ni las coacciones. El delito general de coacciones permanece en el Código Penal.

Y eso es precisamente lo que debería importar: que nadie pueda obligar a otro, mediante procedimientos ilícitos, a hacer lo que no quiere.

Pero quiero volver a la pregunta inicial, porque es el verdadero motivo de estas reflexiones.

¿POR QUÉ HEMOS DE AGUANTARLO? ¿HASTA CUÁNDO?

¿Por qué hemos de aceptar resignadamente que unos individuos nos impongan sus reivindicaciones, nos amenacen, nos intimiden, atenten contra nuestras propiedades, nos impidan trabajar o circular y nos obliguen a sufrir las consecuencias de decisiones que han tomado sin consultarnos?

¿Por qué hemos de considerar normal que nuestra tranquilidad dependa de que a determinados grupos les dé o no por salir a la calle?

¿Por qué hemos de tolerar que quienes se llenan la boca hablando de libertad pretendan restringir la nuestra?

Y, sobre todo, ¿qué clase de progreso consiste en atropellar los derechos ajenos?

Porque esto último merece una reflexión.

Hay quienes se presentan como progresistas y parecen convencidos de que sus ideas poseen una superioridad moral que los autoriza a exigir a los demás sacrificios que nadie ha aceptado voluntariamente.

No todos los progresistas actúan así, naturalmente. Muchos condenan la violencia y ejercen pacíficamente sus derechos. Mi crítica se dirige a quienes pretenden justificar los abusos mediante sus supuestas buenas intenciones y a quienes, desde las instituciones o las organizaciones políticas, los disculpan por simpatía ideológica.

Nadie tiene derecho a exigir obediencia por proclamarse moralmente superior.

Y menos todavía a imponerla mediante amenazas, intimidación o violencia.

Quien reclama respeto debe comenzar por respetar. Quien exige libertad debe reconocer la libertad ajena. Quien denuncia injusticias no adquiere por ello permiso para cometerlas.

Y quien pretende defender a los trabajadores debería comenzar por reconocer que también son trabajadores quienes no desean hacer huelga.

Por eso me niego a aceptar que tengamos que resignarnos.

No propongo responder a la violencia con más violencia, ni tomarnos la justicia por nuestra mano. Propongo algo mucho más elemental: exigir que las leyes se cumplan, que los derechos se protejan y que quienes los vulneran respondan de sus actos.

Que los gobernantes dejen de medir a los manifestantes por sus simpatías políticas.

Que los sindicatos y demás organizaciones respondan de las obligaciones que legalmente les correspondan.

Que quienes causan daños sean identificados y, cuando así proceda, obligados a indemnizar a sus víctimas.

Que ningún trabajador tenga que enfrentarse a amenazas para entrar en su empresa.

Que ningún comerciante tenga que cerrar por miedo a que le destrocen el establecimiento.

Que ningún ciudadano tenga que someterse a las órdenes de quienes han decidido apropiarse por la fuerza de una calle, una plaza o una carretera.

Y que las mismas leyes se apliquen a todos, se llamen progresistas, conservadores, revolucionarios, antifascistas, patriotas o como les venga en gana.

Porque la libertad no consiste solamente en poder expresar una opinión o participar en una huelga. Consiste también en poder discrepar, negarse a participar y continuar viviendo sin miedo a las represalias de quienes piensan de otro modo.

No somos súbditos de los piquetes. No somos rehenes de los manifestantes. No somos instrumentos de las organizaciones sindicales. Y nuestras propiedades, nuestro trabajo y nuestro tiempo no están a disposición de quienes decidan salir a protestar.

No exigimos privilegios.

Exigimos exactamente lo mismo que se reconoce a quienes se manifiestan: respeto a nuestros derechos.

Y termino como empecé, dirigiéndome a quienes quieran escucharme, especialmente a nuestros gobernantes:

¿POR QUÉ Y HASTA CUÁNDO HEMOS DE AGUANTAR QUE, EN NOMBRE DE UN SUPUESTO PROGRESO, ALGUNOS PRETENDAN IMPONERNOS POR LA FUERZA SUS IDEAS, SUS REIVINDICACIONES Y SU VOLUNTAD?

Porque si algo debería estar claro es que los derechos de quienes protestan no valen más que los derechos de quienes no queremos hacerlo.

Y una sociedad que proclama solemnemente la libertad, pero no protege a quienes sufren amenazas, coacciones y agresiones por ejercerla, tiene un problema mucho más grave que una simple manifestación.

Tiene un problema de respeto a la ley.

Y de respeto a los ciudadanos.

¡BASTA YA DE CONFUNDIR EL DERECHO A PROTESTAR CON UNA SUPUESTA LICENCIA PARA ATROPELLAR LOS DERECHOS AJENOS!