HUELGA GENERAL «PREVENTIVA»: EL PSOE PROMUEVE UNA HUELGA CONTRA LA OPOSICIÓN Y LOS SINDICATOS ADVIERTEN DE LO QUE SE AVECINA SI HAY CAMBIO DE GOBIERNO… DENUNCIA DE MANOS LIMPIAS CONTRA LOS DIRIGENTES DE CCOO, UGT Y SINDICATO DE INQUILINAS.
A dieciocho días de las elecciones generales del 29 de noviembre, la huelga del 11-N deja 53 detenidos, más de mil incidencias y una denuncia de Manos Limpias contra los dirigentes de UGT, CCOO y el Sindicato de Inquilinas por los actos violentos y vandálicos.
CARLOS AURELIO CALDITO AUNIÓN
12 de noviembre de 2026. De madrugada.
Todavía no han transcurrido unas horas desde que terminó la huelga general del miércoles 11 de noviembre y conviene llamar a las cosas por su nombre.
No estamos hablando simplemente de una protesta sindical contra los salarios insuficientes, el precio de la vivienda o las condiciones laborales.
Estamos hablando de una huelga general de indudable carácter político, convocada contra la oposición y celebrada a dieciocho días de unas elecciones generales que pueden desalojar del Gobierno a Pedro Sánchez y sus aliados.
Y no es necesario imaginar intenciones ocultas.
¡Lo anunciaron ellos mismos!
El pasado 6 de octubre, María Jesús Montero, vicesecretaria general del PSOE y responsable de la estrategia electoral socialista, declaró públicamente:
«Habitualmente las huelgas generales se convocan contra los gobiernos. En este caso se convoca contra la oposición».
¡Más claro, agua!
Es decir, mientras gobiernan Pedro Sánchez y sus aliados, mientras continúan las dificultades para acceder a una vivienda, mientras millones de españoles soportan el encarecimiento de la vida y mientras los trabajadores ven cómo los impuestos se llevan una parte considerable de sus ingresos, los sindicatos mayoritarios convocan una huelga general.
Pero no contra quienes gobiernan.
¡Contra quienes están en la oposición!
Y, por si quedaban dudas sobre la advertencia política, hace apenas unas horas Pepe Álvarez, secretario general de UGT, se dirigió al Partido Popular con estas palabras:
«Si llegan al Gobierno se van a tener que entender con nosotros».
Éstas son sus palabras. No hace falta inventarlas ni adornarlas.
Que cada cual valore su significado político.
UNA HUELGA ANTES DE QUE GOBIERNEN LOS OTROS
La secuencia resulta suficientemente expresiva.
El Gobierno de Pedro Sánchez, sostenido por sus socios de izquierda y mediante acuerdos parlamentarios con partidos separatistas y EH Bildu, afronta unas elecciones generales que pueden poner fin a su permanencia en el poder.
El 29 de noviembre, los españoles están llamados a decidir quién gobernará España.
Pero antes, el 11 de noviembre, los principales sindicatos han decidido hacer una demostración de fuerza.
Y la propia dirección socialista ha señalado expresamente a la oposición como destinataria de esa huelga.
¿Qué significa semejante ocurrencia?
¿Desde cuándo los sindicatos convocan huelgas generales contra gobiernos que todavía no existen?
¿Desde cuándo se pretende exigir responsabilidades políticas a quienes aún no han gobernado?
¿Y desde cuándo resulta razonable utilizar una huelga general como instrumento de confrontación electoral en beneficio de quienes ya ocupan el poder?
Los convocantes alegan reivindicaciones laborales, salariales y relacionadas con la vivienda. Pero esas reivindicaciones no borran las declaraciones políticas ni el momento elegido.
La huelga se ha celebrado antes de las elecciones y su destinatario político ha sido anunciado por una de las principales dirigentes del PSOE.
Eso es lo extraordinario.
Y eso es precisamente lo que merece ocupar el primer plano de la noticia.
MANOS LIMPIAS DENUNCIA LOS DISTURBIOS DEL 11-N
La jornada no se ha limitado a discursos sindicales y pancartas.
El Ministerio del Interior contabilizaba, hasta las ocho de la tarde de este miércoles, 53 detenidos y 1.044 incidencias relacionadas con la huelga.
En distintos puntos de España se han registrado cortes de vías de circulación, enfrentamientos con agentes policiales, bloqueos de accesos, incendios de contenedores y otros altercados.
Manos Limpias ha difundido una denuncia en la que señala a Pepe Álvarez, secretario general de UGT; Unai Sordo, secretario general de CCOO, y Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas.
La organización reclama que se investiguen posibles responsabilidades relacionadas con atentados contra la autoridad, desórdenes públicos, lesiones, amenazas, coacciones, daños y vulneraciones de los derechos de los trabajadores.
También solicita que se ofrezcan acciones legales a los perjudicados.
La cuestión es muy sencilla: quienes hayan cometido delitos deben responder ante los tribunales y reparar los perjuicios cuando corresponda. Y si se acredita que otras personas participaron en ellos, los ordenaron o los indujeron, también deberán responder.
Convocar una huelga no concede inmunidad penal ni autoriza a atropellar los derechos de quienes no desean participar.
EL DERECHO A LA HUELGA NO INCLUYE EL DERECHO A IMPEDIR TRABAJAR
Y aquí llegamos a lo que parece imposible hacer entender a determinados individuos.
A ver si conseguimos entendernos de una puñetera vez.
El derecho a manifestarse no incluye el derecho a amenazar, agredir, coaccionar, incendiar contenedores ni destrozar propiedades ajenas.
El derecho a hacer huelga tampoco incluye el derecho a impedir que trabajen quienes no quieren secundarla.
Y el derecho a protestar no transforma las calles, plazas y carreteras en propiedades particulares de los manifestantes.
¿Tan difícil resulta comprenderlo?
Si usted quiere manifestarse, manifiéstese pacíficamente.
Si quiere hacer huelga, hágala.
Si considera que sus reivindicaciones son importantísimas, defiéndalas.
Y si pretende convencerme, exponga sus argumentos.
PERO SI LE DIGO QUE NO, DÉJEME EN PAZ.
No me impida trabajar.
No me cierre el negocio.
No me bloquee el paso mediante amenazas o violencia.
No me destroce el coche.
No me rompa el escaparate.
No me obligue a perder mi jornal.
Y no pretenda hacerme pagar las consecuencias de una huelga que ni he convocado ni comparto.
Por supuesto, tampoco me explique que todo ello se hace por mi bien, por la justicia social, por los trabajadores o por el progreso de la humanidad.
¡No me tome por imbécil!
LOS PIQUETES NO SON LOS DUEÑOS DE NUESTROS DERECHOS
Especial mención merecen los llamados «piquetes informativos».
¿Informativos?
¿Persuasivos?
¿Disuasorios?
¿Pero qué carajos es eso de que un grupo de desconocidos deba convencerme de que no acuda al trabajo?
¿Acaso soy menor de edad?
¿No conozco mis derechos?
¿Necesito la autorización de un dirigente sindical para decidir qué hago con mi jornada laboral?
La legislación permite informar pacíficamente sobre una huelga y tratar de convencer a otros trabajadores.
Pero no permite amenazar, intimidar ni coaccionar.
Y nadie está obligado a escuchar explicaciones sindicales ni a justificar su decisión de trabajar.
MI DERECHO A TRABAJAR NO DEPENDE DE QUE UN PIQUETE CONSIDERE SATISFACTORIAS MIS EXPLICACIONES.
Y mucho menos de que sus integrantes compartan mis opiniones políticas.
¿UNA PEDRADA ES MENOS PEDRADA CUANDO LA LANZA UN PROGRESISTA?
Hay otra cuestión que conviene abordar.
¿Por qué determinados actos violentos reciben juicios tan diferentes según las ideas políticas de sus autores?
¿Una pedrada resulta menos grave cuando quien la lanza se proclama progresista?
¿Un contenedor incendiado se convierte en una respetable expresión de protesta cuando quien le prende fuego dice combatir el fascismo?
¿Un escaparate destrozado merece comprensión cuando el responsable asegura que lucha por la justicia social?
¿Y un trabajador intimidado debe sentirse agradecido porque quienes lo amenazan dicen defender sus derechos?
¡Pues no!
Una agresión es una agresión.
Una amenaza es una amenaza.
Una coacción es una coacción.
Y los daños tienen un coste que alguien deberá pagar.
LAS MISMAS LEYES PARA TODOS. SIN PRIVILEGIOS PARA QUIENES SE PROCLAMAN PROGRESISTAS NI PARA QUIENES SE PRESENTAN COMO CONSERVADORES.
EL 29 DE NOVIEMBRE DECIDEN LOS ESPAÑOLES
Volvamos al verdadero significado político de esta huelga.
El próximo 29 de noviembre se celebrarán elecciones generales.
Los españoles decidirán mediante sus votos qué representantes ocupan los escaños del Congreso y del Senado.
Y los diputados elegidos determinarán, conforme a las reglas constitucionales, quién preside el Gobierno.
No corresponde a los dirigentes sindicales decidir anticipadamente quién debe gobernar.
Tampoco les corresponde determinar qué resultados electorales son admisibles.
Y menos todavía utilizar la violencia o la intimidación para tratar de imponer sus preferencias.
El PSOE, sus aliados parlamentarios, el Partido Popular, Vox y las restantes formaciones deberán someterse a las reglas electorales.
Los sindicatos podrán defender sus reivindicaciones y protestar pacíficamente, gobierne quien gobierne.
Pero ni unos ni otros tienen derecho a atropellar la libertad ajena.
UN CAMBIO DE GOBIERNO NO PUEDE CONVERTIRSE EN EXCUSA PARA IMPONER POR LA FUERZA LO QUE NO SE CONSIGUE MEDIANTE LOS VOTOS.
¡PROTESTEN CUANTO QUIERAN, PERO DÉJENNOS VIVIR EN PAZ!
En definitiva, la huelga celebrada hace unas horas plantea dos cuestiones diferentes, aunque estrechamente relacionadas.
La primera es política: la dirección socialista ha presentado expresamente una huelga general contra la oposición en vísperas de unas elecciones.
La segunda es jurídica y ciudadana: ningún derecho de manifestación o huelga ampara las agresiones, las amenazas, las coacciones ni los daños a propiedades ajenas.
No tenemos obligación de participar en las reivindicaciones sindicales.
No tenemos obligación de compartirlas.
No tenemos obligación de justificarnos ante quienes las promueven.
Y tampoco tenemos obligación de aceptar que otros dispongan de nuestro trabajo, nuestros negocios, nuestras propiedades y nuestro tiempo.
NO SOMOS SÚBDITOS DE LOS PIQUETES, NI REHENES DE LOS MANIFESTANTES, NI PROPIEDAD DE LOS SINDICATOS.
Nuestros derechos no valen menos que los suyos.
Y, por mucho que determinados dirigentes invoquen la justicia social, el antifascismo o cualquier otra causa, esas palabras no les conceden derecho alguno a imponernos su voluntad.
Si las elecciones del 29 de noviembre provocan un cambio de Gobierno, los españoles seguirán teniendo los mismos derechos y obligaciones.
Si no lo provocan, también.
Porque las libertades no dependen del partido que gobierne.
Y porque una huelga, por política que sea, no concede a nadie autorización para cometer delitos.
Termino, pues, con una petición que debería resultar innecesaria:
¡PROTESTE USTED CUANTO QUIERA, DENTRO DE LA LEY, PERO NO ME AMENACE, NO ME COACCIONE, NO ME DESTROCE LO QUE ES MÍO Y, SOBRE TODO, DÉJEME VIVIR EN PAZ!
PORQUE LA LIBERTAD DE UNOS NO SE DEFIENDE PISOTEANDO LA LIBERTAD DE LOS DEMÁS.
