El consenso socialdemócrata, la comedia de los enfrentamientos electorales, los privilegios de la clase política y el gigantesco engaño de quienes prometen cambiar España sin renunciar a vivir de ella.

CARLOS AURELIO CALDITO AUNIÓN

13 de noviembre de 2026

«Estos son mis principios. Si a usted no le gustan, tengo otros».

Groucho Marx

RESUMEN PARA LECTORES APRESURADOS Y FANÁTICOS REPETIDORES DE ESLÓGANES

¡QUE SE ACABE EL RETABLO DE LAS MARAVILLAS SOCIALDEMÓCRATA!

España lleva décadas asistiendo a una gigantesca representación teatral en la que los partidos políticos fingen enfrentarse a muerte mientras comparten una afición extraordinaria: conservar el poder, administrar el dinero ajeno y mantener los privilegios de quienes viven del presupuesto público.

Unos se llaman socialistas, otros populares, otros comunistas y otros aseguran haber venido a acabar con todo lo anterior. Existen diferencias entre ellos, naturalmente. Pero la prueba definitiva no está en lo que dicen, sino en aquello a lo que están dispuestos a renunciar cuando gobiernan.

Y ahí empiezan los problemas.

El PSOE de Pedro Sánchez ha convertido la permanencia en el poder en el centro de su actuación política. Las promesas se incumplen, las contradicciones se justifican y las concesiones a los separatistas se presentan como grandes servicios a la democracia.

El PP de Feijóo promete regenerar España, reducir ministerios, eliminar gastos innecesarios y reconstruir las instituciones. Estupendo. Pero ¿por qué no emprendió tantas de esas reformas cuando gobernaba con mayoría absoluta? ¿Por qué deberíamos creer que mañana hará lo que ayer no quiso hacer?

Vox denuncia numerosos males del sistema y propone reformas que merecen ser examinadas. Pero denunciar los privilegios de los demás no basta. Hay que demostrar que se está dispuesto a renunciar a los propios. La regeneración comienza por dar ejemplo.

Los comunistas y sus sucesivas reencarnaciones continúan ofreciendo la receta de siempre: más Estado, más intervención, más subvenciones, más organismos y más dependencia de los ciudadanos respecto de quienes administran el dinero público.

Mientras tanto, España soporta unos pasivos financieros públicos superiores a 2,3 billones de euros, una administración gigantesca, diecisiete gobiernos autonómicos con sus correspondientes parlamentos y numerosos organismos, una Justicia necesitada de reformas y un sistema educativo cuyos resultados distan mucho de ser satisfactorios.

Los jóvenes encuentran enormes dificultades para independizarse y adquirir una vivienda. La clase media soporta una pesada carga fiscal. Millones de trabajadores comprueban que tener empleo no siempre significa poder vivir desahogadamente.

Y partidos, sindicatos, patronales y numerosas organizaciones continúan recibiendo dinero público mientras proclaman solemnemente su independencia.

¡Magnífico negocio!

¿Y qué necesitamos? Bastante menos complicado de lo que nuestros gobernantes pretenden hacernos creer: un Estado austero y eficaz; administraciones sin duplicidades; igualdad de derechos y obligaciones para todos los españoles; separación efectiva de poderes; Justicia independiente; reducción de la deuda; una enseñanza exigente; libertad económica; eliminación de subvenciones y privilegios injustificados, y responsabilidades reales para quienes administran indebidamente nuestros recursos.

Pero semejantes reformas tienen un inconveniente formidable: perjudicarían los intereses de muchos de quienes deberían llevarlas a cabo.

Por eso seguimos contemplando El retablo de las maravillas, de Cervantes.

Los embaucadores describen prodigios inexistentes. Los espectadores fingen contemplarlos para no quedar mal ante los demás. Y quien se atreve a decir que allí no hay nada termina convertido en enemigo público.

En España ocurre algo parecido.

Si criticas al PSOE, eres fascista.

Si criticas al PP, favoreces a Sánchez.

Si criticas a Vox, traicionas a España.

Y si criticas a los comunistas, eres enemigo de los trabajadores.

¡Menudo panorama!

El problema no consiste solamente en que existan políticos embaucadores, sino en que cuentan con demasiados fanáticos dispuestos a justificar sus mentiras, sus incumplimientos y sus privilegios.

El próximo 29 de noviembre volverán a pedirnos el voto. Antes de concedérselo, deberíamos exigirles que expliquen qué han cumplido, qué piensan reformar y, sobre todo, a qué cargos, subvenciones y ventajas están dispuestos a renunciar.

Porque votar no consiste en entregar un cheque en blanco, ni la política es un campeonato de fútbol en el que haya que defender incondicionalmente a los nuestros.

España no necesita más salvadores de la patria, ni nuevos repartos de cargos, ni cambios de nombres para que todo continúe igual.

Necesita gobernantes honrados, competentes y responsables, sometidos a la ley y obligados a rendir cuentas.

Y necesita ciudadanos que dejen de comportarse como súbditos, hinchas o feligreses de sus respectivos partidos.

QUE QUEDE CLARO, INCLUSO PARA LOS MÁS FANÁTICOS REPETIDORES DE ESLÓGANES:

EL ESTADO NO ES PROPIEDAD DE LOS POLÍTICOS.

EL DINERO PÚBLICO NO ES DINERO DE LOS GOBERNANTES: SALE DE NUESTROS BOLSILLOS.

LOS PARTIDOS NO SON IGLESIAS Y SUS DIRIGENTES NO SON PROFETAS.

LOS GOBERNANTES SON NUESTROS SERVIDORES, NO NUESTROS AMOS.

¡Y ESPAÑA PERTENECE A LOS ESPAÑOLES, NO A QUIENES PRETENDEN VIVIR ETERNAMENTE A SU COSTA!

Ya está bien de embaucadores, farsantes, figurantes y espectadores que aplauden incluso cuando les toman el pelo.

¡QUE SE ACABE DE UNA PUÑETERA VEZ LA FUNCIÓN!

¡QUE CAIGA EL TELÓN!

¡Y QUE CADA CUAL SE GANE LA VIDA SIN NECESIDAD DE METER LA MANO EN EL BOLSILLO DE LOS DEMÁS!

Si quieres profundizar más, sigue leyendo.

España se ha convertido en un gigantesco teatro en el que los actores cambian de vestuario, intercambian insultos, se amenazan, fingen odiarse y, cuando termina la representación, regresan a sus respectivos camerinos, donde les esperan unos sueldos magníficos, numerosos privilegios y la tranquilidad de saber que, independientemente de quién gane las elecciones, el espectáculo continuará.

Lo verdaderamente admirable, por llamarlo de alguna manera, es que el público no solamente paga las entradas, sino que además financia el teatro, los decorados, el vestuario, la calefacción, los camerinos, los vehículos oficiales, los asesores de los actores y hasta las subvenciones destinadas a quienes escriben críticas elogiosas sobre la representación.

Y todavía hay espectadores que se enfadan cuando alguien tiene la ocurrencia de preguntar si no estaremos asistiendo a una monumental tomadura de pelo.

Porque de eso se trata.

De una colosal tomadura de pelo que llevamos décadas soportando, en la que participan, con mayor o menor entusiasmo y responsabilidad, los principales partidos políticos, sus organizaciones auxiliares, las burocracias que han creado y cuantos han descubierto que vivir del presupuesto público resulta bastante más cómodo que hacerlo del propio trabajo, del esfuerzo personal o de la capacidad para producir bienes y prestar servicios que otras personas estén dispuestas a pagar voluntariamente.

La genialidad de nuestros gobernantes consiste en haber conseguido que millones de españoles contemplen semejante espectáculo convencidos de que, sin sus sacrificados intérpretes, el país se derrumbaría.

Y aquí es donde aparece Miguel de Cervantes.

EL RETABLO DE LAS MARAVILLAS, O EL ARTE DE ENGAÑAR A QUIENES TIENEN MIEDO DE RECONOCER LA VERDAD

En El retablo de las maravillas, Cervantes cuenta la historia de unos embaucadores que anuncian un espectáculo prodigioso, con la peculiaridad de que solamente podrán contemplarlo quienes reúnan determinadas condiciones de nacimiento y limpieza de sangre.

Naturalmente, el espectáculo no existe.

No hay maravillas, ni personajes extraordinarios, ni prodigios de ninguna clase.

Pero los espectadores, temerosos de quedar públicamente desacreditados, aseguran contemplar cuanto los embaucadores describen.

Y así comienza una representación en la que todos participan del engaño.

Los farsantes se enriquecen, los espectadores se engañan unos a otros y nadie se atreve a reconocer lo evidente.

Hasta que aparece un militar que desconoce las reglas de aquella estupidez y dice, sencillamente, que no ve nada.

¡Se armó la de Dios es Cristo!

Porque no hay nada que enfurezca tanto a un imbécil como descubrir que ha hecho el ridículo, especialmente cuando alguien se atreve a proclamarlo delante de los demás.

La sátira cervantina conserva una actualidad verdaderamente extraordinaria.

En la España contemporánea no faltan los embaucadores que describen maravillas inexistentes, ni los espectadores dispuestos a reconocerlas para no ser considerados reaccionarios, fascistas, comunistas, antipatriotas, enemigos del progreso o cualquier otra cosa que los guardianes de la opinión dominante decidan reprocharles.

El procedimiento sigue siendo el mismo.

No importa lo que los ciudadanos vean con sus propios ojos. Importa lo que se supone que deben decir que ven.

Si el Gobierno anuncia que España marcha estupendamente, habrá que aplaudir.

Si la oposición asegura que todo cambiará cuando llegue al poder, habrá que creerlo.

Si un dirigente incumple sus promesas, habrá que comprender las circunstancias.

Si un partido hace exactamente aquello que condenaba cuando gobernaban sus adversarios, habrá que buscar una explicación convincente.

Y si alguien tiene la osadía de recordar las contradicciones, los incumplimientos y las mentiras, siempre habrá un ejército de fanáticos dispuesto a insultarlo.

¡Magnífico!

Cervantes habría disfrutado enormemente contemplando nuestra actualidad política.

Aunque quizá hubiera llegado a la conclusión de que sus personajes eran unos pobres aficionados comparados con los profesionales del engaño que pueblan nuestras instituciones.

EL CONSENSO SOCIALDEMÓCRATA: DISCUTIR POR TODO PARA NO CAMBIAR CASI NADA

Conviene comenzar por una de las grandes falsedades de la política española: la supuesta existencia de diferencias irreconciliables entre partidos que, cuando gobiernan, muestran una sorprendente inclinación a conservar las estructuras fundamentales del poder.

No estoy diciendo que el PSOE, el PP, Vox y los partidos comunistas defiendan exactamente las mismas ideas.

Sería una estupidez.

Existen diferencias importantes sobre la unidad nacional, los impuestos, la inmigración, la organización territorial, las libertades individuales, la enseñanza, las relaciones internacionales y numerosas cuestiones morales.

Pero una cosa son las diferencias ideológicas y otra, bastante más reveladora, la disposición a renunciar al poder político, económico y administrativo que proporciona el sistema.

Ahí es donde empiezan las coincidencias más sospechosas.

Los partidos que llevan décadas alternándose en el Gobierno han terminado aceptando una idea extraordinariamente cómoda: el Estado debe ocupar un lugar cada vez mayor en la vida de los ciudadanos y corresponde a los políticos administrar sus recursos, determinar sus prioridades y decidir cómo han de vivir.

Unos quieren aumentar los impuestos más deprisa.

Otros prometen bajarlos, aunque después descubran que necesitan seguir recaudando cantidades enormes.

Unos multiplican los organismos dedicados a intervenir en la sociedad.

Otros los critican hasta que tienen oportunidad de nombrar a sus propios dirigentes.

Unos proclaman que las empresas privadas son sospechosas por naturaleza.

Otros dicen defenderlas, pero mantienen buena parte de las trabas administrativas que dificultan su actividad.

Unos crean subvenciones.

Otros prometen revisarlas.

Y, cuando llega el momento de gobernar, el dinero continúa circulando desde los bolsillos de los contribuyentes hasta las organizaciones, empresas y personas que los políticos consideran merecedoras de recibirlo.

La socialdemocracia española ha terminado impregnando incluso a muchos de quienes aseguran combatirla.

No necesariamente porque todos compartan sus principios doctrinales, sino porque han aceptado su principal consecuencia práctica: un Estado gigantesco que recauda, reparte, regula, subvenciona, condiciona y dispone de recursos suficientes para mantener una extensa clientela política.

En semejante sistema, reducir verdaderamente el poder político constituye casi una herejía.

Y la herejía más imperdonable consiste en preguntar para qué sirven tantas instituciones, por qué cuestan tanto dinero y qué ocurriría si buena parte de ellas desapareciera.

EL PSOE: EL PODER COMO FIN EN SÍ MISMO

Pedro Sánchez ha llevado hasta extremos verdaderamente sorprendentes una concepción de la política en la que la permanencia en el poder parece imponerse a cualquier otra consideración.

La coherencia se ha convertido en un estorbo.

Las promesas electorales tienen fecha de caducidad.

Las alianzas que ayer resultaban inadmisibles se presentan mañana como manifestaciones de responsabilidad democrática.

Y los compromisos solemnes pueden desaparecer de la noche a la mañana cuando la aritmética parlamentaria exige hacer exactamente lo contrario.

Ahí tenemos las cesiones a los partidos separatistas, la ley de amnistía y las interminables negociaciones con fuerzas políticas que consideran que España es una realidad de la que conviene obtener todas las ventajas posibles mientras trabajan para debilitar su unidad.

La igualdad de los españoles ante la ley se proclama solemnemente desde las tribunas, pero después se negocian diferencias territoriales como si los derechos y las obligaciones de los ciudadanos constituyeran mercancías intercambiables.

El resultado es una política en la que los votos de determinados diputados adquieren un precio extraordinario, no porque representen mejor a los ciudadanos, sino porque resultan imprescindibles para mantener una mayoría.

A ello se añade el espectáculo de las investigaciones judiciales que han alcanzado a antiguos dirigentes y colaboradores destacados del socialismo gobernante.

José Luis Ábalos, Koldo García, Santos Cerdán y las investigaciones relacionadas con su entorno político han contribuido a proyectar una imagen devastadora de la vida pública.

Las responsabilidades penales corresponden a los tribunales, pero las responsabilidades políticas no desaparecen por el mero hecho de que todavía no exista una sentencia firme.

Un presidente responde políticamente por sus decisiones, por las personas en quienes deposita su confianza y por el funcionamiento del Gobierno que dirige.

Lo contrario equivaldría a aceptar que quien manda nunca tiene culpa de nada.

Si las cosas funcionan, el mérito pertenece al presidente.

Si funcionan mal, la responsabilidad es de los subordinados.

¡Qué extraordinaria manera de ejercer el poder!

Y mientras tanto continúa la propaganda, con la que se intenta convertir cualquier crítica al Gobierno en una amenaza contra la democracia.

Como si la democracia consistiera en mantener indefinidamente al mismo gobernante.

Como si disentir de Pedro Sánchez fuera equivalente a conspirar contra España.

Como si los ciudadanos tuviéramos la obligación de agradecerle que nos gobierne.

EL PARTIDO POPULAR: LA ETERNA PROMESA DE CAMBIARLO TODO SIN CAMBIAR LO FUNDAMENTAL

Pero sería una ingenuidad formidable atribuir todos los males de España al PSOE.

El Partido Popular ha tenido numerosas oportunidades para emprender reformas verdaderamente profundas.

Y ha desperdiciado demasiadas.

La mayoría absoluta de Mariano Rajoy, obtenida en 2011, permitió comprobar hasta qué punto las promesas electorales pueden convertirse en papel mojado cuando llega el momento de gobernar.

Se prometieron rebajas fiscales y llegaron importantes subidas de impuestos.

Se anunció una regeneración de las instituciones y sobrevivieron numerosos mecanismos de reparto partidista.

Se denunciaron las duplicidades administrativas y el Estado autonómico continuó prácticamente intacto.

Se habló de reformas estructurales y se conservaron buena parte de los problemas heredados.

Por si fuera poco, la corrupción también golpeó duramente al PP, demostrando que la tentación de utilizar las instituciones en beneficio propio no conoce fronteras ideológicas.

Ahora Alberto Núñez Feijóo se presenta ante los españoles prometiendo reducir ministerios, limitar altos cargos, revisar el gasto público y reconstruir las instituciones.

Muy bien.

Pero los ciudadanos tenemos derecho a preguntar por qué tantas de esas medidas no se adoptaron anteriormente.

¿No existían entonces los organismos innecesarios?

¿No había duplicidades?

¿No se repartían cargos?

¿No existían privilegios?

¿No funcionaba ya defectuosamente el sistema autonómico?

¿O acaso los problemas solamente se convierten en intolerables cuando gobiernan los adversarios?

Feijóo quiere que los españoles crean en una transformación profunda del Estado.

Pues tendrá que demostrar que está dispuesto a hacer algo más que sustituir a los ocupantes de los despachos.

Porque cambiar los nombres de quienes disfrutan de determinados privilegios no equivale a suprimir los privilegios.

Y desplazar a los amigos de Sánchez para colocar a los amigos del PP no sería ninguna regeneración.

Sería, sencillamente, un cambio de beneficiarios.

Una nueva distribución de las localidades del teatro.

VOX: DENUNCIAR EL RETABLO NO BASTA, HAY QUE DESMONTARLO

Vox ocupa una posición diferente porque denuncia expresamente numerosos elementos del consenso político existente.

Reclama una reducción del Estado autonómico, combate determinadas políticas de la izquierda, defiende la unidad nacional y propone eliminar subvenciones y organismos que considera innecesarios.

Hay planteamientos que merecen ser tomados en serio.

Especialmente aquellos relacionados con la igualdad de los españoles ante la ley, la unidad de mercado y la reducción del gasto político.

Pero nadie debería olvidar una cuestión fundamental.

Un partido no demuestra su voluntad reformadora por la contundencia de sus discursos, sino por sus actuaciones cuando dispone de poder suficiente para llevar sus propuestas a la práctica.

La experiencia de Vox en gobiernos autonómicos y en distintas instituciones obliga a examinar sus resultados con la misma exigencia que los de cualquier otro partido.

Porque también existe el riesgo de denunciar el sistema mientras se participa de sus ventajas.

La regeneración no consiste en sustituir una clase de dirigentes por otra más próxima a nuestras ideas.

Consiste en modificar las normas y las instituciones que permiten a cualquier dirigente abusar del poder.

Y eso exige renuncias.

Renunciar a cargos innecesarios.

Renunciar a subvenciones injustificadas.

Renunciar a colocar amigos.

Renunciar a determinados privilegios.

Renunciar, en definitiva, a beneficiarse de aquello que se denuncia.

Lo demás es propaganda electoral.

Y de propaganda ya estamos hasta la coronilla.

LOS COMUNISTAS Y SUS SUCESIVAS REENCARNACIONES: SI ALGO FUNCIONA MAL, MÁS ESTADO

La izquierda situada a la izquierda del PSOE merece también un capítulo especial dentro de esta comedia.

Podemos, Izquierda Unida, Sumar y las sucesivas alianzas que han ido apareciendo presentan diferencias internas que, en ocasiones, parecen mayores que las que mantienen con sus adversarios políticos.

Un día son compañeros inseparables.

Al siguiente se acusan de traición.

Después negocian otra coalición.

Y finalmente se presentan ante los ciudadanos proclamando que la unidad de la izquierda resulta imprescindible para salvarnos.

¿Salvarnos de qué?

Habitualmente, de las consecuencias de las políticas que ellos mismos han defendido o contribuido a aplicar.

Su receta resulta bastante conocida.

Si faltan viviendas, más intervención.

Si suben los precios, más regulación.

Si una actividad económica presenta dificultades, nuevas disposiciones.

Si aparece un problema social, otro organismo administrativo.

Si los ciudadanos no llegan a fin de mes, nuevas ayudas públicas.

Y si todo ello resulta insuficiente, más impuestos para financiar nuevas medidas destinadas a corregir los efectos de las anteriores.

Así se construye una formidable maquinaria política cuya supervivencia depende de que los problemas nunca terminen de resolverse.

Porque una sociedad próspera, formada por ciudadanos independientes, capaces de trabajar, ahorrar y disponer libremente de sus ingresos, necesitaría bastante menos la tutela permanente de semejantes redentores.

En cambio, cuanto mayor sea la dependencia económica respecto del poder público, mayor será la capacidad de los gobernantes para presentarse como benefactores indispensables.

El ciudadano deja de ser considerado una persona libre y responsable para convertirse en destinatario de ayudas, subvenciones y prestaciones cuya continuidad depende de decisiones políticas.

Y todavía pretenden convencernos de que semejante dependencia constituye la culminación de la libertad.

EL ESTADO AUTONÓMICO: DIECISIETE REINOS DE TAIFAS CON CARGO AL CONTRIBUYENTE

Uno de los ejemplos más evidentes del fracaso de nuestra organización política es el llamado Estado de las Autonomías.

Lo que comenzó presentándose como una fórmula para acercar la administración a los ciudadanos ha terminado convertido en una gigantesca estructura política que reproduce, en escala regional, buena parte de los órganos y las ambiciones de un Estado.

Diecisiete gobiernos autonómicos.

Diecisiete parlamentos.

Centenares de organismos dependientes.

Consejerías, direcciones generales, delegaciones, empresas públicas, fundaciones, agencias, observatorios y una interminable relación de entidades cuya utilidad debería someterse a examen.

Naturalmente, los políticos autonómicos consideran imprescindible la existencia de sus respectivos aparatos administrativos.

¡Faltaría más!

También los nobles de las antiguas cortes consideraban imprescindible disponer de palacios, criados, caballos, banquetes y numerosos servidores.

La pregunta es si los ciudadanos necesitamos semejante despliegue de poder político.

Y, sobre todo, si podemos continuar pagándolo.

La descentralización puede resultar útil cuando permite gestionar mejor determinados servicios.

Pero resulta absurda cuando multiplica innecesariamente los gastos, dificulta la actividad económica, establece diferencias injustificadas entre ciudadanos y permite a los partidos separatistas utilizar determinadas competencias como instrumentos de construcción nacional.

¿Por qué una empresa debe enfrentarse a regulaciones diferentes para realizar una misma actividad en distintas regiones españolas?

¿Por qué los ciudadanos encuentran diferencias importantes en determinados servicios públicos según su lugar de residencia?

¿Por qué debemos aceptar que la enseñanza se utilice para promover proyectos políticos territoriales?

¿Y por qué determinadas administraciones gastan ingentes cantidades de dinero en representaciones exteriores, organismos propagandísticos y estructuras cuya utilidad pública resulta más que discutible?

La unidad de España no consiste únicamente en conservar unas fronteras.

Consiste también en garantizar la igualdad de derechos y obligaciones de todos sus ciudadanos.

Por eso considero necesaria una reforma constitucional profunda encaminada a recuperar un Estado unitario, con administraciones municipales eficaces, una organización territorial racional y competencias estatales exclusivas en las materias fundamentales.

Y quien considere semejante propuesta una extravagancia debería explicar por qué es imprescindible conservar una estructura política que cuesta tanto dinero y genera tantos conflictos.

UNA DEUDA GIGANTESCA Y UNOS GOBERNANTES QUE SIGUEN GASTANDO COMO SI EL DINERO CAYERA DEL CIELO

Pasemos a las cifras, porque los números tienen la desagradable costumbre de desbaratar los discursos.

Los pasivos financieros totales de las administraciones públicas españolas alcanzaron, al finalizar el segundo trimestre de 2026, 2.309.015 millones de euros.

Más de 2,3 billones de euros.

La deuda calculada conforme al Protocolo de Déficit Excesivo, que emplea otra metodología y es la referencia habitual para las comparaciones europeas, rondaba los 1,75 billones de euros en agosto de 2026.

Y todavía hay políticos empeñados en convencernos de que siempre existe margen para gastar un poquito más.

Un nuevo organismo.

Otra subvención.

Una nueva prestación.

Otro programa extraordinario.

Otra campaña publicitaria.

Otra oficina dedicada a estudiar problemas que ya han sido estudiados por otras oficinas.

Y así sucesivamente.

El procedimiento es verdaderamente admirable.

Los gobiernos anuncian gastos que proporcionan beneficios políticos inmediatos, mientras las obligaciones derivadas de su financiación se trasladan a ejercicios posteriores.

Los dirigentes obtienen los aplausos.

Los contribuyentes pagan las facturas.

Y los hijos y nietos de los contribuyentes heredan las deudas.

Todo ello mientras se proclama solemnemente que vivimos en un Estado especialmente comprometido con la justicia social.

¡Pues menuda justicia!

Una justicia en la que quienes todavía no han nacido tendrán que afrontar las consecuencias económicas de decisiones que no pudieron votar.

Conviene recordar, además, que España continúa funcionando en 2026 con unos Presupuestos Generales del Estado aprobados para 2023 y prorrogados sucesivamente.

Es decir, llevamos varios ejercicios sin que las Cortes aprueben unos presupuestos nuevos.

Imaginen una empresa privada cuyos administradores fueran incapaces de acordar sus cuentas anuales durante semejante período.

¿Cuánto tardarían sus propietarios en exigir responsabilidades?

Pero aquí no ocurre nada.

Los gobernantes continúan gobernando, las administraciones siguen gastando y los partidos prosiguen sus discusiones.

¿Para qué preocuparse?

¡El dinero no es suyo!

CASI CUATRO MILLONES DE EMPLEADOS PÚBLICOS Y UNA ADMINISTRACIÓN QUE SIGUE SIN FUNCIONAR COMO DEBERÍA

La Encuesta de Población Activa del tercer trimestre de 2026 contabilizó 3.736.800 ocupados en el sector público.

Y conviene aclarar una cuestión elemental: no todos son funcionarios, ni todos realizan las mismas tareas, ni todos pertenecen a administraciones prescindibles.

España necesita médicos, enfermeros, profesores, policías, guardias civiles, jueces, funcionarios de Justicia y numerosos profesionales que desempeñan servicios indispensables.

Precisamente por eso resulta indignante que una parte de los recursos públicos termine consumiéndose en estructuras políticas innecesarias.

No se trata de perseguir a los empleados públicos.

Se trata de eliminar el parasitismo político.

Porque una cosa es pagar dignamente a un médico que atiende pacientes y otra mantener una dirección general cuya principal actividad parece consistir en justificar su propia existencia.

Una cosa es remunerar a un profesor que enseña y otra financiar interminables estructuras administrativas dedicadas a multiplicar instrucciones, informes y procedimientos.

Una cosa es sostener los servicios policiales y otra mantener organismos cuya función real consiste en proporcionar cargos a personas próximas a los partidos.

El verdadero problema no es únicamente cuánto gasta el Estado.

Es cuánto obtiene la sociedad a cambio de semejante gasto.

Y ahí tenemos una cuestión que nuestros gobernantes prefieren no abordar seriamente.

ENSEÑANZA: FABRICAR APROBADOS NO ES LO MISMO QUE ENSEÑAR

El informe PISA 2025, cuyos resultados se publicaron en septiembre de 2026, volvió a ofrecernos motivos para la preocupación.

Los alumnos españoles quedaron por debajo del promedio de la OCDE en ciencias, lectura y matemáticas.

Es el resultado de décadas de reformas educativas, contrarreformas, experimentos pedagógicos y discusiones políticas que demasiadas veces han relegado a un segundo plano lo verdaderamente importante: que los alumnos aprendan.

Se ha confundido la igualdad de oportunidades con la rebaja de las exigencias.

Se ha debilitado la autoridad del profesor.

Se ha convertido el esfuerzo en una palabra incómoda.

Y se ha extendido una peligrosa inclinación a considerar que los malos resultados deben resolverse modificando los procedimientos de evaluación, en lugar de mejorar los conocimientos de los alumnos.

El fracaso escolar no desaparece porque desaparezcan los suspensos.

La ignorancia no se corrige mediante disposiciones administrativas.

Y la promoción de curso no convierte automáticamente a un alumno en una persona preparada.

Pero semejantes evidencias resultan incómodas para quienes llevan décadas vendiendo reformas educativas como si cada nueva ley fuera a inaugurar una época de extraordinaria prosperidad intelectual.

Necesitamos una escuela que enseñe, que exija, que reconozca el mérito y que proporcione a los alumnos los conocimientos necesarios para desenvolverse en la vida.

Una escuela en la que los profesores puedan dedicarse a enseñar y los alumnos comprendan que aprender exige trabajo.

No parece una reivindicación revolucionaria.

Sin embargo, a juzgar por determinadas ocurrencias pedagógicas, empieza a parecerlo.

PARTIDOS, SINDICATOS, PATRONALES Y ORGANIZACIONES SUBVENCIONADAS: ¡QUÉ BIEN SE VIVE DEL PRESUPUESTO!

Otro de los grandes negocios de la política española consiste en financiar con dinero público a organizaciones que deberían sostenerse fundamentalmente mediante las aportaciones voluntarias de quienes dicen representar.

Partidos políticos.

Sindicatos.

Organizaciones empresariales.

Asociaciones de toda clase.

Fundaciones y entidades que viven pendientes de convocatorias de subvenciones.

La pregunta resulta inevitable.

Si un sindicato representa verdaderamente a millones de trabajadores, ¿por qué no puede financiarse principalmente con las cuotas de sus afiliados?

Si una organización empresarial presta servicios útiles a sus asociados, ¿por qué necesita depender del dinero público?

Y si determinadas asociaciones disfrutan de un respaldo social extraordinario, ¿por qué no recurren preferentemente a las aportaciones voluntarias de quienes comparten sus objetivos?

La respuesta es que vivir de los presupuestos resulta muchísimo más cómodo.

No hace falta convencer a tantos ciudadanos.

Basta con conseguir que los gobernantes correspondientes consideren conveniente mantener la financiación.

Así se construye una tupida red de organizaciones que participan, de una u otra manera, en el reparto del dinero público.

Y cuando aparecen irregularidades, fraudes en cursos de formación, utilización indebida de subvenciones o escándalos relacionados con expedientes de regulación de empleo, los ciudadanos descubrimos hasta qué punto determinadas organizaciones han llegado a considerar los fondos públicos como una fuente de ingresos prácticamente natural.

El fraude de los ERE de Andalucía y los procedimientos judiciales relacionados con determinadas subvenciones sindicales constituyen advertencias más que suficientes acerca de los peligros de semejante sistema.

A ello se añade el uso de inmuebles públicos procedentes del antiguo patrimonio sindical, cuya titularidad, cesión y utilización deberían estar sometidas a una transparencia rigurosa.

No parece demasiado pedir.

Quien administra dinero público debe explicar hasta el último céntimo.

Y quien recibe subvenciones debe justificar su destino.

Pero yo iría bastante más lejos.

Los partidos, sindicatos y organizaciones patronales deberían financiar su actividad ordinaria principalmente con las aportaciones de sus afiliados y simpatizantes.

Y las subvenciones destinadas a actividades concretas deberían someterse a controles estrictos, competencia efectiva y comprobación de resultados.

Porque la independencia de una organización comienza por su independencia económica.

Y resulta bastante difícil morder la mano de quien paga las gambas.

LA JUSTICIA: INDEPENDENCIA PARA LOS JUECES, NO PARA LOS PARTIDOS QUE QUIEREN CONTROLARLOS

La separación de poderes constituye otra de nuestras grandes asignaturas pendientes.

Los partidos proclaman continuamente su respeto a la independencia judicial.

Pero después negocian los nombramientos de determinados órganos como si se tratara de distribuir puestos dentro de un consejo de administración.

La composición del Consejo General del Poder Judicial ha sido durante años objeto de enfrentamientos y acuerdos entre las principales fuerzas políticas.

Y aunque los jueces conservan legalmente su independencia al ejercer la jurisdicción, resulta inadmisible que los ciudadanos contemplen la renovación de sus órganos de gobierno como una negociación partidista.

El problema de la Fiscalía es distinto, pero no menos importante.

El Ministerio Fiscal se organiza jerárquicamente y su máxima autoridad es nombrada por el rey a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial.

Resulta legítimo preguntarse si semejante organización ofrece garantías suficientes de independencia frente al poder ejecutivo.

No necesitamos una Justicia al servicio del Gobierno.

Tampoco una Justicia al servicio de la oposición.

Necesitamos una Justicia sometida exclusivamente a la ley.

Y necesitamos que sus resoluciones lleguen a tiempo.

Porque una sentencia que se dicta cuando han transcurrido demasiados años puede convertirse en una victoria puramente teórica para quien ha padecido el daño.

La regeneración política exige reformar los mecanismos de nombramiento, fortalecer las garantías de independencia y establecer responsabilidades efectivas por las actuaciones indebidas.

Sin una Justicia independiente, todas las promesas de regeneración terminan dependiendo de la buena voluntad de quienes ostentan el poder.

Y de esa buena voluntad ya hemos tenido experiencias suficientes.

LA VIVIENDA, LOS SALARIOS Y LA CLASE MEDIA QUE PAGA LA FIESTA

Mientras los partidos representan sus interminables comedias, millones de españoles se enfrentan a dificultades muy concretas.

Encontrar una vivienda.

Independizarse.

Formar una familia.

Ahorrar.

Abrir un negocio.

Mantener una pequeña empresa.

Pagar impuestos.

O, sencillamente, llegar a fin de mes.

Según el Instituto Nacional de Estadística, el precio de la vivienda aumentó un 12,2 % interanual en el segundo trimestre de 2026.

Y el problema no se resuelve con discursos grandilocuentes, ni enfrentando artificialmente a propietarios e inquilinos, ni prometiendo viviendas que tardan años en construirse.

Se necesita aumentar la oferta, facilitar suelo, agilizar los procedimientos administrativos y proporcionar seguridad jurídica.

Pero resulta mucho más rentable electoralmente identificar culpables, organizar enfrentamientos y anunciar nuevas intervenciones.

Con el empleo ocurre algo parecido.

La EPA del tercer trimestre de 2026 registró 22.852.600 ocupados, una cifra que refleja un crecimiento importante del empleo en los últimos años.

Pero también contabilizó 2.591.200 desempleados, con una tasa de paro del 10,18 %.

Y tener un empleo no garantiza necesariamente disponer de ingresos suficientes para vivir con independencia económica.

Mientras tanto, la clase media soporta una parte considerable de las cargas fiscales y administrativas del sistema.

Es la clase media la que trabaja, ahorra cuando puede, compra viviendas con enormes sacrificios, mantiene pequeños negocios y sostiene buena parte del funcionamiento económico del país.

Y precisamente por eso resulta tan tentador exprimirla.

Los verdaderamente ricos disponen de mayores posibilidades para organizar sus patrimonios.

Los perceptores de determinadas ayudas reciben prestaciones públicas.

Y quienes se encuentran en medio terminan pagando buena parte de la factura.

El resultado es una sociedad en la que trabajar, ahorrar y prosperar puede convertirse en una carrera de obstáculos.

Pero nuestros políticos continúan felicitándose por sus extraordinarios éxitos sociales.

¡Viva el retablo!

EL GRAN NEGOCIO DEL MIEDO: O NOSOTROS O EL APOCALIPSIS

Hay un mecanismo político que merece especial atención.

Consiste en convencer a los electores de que cualquier alternativa al partido preferido provocará una catástrofe nacional.

Si gobierna la derecha, desaparecerán los derechos sociales.

Si gobierna la izquierda, desaparecerán la propiedad privada y las libertades.

Si no se vota al partido de siempre, se favorecerá involuntariamente al adversario.

Si se cuestiona al dirigente propio, se debilitará la causa.

Y si se exige el cumplimiento de las promesas electorales, siempre aparecerá alguien dispuesto a recordar que los otros son muchísimo peores.

Es el eterno chantaje del mal menor.

Una formidable manera de conseguir que los ciudadanos renuncien a exigir responsabilidades.

Porque, cuando un partido sabe que sus electores lo votarán haga lo que haga, deja de tener incentivos para cumplir sus compromisos.

Puede incumplir promesas.

Puede mantener privilegios.

Puede cometer errores gravísimos.

Y, llegado el momento electoral, bastará con recordar que los adversarios son todavía más peligrosos.

Así se pervierte la representación política.

El votante deja de ser un ciudadano que exige resultados y se convierte en un hincha que aplaude los aciertos de los suyos, justifica sus errores y celebra sus victorias como si se tratara de un campeonato deportivo.

Pero la política no es un partido de fútbol.

Y los ciudadanos no somos socios de una peña obligados a defender incondicionalmente a nuestro equipo.

Los gobernantes administran nuestro dinero, aprueban leyes que condicionan nuestras vidas y toman decisiones que comprometen el futuro de nuestros hijos.

Por eso debemos exigirles bastante más que fidelidad a unas siglas.

LO QUE ESPAÑA NECESITA NO ES OTRO SALVADOR: ES UN ESTADO QUE DEJE DE SER UN NEGOCIO

La regeneración de España no puede consistir simplemente en cambiar al presidente del Gobierno.

Tampoco en sustituir a unos ministros por otros, modificar el reparto de los cargos públicos o distribuir nuevamente los organismos administrativos entre los partidos vencedores.

Necesitamos una transformación profunda de nuestras instituciones.

Una reforma de la ley electoral que reduzca la dependencia de los diputados respecto de las direcciones de sus partidos y permita una representación más directa de los ciudadanos.

Una separación efectiva de los poderes del Estado.

Una revisión del sistema de aforamientos y privilegios de los cargos públicos.

Una reducción drástica de organismos innecesarios, duplicidades y estructuras administrativas improductivas.

Una reforma territorial que garantice la igualdad de todos los españoles y recupere la unidad de mercado.

Un sistema de financiación política que reduzca al mínimo la dependencia de partidos, sindicatos y organizaciones patronales respecto de los presupuestos.

Una administración profesional, austera y sometida a controles efectivos.

Un sistema educativo que premie el mérito y el esfuerzo.

Un marco económico que favorezca la inversión, el ahorro, la creación de empresas y el empleo productivo.

Un programa serio de reducción de la deuda pública y eliminación del gasto superfluo.

Una revisión rigurosa de la sostenibilidad de las pensiones y de las obligaciones que estamos trasladando a las generaciones futuras.

Y, por encima de todo, una exigencia de responsabilidad política, administrativa, civil y penal a quienes utilizan indebidamente los recursos públicos o incumplen gravemente las obligaciones de sus cargos.

Porque gobernar no puede continuar siendo una actividad en la que los éxitos se atribuyen personalmente al gobernante y los fracasos se cargan sobre los contribuyentes.

Cuando un empresario toma decisiones desastrosas, puede perder su patrimonio.

Cuando un trabajador incumple gravemente sus obligaciones, puede perder su empleo.

Cuando un profesional actúa negligentemente, puede verse obligado a responder por los daños causados.

¿Por qué los gobernantes habrían de disfrutar de una irresponsabilidad prácticamente ilimitada por sus decisiones políticas?

No se trata de castigar el simple error ni de criminalizar las discrepancias ideológicas.

Se trata de establecer responsabilidades cuando existen conductas ilegales, negligencias graves o utilización indebida del poder público.

El ejercicio del poder debe implicar obligaciones mayores, no privilegios superiores.

Y ningún gobernante debería abandonar su cargo sin rendir cuentas de lo realizado.

JOAQUÍN COSTA, EL CIRUJANO DE HIERRO Y LOS ENFERMOS QUE NO QUIEREN CURARSE

Hace más de un siglo, Joaquín Costa denunciaba los males del caciquismo y reclamaba una regeneración profunda de la vida política española.

Su célebre imagen del cirujano de hierro simbolizaba la necesidad de intervenir con decisión sobre las estructuras responsables de nuestra decadencia.

Hoy seguimos necesitando una cirugía semejante, aunque no un gobernante todopoderoso, sino instituciones capaces de impedir los abusos del poder.

Lo curioso es que nuestros políticos se presentan continuamente como los médicos llamados a salvar España.

Todos tienen diagnósticos.

Todos anuncian remedios.

Todos prometen curaciones extraordinarias.

Pero cuando llega el momento de operar, descubren que el paciente no se encuentra tan mal, que conviene aplazar la intervención y que quizá sea suficiente sustituir algunos medicamentos.

Naturalmente, los médicos continúan cobrando sus honorarios.

Y el enfermo sigue empeorando.

Tal vez el problema consista en que buena parte de quienes deberían practicar la operación forman parte precisamente de aquello que habría que extirpar.

Porque ningún organismo innecesario desea desaparecer.

Ningún dirigente quiere renunciar a sus atribuciones.

Ningún beneficiario de subvenciones injustificadas desea perderlas.

Y ningún partido está especialmente interesado en reducir las posibilidades de repartir cargos entre sus amigos.

Así se explica que las grandes reformas se anuncien continuamente y se ejecuten tan pocas veces.

Todo el mundo quiere regenerar España.

Siempre que la regeneración no afecte a sus propios intereses.

29 DE NOVIEMBRE: OTRA VEZ LAS URNAS, OTRA VEZ LOS MILAGROS

El próximo 29 de noviembre de 2026 los españoles estamos convocados a unas nuevas elecciones generales.

Desde hoy, 13 de noviembre, comienza oficialmente una campaña en la que escucharemos toda clase de promesas, reproches, acusaciones y declaraciones solemnes.

Pedro Sánchez intentará conservar el poder.

Alberto Núñez Feijóo tratará de presentarse como la alternativa capaz de reconstruir España.

Santiago Abascal defenderá sus propuestas de cambio y aspirará a determinar el rumbo del próximo Gobierno.

Ada Colau, Irene Montero y las distintas fuerzas de la izquierda competirán por sus respectivos espacios electorales.

Los partidos separatistas volverán a recordar que sus votos pueden resultar decisivos para formar mayorías parlamentarias.

Y cada cual intentará convencernos de que el futuro de España depende de su victoria.

Pero yo formularía unas preguntas bastante distintas de las que habitualmente escuchamos en las campañas electorales.

¿Cuántos organismos públicos innecesarios están dispuestos a cerrar?

¿Cuántos cargos políticos piensan suprimir?

¿Cuántas subvenciones quieren eliminar?

¿Qué privilegios aceptan perder?

¿Cómo van a garantizar la independencia de la Justicia?

¿Qué reformas constitucionales consideran necesarias?

¿Qué harán para que todos los españoles disfruten de los mismos derechos y obligaciones?

¿Cómo reducirán la deuda pública?

¿Qué medidas concretas adoptarán para que trabajar, ahorrar, invertir y crear una empresa deje de ser una carrera de obstáculos?

¿Y qué responsabilidades están dispuestos a asumir personalmente si incumplen sus promesas?

Porque prometer es gratis.

Lo difícil es cumplir.

Y todavía más difícil resulta renunciar a las ventajas del poder.

Por eso desconfío profundamente de los salvadores de la patria que prometen una España maravillosa a cambio de que les entreguemos nuestra confianza incondicional.

No necesitamos más redentores.

Necesitamos gobernantes competentes, honrados, responsables y dispuestos a servir a los ciudadanos.

Y necesitamos ciudadanos que dejen de comportarse como súbditos agradecidos.

¡BASTA DE EMBAUCADORES, DE FARSANTES Y DE ESPECTADORES QUE APLAUDEN EL ENGAÑO!

La verdadera tragedia española no consiste solamente en la existencia de políticos mediocres, incompetentes o aprovechados.

Políticos semejantes han existido siempre y probablemente seguirán existiendo mientras haya poder que conquistar y dinero ajeno que administrar.

La tragedia consiste en que demasiados ciudadanos han renunciado a exigirles cuentas.

Han aceptado que las mentiras de sus dirigentes son simples errores de comunicación.

Que sus incumplimientos obedecen a circunstancias inevitables.

Que sus privilegios resultan necesarios para el funcionamiento de las instituciones.

Y que cualquier crítica a los gobernantes propios constituye una traición que beneficia al enemigo.

Así se construye una sociedad de espectadores dóciles.

Una sociedad en la que los embaucadores prosperan porque siempre encuentran personas dispuestas a justificar sus actuaciones.

Una sociedad en la que el fanatismo sustituye al juicio crítico y la fidelidad al partido importa más que la verdad.

Y una sociedad así termina convirtiéndose en terreno abonado para toda clase de aprovechados.

Porque la estupidez política, cuando se combina con la mala fe y la ambición de quienes aspiran al poder, puede producir consecuencias verdaderamente devastadoras.

No hace falta que todos los participantes del engaño sean malvados.

Basta con que unos cuantos lo sean y encuentren suficientes ingenuos, fanáticos y mediocres dispuestos a colaborar con ellos.

Unos por interés.

Otros por miedo.

Otros por comodidad.

Y muchos, sencillamente, porque pensar por cuenta propia exige un esfuerzo que no están dispuestos a realizar.

Cervantes lo comprendió perfectamente.

Los embaucadores de su retablo no necesitaban crear maravillas.

Les bastaba con convencer a los espectadores de que reconocer la inexistencia del espectáculo supondría quedar socialmente desacreditados.

Y eso es exactamente lo que ocurre cuando nuestros políticos pretenden que los ciudadanos aceptemos determinadas falsedades para no ser acusados de pertenecer al bando equivocado.

Pues bien, ya es hora de acabar con semejante estupidez.

Ya es hora de dejar de aplaudir a emperadores desnudos.

Ya es hora de exigir que los gobernantes expliquen qué hacen, cuánto gastan, para qué sirve lo que hacen y qué consecuencias tienen sus decisiones.

Ya es hora de comprender que un partido político no es una iglesia, un dirigente no es un profeta y un programa electoral no es un libro sagrado.

Ya es hora de abandonar la resignación del «todos son iguales», pero también la ingenuidad del «los nuestros nunca se equivocan».

Porque no todos son iguales, pero todos deben someterse a las mismas exigencias de honradez, competencia, cumplimiento de las promesas y responsabilidad por sus actuaciones.

Quien no esté dispuesto a aceptar esas condiciones no debería aspirar a gobernar.

Y quien solamente quiera sustituir a los actuales beneficiarios del poder para disfrutar personalmente de sus ventajas tampoco merece nuestra confianza.

España no necesita otro reparto de los despojos.

No necesita una nueva generación de profesionales de la política que aprendan rápidamente a vivir del presupuesto.

No necesita más propaganda, ni más oficinas, ni más subvenciones, ni más instituciones decorativas.

Necesita recuperar el sentido común, la responsabilidad individual, el respeto a la ley, la libertad económica, la igualdad de los ciudadanos y la convicción de que el Estado existe para servir a la sociedad, no para vivir a costa de ella.

Y, sobre todo, necesita que los españoles comprendamos que el poder político no es patrimonio de quienes ocupan temporalmente las instituciones.

Los gobernantes son nuestros mandatarios, no nuestros amos.

El dinero público procede de nuestro trabajo, no de la generosidad de los políticos.

Y España no pertenece a ningún partido, a ningún presidente, a ninguna organización sindical, a ninguna oligarquía territorial ni a ninguna camarilla de beneficiarios del presupuesto.

España pertenece a los españoles.

A quienes trabajan, producen, ahorran, educan a sus hijos, mantienen sus negocios, pagan sus impuestos y cumplen las leyes.

A quienes sostienen con su esfuerzo diario un país que demasiados políticos parecen considerar una gigantesca finca susceptible de ser repartida entre familiares, amigos, correligionarios y compañeros de partido.

Por eso, cuando vuelvan a abrirse las cortinas del gran retablo electoral y nuestros embaucadores comiencen a describir las maravillas que prometen ofrecernos, convendría recordar al personaje cervantino que tuvo la osadía de reconocer que allí no había nada.

Absolutamente nada.

Y quizá haya llegado el momento de que millones de españoles hagamos lo mismo.

Que dejemos de fingir.

Que dejemos de aplaudir.

Que dejemos de disculpar los abusos de los nuestros porque los otros son peores.

Y que exijamos, de una puñetera vez, que quienes aspiran a gobernarnos nos expliquen no solamente qué pretenden hacer con España, sino también a qué privilegios, cargos, subvenciones y parcelas de poder están dispuestos a renunciar.

Porque ésa es la prueba definitiva.

Lo demás son palabras.

Promesas.

Decorados.

Y un retablo de maravillas que solamente existen en la imaginación de quienes todavía están dispuestos a creer en ellas.

¡QUE SE ACABE LA FUNCIÓN!

¡QUE CAIGA EL TELÓN!

¡Y QUE LOS EMBaucADORES DEJEN DE VIVIR A CUERPO DE REY A COSTA DE QUIENES PAGAMOS LA ENTRADA!