Más de tres millones de denuncias, diferencias penales por razón de sexo, detenciones denunciadas como arbitrarias, condenas por conformidad, padres separados de sus hijos, familias arruinadas y una legislación que extiende sus consecuencias a los divorcios, las custodias y las relaciones familiares. Mientras tanto, el Partido Popular anuncia que no cambiará la ley de Zapatero.

Carlos Aurelio Caldito Aunión

14 de noviembre de 2026

RESUMEN PARA LECTORES CON PRISAS Y FANÁTICOS REPETIDORES DE ESLÓGANES

VEINTIDÓS AÑOS DE LA PERVERSA LEY DE VIOLENCIA DE «GÉNERO»: ¿IGUALDAD ANTE LA LEY O APARTHEID JURÍDICO POR RAZÓN DE SEXO?

El 28 de diciembre de 2004, día de los Santos Inocentes, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero impulsó una legislación que introdujo diferencias penales por razón de sexo y un sistema específico de protección para las mujeres agredidas por sus parejas o exparejas masculinas.

Veintidós años después, seguimos teniendo una asignatura pendiente: examinar las consecuencias de aquella legislación sobre la libertad, la presunción de inocencia, las relaciones familiares y los derechos de padres e hijos.

PRIMERA VERDAD INCÓMODA. El artículo 153 del Código Penal establece penas mínimas distintas para determinados malos tratos según el sexo del agresor y de la víctima. El Tribunal Constitucional avaló esa diferencia en 2008, aunque cuatro magistrados discreparon. Y el Tribunal Supremo estableció en 2018 que no era necesario acreditar una intención específica de dominación machista para aplicar el precepto más severo al hombre.

SEGUNDA VERDAD INCÓMODA. Entre 2006 y 2025 se registraron más de tres millones de denuncias. En 2024, el 62,61 % de las condenas recogidas en la estadística de la Fiscalía fueron dictadas por conformidad. ¿Cuántos acusados aceptaron libremente su culpabilidad y cuántos lo hicieron por temor a consecuencias mayores? Una pregunta que exige investigar las garantías de esos procedimientos.

TERCERA VERDAD INCÓMODA. Una denuncia penal influye, bajo determinadas condiciones, en los divorcios, la guarda y custodia, las visitas y la atribución de la vivienda familiar. El padre separado injustificadamente de sus hijos no recupera los años perdidos mediante una absolución posterior. Y los niños tampoco recuperan su infancia. ¿Favor filii o favor matris? El interés superior del menor debe prevalecer sobre cualquier preferencia injustificada hacia uno de sus progenitores.

CUARTA VERDAD INCÓMODA. Las órdenes de alejamiento no imponen automáticamente obligaciones recíprocas. Una reconciliación consentida no elimina por sí sola la prohibición judicial. Su quebrantamiento puede constituir delito aunque la persona protegida haya aceptado reanudar el contacto.

QUINTA VERDAD INCÓMODA. Desde octubre de 2025, los órganos judiciales especializados conocen también de determinados delitos sexuales contra mujeres aunque no haya existido relación afectiva entre las personas implicadas. El sistema ha extendido sus competencias más allá del matrimonio, el noviazgo y las exparejas.

SEXTA VERDAD INCÓMODA. La recopilación de diferencias legales entre hombres y mujeres que en abril de 2025 reunía 513 entradas llega, al menos, a 526. No todas representan derechos independientes o vigentes, pero contienen numerosas medidas de trato diferenciado. Y en mayo de 2025 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró discriminatorios los requisitos adicionales impuestos a los padres para cobrar un complemento de pensión.

SÉPTIMA VERDAD INCÓMODA. Las detenciones injustificadas, las acusaciones deliberadamente falsas y las restricciones familiares indebidamente acordadas ocasionan daños que van mucho más allá de los juzgados: pérdida de empleo, ruina económica, destrucción de relaciones familiares y sufrimiento psicológico. Los testimonios de Foro Policía exigen investigar esas situaciones, determinar responsabilidades y reparar los perjuicios acreditados.

OCTAVA VERDAD INCÓMODA. Los asesinatos de mujeres cometidos por sus parejas o exparejas no han desaparecido. La protección eficaz exige examinar los antecedentes de los agresores, la valoración del peligro, las actuaciones policiales y los resultados de las medidas. No basta con aprobar presupuestos y multiplicar campañas.

NOVENA VERDAD INCÓMODA. El Partido Popular lleva años respaldando la continuidad de este sistema. Rajoy mantuvo su estructura fundamental. En 2017 se aprobó el primer Pacto de Estado durante su Gobierno. El PP respaldó su renovación en 2025. Y Feijóo anunció el 3 de noviembre de 2026 que no cambiará la Ley Orgánica 1/2004.

¿De qué transformación política estamos hablando si una de las leyes más controvertidas del zapaterismo permanece fuera de cualquier reforma de fondo?

Y AHORA, LA PREGUNTA DEL MILLÓN: ¿QUÉ HARÁ VOX?

VOX ha prometido derogar las leyes de violencia de «género».

El Partido Popular anuncia que mantendrá la Ley Orgánica 1/2004.

Los dos compromisos chocan frontalmente.

Y el próximo 29 de noviembre se celebrarán elecciones generales.

Por tanto, llega la pregunta que deberán responder quienes aspiren a participar en un futuro Gobierno:

¿QUÉ HARÁ VOX SI SUS VOTOS RESULTAN IMPRESCINDIBLES PARA FORMAR GOBIERNO? ¿EXIGIRÁ CUMPLIR SU COMPROMISO ELECTORAL O RENUNCIARÁ A ÉL A CAMBIO DE MINISTERIOS, VICEPRESIDENCIAS Y SILLONES EN EL CONSEJO DE MINISTROS?

Porque prometer desde la oposición es fácil. Lo decisivo es lo que se hace cuando llega la hora de negociar el poder.

Y, mientras tanto, conviene recordar tres principios que ningún partido debería olvidar:

LA RESPONSABILIDAD PENAL ES INDIVIDUAL.

LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA ES UN DERECHO FUNDAMENTAL.

LOS HIJOS NO SON PROPIEDAD DE SUS PADRES NI DE SUS MADRES.

Una legislación no merece permanecer intocable por haber recibido el aval de los tribunales o contar con el acuerdo de los grandes partidos.

NINGUNA LEY ES SAGRADA. NINGÚN TRIBUNAL ES INFALIBLE. Y NINGÚN SILLÓN MINISTERIAL DEBERÍA SUSTITUIR A LOS COMPROMISOS QUE UN PARTIDO ASUME ANTE SUS ELECTORES.

SI QUIERES PROFUNDIZAR, SIGUE LEYENDO.

El próximo 28 de diciembre se cumplirán veintidós años de la aprobación de la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Una fecha especialmente apropiada, por cierto: el día de los Santos Inocentes. Aunque las consecuencias de aquella legislación no tengan ninguna gracia para quienes las han padecido.

Veintidós años después, considero que ha llegado la hora de afrontar una cuestión que nuestros gobernantes han convertido prácticamente en intocable: la creación de un sistema penal diferenciado por razón de sexo y las consecuencias que su aplicación ha tenido sobre numerosos hombres y sus hijos.

No estamos hablando de una discusión académica.

Hablamos de personas detenidas, de acusados que aceptan condenas por conformidad, de expulsiones del domicilio familiar, de restricciones a las relaciones entre padres e hijos, de pérdidas de empleo, de ruina económica y de actuaciones policiales y judiciales cuya legalidad ha sido cuestionada por sus propios protagonistas.

Hablamos también de las mujeres verdaderamente maltratadas, a quienes el Estado debe proteger eficazmente, y de los asesinos que siguen arrebatándoles la vida pese a las sucesivas leyes, campañas y promesas políticas.

Y hablamos de los niños, los grandes olvidados de demasiadas disputas entre adultos, que soportan las consecuencias de unas decisiones sobre su vida familiar que jamás les corresponden.

Pero, por encima de todo, hablamos del principio de igualdad ante la ley.

Porque una legislación que establece diferencias penales según el sexo de las personas exige una justificación especialmente rigurosa.

Y porque ningún tribunal, ningún Gobierno y ningún partido político deben quedar al margen de la crítica cuando están en juego derechos fundamentales.

La novedad política más significativa se produjo el pasado 3 de noviembre, cuando Alberto Núñez Feijóo anunció expresamente que no cambiará la Ley Orgánica 1/2004.

Lo dijo sin rodeos.

«No voy a cambiar esa ley».

Ya sabemos, por tanto, cuál es la posición de quienes prometen representar una alternativa al socialismo.

El Partido Popular se dispone a conservar una de las construcciones jurídicas más características del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Pero empecemos por el principio.

NOS HAN ENSEÑADO A ENAMORARNOS, PERO NO A CONVIVIR NI A SEPARARNOS

Hace dieciséis años, cuando publiqué mi artículo Sin éxito la Ley Integral contra la Violencia de «Género», comencé señalando una cuestión que sigo considerando fundamental.

Desde pequeños nos inculcan que encontrar pareja constituye una de las grandes metas de nuestra existencia.

El cine, las novelas, las canciones, las familias y las costumbres sociales nos presentan el enamoramiento como el camino hacia la felicidad.

Encontrar a nuestra media naranja.

Al hombre o a la mujer de nuestra vida.

Compartirlo todo.

Envejecer juntos.

Permanecer unidos hasta que la muerte nos separe.

Pero resulta que dos personas enamoradas continúan siendo dos personas diferentes.

Cada una conserva su carácter, sus aspiraciones, sus necesidades, sus defectos y su manera de entender la vida.

El enamoramiento no elimina las diferencias.

El matrimonio tampoco.

Y la convivencia constituye una tarea mucho más compleja que intercambiar promesas de amor eterno.

El problema comienza cuando una relación deja de funcionar y sus protagonistas interpretan la ruptura como una derrota personal intolerable.

Aparecen entonces los reproches, los resentimientos, los celos, las acusaciones y los deseos de venganza.

En ocasiones, la convivencia continúa mucho después de que haya desaparecido cualquier posibilidad razonable de entendimiento.

Se suceden las oportunidades.

Las promesas.

Las reconciliaciones.

Las nuevas discusiones.

Y cuando finalmente llega la separación, los protagonistas llevan meses o años acumulando hostilidad.

Naturalmente, la inmensa mayoría de las rupturas no desembocan en delitos.

Pero algunas terminan en amenazas, persecuciones, agresiones y asesinatos.

¿Por qué?

¿Qué importancia tienen la posesividad, los antecedentes de violencia, las conductas de control, la dependencia económica, los problemas psicológicos o la incapacidad para aceptar el abandono?

¿Qué papel desempeñan las disputas por la vivienda y los hijos?

¿Por qué determinados individuos reaccionan violentamente mientras otros, sometidos a conflictos semejantes, no cometen jamás una agresión?

Éstas son las preguntas que debemos investigar.

Y no basta con responder mediante una interpretación ideológica de las relaciones entre todos los hombres y todas las mujeres.

La violencia doméstica exige estudiar personas, circunstancias y comportamientos concretos.

No convertir a media humanidad en sospechosa de una supuesta culpa histórica.

EL PECADO ORIGINAL: UNA INTERPRETACIÓN IDEOLÓGICA CONVERTIDA EN DERECHO PENAL

Para comprender el fundamento de la legislación aprobada el 28 de diciembre de 2004 basta con leer su exposición de motivos.

El legislador presenta la violencia contra las mujeres como manifestación de una desigualdad histórica y de unas relaciones de poder de los hombres sobre ellas.

El artículo primero convierte ese planteamiento en fundamento jurídico.

La ley no se limita a castigar agresiones.

Establece un sistema específico para determinadas conductas cometidas por hombres contra mujeres con quienes mantienen o han mantenido relaciones afectivas.

Y a partir de esa delimitación se desarrolla un conjunto de disposiciones penales, judiciales, laborales, económicas y asistenciales.

La consecuencia es inequívoca: el sexo de las personas interviene expresamente en la determinación del tratamiento jurídico aplicable.

Una mujer agredida por su marido queda comprendida en el ámbito específico de la Ley Orgánica 1/2004.

Un hombre agredido por su esposa dispone de protección mediante las normas generales y las disposiciones sobre violencia doméstica, pero no recibe automáticamente la misma consideración jurídica ni el conjunto de prestaciones correspondientes a aquella categoría.

El legislador distingue.

Y esas distinciones tienen consecuencias.

La cuestión no consiste en negar la existencia de mujeres maltratadas.

Existen.

Como existen hombres maltratados, niños agredidos por sus padres o sus madres y ancianos sometidos a abusos dentro de sus familias.

La cuestión consiste en determinar por qué el Estado establece respuestas diferentes atendiendo al sexo de quienes intervienen.

Porque las personas no son representantes obligatorios de una clase histórica de dominadores o dominados.

Son individuos.

Con derechos.

Con obligaciones.

Y con responsabilidad por sus propios actos.

Ningún hombre debe responder por el comportamiento de otros hombres. Ninguna mujer debe recibir una consideración jurídica favorable simplemente por pertenecer al sexo femenino.

La justicia exige examinar los hechos.

No sustituirlos por una interpretación general de la sociedad.

EL DERECHO PENAL DE AUTOR Y LA DIFERENCIA DE PENAS

Llegamos al artículo 153 del Código Penal.

Su apartado primero establece, para determinados malos tratos cometidos por un hombre contra su esposa o pareja femenina, una pena de prisión de seis meses a un año, o trabajos en beneficio de la comunidad.

El apartado segundo contempla para otros supuestos familiares, entre ellos determinadas agresiones de una mujer contra su marido, una pena de prisión de tres meses a un año, también con penas alternativas.

La diferencia en el límite mínimo de prisión está escrita.

No procede de ninguna asociación de padres separados.

No es una invención de los adversarios de la ley.

Es Derecho positivo.

Y plantea una cuestión elemental:

¿Por qué determinados hechos reciben un tratamiento penal distinto según el sexo de sus protagonistas?

El Tribunal Constitucional examinó esta diferencia en su Sentencia 59/2008, de 14 de mayo.

La mayoría consideró que existía una justificación constitucional.

Cuatro magistrados formularon votos particulares discrepantes.

Posteriormente, el Tribunal Supremo dictó la Sentencia 677/2018, de 20 de diciembre, relativa a una agresión recíproca entre un hombre y una mujer que mantenían una relación sentimental.

El Pleno estableció que, para aplicar al hombre el artículo 153.1, no resultaba necesario demostrar una intención específica de dominación machista.

La agresión debía quedar acreditada.

Pero no hacía falta acreditar ese propósito adicional.

Cuatro magistrados discreparon.

Aquí aparece la contradicción que considero fundamental.

La diferencia de tratamiento penal se justifica mediante una interpretación de las relaciones de poder entre hombres y mujeres, pero la aplicación del precepto no exige demostrar en cada caso una intención especial de dominación.

El Tribunal Constitucional rechazó que ello constituyera técnicamente un Derecho Penal de autor.

Ésa fue su conclusión jurídica.

Pero no impide discutirla.

Cuando el sexo del acusado interviene en la determinación de una pena diferente, existe una cuestión de igualdad penal que ninguna sentencia debe convertir en materia prohibida para el debate público.

La gravedad de una agresión debe determinarse por la conducta, el daño causado, las circunstancias del delito, la vulnerabilidad de la víctima y los demás elementos jurídicamente relevantes.

La culpabilidad es individual.

Y el Derecho Penal debe responder a ese principio.

UN APARTHEID JURÍDICO POR RAZÓN DE SEXO

Utilizo deliberadamente esta expresión para describir lo que considero una separación injusta entre categorías de ciudadanos sometidos a tratamientos jurídicos diferentes.

Es una denuncia política y jurídica, no una equiparación histórica literal con el régimen sudafricano.

El problema adquiere especial gravedad cuando las diferencias afectan al poder punitivo del Estado.

Porque una pena de prisión no es una subvención.

Una detención no es una campaña publicitaria.

Una prohibición de acercamiento no es una recomendación.

Y una decisión judicial que altera las relaciones entre padres e hijos no constituye una simple cuestión administrativa.

Estamos hablando de derechos fundamentales.

El artículo 14 de la Constitución proclama la igualdad ante la ley.

El artículo 17 garantiza la libertad personal.

El artículo 24 reconoce la presunción de inocencia y el derecho a la defensa.

Y el artículo 117.6 prohíbe los tribunales de excepción.

La organización judicial especializada en violencia sobre la mujer pertenece formalmente a la jurisdicción ordinaria. Pero esa clasificación no elimina el debate sobre la existencia de tipos penales diferenciados y órganos cuya competencia se determina, entre otras circunstancias, por el sexo de la víctima.

El sistema merece un examen profundo.

Y sus efectos sobre los investigados y sus familias merecen una investigación independiente.

Porque la existencia de una sentencia constitucional no demuestra que una legislación sea la mejor solución imaginable.

Ni la convierte en perpetua.

Las leyes se aprueban, se modifican y se derogan. Los tribunales también se equivocan. Y ninguna institución humana merece un cheque en blanco.

MÁS DE TRES MILLONES DE DENUNCIAS

Entre 2006 y 2025 se presentaron en España 3.082.882 denuncias por violencia contra la mujer, según una recopilación de las estadísticas judiciales anuales.

Más de tres millones.

Durante ese período se dictaron alrededor de 698.680 sentencias condenatorias.

La relación aritmética entre ambas cantidades equivale al 22,66 %.

Las cifras no corresponden necesariamente a las mismas personas ni a los mismos procedimientos: una persona acumula varias denuncias y las causas judiciales no siempre se resuelven en el año de su presentación.

Por tanto, esa operación no permite establecer el porcentaje individual de hombres denunciados que terminaron condenados.

Pero sí demuestra la extraordinaria dimensión de la actividad policial y judicial vinculada a esta legislación.

En 2025 se presentaron 204.342 denuncias.

Se dictaron 60.942 sentencias: 50.190 condenatorias y 10.752 absolutorias.

El porcentaje de condenas entre las sentencias dictadas fue del 82,36 %.

La cuestión fundamental es averiguar qué sucede durante todo el procedimiento.

¿Cuántas personas son detenidas?

¿Cuántas son puestas en libertad sin cargos?

¿Cuántas sufren restricciones de sus relaciones familiares?

¿Cuántas pierden temporalmente su vivienda?

¿Cuántas padecen consecuencias profesionales?

¿Cuántas medidas cautelares terminan siendo revocadas?

¿Y qué reparación reciben quienes han soportado actuaciones injustificadas?

Éstas son las estadísticas que también necesitamos.

Porque la justicia no termina con el recuento de condenas.

Y los daños ocasionados antes de la sentencia no desaparecen porque posteriormente se dicte una absolución.

LAS CONDENAS POR CONFORMIDAD: ¿CUÁNTOS ACEPTAN PARA TERMINAR DE UNA VEZ?

Según la Memoria de la Fiscalía correspondiente a 2024, se dictaron 32.340 sentencias condenatorias de conformidad en los procedimientos comprendidos en su estadística sobre violencia contra la mujer.

Representaban el 62,61 % de las condenas registradas.

Más de seis de cada diez.

Una proporción que merece atención.

La conformidad constituye una institución procesal legalmente establecida.

Permite al acusado aceptar una determinada acusación y una pena, con intervención de su defensa y control judicial.

Pero la existencia de esas garantías formales no elimina la necesidad de examinar las circunstancias reales en que se presta el consentimiento.

Imaginemos a un hombre sometido a una investigación penal.

Se encuentra apartado del domicilio familiar.

Su relación con los hijos ha quedado alterada.

Acumula gastos de abogados.

Tiene problemas laborales.

Y teme que la continuación del procedimiento termine ocasionándole consecuencias más graves.

Ante semejante situación, aceptar una pena inferior y poner fin al asunto adquiere un atractivo considerable.

¿Todos los acusados que aceptan una conformidad reconocen libremente su culpabilidad?

¿Existen casos en los que el temor a perder la vivienda, el trabajo o la convivencia con los hijos influye decisivamente en la aceptación?

¿Se producen presiones indebidas?

¿Comprenden siempre los acusados las consecuencias de su decisión?

El número de conformidades exige estudiar estas cuestiones.

Porque una condena obtenida mediante amenazas o coacciones constituye una gravísima vulneración de derechos.

Y porque ninguna persona inocente debe sentirse obligada a aceptar una condena para escapar de perjuicios todavía mayores.

La rapidez de los procedimientos no debe anteponerse a la justicia.

CUANDO LOS PROPIOS POLICÍAS HABLAN DE DETENCIONES INJUSTIFICADAS

Hace años, varios participantes de Foro Policía mantuvieron una conversación sobre la aplicación de la legislación de violencia contra la mujer.

Entre ellos aparecían personas que se identificaban como policías nacionales, guardias civiles y miembros de otros cuerpos.

El documento resulta especialmente revelador.

Algunos defendían practicar detenciones para proteger a posibles víctimas y evitar responsabilidades si posteriormente se producía una agresión.

Otros denunciaban situaciones en las que consideraban que los agentes actuaban con indicios insuficientes.

Uno de los participantes resumía la práctica que criticaba mediante una expresión inequívoca:

«Ante la duda, pal talego».

Otro explicaba que el temor a las consecuencias profesionales condicionaba las decisiones policiales.

Y otro rechazaba detener a una persona cuando no encontraba indicios suficientes para justificar la privación de libertad.

La conversación contiene además el testimonio de un antiguo compañero que afirma haber perdido su trabajo y la convivencia con su hijo después de cuatro denuncias que terminaron archivadas o en absolución.

También recoge el relato de un guardia civil que asegura haber evitado una detención injustificada por supuesto quebrantamiento de una orden de alejamiento después de aportar documentos judiciales que contradecían la acusación.

Son testimonios personales que merecen comprobarse mediante los expedientes correspondientes.

Pero plantean un problema muy serio.

¿Qué ocurre cuando el temor del agente a recibir reproches de sus superiores acaba influyendo más que la valoración individual de los indicios?

¿Quién responde por una detención arbitraria?

¿Qué mecanismos garantizan el derecho constitucional al habeas corpus?

¿Y quién repara los daños ocasionados por una privación ilegal de libertad?

La detención policial no constituye una pena anticipada.

Es una medida sometida a requisitos legales.

El miedo a los superiores no autoriza a detener arbitrariamente a un ciudadano.

Y una legislación que pretende proteger a personas amenazadas no concede permiso para vulnerar los derechos de otras.

LA LEY DE 2004 TAMBIÉN REVOLTEA EN LOS DIVORCIOS, LAS CUSTODIAS Y LAS DISPUTAS POR LA VIVIENDA

Llegamos a uno de los asuntos más graves.

En no pocos procedimientos de separación y divorcio aparecen denuncias penales que terminan influyendo sobre las decisiones relativas a los hijos, la vivienda y las relaciones familiares.

Y la legislación permite esa conexión.

El artículo 92.7 del Código Civil excluye la guarda compartida cuando concurren determinadas situaciones penales o indicios fundados de violencia.

El artículo 94 establece restricciones sobre visitas y estancias en determinados supuestos, con las facultades judiciales de valoración y decisión que el propio precepto contempla.

Y la Ley Orgánica del Poder Judicial atribuye a los órganos especializados competencia sobre determinados procedimientos civiles relacionados con el matrimonio, la guarda y custodia, las obligaciones familiares y el régimen económico matrimonial.

La consecuencia es trascendental.

Un procedimiento penal influye sobre cuestiones fundamentales de la vida familiar antes de que exista necesariamente una sentencia condenatoria firme.

Hablamos del domicilio.

De los hijos.

De la convivencia.

De las visitas.

De las pensiones.

De las obligaciones económicas.

Y de la posición de las partes durante un divorcio conflictivo.

Cuando existen agresiones y peligros acreditados, las medidas de protección cumplen una finalidad indispensable.

Pero cuando una actuación resulta injustificada, sus consecuencias sobre la vida familiar son enormes.

Porque un padre apartado de sus hijos no recupera los años de convivencia perdidos mediante una sentencia absolutoria.

Y los hijos tampoco recuperan su infancia.

La cuestión merece una investigación rigurosa.

¿Cuántas restricciones familiares se acuerdan durante procedimientos que terminan sin condena?

¿Cuántas se revisan posteriormente?

¿Qué consecuencias produce su duración?

¿Y cómo se restablecen las relaciones familiares cuando desaparecen las razones que motivaron las restricciones?

La justicia debe proteger a los menores frente a cualquier progenitor que los maltrate.

Pero también debe protegerlos frente a separaciones injustificadas.

DEL FAVOR FILII AL FAVOR MATRIS

El principio que debe presidir las decisiones sobre los hijos es el favor filii: su interés superior.

No el interés del padre.

Tampoco el de la madre.

El de los hijos.

Sin embargo, considero indispensable examinar si determinadas decisiones responden, en la práctica, a una preferencia hacia la madre, un favor matris que termine desplazando la valoración individual de las circunstancias.

La maternidad no demuestra automáticamente mayor capacidad educativa.

La paternidad tampoco constituye una presunción de peligrosidad.

Ambos progenitores tienen obligaciones.

Ambos deben responder de sus conductas.

Y ambos merecen una valoración individual de su capacidad para cuidar y educar a sus hijos.

La separación matrimonial no convierte a los hijos en propiedad de uno de ellos.

Tampoco una denuncia penal debe utilizarse deliberadamente como instrumento para conseguir ventajas procesales injustificadas.

Cuando los hechos denunciados son verdaderos y existe peligro, la protección debe ser firme.

Pero cuando una acusación no queda acreditada, las medidas que afectan a la convivencia familiar deben revisarse conforme a las circunstancias y al interés del menor.

La infancia no admite una segunda edición.

Un niño de cuatro años que deja de convivir con su padre tendrá ocho cuando transcurran otros cuatro.

Nadie le devolverá aquellos cumpleaños.

Ni las noches.

Ni los paseos.

Ni las conversaciones.

Ni los deberes escolares que pudieron hacer juntos.

Ni las experiencias compartidas que nunca llegaron a producirse.

La pérdida injustificada de la relación entre un padre y sus hijos constituye uno de los daños familiares más difíciles de reparar.

No basta con dictar una absolución años después.

Hay que preguntarse qué ha sucedido mientras tanto.

Y quién responde por los perjuicios injustificados.

DE LA PAREJA A LA VECINA, LA COMPAÑERA DE TRABAJO O LA DESCONOCIDA

Otro cambio legislativo merece atención.

La Ley Orgánica 1/2004 nació con una delimitación específica: determinadas conductas de los hombres contra sus parejas o exparejas femeninas.

Pero las reformas posteriores han ampliado las competencias de los órganos judiciales especializados.

El Pacto de Estado de 2017, aprobado durante el Gobierno de Mariano Rajoy, incorporó propuestas para extender la atención a otras formas de violencia contra las mujeres.

Y la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, aprobada durante el Gobierno de Pedro Sánchez, modificó la organización judicial.

Desde el 3 de octubre de 2025, las Secciones de Violencia sobre la Mujer conocen también de determinados delitos sexuales, mutilación genital femenina, matrimonio forzado, acoso con connotación sexual y trata de mujeres con fines de explotación sexual, sin exigir una relación afectiva entre las personas implicadas.

La propia Fiscalía General del Estado destaca expresamente esta ampliación en su Memoria de 2026.

Por tanto, una denuncia comprendida en esas categorías ya no necesita referirse a un marido, novio o antiguo compañero sentimental.

Los hechos investigados pueden haberse producido entre compañeros de trabajo, vecinos o personas que jamás habían mantenido una relación afectiva.

También entre completos desconocidos.

La especialización judicial ha salido del ámbito exclusivo de las relaciones de pareja y se ha extendido a determinadas conductas cometidas fuera de ellas.

No significa que cualquier discusión entre un hombre y una mujer se convierta automáticamente en un procedimiento comprendido en la Ley de 2004.

La ampliación se refiere a delitos concretos establecidos por la reforma de 2025.

Pero resulta indiscutible que el ámbito de actuación de los órganos especializados es hoy más amplio.

Y precisamente por eso debemos examinar sus competencias, sus procedimientos y las garantías de todas las personas investigadas.

Porque cuanto mayor es el poder de intervención del Estado, mayor debe ser la exigencia de control.

LAS ÓRDENES DE ALEJAMIENTO: LA ASIMETRÍA Y EL PROBLEMA DE LAS RECONCILIACIONES

Otra cuestión particularmente delicada es la de las órdenes de alejamiento.

Estas medidas imponen prohibiciones a la persona contra la que se dictan.

No establecen automáticamente obligaciones equivalentes para la persona protegida.

El Tribunal Supremo acordó el 25 de noviembre de 2008 que el consentimiento de la mujer protegida no excluye la responsabilidad penal por quebrantar la medida.

Esto produce situaciones especialmente complejas.

Un hombre tiene prohibido acercarse a su esposa o expareja.

La mujer desea reanudar la convivencia.

Ambos se reconcilian.

Pero la resolución judicial continúa vigente.

El acuerdo de la pareja no elimina automáticamente la prohibición.

Y el destinatario sigue obligado a cumplirla.

La situación merece especial atención cuando la persona protegida toma la iniciativa del contacto.

También cuando existen intentos deliberados de provocar un quebrantamiento.

El sistema necesita mecanismos claros de revisión judicial, sin olvidar que las penas de alejamiento impuestas por sentencia firme tienen un régimen distinto del de las medidas cautelares.

Porque una prohibición destinada a proteger frente a un peligro no debe convertirse en instrumento para ocasionar deliberadamente nuevas responsabilidades penales.

También se han producido procedimientos relacionados con comunicaciones aparentemente inofensivas.

La Audiencia Provincial de Guipúzcoa examinó en 2021 un caso en el que figuraban cartas y un ramo de flores remitidos a una mujer respecto de la cual existía una prohibición de comunicación.

El acusado ya estaba en prisión y el procedimiento comprendía otras conductas.

El ejemplo demuestra que una acción ordinariamente lícita adquiere relevancia penal cuando vulnera conscientemente una prohibición judicial.

Por eso las medidas deben justificarse rigurosamente y sus destinatarios deben conocer con precisión sus obligaciones.

La libertad personal no admite descuidos.

LA MUERTE CIVIL: SIN VIVIENDA, SIN TRABAJO Y SIN HIJOS

Las consecuencias de una acusación penal no terminan necesariamente en el juzgado.

Pueden extenderse durante años.

Un hombre abandona el domicilio familiar.

Necesita alquilar otra vivienda.

Continúa soportando obligaciones económicas.

Paga su defensa.

Pierde jornadas de trabajo.

Ve deteriorarse sus relaciones personales.

Y, en determinadas circunstancias, pierde la convivencia cotidiana con sus hijos.

Cuando estas consecuencias proceden de actuaciones injustificadas, el daño merece reparación.

Pero ¿cómo se recupera la reputación destruida?

¿Cómo se consigue de nuevo un empleo perdido?

¿Cómo se restablece una relación familiar después de años de alejamiento?

¿Cómo vuelve a confiar en la justicia quien ha sufrido una detención ilegal?

La expresión «muerte civil» describe el sufrimiento de quienes afirman haber perdido, como consecuencia de acusaciones o actuaciones injustificadas, buena parte de su vida familiar, profesional y social.

Y existe otra tragedia que merece atención.

El sufrimiento psicológico extremo.

La soledad.

La desesperación.

La ruina económica.

El aislamiento.

Y el suicidio.

La relación entre los procedimientos judiciales y los suicidios debe investigarse mediante estudios rigurosos de sus circunstancias.

No existe motivo alguno para ignorar el sufrimiento de los hombres que atraviesan separaciones traumáticas, pérdidas patrimoniales y restricciones prolongadas de sus relaciones familiares.

El Estado debe ofrecer asistencia.

Y debe responder por los daños ocasionados mediante actuaciones ilegales.

La Administración de Justicia no puede limitarse a archivar expedientes cuando una persona ha sufrido perjuicios irreparables por una actuación injustificada.

LAS DENUNCIAS FALSAS Y LAS VENTAJAS ECONÓMICAS O FAMILIARES

Otra cuestión que nuestros gobernantes deberían examinar es la posible utilización fraudulenta de los procedimientos penales.

La Fiscalía registra un número reducido de procedimientos y condenas por denuncia falsa respecto del volumen total de denuncias presentadas.

Pero esos registros no constituyen un recuento de todas las acusaciones deliberadamente falsas que hayan existido.

Tampoco una absolución demuestra automáticamente que la denuncia fuera inventada.

La cuestión fundamental es perseguir la mentira deliberada cuando se acredita.

Porque una persona que atribuye conscientemente un delito inexistente a otra debe responder conforme al Código Penal.

Y resulta especialmente grave cuando esa acusación se utiliza para conseguir ventajas en un procedimiento de divorcio.

La vivienda.

La guarda y custodia.

Determinadas prestaciones.

O ayudas económicas.

La Ley Orgánica 1/2004 permite acreditar determinadas situaciones de violencia mediante resoluciones judiciales, informes del Ministerio Fiscal y documentos de servicios sociales o especializados, sin exigir siempre una sentencia condenatoria.

La finalidad es facilitar asistencia antes de que termine el procedimiento penal.

Pero ese sistema necesita controles.

Las ayudas públicas deben llegar a quienes cumplen los requisitos.

Las solicitudes fraudulentas deben investigarse.

Y las acusaciones deliberadamente falsas destinadas a obtener beneficios indebidos deben perseguirse.

La protección de las víctimas auténticas exige impedir la utilización fraudulenta del sistema.

526 DIFERENCIAS LEGALES ENTRE HOMBRES Y MUJERES

Y todavía queda otro asunto que amplía considerablemente el debate.

En abril de 2025, Mara Amo publicó en MasticadoresFEM un artículo titulado Los 513 derechos de las mujeres sobre los hombres.

Tomaba como punto de partida una recopilación independiente de diferencias legales entre hombres y mujeres en España.

Aquella relación reunía 513 entradas.

En noviembre de 2026 alcanza la número 526.

Incluye subvenciones, ayudas económicas, programas de empleo, condiciones de acceso a determinadas actividades, diferencias en pruebas físicas de oposiciones y medidas específicas de promoción de mujeres.

No todas las entradas representan derechos fundamentales independientes ni todas corresponden a disposiciones todavía vigentes.

Pero numerosas diferencias están recogidas expresamente en normas y convocatorias públicas.

La autora reconocía su existencia.

Y defendía que muchas estaban justificadas porque pretendían corregir desigualdades sociales.

Ahí aparece nuevamente la cuestión fundamental.

¿Desde cuándo una diferencia estadística entre hombres y mujeres constituye justificación suficiente para conceder ventajas legales a unas personas y excluir a otras?

Un hombre desempleado no necesita menos ayuda porque existan más hombres empleados en determinada profesión.

Una empresaria acomodada no necesita una subvención simplemente porque haya menos mujeres que hombres dirigiendo empresas.

Y un ciudadano preparado no adquiere mayor capacidad profesional por pertenecer al sexo menos representado en una actividad.

Las políticas públicas deben atender necesidades reales.

No convertir las estadísticas generales en certificados individuales de merecimiento.

LA LEY DE PARIDAD QUE ADMITE MÁS MUJERES, PERO NO MÁS HOMBRES

La Ley Orgánica 2/2024, de representación paritaria, contiene un ejemplo especialmente significativo.

Su disposición adicional primera establece, con carácter general, que la representación de cada sexo debe situarse entre el 40 % y el 60 %.

Pero admite una excepción cuando exista una representación femenina superior al 60 %, siempre que se justifique.

No establece una excepción equivalente expresamente formulada para los hombres.

La diferencia está escrita.

La justificación invocada es la acción positiva.

Pero la expresión no elimina la obligación de explicar por qué resulta necesaria la excepción, cuál es su finalidad y qué límites deben establecerse.

Si el objetivo es una representación equilibrada, toda excepción requiere un fundamento concreto.

Porque llamar igualdad a una disposición no demuestra automáticamente que respete ese principio.

EUROPA YA HA CORREGIDO UNA DISCRIMINACIÓN CONTRA LOS PADRES

Hay un ejemplo todavía más esclarecedor.

El complemento de las pensiones destinado a reducir la diferencia entre los ingresos de hombres y mujeres establecía requisitos distintos para madres y padres.

Las mujeres accedían conforme a unas condiciones.

Los hombres debían acreditar circunstancias adicionales relacionadas con las consecuencias de la crianza sobre sus carreras profesionales.

El 15 de mayo de 2025, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró que esa diferencia constituía una discriminación directa por razón de sexo contraria a la normativa europea.

El Tribunal Supremo español aplicó posteriormente esa doctrina.

No hablamos de interpretaciones personales.

Hablamos de decisiones judiciales.

Una disposición presentada como instrumento para corregir desigualdades terminó siendo declarada discriminatoria.

La finalidad proclamada por el legislador no basta para justificar cualquier diferencia de trato.

Y este ejemplo demuestra por qué necesitamos examinar con el mismo rigor todas las disposiciones que establecen ventajas o cargas distintas en función del sexo.

LOS HOMBRES, LOS NIÑOS Y LOS ANCIANOS TAMBIÉN SUFREN VIOLENCIA DOMÉSTICA

La violencia familiar no se limita a las agresiones de hombres contra mujeres.

Existen hombres maltratados por sus esposas.

Niños agredidos por sus padres o sus madres.

Ancianos víctimas de malos tratos.

Hijos que agreden a sus progenitores.

Y personas que sufren amenazas, coacciones y humillaciones dentro de sus relaciones familiares.

El Instituto Nacional de Estadística registró en 2025 un total de 9.513 víctimas en asuntos clasificados como violencia doméstica con órdenes de protección o medidas cautelares.

De ellas, 3.724 eran hombres y 5.789 mujeres.

Son cifras correspondientes a una categoría estadística diferente de la utilizada para la violencia contra la mujer en las relaciones de pareja.

Pero demuestran que las víctimas domésticas pertenecen a ambos sexos.

Y todas merecen protección.

¿Sufre menos un anciano agredido por su hija que una anciana agredida por su hijo?

¿Merece menos protección un niño maltratado por su madre que una niña maltratada por su padre?

¿Tiene menos importancia una agresión porque la víctima sea hombre?

La respuesta es evidente.

La gravedad de una agresión depende de los hechos y de las circunstancias, no del valor político que nuestros gobernantes atribuyan a la categoría de víctima.

LOS ASESINATOS CONTINÚAN: ¿QUÉ RESULTADOS HA CONSEGUIDO LA LEY?

La Ley Orgánica 1/2004 fue presentada como una respuesta histórica frente a los malos tratos y asesinatos de mujeres.

Veintidós años después, esos crímenes continúan.

Según la serie histórica oficial, en 2003 fueron asesinadas 71 mujeres por sus parejas o exparejas.

En 2004 fueron 72.

En 2008 se registraron 76.

En 2010 fueron 74.

La Fiscalía General del Estado contabilizó 50 asesinatos de esta naturaleza en 2025.

Las cifras muestran reducciones en determinados períodos, oscilaciones y la persistencia de asesinatos durante toda la vigencia de la legislación.

La evolución exige estudiar los resultados de las distintas medidas, no atribuir automáticamente todos los cambios a una sola ley.

Pero existen dos datos especialmente importantes.

De las 50 mujeres asesinadas en 2025 contabilizadas por la Fiscalía, solamente 11 habían presentado denuncias previas.

Y 14 de los presuntos agresores tenían antecedentes relacionados con violencia contra parejas anteriores.

Son circunstancias que obligan a investigar los mecanismos de detección y protección.

¿Por qué tantas víctimas no habían denunciado?

¿Qué ocurrió en los casos de agresores con antecedentes?

¿Cómo se valoraron los riesgos?

¿Qué medidas funcionaron?

¿Dónde se produjeron errores?

¿Y qué responsabilidades se exigieron por las negligencias acreditadas?

La protección de las personas amenazadas no mejora por multiplicar los discursos.

Necesita procedimientos eficaces.

Investigación.

Vigilancia.

Y responsabilidad.

MÁS EDUCACIÓN, MÁS PREVENCIÓN Y MENOS PROPAGANDA

Hace dieciséis años defendí la necesidad de enseñar a nuestros jóvenes a comprender las relaciones afectivas.

Hoy considero esa tarea todavía más importante.

Hay que enseñar a convivir.

A respetar la libertad ajena.

A dominar los impulsos.

A soportar las frustraciones.

A reconocer los propios errores.

Y a aceptar que nadie está obligado a continuar una relación sentimental contra su voluntad.

También debemos enseñar a separarnos.

A resolver los desacuerdos sin violencia.

A evitar las amenazas.

A impedir que los hijos sean utilizados como instrumentos de venganza.

Y a comprender que la ruptura de una pareja no convierte necesariamente a ninguno de sus protagonistas en culpable de una desgracia.

La educación corresponde fundamentalmente a las familias.

La escuela debe colaborar mediante la enseñanza y la formación de capacidades.

Pero ninguna de ellas debe convertirse en instrumento para inculcar prejuicios contra uno de los sexos.

También debemos facilitar la mediación voluntaria en los conflictos familiares donde ambas partes negocien libremente y no exista violencia ni coacción que impida hacerlo.

La mediación no sustituye al proceso penal cuando se cometen delitos.

Pero resulta útil para resolver numerosos desacuerdos sobre cuestiones patrimoniales, familiares y de convivencia.

La magistrada María Sanahuja, antigua jueza decana de Barcelona, fue una de las voces críticas con determinados efectos de la legislación de 2004 y defendió una utilización más amplia de la mediación.

Sus planteamientos merecen atención.

Porque no toda discusión matrimonial constituye un delito.

No toda ruptura conflictiva exige una detención.

Y no toda diferencia entre progenitores debe desembocar en años de enfrentamientos judiciales.

EL PARTIDO POPULAR: VEINTIDÓS AÑOS CONSERVANDO LA HERENCIA DE ZAPATERO

Llegamos finalmente a la responsabilidad política.

Mariano Rajoy gobernó España con mayoría absoluta.

Tuvo capacidad parlamentaria para impulsar una reforma de fondo de la Ley Orgánica 1/2004.

No modificó su fundamento penal diferenciado.

Durante su mandato se aprobó, en 2017, el primer Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

En febrero de 2025, el Congreso respaldó su renovación por 315 votos favorables y 33 contrarios.

El Partido Popular apoyó aquel acuerdo.

Y el pasado 3 de noviembre de 2026, Alberto Núñez Feijóo anunció que no cambiará la ley.

Lo dijo expresamente al hablar de un eventual acuerdo con Vox después de las elecciones del próximo 29 de noviembre.

Feijóo propone trasladar al Ministerio del Interior la gestión de los dispositivos electrónicos de control y mejorar la protección de las mujeres amenazadas.

Pero esas medidas administrativas no modifican la diferencia penal del artículo 153.

No responden a las objeciones sobre las condenas por conformidad.

No constituyen una revisión de las consecuencias familiares de los procedimientos.

Ni resuelven el debate sobre la igualdad ante la ley.

La posición del Partido Popular es inequívoca.

Defiende la continuidad de la Ley Orgánica 1/2004.

Por tanto, debe explicar por qué considera adecuado conservar su fundamento jurídico y qué razones tiene para descartar una reforma profunda.

No basta con prometer que administrará mejor los organismos existentes.

Porque reorganizar ministerios no equivale a reformar las leyes.

Y cambiar a los responsables políticos tampoco significa modificar las instituciones.

La continuidad de una legislación controvertida es una decisión política de la que también deben responder quienes la conservan.

¿QUÉ DEBE CAMBIAR?

Después de casi veintidós años, considero necesaria una revisión completa del sistema.

Empezando por las diferencias penales por razón de sexo.

Continuando por la organización judicial especializada y las garantías de los investigados.

Examinando las detenciones, las medidas cautelares, las condenas por conformidad y las órdenes de alejamiento.

Revisando las consecuencias de los procedimientos penales sobre divorcios, custodias, viviendas y relaciones familiares.

Estudiando los daños psicológicos y económicos ocasionados por actuaciones injustificadas.

Persiguiendo las denuncias deliberadamente falsas cuando se acrediten.

Y estableciendo mecanismos eficaces de reparación para quienes sufran privaciones ilegales de libertad, errores judiciales o actuaciones administrativas ilícitas.

También deben examinarse las ayudas públicas y las diferencias legales entre hombres y mujeres.

No todas tienen la misma naturaleza ni responden a las mismas circunstancias.

Pero ninguna debe quedar fuera de la evaluación.

El objetivo debe ser sencillo:

Una justicia que proteja a todas las víctimas, castigue a todos los agresores y respete los derechos fundamentales de todos los acusados.

Sin privilegios injustificados.

Sin prejuicios.

Sin automatismos.

Y sin convertir la lucha contra los delitos en un instrumento de confrontación permanente entre hombres y mujeres.

VEINTIDÓS AÑOS DESPUÉS: LA JUSTICIA NO PERTENECE A LOS PARTIDOS

El próximo 28 de diciembre volveremos a escuchar discursos solemnes acerca de la igualdad, los derechos y la protección de las víctimas.

Se anunciarán nuevos programas.

Se celebrarán reuniones.

Se publicarán estadísticas.

Y probablemente volveremos a escuchar las mismas consignas.

Pero hay preguntas que no deben desaparecer.

¿Quién responde por una detención ilegal?

¿Quién repara una condena obtenida mediante coacciones?

¿Quién devuelve a un padre los años de convivencia perdidos injustificadamente con sus hijos?

¿Quién restituye un empleo perdido como consecuencia de una actuación ilícita?

¿Quién responde por los daños ocasionados mediante acusaciones deliberadamente falsas?

¿Quién examina las diferencias penales por razón de sexo?

¿Y quién exige responsabilidades políticas a quienes se niegan a revisar disposiciones que afectan a derechos fundamentales?

La justicia exige proteger a las víctimas.

Pero también proteger a los inocentes.

Exige perseguir los delitos.

Pero también impedir las detenciones arbitrarias.

Exige proteger a los menores frente a la violencia.

Pero igualmente impedir que pierdan injustificadamente la relación con sus padres o sus madres.

La igualdad ante la ley no significa que todos los seres humanos sean idénticos.

Significa que las diferencias personales no autorizan cualquier desigualdad jurídica.

Y que nadie debe perder sus derechos fundamentales por pertenecer a un sexo determinado.

Una sociedad libre necesita un Derecho Penal que examine hechos y responsabilidades individuales, no que convierta la pertenencia a un grupo humano en fundamento suficiente de un tratamiento punitivo diferente.

Ésta es mi denuncia.

Y ninguna declaración de constitucionalidad debe impedir formularla.

Porque las leyes son obra de los hombres.

Los jueces también son seres humanos.

Y las decisiones de ambos están sometidas a crítica.

Después de veintidós años, considero indispensable revisar los fundamentos y las consecuencias de la Ley Orgánica 1/2004.

Y exigir explicaciones a todos los partidos que han decidido conservarla.

Empezando por el Partido Popular.

Porque Zapatero impulsó aquella legislación.

Rajoy mantuvo su estructura fundamental.

Sánchez ha defendido su continuidad y desarrollado reformas relacionadas con ella.

Y Feijóo acaba de anunciar que tampoco la cambiará.

La cuestión es clara: si quienes prometen gobernar de manera diferente mantienen las mismas disposiciones fundamentales, deben explicar qué transformación ofrecen realmente.

La justicia no pertenece al PSOE.

Tampoco al Partido Popular.

Ni a los ministros, jueces, fiscales o asociaciones subvencionadas.

Pertenece a los ciudadanos.

A todos.

También a los hombres.

También a los padres.

Y también a los hijos que sufren las consecuencias de decisiones injustificadas.

NINGUNA LEY ES SAGRADA. NINGÚN TRIBUNAL ES INFALIBLE. NINGÚN PARTIDO POLÍTICO ESTÁ POR ENCIMA DE LA CRÍTICA.

Y NINGÚN CIUDADANO DEBE PERDER SUS DERECHOS FUNDAMENTALES POR EL SIMPLE HECHO DE SER HOMBRE.

Y AHORA, LA PREGUNTA DEL MILLÓN: ¿QUÉ HARÁ VOX?

El 12 de noviembre de 2026, VOX volvió a incluir en su programa electoral el compromiso de derogar las leyes de violencia de «género».

Nueve días antes, Alberto Núñez Feijóo había anunciado expresamente que no cambiará la Ley Orgánica 1/2004.

Dos compromisos políticos enfrentados. Una misma posibilidad de Gobierno.

Y unas elecciones generales convocadas para el próximo 29 de noviembre.

La pregunta del millón es inevitable: ¿qué hará VOX si sus votos resultan necesarios para formar Gobierno? ¿Exigirá el cumplimiento de lo que lleva años prometiendo o renunciará a sus compromisos para conseguir sillones en el Consejo de Ministros?

¿Considerará irrenunciable la derogación de la Ley Orgánica 1/2004 o aceptará conservarla a cambio de participar en el Gobierno de España?

Porque una cosa es prometer desde la oposición y otra muy distinta mantener las promesas cuando aparecen sobre la mesa los ministerios, las vicepresidencias y los cargos públicos.

El 29 de noviembre comenzaremos a conocer la respuesta.

Y, si llega el momento de negociar un Gobierno, habrá una cuestión que no admitirá eslóganes ni escapatorias:

¿QUÉ PESARÁ MÁS PARA VOX: SUS COMPROMISOS ELECTORALES O LOS SILLONES DEL CONSEJO DE MINISTROS?