NOVENTA AÑOS DEL ASESINATO DE JOSÉ CALVO SOTELO
El crimen que acabó de hundir la Segunda República
Carlos Aurelio Caldito Aunión
RESUMEN PARA LECTORES CON PRISAS
Noventa años del asesinato de José Calvo Sotelo
El 13 de julio de 1936 fue asesinado José Calvo Sotelo, jefe de la oposición parlamentaria al Gobierno del Frente Popular. Había sido sacado de su domicilio por un grupo formado por miembros de las fuerzas de seguridad y varios civiles vinculados al socialismo, utilizando para ello una camioneta oficial de la Guardia de Asalto y la autoridad que confería el uniforme de algunos de sus integrantes.
Minutos después, Luis Cuenca Estevas, escolta personal de Indalecio Prieto y miembro de «La Motorizada», le disparó dos tiros en la nuca dentro del propio vehículo. Su cadáver fue abandonado en el depósito del Cementerio del Este.
Noventa años después, los hechos esenciales apenas son discutidos por los historiadores. Las diferencias aparecen al analizar las responsabilidades políticas, el grado de conocimiento que pudieron tener algunos dirigentes del Frente Popular y la influencia que el crimen ejerció sobre los acontecimientos que desembocaron en la Guerra Civil.
Este ensayo no pretende convertir a José Calvo Sotelo en un mártir intocable ni presentar la Segunda República como un régimen condenado desde su nacimiento. Tampoco busca justificar el levantamiento militar iniciado cinco días más tarde. La Historia rara vez admite explicaciones tan simples.
Lo que sí pretende es reconstruir uno de los episodios más graves de nuestra historia contemporánea apoyándose en documentos, testimonios y las investigaciones de numerosos historiadores.
Durante la primavera de 1936 España atravesaba una situación extraordinariamente tensa. Atentados, incendios, huelgas violentas, ocupaciones de fincas y enfrentamientos armados formaban parte de la vida cotidiana. La violencia política había dejado de ser una excepción.
Las Cortes reflejaban ese mismo clima. Los debates eran cada vez más ásperos. Los insultos sustituían con frecuencia a los argumentos y algunos diputados llegaron a justificar el empleo de la violencia contra quienes consideraban enemigos de la República.
En ese ambiente, José Calvo Sotelo se había convertido en el principal portavoz de la oposición. Sus discursos denunciaban el deterioro del orden público, la parcialidad que, a su juicio, mostraban algunas autoridades y la incapacidad del Gobierno para garantizar la seguridad de los ciudadanos.
La noche del 12 de julio fue asesinado el teniente de la Guardia de Asalto José del Castillo. Su muerte desencadenó una reacción de ira entre varios compañeros y militantes socialistas. Lo que comenzó como un deseo de represalia terminó convirtiéndose en una expedición cuyo objetivo fue José Calvo Sotelo.
Aún hoy no se sabe con certeza quién tomó la decisión definitiva de dirigirse a su domicilio.
Sí sabemos quiénes participaron en aquella expedición.
Sí sabemos quién disparó.
Sí sabemos que la detención carecía de cobertura legal.
Y sí sabemos que el jefe de la oposición murió cuando se hallaba bajo el control de quienes habían ido a buscarlo utilizando medios oficiales.
La reacción del Gobierno de Santiago Casares Quiroga fue considerada insuficiente por buena parte de la oposición. La investigación judicial avanzó con rapidez en sus primeros momentos, pero el clima político, la censura y el estallido de la Guerra Civil impidieron que pudiera desarrollarse con normalidad.
Uno de los aspectos más debatidos sigue siendo el papel desempeñado por Indalecio Prieto.
No existe prueba documental de que ordenara el asesinato.
Ningún historiador de reconocido prestigio sostiene hoy esa afirmación.
Sin embargo, sí está acreditado que Luis Cuenca era su escolta personal y que varios de los implicados pertenecían a «La Motorizada», el grupo encargado de su protección. También existen testimonios según los cuales algunos dirigentes socialistas conocieron muy pronto la identidad de los autores materiales del crimen.
La valoración de esos hechos divide todavía a los investigadores.
Otro debate afecta a la expresión «crimen de Estado».
Si se entiende que sólo puede hablarse de crimen de Estado cuando existe una orden formal del Gobierno, no hay pruebas que permitan sostener esa tesis.
Si, por el contrario, se utiliza para describir un asesinato cometido por personas que actuaban utilizando medios oficiales y amparándose en su condición de agentes de la autoridad, la discusión adquiere otro alcance.
El lector encontrará en estas páginas los argumentos de unos y otros.
También encontrará una respuesta a otra cuestión decisiva.
¿Provocó este asesinato la Guerra Civil?
La respuesta más prudente es negativa.
La conspiración militar existía desde meses antes.
Pero también parece fuera de duda que el asesinato de José Calvo Sotelo terminó de convencer a numerosos militares que todavía vacilaban acerca de su participación en el levantamiento.
Cinco días después comenzaba la guerra.
El ensayo concluye con una reflexión que trasciende la figura de Calvo Sotelo.
Las democracias no desaparecen de un día para otro.
Antes se deteriora el respeto a la ley.
Después se debilita la confianza en las instituciones.
Más tarde, el adversario deja de ser considerado un ciudadano con los mismos derechos y pasa a ser tratado como un enemigo.
Cuando ese proceso culmina, la violencia deja de parecer una excepción y comienza a presentarse como una solución.
Ésa fue la tragedia de España en 1936.
Y ésa es, quizá, la principal lección que noventa años después sigue ofreciendo el asesinato de José Calvo Sotelo.
La Historia no puede cambiar lo ocurrido.
Pero sí puede ayudarnos a comprender cómo una nación europea, con una larga tradición parlamentaria y jurídica, terminó resolviendo sus diferencias por medio de las armas.
Conocer aquel proceso no significa vivir anclados en el pasado.
Significa recordar que la libertad, la igualdad ante la ley y el respeto al adversario nunca están garantizados para siempre.
Cada generación debe volver a defenderlos.
Para saber más, profundizar… sigue leyendo
El 13 de julio de 1936 asesinaron a José Calvo Sotelo.
La noticia recorrió España en pocas horas y produjo una conmoción difícil de exagerar. No había sido una reyerta callejera, ni un atentado anarquista, ni otro episodio de la violencia política que desde hacía meses ensangrentaba el país.
Habían sacado de su casa al jefe de la oposición parlamentaria utilizando una camioneta oficial de la Guardia de Asalto. Minutos después aparecía muerto con dos disparos en la cabeza.
Noventa años han transcurrido desde aquella madrugada.
Noventa años durante los cuales se han escrito miles de páginas sobre la Segunda República, la Guerra Civil y el franquismo. Sin embargo, el asesinato de Calvo Sotelo continúa siendo uno de los episodios más discutidos, más manipulados y, con frecuencia, peor conocidos de nuestra historia contemporánea.
Sobre aquel crimen se han construido leyendas de todos los colores. Unas exageran; otras silencian; no faltan quienes justifican lo injustificable ni quienes reducen todo a un simple acto de venganza por el asesinato, ocurrido horas antes, del teniente José del Castillo.
Hoy conocemos mucho mejor los hechos que hace treinta o cuarenta años. La apertura de archivos, la publicación de nuevas investigaciones y el trabajo de historiadores de muy distintas orientaciones permiten reconstruir con bastante precisión lo sucedido durante aquellas horas decisivas.
Sabemos quiénes participaron en la detención ilegal. Sabemos quién disparó. Sabemos quiénes acompañaban al asesino. Sabemos también cómo reaccionó el Gobierno y qué hicieron algunos dirigentes socialistas cuando conocieron el crimen.
Lo que continúa siendo objeto de discusión es otra cuestión: hasta dónde llegaron las responsabilidades políticas y qué grado de conocimiento tuvieron quienes ocupaban los puestos más altos del poder.
Este trabajo no pretende alimentar viejas trincheras ideológicas ni sustituir unos mitos por otros.
Pretende algo mucho más sencillo: contar lo que ocurrió, distinguir los hechos de las conjeturas y examinar las distintas interpretaciones apoyándose en los documentos y en la investigación histórica.
Porque hay una realidad que nadie puede borrar.
Cuando el jefe de la oposición es detenido por personas que actúan bajo apariencia de autoridad y aparece asesinado pocos minutos después, el problema deja de ser únicamente criminal. Se convierte también en un problema político e institucional de la máxima gravedad.
Aquel crimen no fue el comienzo de la Guerra Civil. España llevaba demasiado tiempo deslizándose hacia el abismo. Pero sí fue el último aviso. El último dique que se rompió antes de que el país terminara precipitándose en la mayor tragedia de su historia contemporánea.
I. UN PAÍS QUE SE DESMORONABA
Ningún asesinato de importancia histórica surge de la nada.
Detrás suele haber un ambiente de odio, una larga sucesión de atropellos y una sociedad que, poco a poco, va acostumbrándose a contemplar como normales hechos que unos años antes habrían parecido inconcebibles.
Eso fue precisamente lo que ocurrió en España durante los meses anteriores al verano de 1936.
Cuando el Frente Popular ganó las elecciones de febrero, una parte de la opinión pública recibió el resultado con esperanza. Otra lo hizo con inquietud. Lo que pocos podían imaginar era la rapidez con la que el deterioro del orden público iba a acelerar la descomposición del régimen republicano.
La violencia política no comenzó en febrero de 1936. España arrastraba desde hacía años una creciente radicalización. La insurrección revolucionaria de octubre de 1934 había dejado cientos de muertos, miles de detenidos y un clima de resentimiento que ninguno de los grandes partidos supo o quiso desactivar.
La victoria electoral del Frente Popular no apaciguó los ánimos. Ocurrió justamente lo contrario.
En numerosos lugares se produjeron ocupaciones de fincas, asaltos a sedes políticas, incendios de iglesias y conventos, huelgas que degeneraban en violencia, enfrentamientos armados entre militantes de distintas organizaciones y atentados casi cotidianos.
Las cifras varían según los autores, pero todos coinciden en una realidad incontestable: durante aquellos meses murieron centenares de personas por motivos políticos o sociales.
Cada asesinato alimentaba el deseo de venganza del bando contrario.
Cada entierro servía para aumentar el odio.
Cada agresión justificaba la siguiente.
La autoridad del Estado parecía debilitarse día tras día.
En demasiadas ocasiones las fuerzas encargadas de mantener el orden eran acusadas de actuar según la filiación política de los implicados. Las denuncias de parcialidad comenzaron a multiplicarse. La confianza de muchos ciudadanos en la imparcialidad de las instituciones empezó a resquebrajarse.
Las Cortes tampoco ofrecían un ejemplo de serenidad.
Los debates parlamentarios adquirieron un tono cada vez más bronco. Los insultos sustituyeron con frecuencia a los argumentos. Las amenazas dejaron de ser excepcionales. Las descalificaciones personales eran recibidas con aplausos por unos y protestas por otros.
La política española había dejado de ser una confrontación entre adversarios.
Empezaba a convertirse en una lucha entre enemigos.
En ese ambiente, las palabras adquirían una importancia extraordinaria.
Cuando un diputado afirmaba desde la tribuna que la violencia podía estar justificada contra determinados adversarios políticos, muchos dejaban de entender aquellas frases como simples exageraciones oratorias.
Comenzaban a interpretarlas como una autorización moral.
La frontera entre el discurso y la acción iba desapareciendo.
Al mismo tiempo, proliferaban organizaciones armadas o semimilitares vinculadas, de una u otra forma, a casi todos los extremos del panorama político. Falangistas, anarquistas, socialistas revolucionarios y comunistas contaban con grupos de choque más o menos organizados. La posesión clandestina de armas era cada vez más frecuente y los atentados se sucedían con una regularidad alarmante.
Mientras tanto, el Gobierno parecía incapaz de recuperar plenamente el control de la situación.
Sus partidarios alegaban que heredaba un país profundamente dividido y que sufría una conspiración permanente de sus adversarios.
Sus críticos sostenían que aplicaba la ley con distinto rigor según quién fuese el agresor y quién la víctima.
Noventa años después, los historiadores siguen discutiendo muchas cuestiones relativas a aquellos meses. Lo que apenas admite discusión es que el Estado daba claras muestras de debilidad y que la violencia política había alcanzado un grado desconocido desde la proclamación de la Segunda República.
Fue en ese clima de enfrentamiento creciente donde José Calvo Sotelo se convirtió en el principal portavoz de una oposición que denunciaba el rumbo que estaba tomando el país.
Su figura despertaba admiración entre unos y un profundo odio entre otros.
Aquella circunstancia acabaría resultando decisiva.
II. ¿QUIÉN ERA JOSÉ CALVO SOTELO?
Cuando fue asesinado tenía cuarenta y tres años.
Había nacido en Tuy (Pontevedra) en 1893 y pertenecía a una generación de políticos que contemplaba con preocupación el creciente deterioro del sistema parlamentario de la Restauración. Abogado del Estado por oposición, pronto destacó por su brillantez intelectual y por una extraordinaria capacidad oratoria.
Durante la Dictadura de Primo de Rivera ocupó diversos cargos de responsabilidad, entre ellos la Dirección General de Administración Local y el Ministerio de Hacienda. Sus adversarios jamás le perdonaron aquella colaboración, mientras que sus partidarios destacaban las reformas administrativas y fiscales que impulsó durante aquellos años.
Proclamada la Segunda República en 1931, marchó al exilio en Portugal y después en Francia. Regresó a España tras la amnistía concedida en 1934 y recuperó su actividad política con un prestigio creciente entre los sectores monárquicos y buena parte de la derecha.
No era un político moderado en el sentido que hoy suele darse a esa palabra. Defendía un Estado fuerte, rechazaba el marxismo y el separatismo y consideraba que la República caminaba hacia su propia destrucción. Sus discursos eran duros, a menudo provocadores y, en ocasiones, deliberadamente desafiantes.
Sus adversarios lo presentaban como un reaccionario dispuesto a acabar con el régimen republicano.
Sus partidarios veían en él al único parlamentario capaz de plantar cara, con argumentos y elocuencia, a un Gobierno al que acusaban de permitir el desorden y de aplicar la ley de manera desigual.
Fuera cual fuese el juicio que merezcan hoy sus ideas, hay un hecho indiscutible: en el verano de 1936 José Calvo Sotelo era el principal dirigente de la oposición parlamentaria al Frente Popular.
Sus intervenciones en las Cortes tenían una enorme repercusión. Eran reproducidas por la prensa, comentadas en los cafés y respondidas con especial dureza por los diputados de la izquierda. Cada discurso elevaba un poco más la tensión política.
Con el paso de las semanas dejó de ser únicamente un adversario político.
Para muchos se había convertido en el símbolo mismo de la oposición.
Y cuando eso ocurre en una sociedad profundamente dividida, el riesgo de que las palabras terminen transformándose en violencia aumenta de forma alarmante.
III. DE LAS PALABRAS A LOS DISPAROS
La violencia rara vez aparece de repente.
Antes suele abrirse paso en el lenguaje. Se insulta al adversario, se le despoja de toda legitimidad, se le presenta como un peligro para la nación y, finalmente, se acaba insinuando que eliminarlo puede ser un mal menor o incluso una necesidad.
España llevaba meses recorriendo ese camino.
Las sesiones de las Cortes habían perdido buena parte de la serenidad que debería caracterizar a un Parlamento. Los enfrentamientos verbales eran constantes. Los diputados se interrumpían, se acusaban mutuamente de traidores, de fascistas o de revolucionarios, mientras el ambiente en la calle se hacía cada vez más violento.
José Calvo Sotelo intervenía con frecuencia para denunciar la inseguridad, los atentados, los incendios de iglesias, las ocupaciones de fincas y la creciente incapacidad del Gobierno para garantizar el orden público. Sus discursos provocaban airadas respuestas desde los escaños del Frente Popular.
Uno de los episodios más conocidos tuvo lugar el 1 de julio de 1936.
Durante aquel debate, el diputado socialista Ángel Galarza sostuvo que la violencia podía ser legítima frente a quienes propugnaban la violencia y el fascismo. El presidente de las Cortes ordenó retirar aquellas palabras del Diario de Sesiones, por considerar que un Parlamento no era lugar para justificar semejantes afirmaciones. Sin embargo, diversos cronistas recogieron su contenido y otros diputados respondieron de inmediato, alarmados por el alcance de aquellas declaraciones.
Con el paso de los años se popularizó otra frase aún más inquietante: «Pensando en su señoría, encuentro justificado todo, incluso el atentado que le prive de la vida». Gil Robles la reprodujo en sus memorias y otros autores la han citado después. No obstante, esa expresión no figura en el Diario de Sesiones, por lo que conviene distinguir entre lo documentalmente acreditado y los testimonios posteriores.
Algo parecido sucede con la célebre frase atribuida a Dolores Ibárruri: «Éste ha sido su último discurso». Josep Tarradellas afirmó muchos años después haberla oído en el hemiciclo. Salvador de Madariaga también dio por buena esa versión. Sin embargo, otros testigos no la mencionan y no existe constancia oficial de que fuera pronunciada.
Estas discrepancias no son un detalle sin importancia.
La Historia exige diferenciar entre los documentos contemporáneos a los hechos, los recuerdos escritos décadas después y las tradiciones que acaban incorporándose al relato colectivo sin una prueba concluyente.
Ahora bien, incluso prescindiendo de esas frases discutidas, el clima que se respiraba en las Cortes era de una hostilidad extraordinaria. Los adversarios políticos ya no eran considerados simplemente rivales con ideas distintas. Cada vez con mayor frecuencia eran presentados como enemigos cuya desaparición podía beneficiar a España.
Mientras tanto, fuera del Parlamento, la violencia seguía cobrando vidas.
Los atentados se sucedían con una regularidad escalofriante. Falangistas, socialistas, comunistas, anarquistas y militantes de otras organizaciones protagonizaban una espiral de asesinatos y represalias que parecía no tener fin.
El Estado daba la impresión de ir siempre un paso por detrás de los acontecimientos.
Bastaba una chispa para provocar una tragedia de enormes proporciones.
Esa chispa saltó en la noche del 12 de julio de 1936.
El teniente de la Guardia de Asalto José del Castillo, conocido por su vinculación con las milicias socialistas y por haber participado en la instrucción de algunos de sus miembros, fue asesinado cuando regresaba a su domicilio.
La noticia se propagó con rapidez entre sus compañeros.
El dolor dio paso a la indignación.
Y la indignación, en un reducido grupo de hombres armados, se transformó en deseo de venganza.
Aquella misma noche comenzó a prepararse una represalia que cambiaría la historia de España.
IV. LA MADRUGADA DEL 13 DE JULIO
La noche del 12 de julio de 1936 terminó con un asesinato y comenzó con otro.
Hacia las diez de la noche, el teniente de la Guardia de Asalto José del Castillo caía abatido por varios disparos cuando regresaba a su domicilio. Su muerte provocó una profunda conmoción entre muchos de sus compañeros y entre los militantes socialistas con los que mantenía estrechos vínculos.
La indignación era comprensible.
Lo que ya no lo era era convertir la sed de justicia en un deseo de venganza.
En el cuartel de Pontejos comenzaron a reunirse varios oficiales y agentes de la Guardia de Asalto, junto con algunos civiles pertenecientes al entorno socialista. Entre ellos se encontraba el capitán de la Guardia Civil Fernando Condés, amigo personal de Castillo, y Luis Cuenca Estevas, escolta de Indalecio Prieto y miembro de «La Motorizada», el grupo encargado de la protección del dirigente socialista. Las investigaciones históricas posteriores han permitido reconstruir con bastante precisión la composición de aquella expedición y el recorrido que siguió durante la madrugada.
Al principio no parece haber existido un objetivo único. Se habló de detener a dirigentes de Falange y a destacados representantes de la derecha. Algunos domicilios fueron visitados sin éxito. Antonio Goicoechea no se encontraba en su casa. José María Gil Robles estaba fuera de Madrid.
Entonces alguien propuso otro nombre.
José Calvo Sotelo.
Aún hoy se discute quién tomó la decisión definitiva.
Lo que ya no ofrece apenas dudas es que aquella expedición dejó de buscar a los autores del asesinato de Castillo y pasó a dirigirse contra un dirigente político que nada tenía que ver con aquel crimen.
Poco después de las tres de la madrugada, la camioneta oficial se detuvo frente a la vivienda de Calvo Sotelo.
Llamaron a la puerta.
Los ocupantes se identificaron como agentes de la autoridad y manifestaron que debían practicar un registro o realizar unas diligencias oficiales. Fernando Condés utilizó su condición de capitán de la Guardia Civil para dar apariencia de legalidad a una actuación que nunca llegó a formalizarse conforme a procedimiento alguno.
Calvo Sotelo comprendió enseguida que aquella visita no era normal.
Su esposa manifestó su inquietud. También lo hicieron otros miembros de la familia.
Él, sin embargo, trató de tranquilizarlos.
Según varios testimonios, pronunció unas palabras que el tiempo convertiría en tristemente célebres:
—No os preocupéis; volveré enseguida… Aunque también es posible que estos señores me peguen cuatro tiros.
Nadie imaginó que aquella frase acabaría siendo una premonición.
Calvo Sotelo salió de su domicilio sin oponer resistencia.
No iba detenido por orden judicial.
No existía mandamiento alguno.
No pesaba sobre él acusación conocida.
Simplemente subió a una camioneta oficial acompañado por quienes se presentaban como agentes del Estado.
Apenas habían recorrido unos centenares de metros cuando ocurrió lo irreparable.
Luis Cuenca, sentado detrás de Calvo Sotelo, sacó una pistola y le disparó dos veces en la nuca, prácticamente a quemarropa.
La muerte fue instantánea.
Dentro del vehículo nadie intentó impedir el crimen.
Nadie redujo al asesino.
Nadie ordenó detener la marcha para auxiliar a la víctima.
La camioneta continuó su recorrido como si nada hubiera sucedido.
Poco después, el cadáver fue depositado en el Cementerio del Este, donde quedó inicialmente como un cuerpo sin identificar. Sólo horas más tarde pudo confirmarse oficialmente que el hombre asesinado era el jefe de la oposición parlamentaria.
La noticia corrió por Madrid con una rapidez extraordinaria.
Muchos se negaban a creerla.
Parecía imposible que un diputado hubiera sido sacado de su casa por personas que utilizaban un vehículo oficial y que apareciera asesinado pocos minutos después.
Pero había ocurrido.
Y lo ocurrido planteaba una pregunta que iba mucho más allá del asesinato de un hombre.
¿Cómo era posible que agentes pertenecientes a las fuerzas encargadas de proteger a los ciudadanos hubieran participado, directa o indirectamente, en un crimen de semejante gravedad?
Ésa era la cuestión que el Gobierno estaba obligado a responder.
Su respuesta, sin embargo, distó mucho de disipar las dudas.
V. EL GOBIERNO ANTE EL CRIMEN
El asesinato de José Calvo Sotelo no sólo puso fin a la vida del jefe de la oposición.
También sometió al Gobierno de Santiago Casares Quiroga a la prueba más difícil desde la victoria electoral del Frente Popular.
La primera obligación de cualquier Gobierno es proteger la vida y la libertad de los ciudadanos. Si la víctima es, además, un diputado de las Cortes y los autores del secuestro han utilizado un vehículo oficial y la autoridad que les conferían sus uniformes o sus cargos, la obligación resulta todavía mayor.
No bastaba con lamentar lo ocurrido.
Era imprescindible averiguar quién había organizado la expedición, quién había dado las órdenes, quién había disparado y quiénes habían colaborado en el crimen.
El juez encargado de la investigación actuó con rapidez. Desde las primeras horas de la mañana comenzó a interrogar a testigos y a reconstruir el recorrido de la camioneta. Muy pronto aparecieron indicios que conducían hacia varios miembros de las fuerzas de seguridad y a algunos militantes socialistas.
Sin embargo, la actuación política del Gobierno fue mucho menos contundente.
En lugar de concentrar todos sus esfuerzos en esclarecer el asesinato del jefe de la oposición, trató de presentar la muerte del teniente Castillo y la de Calvo Sotelo como dos eslabones de una misma cadena de violencia.
Es cierto que ambos crímenes estaban próximos en el tiempo.
También es cierto que ambos fueron asesinatos.
Pero existía una diferencia fundamental.
José del Castillo había sido víctima de un atentado cometido por particulares.
José Calvo Sotelo había sido sacado de su domicilio por personas que actuaban utilizando medios oficiales y amparándose en una supuesta actuación policial.
Esa diferencia cambiaba por completo la naturaleza del caso.
No era sólo un delito.
Era, además, un gravísimo problema institucional.
La oposición exigió explicaciones inmediatas.
Las respuestas fueron consideradas insuficientes.
La censura dificultó la publicación de determinadas informaciones y varios periódicos denunciaron obstáculos para informar libremente sobre la participación de miembros de las fuerzas de seguridad en el asesinato. Aquella circunstancia alimentó todavía más la desconfianza de una parte de la opinión pública.
Dos días después, el 15 de julio, la Diputación Permanente de las Cortes celebró una sesión especialmente tensa.
José María Gil Robles pronunció uno de los discursos más duros de toda la Segunda República.
Acusó al Gobierno de haber perdido el control de la situación y lanzó una frase que ha quedado incorporada a la historia política española:
«La sangre del señor Calvo Sotelo está sobre vosotros.»
No estaba acusando a los ministros de haber disparado.
Les reprochaba algo distinto: no haber sido capaces de impedir que el Estado terminara convertido, siquiera durante unas horas, en instrumento de un asesinato político.
La izquierda rechazó aquella acusación.
Indalecio Prieto negó cualquier implicación personal en el crimen y sostuvo que la violencia que vivía España era consecuencia de un proceso iniciado mucho antes.
Sin embargo, el paso de los años ha permitido conocer algunos hechos que entonces permanecían ocultos.
Diversos testimonios indican que Luis Cuenca confesó el asesinato pocas horas después de cometerlo y que Fernando Condés también informó de lo sucedido a destacados dirigentes socialistas. Las investigaciones históricas sostienen igualmente que ambos recibieron ayuda para ocultarse, en lugar de ser puestos inmediatamente a disposición de la Justicia.
Conviene, no obstante, distinguir cuidadosamente entre lo que está acreditado y aquello que continúa siendo objeto de discusión.
No existe prueba documental de que Indalecio Prieto ordenara el asesinato.
Ningún historiador de reconocido prestigio ha aportado hasta hoy un documento que permita afirmarlo.
Otra cuestión distinta es la valoración de su conducta una vez conocido el crimen.
Ahí sí aparecen discrepancias profundas.
Algunos autores consideran que protegió políticamente a personas de su entorno implicadas en el asesinato.
Otros entienden que su responsabilidad fue exclusivamente política y moral, no penal.
La diferencia no es menor.
En Historia, como en Derecho, las responsabilidades no siempre son de la misma naturaleza.
Lo que apenas admite discusión es que el asesinato de José Calvo Sotelo destruyó la poca confianza que aún conservaban muchos españoles en la capacidad del Gobierno para garantizar la igualdad ante la ley.
Y cuando un Estado pierde esa confianza, recuperar la autoridad resulta extraordinariamente difícil.
Durante años se ha discutido si aquel asesinato puede calificarse como un «crimen de Estado».
La expresión provoca controversia y conviene utilizarla con precisión.
Si por crimen de Estado se entiende un asesinato ordenado formalmente por el Gobierno, no existe prueba documental que permita sostener esa afirmación.
Pero si se entiende como un crimen cometido con la participación de agentes públicos que utilizaron medios oficiales y cuya investigación quedó rodeada de graves sombras, resulta comprensible que numerosos historiadores hayan empleado esa expresión para describir lo sucedido.
Más allá del nombre que quiera darse a los hechos, una realidad permanece inalterable.
El jefe de la oposición salió de su casa confiando en que estaba ante una actuación de la autoridad.
Nunca volvió.
Cinco días después comenzaba la Guerra Civil.
VI. ¿EL ÚLTIMO DIQUE ANTES DE LA GUERRA?
Desde hace noventa años se repite una afirmación que conviene matizar.
«El asesinato de Calvo Sotelo provocó la Guerra Civil.»
No es exactamente así.
Cuando José Calvo Sotelo fue asesinado, la conspiración militar llevaba meses en marcha. El general Emilio Mola coordinaba los preparativos desde Pamplona. Diversos generales mantenían contactos discretos. Existían compromisos, planes y fechas provisionales. La posibilidad de un levantamiento armado era ya una realidad.
Por tanto, la sublevación no nació durante la madrugada del 13 de julio.
Pero tampoco puede sostenerse que aquel asesinato fuera un episodio más dentro de la larga cadena de atentados que venían produciéndose.
Tuvo un efecto político y psicológico extraordinario.
Muchos militares que hasta entonces habían vacilado llegaron a la conclusión de que el Estado había dejado de garantizar la seguridad de los propios diputados. Si el jefe de la oposición podía ser detenido ilegalmente y asesinado por personas relacionadas con las fuerzas de seguridad, ¿qué protección podía esperar cualquier otro ciudadano?
Ésa fue la pregunta que comenzó a extenderse por numerosos cuarteles.
Entre quienes dudaban se encontraba Francisco Franco.
Su actitud durante los meses anteriores había sido mucho más prudente de lo que con frecuencia se afirma. Desconfiaba de las posibilidades de éxito de una sublevación precipitada y era consciente del enorme riesgo que suponía iniciar una guerra civil.
Sin embargo, diversos testimonios coinciden en que el asesinato de Calvo Sotelo contribuyó decisivamente a disipar sus últimas vacilaciones.
No fue el único.
Otros mandos militares llegaron a conclusiones semejantes.
El propio Salvador de Madariaga, republicano liberal y nada sospechoso de simpatizar con los sublevados, escribió años después una frase que ha sido citada innumerables veces:
«Con el asesinato de Calvo Sotelo perdió la República mucho más que un hombre.»
La afirmación resulta especialmente significativa porque procede de alguien que defendió la legitimidad de la República y criticó con dureza el levantamiento militar.
También Stanley G. Payne ha sostenido que el magnicidio produjo un cambio decisivo en el ánimo de quienes todavía confiaban en evitar una guerra abierta. Según este historiador, la sensación de que el Gobierno había perdido el control de la situación terminó de convencer a muchos indecisos de que la ruptura era ya inevitable.
No todos los especialistas conceden al asesinato la misma importancia.
Algunos consideran que la guerra habría estallado igualmente pocos días después, incluso aunque Calvo Sotelo hubiera seguido con vida.
Otros creen que el crimen fue el detonante definitivo.
Probablemente la verdad se encuentre en un punto intermedio.
La conspiración existía.
El golpe estaba muy avanzado.
Pero el asesinato del jefe de la oposición alteró profundamente el panorama político.
A partir de ese momento desaparecieron muchas de las dudas que todavía albergaban algunos de los protagonistas.
Cinco días después, el 18 de julio, comenzaba la sublevación militar.
España entraba en una guerra que durante casi tres años sembraría el país de muerte, destrucción y odio.
Resulta imposible afirmar que una sola persona o un solo acontecimiento expliquen por sí mismos aquella tragedia.
Las guerras civiles nunca obedecen a una única causa.
Son el resultado de muchos errores acumulados, de múltiples fracasos políticos y de una creciente incapacidad para resolver los conflictos por medios pacíficos.
Pero tampoco sería honrado minimizar la trascendencia del asesinato de José Calvo Sotelo.
Con su muerte desapareció el último gran símbolo de una oposición que todavía confiaba en combatir al Gobierno desde la tribuna parlamentaria.
A partir de entonces, para demasiados españoles las palabras dejaron de parecer suficientes.
Hablaban ya las pistolas.
VII. NOVENTA AÑOS DESPUÉS
Noventa años deberían bastar para que un país pudiera estudiar serenamente uno de los episodios más dramáticos de su historia.
No siempre ocurre.
La Guerra Civil continúa proyectando una larga sombra sobre la vida política española. Cada generación vuelve sobre aquellos acontecimientos con nuevas preguntas y, con demasiada frecuencia, con viejos prejuicios.
El asesinato de José Calvo Sotelo constituye un buen ejemplo.
Durante el franquismo fue presentado como la prueba definitiva de la supuesta ilegitimidad de la Segunda República y como la justificación moral del alzamiento militar. Apenas se hablaba de las responsabilidades de los sublevados ni de la represión que siguió a la guerra.
Tras la restauración de la democracia ocurrió algo distinto.
El deseo, comprensible, de favorecer la reconciliación nacional llevó a menudo a dejar en segundo plano episodios especialmente incómodos. El asesinato de Calvo Sotelo dejó de ocupar el lugar central que había tenido durante el franquismo y pasó a convertirse, en no pocos manuales escolares, en un hecho apenas mencionado.
Ni un extremo ni el otro ayudan a comprender la Historia.
Ocultar un crimen porque fue utilizado propagandísticamente resulta tan poco acertado como convertirlo en la explicación única de una guerra que tuvo causas mucho más profundas.
La Historia no debe escribirse para absolver ni para condenar.
Debe escribirse para comprender.
Y comprender exige aceptar que ninguna causa política, por noble que sus partidarios la consideren, justifica el asesinato de un adversario.
Tampoco justifica el uso de los resortes del Estado para fines criminales.
El asesinato de José Calvo Sotelo merece ser estudiado con el mismo rigor que cualquier otro crimen político de nuestra historia contemporánea.
Sin excepciones.
Sin víctimas de primera y víctimas de segunda.
Sin memorias oficiales.
Sin olvidos interesados.
En los últimos años, la apertura de nuevos archivos y las investigaciones de historiadores como Stanley G. Payne, Alfonso Bullón de Mendoza, Ricardo de la Cierva, Pío Moa, Jorge Vilches, Pedro Corral y otros muchos han permitido conocer mejor numerosos aspectos de aquel crimen. Sus conclusiones no siempre coinciden. Discrepan sobre responsabilidades, interpretaciones y consecuencias. Pero precisamente ese contraste de opiniones constituye una de las mayores riquezas de la investigación histórica.
La Historia no es un catecismo.
Es una búsqueda permanente de la verdad.
Por eso conviene desconfiar tanto de quienes afirman que todo está definitivamente demostrado como de quienes sostienen que nada puede conocerse con certeza.
Entre ambos extremos existe un amplio terreno formado por documentos, testimonios, sumarios judiciales, diarios de sesiones, memorias y estudios académicos.
Ése es el terreno sobre el que debe construirse cualquier juicio histórico.
A fin de cuentas, la pregunta más importante quizá no sea quién ganó después la guerra.
La pregunta verdaderamente importante es cómo pudo llegar España a una situación en la que una parte de sus ciudadanos dejó de considerar al adversario como un compatriota y empezó a verlo como un enemigo cuya muerte podía aceptarse o incluso celebrarse.
Cuando una sociedad cruza esa frontera, la convivencia comienza a resquebrajarse.
Y reconstruirla exige muchos más años que destruirla.
CONCLUSIÓN
Noventa años después, el asesinato de José Calvo Sotelo continúa siendo uno de los acontecimientos más graves de la historia política española del siglo XX.
No porque fuera el único crimen político cometido durante la Segunda República.
Por desgracia, no lo fue.
Tampoco porque, por sí solo, explique el estallido de la Guerra Civil.
Las causas de aquella tragedia fueron numerosas y venían acumulándose desde mucho tiempo atrás.
Su importancia radica en otra circunstancia.
Por primera vez en la historia constitucional española, el jefe de la oposición parlamentaria fue secuestrado en su domicilio por un grupo en el que participaban agentes de la autoridad y apareció asesinado pocos minutos después.
Ese hecho basta para comprender la enorme conmoción que produjo en la España de 1936.
Las investigaciones históricas han permitido reconstruir con bastante precisión la secuencia material del crimen.
Conocemos quiénes participaron en la expedición.
Sabemos quién disparó.
Sabemos cómo fue trasladado el cadáver.
Sabemos también que algunos de los implicados mantenían estrechas relaciones con dirigentes socialistas de primera fila.
Lo que continúa siendo objeto de discusión es el grado de responsabilidad política de quienes ocupaban entonces el poder.
Es probable que algunas preguntas nunca tengan una respuesta definitiva.
Así ocurre con frecuencia en la Historia.
Los documentos desaparecen.
Los testigos fallecen.
Las memorias se contradicen.
Pero esa incertidumbre no altera los hechos esenciales.
José Calvo Sotelo fue detenido sin orden judicial.
Fue privado de libertad al margen de cualquier procedimiento legal.
Fue asesinado cuando se encontraba bajo el control de quienes habían ido a buscarlo a su domicilio.
Y los autores materiales pertenecían, en su mayor parte, a un grupo integrado por miembros de las fuerzas de seguridad y militantes socialistas.
Todo lo demás pertenece al terreno de la investigación histórica y del legítimo debate entre especialistas.
Noventa años después conviene extraer algunas enseñanzas.
La primera es que ninguna democracia puede sobrevivir mucho tiempo si el Estado deja de ser percibido como un árbitro imparcial.
Cuando una parte de la sociedad llega a creer que la ley protege a unos y persigue a otros, la confianza en las instituciones comienza a resquebrajarse.
La segunda es que el lenguaje importa.
Las palabras no matan.
Pero pueden preparar el camino para que otros maten.
Cuando el adversario deja de ser un ciudadano con quien se discrepa y pasa a convertirse en un enemigo al que se despoja de toda legitimidad, la convivencia empieza a deteriorarse.
La tercera enseñanza es quizá la más importante.
La Historia no debe utilizarse como un arsenal del que cada cual toma únicamente los hechos que favorecen sus propias convicciones.
No existen víctimas de primera y víctimas de segunda.
No existen asesinatos aceptables porque los cometieran los nuestros ni crímenes imperdonables sólo cuando los cometieron los otros.
La dignidad de las víctimas no depende de sus ideas políticas.
Depende de su condición de seres humanos.
España no necesita olvidar su pasado.
Tampoco necesita reescribirlo.
Lo que necesita es conocerlo.
Con sus luces y con sus sombras.
Con sus héroes y con sus miserias.
Con sus aciertos y con sus errores.
Sólo así podrá comprender por qué una nación con siglos de historia terminó resolviendo sus diferencias mediante una guerra entre hermanos.
Noventa años después, el asesinato de José Calvo Sotelo sigue siendo una advertencia.
No pertenece únicamente al pasado.
Habla también del presente.
Recuerda que las instituciones pueden debilitarse.
Que la violencia política nunca aparece de repente.
Que la intolerancia suele comenzar con palabras antes de convertirse en hechos.
Y que la libertad, el Estado de Derecho y la igualdad ante la ley nunca están definitivamente conquistados.
Cada generación debe defenderlos de nuevo.
Porque cuando el poder deja de someterse a la ley, la ley deja de proteger a los ciudadanos.
Y ésa es una lección que ninguna sociedad debería olvidar.
APÉNDICE I. LAS REACCIONES INMEDIATAS
Las primeras horas que siguieron al asesinato de José Calvo Sotelo fueron tan reveladoras como el propio crimen.
La noticia se extendió rápidamente por Madrid y, antes de terminar la mañana del 13 de julio de 1936, ya circulaban versiones muy distintas de lo ocurrido.
Unos hablaban de un ajuste de cuentas.
Otros, de una represalia por la muerte del teniente Castillo.
Pronto comenzó a conocerse un dato mucho más inquietante: quienes habían sacado de su domicilio al jefe de la oposición no eran delincuentes comunes que se hubieran hecho pasar por policías. Entre ellos había miembros de las fuerzas de seguridad y personas estrechamente relacionadas con el socialismo.
Aquella circunstancia multiplicó la gravedad del suceso.
Gil Robles: «La sangre está sobre vosotros»
Dos días después del asesinato, la Diputación Permanente de las Cortes celebró una sesión extraordinaria.
José María Gil Robles tomó la palabra en nombre de la oposición.
Su intervención figura entre las más duras pronunciadas durante toda la Segunda República.
No acusó al Gobierno de haber ordenado el asesinato.
Le reprochó algo que consideraba igualmente grave: haber permitido que el Estado perdiera el control de la situación hasta el extremo de que el jefe de la oposición pudiera ser secuestrado por personas que actuaban bajo apariencia de autoridad.
Fue entonces cuando pronunció la frase que ha pasado a la historia:
«La sangre del señor Calvo Sotelo está sobre vosotros.»
Aquellas palabras resumían el sentimiento de buena parte de la oposición parlamentaria.
La respuesta de Indalecio Prieto
Indalecio Prieto rechazó cualquier responsabilidad personal en el asesinato.
Negó haber participado en su preparación y defendió que la violencia que vivía España era consecuencia del clima político acumulado durante los años anteriores.
Sin embargo, el paso del tiempo ha permitido conocer hechos que entonces apenas trascendieron.
Diversos testimonios sostienen que Luis Cuenca comunicó el asesinato a dirigentes socialistas pocas horas después de cometerlo y que Fernando Condés también informó a personas de máxima confianza dentro del PSOE. Las investigaciones históricas discrepan sobre el alcance de las actuaciones posteriores, pero existe un amplio consenso en que algunos de los implicados no fueron inmediatamente puestos a disposición de la Justicia.
El Gobierno de Casares Quiroga
La actuación del Gobierno fue recibida con enorme preocupación por una parte de la opinión pública.
La oposición esperaba una condena inequívoca, acompañada de una investigación rápida y de la inmediata detención de todos los responsables.
En cambio, el Ejecutivo trató de presentar las muertes del teniente Castillo y de Calvo Sotelo como dos episodios de una misma espiral de violencia.
Muchos consideraron que esa equiparación eludía una cuestión esencial.
José del Castillo había sido asesinado por particulares.
José Calvo Sotelo había sido detenido utilizando medios oficiales.
No era exactamente la misma clase de crimen.
La prensa
La prensa reflejó la profunda división existente en España.
Los periódicos próximos a la derecha denunciaron desde el primer momento la extraordinaria gravedad institucional del asesinato.
Los afines al Frente Popular insistieron en relacionarlo con el asesinato previo del teniente Castillo y reclamaron prudencia hasta conocer todos los hechos.
La censura complicó todavía más la circulación de información y favoreció la aparición de rumores, exageraciones y versiones contradictorias.
Una conmoción que atravesó toda España
Más allá de las diferencias políticas, el asesinato produjo una impresión profunda.
Incluso personas alejadas de las posiciones de Calvo Sotelo comprendieron que se había cruzado una frontera muy peligrosa.
Una cosa era la violencia callejera, por desgracia ya frecuente durante aquellos meses.
Otra muy distinta era que el jefe de la oposición desapareciera de su domicilio en un vehículo oficial y apareciera asesinado pocas horas después.
Muchos españoles llegaron entonces a la conclusión de que el Estado había perdido el monopolio de la fuerza legítima.
Y cuando esa convicción comienza a extenderse entre los ciudadanos, la autoridad del poder público se debilita con extraordinaria rapidez.
APÉNDICE II. ¿QUÉ DICEN LOS HISTORIADORES?
Noventa años después del asesinato de José Calvo Sotelo, resulta difícil encontrar un historiador que niegue los hechos fundamentales.
Las discrepancias aparecen cuando se intenta responder a tres preguntas.
¿Quién decidió matar a Calvo Sotelo?
¿Hasta dónde llegaron las responsabilidades políticas?
¿Qué influencia tuvo el crimen en el comienzo de la Guerra Civil?
Sobre esas cuestiones no existe unanimidad.
Lo que prácticamente nadie discute
Más allá de las diferencias ideológicas, existe un amplio acuerdo sobre varios hechos.
José Calvo Sotelo fue sacado de su domicilio sin orden judicial.
La expedición utilizó una camioneta oficial de la Guardia de Asalto.
Fernando Condés dirigía el grupo.
Luis Cuenca efectuó los disparos mortales.
El cadáver fue abandonado en el depósito del Cementerio del Este.
Los autores materiales estaban vinculados al socialismo y varios pertenecían al entorno de Indalecio Prieto.
Sobre estos hechos existe hoy muy poca discusión.
Salvador de Madariaga
Salvador de Madariaga ocupa un lugar singular.
Era republicano.
No simpatizaba con el levantamiento militar.
Y, sin embargo, fue extraordinariamente crítico con el deterioro político de la Segunda República.
Para Madariaga, el asesinato de Calvo Sotelo representó la quiebra definitiva del régimen.
Consideró que la República perdió buena parte de su autoridad moral cuando el jefe de la oposición fue asesinado tras haber sido detenido por personas que actuaban como agentes del Estado.
Sus palabras han sido citadas innumerables veces precisamente porque proceden de un hombre que nunca fue franquista.
Hugh Thomas
La obra de Hugh Thomas marcó durante décadas el estudio de la Guerra Civil.
Su análisis del asesinato es prudente.
Reconoce la enorme gravedad del crimen y la participación de miembros de las fuerzas de seguridad, pero evita atribuir responsabilidades políticas que no puedan sostenerse documentalmente.
Thomas considera que el asesinato aceleró la sublevación militar, aunque entiende que ésta ya estaba en preparación desde meses antes.
Stanley G. Payne
Stanley Payne coincide en que la conspiración militar existía antes del asesinato.
Sin embargo, concede una enorme importancia al efecto psicológico del crimen.
A su juicio, el asesinato convenció a numerosos militares indecisos de que el Gobierno había perdido el control de la situación.
También subraya que algunos dirigentes de la izquierda esperaban una sublevación limitada que pudiera ser derrotada rápidamente, fortaleciendo así al Frente Popular.
Alfonso Bullón de Mendoza
Bullón de Mendoza ha dedicado numerosos estudios a José Calvo Sotelo.
Su reconstrucción del crimen se apoya en abundante documentación y presta especial atención a las responsabilidades políticas posteriores.
Considera que el asesinato constituye uno de los mayores fracasos del Estado republicano y critica duramente la actuación del Gobierno durante las horas y los días siguientes.
Ricardo de la Cierva
Ricardo de la Cierva fue uno de los historiadores que más insistió en la trascendencia política del magnicidio.
Sus obras contienen una gran cantidad de documentación, aunque sus interpretaciones han sido discutidas por otros especialistas.
Su principal tesis sostiene que el asesinato destruyó definitivamente la confianza de buena parte de la sociedad en la capacidad del Gobierno para garantizar la legalidad.
Pío Moa
Pío Moa ha defendido una interpretación especialmente crítica con el Frente Popular.
Atribuye al asesinato un valor decisivo en la descomposición de la Segunda República y sostiene que confirma el profundo deterioro institucional existente durante aquellos meses.
Sus libros han tenido una enorme difusión, pero también han recibido críticas de otros historiadores, que discrepan tanto de algunas de sus conclusiones como de su interpretación general del periodo.
Jorge Vilches
Los trabajos más recientes de Jorge Vilches aportan nuevos matices y una reconstrucción muy detallada de las horas previas y posteriores al asesinato.
Insiste en el papel desempeñado por Fernando Condés, Luis Cuenca y «La Motorizada», así como en la reacción de Indalecio Prieto y de otros dirigentes socialistas tras conocer el crimen. También recuerda que ningún historiador serio sostiene que Prieto ordenara directamente el asesinato, aunque considera acreditada la estrecha relación existente entre el dirigente socialista y varios de sus autores materiales.
¿Dónde están las diferencias?
Las discrepancias entre los historiadores no afectan tanto a los hechos como a su interpretación.
Las principales son cuatro.
La primera consiste en determinar si el asesinato fue una represalia improvisada o una acción preparada con antelación.
La segunda se refiere al grado de conocimiento que pudieron tener los principales dirigentes socialistas.
La tercera gira en torno a la responsabilidad política del Gobierno de Santiago Casares Quiroga.
Y la cuarta, quizá la más conocida, consiste en valorar hasta qué punto el asesinato de Calvo Sotelo inclinó definitivamente a los militares que todavía dudaban sobre la conveniencia de sublevarse.
Lo que todavía ignoramos
Después de noventa años siguen existiendo preguntas sin respuesta definitiva.
¿Quién pronunció el nombre de Calvo Sotelo durante la reunión celebrada en el cuartel de Pontejos?
¿Quién decidió que fuera él el objetivo de la expedición?
¿Hubo una orden expresa o la decisión fue adoptada sobre la marcha?
¿Hasta dónde llegó el conocimiento de los principales dirigentes políticos?
Es posible que nunca lo sepamos.
La Historia rara vez ofrece respuestas absolutas.
Pero esa incertidumbre no debe servir para poner en duda lo que sí está sólidamente acreditado.
Los hechos esenciales permanecen.
Las interpretaciones pueden cambiar.
Los documentos nuevos pueden matizar algunas conclusiones.
Lo que difícilmente podrá modificarse es la realidad de aquel crimen y la enorme influencia que ejerció sobre el destino de España.
APÉNDICE III. DIEZ MITOS SOBRE EL ASESINATO DE JOSÉ CALVO SOTELO
La Guerra Civil española ha generado una inmensa literatura, pero también un sinfín de tópicos, simplificaciones y afirmaciones repetidas durante décadas sin apenas someterlas a examen.
El asesinato de José Calvo Sotelo no ha escapado a esa regla.
Éstos son algunos de los mitos más frecuentes.
1. «Fue un asesinato más entre los muchos que hubo.»
No.
Durante la primavera de 1936 hubo numerosos asesinatos políticos, pero éste fue diferente.
La víctima era el jefe de la oposición parlamentaria.
Fue sacado de su domicilio mediante una falsa detención.
Los autores utilizaron una camioneta oficial de la Guardia de Asalto.
Y entre ellos había miembros de las fuerzas de seguridad.
Esa combinación convierte el caso en un hecho excepcional.
2. «El Gobierno ordenó el asesinato.»
No existe ningún documento conocido que permita afirmarlo.
Hasta hoy no ha aparecido una orden escrita, verbal o indirecta atribuible al presidente del Gobierno o a alguno de sus ministros.
Otra cuestión distinta es la responsabilidad política derivada de lo ocurrido y de la actuación posterior del Ejecutivo.
Conviene no confundir ambas cosas.
3. «Indalecio Prieto dio la orden de matar a Calvo Sotelo.»
Tampoco existe prueba documental que sostenga esa afirmación.
Lo que sí está ampliamente acreditado es que Luis Cuenca era su escolta personal y pertenecía a «La Motorizada», grupo encargado de su protección.
También existen numerosos testimonios según los cuales Prieto conoció rápidamente lo sucedido y mantuvo contactos con algunos de los implicados.
El alcance político de esa actuación continúa siendo objeto de debate entre los historiadores.
4. «Todo fue una represalia improvisada por la muerte del teniente Castillo.»
La muerte de José del Castillo fue el desencadenante inmediato.
Sin embargo, algunos investigadores consideran que la expedición fue adquiriendo un objetivo político a medida que avanzaba la madrugada.
La decisión de dirigirse al domicilio de Calvo Sotelo difícilmente puede calificarse como un acto puramente irreflexivo.
Quién tomó esa decisión continúa siendo una de las grandes incógnitas.
5. «Calvo Sotelo sabía que iban a asesinarlo.»
No.
Lo que sí parece demostrado es que desconfiaba profundamente de aquella detención.
Sus palabras a la familia —«es posible que estos señores me peguen cuatro tiros»— muestran que intuía el peligro.
Pero aceptó acompañar a quienes se identificaban como agentes de la autoridad.
Probablemente pensó que ningún Gobierno permitiría el asesinato del jefe de la oposición tras una detención realizada por miembros de las fuerzas de seguridad.
Se equivocó.
6. «El asesinato provocó por sí solo la Guerra Civil.»
No exactamente.
La conspiración militar existía desde meses antes.
El levantamiento no nació aquella madrugada.
Lo que sostienen muchos historiadores es algo distinto.
El asesinato terminó de convencer a numerosos militares que todavía dudaban sobre la conveniencia de sumarse a la sublevación.
No creó la conspiración.
Pero pudo acelerar su desenlace.
7. «Todos los historiadores piensan lo mismo.»
Todo lo contrario.
Existe un amplio acuerdo sobre los hechos esenciales.
Las discrepancias aparecen al valorar las responsabilidades políticas, el grado de conocimiento de algunos dirigentes y la trascendencia del crimen en los acontecimientos posteriores.
La investigación histórica continúa abierta.
8. «Durante el franquismo se contó toda la verdad.»
No.
El régimen franquista convirtió el asesinato en uno de los pilares de su legitimación política.
Ello contribuyó a mantener vivo el recuerdo del crimen, pero también favoreció interpretaciones simplificadas y un relato orientado a justificar el alzamiento militar.
Toda utilización política del pasado, venga de donde venga, termina empobreciendo el conocimiento histórico.
9. «Después de 1978 apenas volvió a estudiarse.»
Tampoco.
Desde la Transición han aparecido numerosas investigaciones, se han publicado documentos desconocidos y varios historiadores han revisado críticamente tanto la versión franquista como otras interpretaciones posteriores.
Hoy conocemos mucho mejor lo ocurrido que hace medio siglo.
10. «Noventa años después ya no merece la pena hablar de este asunto.»
Precisamente por haber transcurrido noventa años resulta posible estudiarlo con mayor serenidad.
Las pasiones políticas siguen existiendo, pero la distancia temporal permite examinar los documentos con menos carga emocional que la vivida por quienes fueron protagonistas o testigos directos.
La Historia no prescribe.
Cada generación vuelve a formular nuevas preguntas.
Y cada generación tiene la obligación de responderlas con honestidad.
Una última reflexión
Con frecuencia se afirma que conocer la Historia sirve para no repetir sus errores.
La frase resulta discutible.
Los seres humanos llevamos siglos repitiendo errores muy parecidos.
Quizá la utilidad de la Historia sea otra.
Nos enseña hasta dónde puede degradarse una sociedad cuando la violencia sustituye al debate, cuando la ley deja de aplicarse con igual rigor para todos y cuando el adversario deja de ser considerado un ciudadano con los mismos derechos para convertirse en un enemigo al que se puede despojar de su dignidad.
Ésa es, probablemente, la enseñanza más profunda que deja el asesinato de José Calvo Sotelo noventa años después.
RESUMEN PARA LECTORES CON PRISAS
Noventa años del asesinato de José Calvo Sotelo
El 13 de julio de 1936 fue asesinado José Calvo Sotelo, jefe de la oposición parlamentaria al Gobierno del Frente Popular. Había sido sacado de su domicilio por un grupo formado por miembros de las fuerzas de seguridad y varios civiles vinculados al socialismo, utilizando para ello una camioneta oficial de la Guardia de Asalto y la autoridad que confería el uniforme de algunos de sus integrantes.
Minutos después, Luis Cuenca Estevas, escolta personal de Indalecio Prieto y miembro de «La Motorizada», le disparó dos tiros en la nuca dentro del propio vehículo. Su cadáver fue abandonado en el depósito del Cementerio del Este.
Noventa años después, los hechos esenciales apenas son discutidos por los historiadores. Las diferencias aparecen al analizar las responsabilidades políticas, el grado de conocimiento que pudieron tener algunos dirigentes del Frente Popular y la influencia que el crimen ejerció sobre los acontecimientos que desembocaron en la Guerra Civil.
Este ensayo no pretende convertir a José Calvo Sotelo en un mártir intocable ni presentar la Segunda República como un régimen condenado desde su nacimiento. Tampoco busca justificar el levantamiento militar iniciado cinco días más tarde. La Historia rara vez admite explicaciones tan simples.
Lo que sí pretende es reconstruir uno de los episodios más graves de nuestra historia contemporánea apoyándose en documentos, testimonios y las investigaciones de numerosos historiadores.
Durante la primavera de 1936 España atravesaba una situación extraordinariamente tensa. Atentados, incendios, huelgas violentas, ocupaciones de fincas y enfrentamientos armados formaban parte de la vida cotidiana. La violencia política había dejado de ser una excepción.
Las Cortes reflejaban ese mismo clima. Los debates eran cada vez más ásperos. Los insultos sustituían con frecuencia a los argumentos y algunos diputados llegaron a justificar el empleo de la violencia contra quienes consideraban enemigos de la República.
En ese ambiente, José Calvo Sotelo se había convertido en el principal portavoz de la oposición. Sus discursos denunciaban el deterioro del orden público, la parcialidad que, a su juicio, mostraban algunas autoridades y la incapacidad del Gobierno para garantizar la seguridad de los ciudadanos.
La noche del 12 de julio fue asesinado el teniente de la Guardia de Asalto José del Castillo. Su muerte desencadenó una reacción de ira entre varios compañeros y militantes socialistas. Lo que comenzó como un deseo de represalia terminó convirtiéndose en una expedición cuyo objetivo fue José Calvo Sotelo.
Aún hoy no se sabe con certeza quién tomó la decisión definitiva de dirigirse a su domicilio.
Sí sabemos quiénes participaron en aquella expedición.
Sí sabemos quién disparó.
Sí sabemos que la detención carecía de cobertura legal.
Y sí sabemos que el jefe de la oposición murió cuando se hallaba bajo el control de quienes habían ido a buscarlo utilizando medios oficiales.
La reacción del Gobierno de Santiago Casares Quiroga fue considerada insuficiente por buena parte de la oposición. La investigación judicial avanzó con rapidez en sus primeros momentos, pero el clima político, la censura y el estallido de la Guerra Civil impidieron que pudiera desarrollarse con normalidad.
Uno de los aspectos más debatidos sigue siendo el papel desempeñado por Indalecio Prieto.
No existe prueba documental de que ordenara el asesinato.
Ningún historiador de reconocido prestigio sostiene hoy esa afirmación.
Sin embargo, sí está acreditado que Luis Cuenca era su escolta personal y que varios de los implicados pertenecían a «La Motorizada», el grupo encargado de su protección. También existen testimonios según los cuales algunos dirigentes socialistas conocieron muy pronto la identidad de los autores materiales del crimen.
La valoración de esos hechos divide todavía a los investigadores.
Otro debate afecta a la expresión «crimen de Estado».
Si se entiende que sólo puede hablarse de crimen de Estado cuando existe una orden formal del Gobierno, no hay pruebas que permitan sostener esa tesis.
Si, por el contrario, se utiliza para describir un asesinato cometido por personas que actuaban utilizando medios oficiales y amparándose en su condición de agentes de la autoridad, la discusión adquiere otro alcance.
El lector encontrará en estas páginas los argumentos de unos y otros.
También encontrará una respuesta a otra cuestión decisiva.
¿Provocó este asesinato la Guerra Civil?
La respuesta más prudente es negativa.
La conspiración militar existía desde meses antes.
Pero también parece fuera de duda que el asesinato de José Calvo Sotelo terminó de convencer a numerosos militares que todavía vacilaban acerca de su participación en el levantamiento.
Cinco días después comenzaba la guerra.
El ensayo concluye con una reflexión que trasciende la figura de Calvo Sotelo.
Las democracias no desaparecen de un día para otro.
Antes se deteriora el respeto a la ley.
Después se debilita la confianza en las instituciones.
Más tarde, el adversario deja de ser considerado un ciudadano con los mismos derechos y pasa a ser tratado como un enemigo.
Cuando ese proceso culmina, la violencia deja de parecer una excepción y comienza a presentarse como una solución.
Ésa fue la tragedia de España en 1936.
Y ésa es, quizá, la principal lección que noventa años después sigue ofreciendo el asesinato de José Calvo Sotelo.
La Historia no puede cambiar lo ocurrido.
Pero sí puede ayudarnos a comprender cómo una nación europea, con una larga tradición parlamentaria y jurídica, terminó resolviendo sus diferencias por medio de las armas.
Conocer aquel proceso no significa vivir anclados en el pasado.
Significa recordar que la libertad, la igualdad ante la ley y el respeto al adversario nunca están garantizados para siempre.
Cada generación debe volver a defenderlos.
