CUANDO LA IZQUIERDA PIERDA LAS ELECCIONES, ¿SE ADUEÑARÁ DE LAS CALLES DE ESPAÑA?

Carlos Aurelio Caldito Aunión

La cuestión no es si la izquierda española sabe gobernar.

La cuestión es si sabe perder.

Porque todo indica que, cuando pierda las elecciones, no se limitará a pasar tranquilamente a la oposición. El problema será qué hará con el poder que todavía conserva fuera de las instituciones: sindicatos, organizaciones sociales, medios afines, movimientos callejeros y una capacidad de movilización que ya ha demostrado sobradamente.

La pregunta, por tanto, es directa:

¿Aceptará la izquierda española que los españoles la echen del Gobierno?

¿Aceptará que gobierne el adversario?

¿Aceptará la alternancia?

¿O intentará conservar en la calle el poder que haya perdido en las urnas?

Porque si después de una derrota electoral la izquierda se lanza a incendiar las calles, a bloquear las instituciones, a acosar al nuevo Gobierno y a convertir cada decisión del Ejecutivo en motivo para una movilización permanente, no estaremos ante una simple oposición.

Estaremos ante un intento de impedir la alternancia por la fuerza de la calle.

Y eso tiene un nombre.

No es España contra España. Es la anti-España contra España.

Hay algo todavía más profundo.

La izquierda que hoy sostiene al Gobierno no gobierna sola. Lo hace con el apoyo imprescindible de partidos separatistas cuyo objetivo político declarado es romper España y con el respaldo parlamentario de fuerzas vinculadas políticamente al entorno de ETA.

Y eso no es una interpretación.

Es la realidad parlamentaria sobre la que se ha construido el actual bloque de poder.

A ello se añade otra cuestión que afecta directamente a la soberanía española: Marruecos.

El Gobierno de Pedro Sánchez convirtió en 2022 la relación con Rabat en una asociación estratégica. Desde entonces ha defendido reiteradamente esa relación como un elemento fundamental de la política exterior española. Y esa política afecta directamente a Ceuta y Melilla, las dos únicas fronteras terrestres de España y de la Unión Europea en África.

Y aquí es donde hay que llamar al pan, pan y al vino, vino.

El actual bloque de poder ha sido el principal defensor político de una política de entendimiento con Marruecos en España.

Y cuando Marruecos ha presionado sobre nuestras fronteras, la respuesta política de ese bloque ha sido buscar el entendimiento con Rabat antes que convertir el conflicto en una confrontación abierta.

No es una cuestión menor.

Es una cuestión de soberanía.

En julio de 2026 se produjo una entrada masiva en Ceuta. El propio Gobierno tuvo que desplegar miles de efectivos y activar, por primera vez en democracia, la situación de interés para la seguridad nacional.

Y después de aquello, Pedro Sánchez siguió defendiendo la cooperación con Marruecos y rechazó calificar de «invasores» a quienes habían entrado.

Que cada cual saque sus conclusiones.

La mía es clara: cuando un Gobierno español necesita explicar una y otra vez las razones del vecino mientras los españoles de Ceuta soportan una presión extraordinaria sobre su frontera, estamos ante una inversión completa de las prioridades nacionales.

Eso es lo que cabe llamar antiEspaña.

No porque España haya dejado de existir.

Sino porque desde determinadas posiciones políticas se ha construido una concepción de España en la que defender la nación, sus fronteras y su soberanía se convierte en algo sospechoso, mientras que comprender al adversario exterior y negociar permanentemente con quienes cuestionan la unidad nacional se presenta como la verdadera política de Estado.

Y la historia ya nos ha enseñado lo que ocurre.

Tampoco hace falta fingir que España carece de precedentes.

En las elecciones de 1933 las fuerzas de la derecha obtuvieron la victoria parlamentaria. En octubre de 1934 se produjo una insurrección, con la Revolución de Asturias y la proclamación del Estado catalán, dentro de una crisis que el propio Congreso de los Diputados recoge entre los acontecimientos decisivos de aquella legislatura.

Y hubo dirigentes socialistas que dijeron expresamente que, si no podían conquistar el poder mediante la Constitución, tendrían que hacerlo «de otra manera».

Aquello ocurrió.

No es una leyenda.

No es propaganda.

Forma parte de la historia política española.

Y precisamente por eso resulta absurdo sostener que en España sea inimaginable que una fuerza política intente convertir la calle en un instrumento para impedir la alternancia.

Cuando pierdan, veremos qué entienden por democracia

Porque gobernar no consiste solamente en aceptar las urnas cuando las urnas te dan la razón.

Democracia es aceptar que mañana pueden quitártela.

Es aceptar que millones de españoles pueden votar al Partido Popular.

Que pueden votar a Vox.

Que pueden votar a cualquier otra opción que no sea la izquierda.

Y que esos españoles tienen exactamente el mismo derecho que los que votan a la izquierda.

Si llega ese momento y el resultado no gusta, habrá protestas.

Habrá huelgas.

Habrá manifestaciones.

Habrá campañas políticas.

Perfectamente legítimo.

Pero si el objetivo es otro —hacer ingobernable al nuevo Gobierno, acosar a sus representantes, intimidar a sus votantes, paralizar las instituciones y conseguir mediante la presión callejera lo que no se consiguió en las urnas— entonces ya no estaremos hablando simplemente de oposición.

Estaremos hablando de un intento de impedir la alternancia.

Y si ese intento utiliza la violencia o la amenaza de violencia para conseguirlo, habrá que llamarlo por su nombre:

golpismo.

Porque un golpe contra la democracia no tiene por qué empezar con tanques.

Puede empezar diciendo que las elecciones han sido un error.

Puede continuar diciendo que el Gobierno elegido no tiene legitimidad moral.

Puede seguir con las calles tomadas.

Y puede terminar intentando que quien ganó las elecciones sea incapaz de gobernar.

Las calles no son propiedad de la izquierda

Aquí está la cuestión fundamental.

Durante demasiado tiempo se ha instalado la idea de que la izquierda tiene una especie de derecho natural a la calle.

No lo tiene.

Las calles de España son de todos.

De los que votan a la izquierda.

De los que votan a la derecha.

De los que votan a partidos nacionales.

De los que votan a partidos regionalistas.

Y también de los millones de españoles que simplemente quieren vivir en paz y que su voto sirva para algo.

Por eso, cuando la izquierda pierda las elecciones, no tendrá que demostrar que sabe movilizar.

Eso ya lo sabemos.

Tendrá que demostrar algo mucho más importante:

que sabe aceptar una derrota.

Que sabe abandonar el poder.

Que sabe pasar a la oposición.

Que sabe esperar.

Y, sobre todo, que sabe aceptar que España puede votar a la derecha sin pedirle permiso.

Porque las urnas mandan.

No los piquetes.

No los sindicatos.

No las plataformas.

No los agitadores.

No los partidos.

Los españoles.

Y si algún día la izquierda pierde las elecciones y pretende conservar el poder mediante la calle, la respuesta democrática tendrá que ser tan clara como el propio problema:

España no pertenece a la izquierda.

España tampoco pertenece a la derecha.

España pertenece a los españoles.

Y quien pierda las elecciones tendrá que aceptar que ha perdido.