En España es once veces más probable morir por suicidio que ser asesinado. A propósito del décimo quinto aniversario de la «ley de violencia de género», de 28 de diciembre de 2004.
Como viene siendo habitual en estas fechas, los medios de información, creadores de opinión y manipulación hacen el recuento de mujeres que han muerto a lo largo del año a punto de finalizar a manos de sus esposos, novios, compañeros,… víctimas de violencia «machista» o de «género», que son los dos vocablos de curso legal utilizados para distinguir a esas víctimas de las demás, es decir, del número nunca mencionado, ni recordado, ni tenido en cuenta para protestar con pancartas y guardar minutos de silencio en las puertas de las instituciones; de hombres y mujeres asesinados a lo largo del año en otras circunstancias.
No es fácil averiguar cuántos homicidios se producen cada año en España, en ese lugar al que los progres y cómplices del separatismo, procuran no llamar por su nombre y que denominan «estepaís».

Según los diversos Anuarios Estadísticos del Ministerio del Interior, del Instituto Nacional de Estadística, e informes de la Unión Europea, anualmente en España son asesinadas entre 600 y 700 personas… 0,5 muertos por cada 100.000 habitantes, una de las cifras más bajas de Europa (afortunadamente).
En tres de cada cuatro casos, las víctimas son varones, aunque ese detalle pase desapercibido para los medios de información.
Sólo las muertas de «género» acaparan los titulares, el resto son muertos de segunda categoría.
En España mueren por disputas conyugales anualmente, alrededor de 50 mujeres (de los entre 20 y 30 hombres asesinados por sus esposas, nunca se habla); estamos hablando de muertes sucedidas en una nación de 47 de habitantes, durante 365 días; motivo por el cual deberíamos sentirnos afortunados, pues, teniendo en cuenta los múltiples motivos por los que muere gente en España (accidentes de automóvil, accidentes domésticos, accidentes de trabajo, consumo de alcohol, de tabaco, errores médicos, y un largo etc.) la cifra es realmente anecdótica… Es más, España fluctúa todos los años entre el última y el penúltimo lugar de la lista de países de Europa en cuanto a violencia contra las mujeres, siendo según todos los estudios internacionales, uno de los lugares del mundo donde mejor son tratadas las mujeres…
Algún día, los políticos y los periodistas deberían explicarnos por qué el hombre asesinado por tratar de impedir un robo, el hombre asesinado por encargo de su ex mujer o el joven muerto a tiros en una discoteca, por poner algunos ejemplos, merecen menos atención que cuando las víctimas son mujeres. También, algún día, tendrán que explicarnos por qué los asesinatos de niños y de ancianos tampoco merecen la atención de los medios de información. Yo les contesto: más de las dos terceras partes de las muertes de ancianos y de niños son perpetradas por mujeres.
El fenómeno de la violencia de «género» está profundamente politizado. La sociedad lo ve a través de una lupa: enorme en relación con el contexto, distorsionado. Si retirásemos esa lupa política, veríamos que el resto de asesinatos también forman parte de eso que llaman «lacra». No es moralmente admisible establecer un «apartheid» de víctimas: por un lado, las de primera categoría, o de «género»; por otro, las demás, siempre y cuando el victimario sea un hombre, claro.
Cuando se asume la premisa de la «igualdad de las víctimas ante la ley» y se despolitiza el fenómeno de la violencia doméstica, lo siguiente es examinar más de cerca las causas de esa violencia y, como sería lógico, la forma de impedirla. Ninguna institución parece haber mostrado hasta ahora el menor interés por entrar en ese territorio.
Sin embargo, la inmensa mayoría de los llamados asesinatos de «género» se producen en contextos de separación o divorcio, especialmente cuando hay hijos de corta edad por medio y el proceso es más complicado y traumático. En esos casos, la legislación vigente es el mejor caldo de cultivo para la violencia y el conflicto.
Invito a nuestros legisladores a imaginar una situación opuesta a la actual. Una situación hipotética en la que los hombres recibiesen automáticamente la custodia de sus hijos y las mujeres fuesen expulsadas del hogar familiar por el procedimiento expeditivo de la denuncia falsa, seguida de orden de alejamiento, y como consecuencia fueran expulsadas de las vidas de sus hijos y se les impidiera participar en su educación y crianza; o si la cosa discurriese por cauces más normales, menos dramáticas, una situación en la que ellas sólo pudiesen ver a sus hijos cuatro o cinco días al mes y se viesen obligadas a pagar al ex marido una parte sustancial de sus ingresos, así como la hipoteca de la antigua vivienda común. Una situación en la que, de la noche a la mañana, esas mujeres pasasen de ser madres a ser «visitantes» de sus hijos («visitantas», en jerga feminista). Que sus señorías parlamentarias recreen mentalmente esa situación y digan si les parecería justa o injusta, y si les parecería o no una fuente potencial de conflictos. Que juzguen si habría o no mujeres dispuestas a tomarse la justicia por su mano.
Vale, pues si ya lo han pensado, pasen a aplicar sus conclusiones a la situación actual y saquen la mecha del polvorín. Dejen de intentar apagar el fuego con gasolina. Traten a hombres y mujeres por igual. Establezcan un régimen de divorcio sin vencedores ni vencidos, un régimen que no premie las denuncias falsas ni se asiente en la presunción de culpabilidad prevista en la Ley Orgánica de 28 de diciembre de 2004 y otras disposiciones y jurisprudencias similares.

Se cumplen 15 años (sí, tres lustros ya) de la ley más cruel, terrible, infame,… de las aprobadas en España desde la muerte del General Franco hasta la actualidad, fue promovida por el PP y el PSOE y apoyada con su voto por la totalidad de los Diputados y Senadores con presencia en las Cortes Españolas, aquel fin de año de 2004 (para más INRI, el 28 de diciembre, día de los Santos Inocentes, según el santoral católico).
La ley de «violencia de género» nunca tuvo como objetivo proteger a las mujeres en situación de riesgo de sufrir violencia, con o sin resultado de muerte; sus objetivos eran otros, ya se anunciaban en el preámbulo; aparte de garantizar un completo éxito a las mujeres que desean desahuciar y repudiar a sus esposos, y de paso expulsarlos de la vida cotidiana de sus hijos, e impedir que sigan participando en su educación y crianza; la perversa ley (inspirada en la liberticida y totalitaria «perspectiva de género») pretende promover la confrontación entre hombres y mujeres, destruir la institución familiar, desposeer a los hombres de los más elementales derechos constitucionales, tales como el de la presunción de inocencia, el derecho a un juicio justo, en un tribunal ordinario e imparcial. La LVIOGEN de 28 de diciembre de 2004 ha creado tribunales de excepción en los que, exclusivamente se juzga a hombres, a los que se castiga más duramente que a las mujeres en caso de incurrir en el mismo ilícito penal, y se les condena con la palabra de la mujer supuestamente maltratada, como única prueba…
Como resultado de todo ello, se ha superado ya la cifra de DOS MILLONES de hombres denunciados falsamente por sus esposas, novias, compañeras; y más del 25 por ciento de la población reclusa masculina está privada de libertad por cuestiones relacionadas con la mal llamada «violencia de género»…
Raro es el proceso de divorcio en el que no revolotea la LVIOGEN,…
Y, ya para terminar, si finalmente da comienzo la legislatura, si España acaba teniendo un gobierno decente, esperemos que sus señorías acaben bajando del limbo y percatándose de que no existe nada que pueda llamarse «violencia de género».
Las mujeres pegan, agreden, apalizan tanto o más que los hombres (con y sin resultadod e muerte).
Sobran son razones para quitarse la venda y ver la realidad tal como es.
Lean un poco, señorías. Entérense de lo que se repite hasta el aburrimiento en multitud de estudios serios, sin sesgo de «género», acerca de la violencia intrafamiliar, conyugal, de pareja, doméstica. .. A menos que prefieran seguir dando palos de ciego durante otros 15 años…
Carlos Aurelio Caldito Aunión.