Necesitamos el SPEXIT. La peste antiespañola en la UE nos desprecia con la sentencia sobre los golpistas catalanes… Y Marruecos por Canarias o EEUU por Rota
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictaminado este jueves que el líder de Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, condenado a 13 años de cárcel por sedición y malversación, debió ser reconocido como eurodiputado tras su elección en las europeas del 26-M, gozaba de inmunidad desde la proclamación de los resultados y tendría que haber sido puesto en libertad para asistir a la sesión constitutiva de la Eurocámara el pasado 2 de julio en Estrasburgo.
«Una persona elegida al Parlamento Europeo adquiere la condición de miembro de dicha institución desde la proclamación de los resultados electorales y goza desde ese momento de las inmunidades aparejadas a tal condición», asegura la sentencia. El TJUE deja en la práctica sin efecto el requisito de acatar la Constitución de forma presencial que establece la legislación española para ser reconocido como eurodiputado de pleno derecho.
«La condición de miembro del Parlamento Europeo resulta de la mera elección del interesado. Éste adquiere tal condición a raíz de la proclamación oficial de los resultados que hacen los Estados miembros», insiste el fallo. Unos resultados que en el caso español fueron proclamados por la Junta Electoral Central el 13 de junio en la que figuraba tanto Junqueras como Carles Puigdemont y Toni Comín.
Es decir, que Junqueras era miembro de la Eurocámara y gozaba «de la inmunidad de desplazamiento vinculada a su condición de miembro del Parlamento Europeo» desde el mismo momento de su proclamación y con independencia de que haya cumplido o no «eventuales formalidades previstas por el derecho interno». «La inmunidad de desplazamiento protege a los desplazamientos de los miembros del Parlamento Europeo al lugar de reunión de éste, incluida su primera reunión», prosigue la sentencia.
Por todo ello, el TJUE concluye que el Tribunal Supremo tenía que haber dejado salir a Junqueras de la cárcel para permitirle desplazarse a la sesión constitutiva de la Eurocámara en Estrasburgo el pasado 2 de julio. «La inmunidad de desplazamiento garantizada a todo miembro del Parlamento Europeo implica el levantamiento de cualquier medida de prisión provisional que le haya sido impuesta antes de ser proclamado electo, con el fin de permitirle desplazarle al Parlamento Europeo y participar en la sesión constitutiva», dice el fallo.
«En consecuencia, si el tribunal nacional competente considera necesario mantener la medida de prisión provisional, ha de solicitar a la mayor brevedad al Parlamento Europeo que suspenda dicha inmunidad», prosigue el Tribunal de Luxemburgo.
No obstante, el fallo no abre la puerta de la cárcel a Junqueras porque ya no se encuentra en situación de prisión provisional sino que ha sido condenado a 13 años de cárcel e inhabilitación por sedición y rebelión. El TJUE dice que corresponde ahora al Supremo «apreciar los efectos aparejados a las inmunidades de que goza el señor Junqueras Vies en otros posibles procedimientos». Es decir, la decisión final sobre los próximos pasos será del tribunal español.
Puigdemont y Comín, posibles beneficiarios
La gran paradoja es que los principales beneficiarios de la sentencia podrían ser el expresidente catalán, Carles Puigdemont, y su exconseller Toni Comín, fugados en Bélgica desde octubre de 2017 y que también fueron elegidos eurodiputados el 26-M pero no han sido reconocidos porque no viajaron a Madrid a acatar la Constitución. De la lectura literal de la sentencia se desprende que ambos son eurodiputados y gozan de inmunidad, al menos hasta que el Supremo pida un suplicatorio a la Eurocámara.
Puigdemont y Comín han presentado sus propios recursos ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo para ser reconocidos como eurodiputados y el fallo podría ser ahora inminente. Además, el propio Parlamento Europeo podría abrirles la puerta por iniciativa propia tras estudiar el fallo.
La sentencia ha sido leída en castellano por el presidente del TJUE, Koen Lenaerts. Es el resultado de la deliberación de una Gran Sala de 15 jueces, entre los que se encuentra la española Rosario Silva de Lapuerta. El TJUE nunca desvela si sus decisiones son por unanimidad o tienen votos en contra.
El fallo responde a una cuestión prejudicial planteada el 1 de julio por el Tribunal Supremo sobre el alcance de la prerrogativa de la inmunidad de Oriol Junqueras. El líder de ERC fue proclamado eurodiputado electo por la Junta Electoral Central (JEC) el pasado 13 de junio, recién acabado el juicio del ‘procés’.
Al día siguiente, Junqueras pidió un permiso de excarcelación para acudir a la JEC a cumplimentar el requisito de acatar la Constitución que exige la legislación española como condición previa para adquirir la condición de eurodiputado. Pero el Supremo se lo denegó alegando que ello pondría en un «irreversible peligro» los fines del proceso penal abierto contra él. El resultado es que su nombre no figuraba en la lista definitiva de eurodiputados que España al Parlamento Europeo: su escaño se declaró vacante.
La Eurocámara y la Comisión apoyaron a España
Durante el procedimiento ante el TJUE, el Tribunal Supremo y el Gobierno español, así como la Comisión Europea y la propia Eurocámara alegaron que Junqueras nunca adquirió la condición de eurodiputado porque no cumplió el requisito de acatar la Constitución. Por tanto, nunca ha gozado de ninguna inmunidad.
Pero contra todo pronóstico, el abogado general del TJUE Maciej Szpunar, cuya opinión sirve de guía para los jueces, se apartó de esta interpretación y dio la razón al líder de ERC. Szpunar sostenía que Junqueras debió ser reconocido como eurodiputado tras su elección en las europeas del 26-M y gozaba de inmunidad.
Su argumento es que la adquisición del mandato parlamentario de los diputados europeos resulta únicamente del voto de los electores y no puede estar supeditada al ulterior cumplimiento de formalidad alguna. Un dictamen que ahora ha sido secundado punto por punto por la Gran Sala del TJUE.
Marruecos vuelve con sus intenciones de anexionarse las aguas que rodean a Canarias
Marruecos siempre aprovecha la debilidad española para intentar asestar un golpe. Lo hizo durante la agonía del dictador, Francisco Franco, cuando ocupó el Sáhara Occidental, en 1975. Y lo repitió este lunes, cuando, aprovechando que el Gobierno español está en funciones, su Parlamento impulsó dos leyes que pretenden delimitar unilateralmente sus aguas internacionales, adentrándose en el espacio de Canarias, cuyas aguas entre islas son internacionales actualmente; y apropiándose ilegalmente de las aguas que corresponden al Sáhara ocupado. El diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, ha pedido que el Gobierno español reaccione de manera “contundente” “y ponga a Marruecos en su sitio” ante un “acto de agresión unilateral insólito”. Según Quevedo, Marruecos “ha tomado una decisión unilateral, adelantado que sabe que provocará ampollas. Pero en una relación diplomática, las cosas se hacen al revés, primero se negocia”.
Es imposible no tener en cuenta que este movimiento de Rabat se produce con España en plena negociación de investidura, instalada en una creciente inestabilidad institucional que Marruecos ha aprovechado para sacar tajada. “La política marroquí con España consiste en buscar cosas para presionar. Tenían el tema migratorio, el terrorismo, la droga y ahora se sacan esto”, explica Bachir Ahmed Aomar, activista saharaui.
Marruecos argumenta que está aplicando la la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, que establece que todo país puede ejercer su soberanía sobre las doce primeras millas de mar (22 kilómetros) a partir de su costa. Es el llamado “mar territorial” y, en él, cada Estado es soberano sobre el espacio aéreo, el agua, el suelo y el subsuelo.
De las doce a las 200 millas (22 a 370 Km), cada país puede establecer su zona económica exclusiva (ZEE) en el que es soberano para explorar, extraer, conservar y administrar los recursos naturales del mar y el subsuelo (incluyendo seres vivos, minerales y energía).
Y, en tercer lugar, cada Estado puede solicitar a Naciones Unidas la ampliación de su plataforma continental para extender sus derechos sobre el subsuelo marino hasta las 350 millas (648 Km), en un procedimiento reglado que requiere de informes oceanográficos, geológicas y jurídicos. Una distancia así alcanzaría hasta la isla de El Hierro.
“La cuestión es que Marruecos hace esto sin entrar a dilucidar cómo delimita su zona económica o la plataforma continental con un Estado que tiene la costa enfrentada a la suya, como es España”, afirma Carmelo Faleh, profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. “Y esto afecta de lleno a Canarias, pero también está Ceuta, Melilla, Chafarinas o Alhucemas”, afirma.
“En el caso de la zona económica, no hay tanto problema, porque en dos países con costas enfrentadas que no tienen 200 millas cada uno, se busca una media entre los dos y se reparte”, explica. “La situación equitativa en el caso de la plataforma es más complicado, porque implica cuestiones geológicas. Hay que ver si la plataforma continental es una prolongación de la costa marroquí bajo las aguas o si ese lecho marino es una prolongación canaria bajo las aguas”. En 2014, explica Faleh, España reclamó la plataforma continental al oeste de Canarias. Esa zona incluía el ‘Tropic’, un antiguo volcán que se eleva desde el lecho del océano, a más de 4.000 metros de profundidad, hasta 1.100 metros de la superficie. En 2016, una expedición británica descubrió que buena parte del monte está recubierto de costras de ferromanganeso con altos contenidos de metales muy apreciados en la alta tecnología, como el telurio o el cobalto, entre otros. En 2017, como ya contó entonces DIARIO DE AVISOS, Marruecos comenzó el trámite legislativo para elaborar estas dos polémicas leyes.
Con este intento de apropiación, Marruecos también viola el derecho internacional, pues negocia con la aguas del Sáhara ocupado, un territorio que administra de facto pero, sobre el cual, no tiene ningún derecho. “España nunca podría negociar con Marruecos la delimitación de los espacios marítimos que corresponden al Sáhara, porque los marroquíes no tienen soberanía sobre ese territorio”, explica Faleh. “Marruecos no tiene soberanía de iure, sino administración de facto. Por mucho que lo reclame en las leyes de su país. Lo que ocurre es que van a los hechos consumados, igual que Israel ocupa Palestina. Trata de ganar en los hechos lo que el derecho no le reconoce”.
Pero Marruecos se mueve siempre en clave geopolítica. Si el Gobierno de coalición de izquierdas sale adelante, tendrá al frente a ministros de Unidas Podemos, con una posición sobre el Sáhara mucho más beligerante con Marruecos que la que ha tenido desde hace años el PSOE, más preocupado por mantener buenas relaciones con Rabat y cuyos presidentes de Gobierno, a excepción de Sánchez, siempre han hecho su primer viaje a ese país.
El movimiento se ha producido también a escasos tres días del 15º Congreso del Frente Polisario, que reunirá a 2.000 delegados en Tifariti, un enclave situado en los territorios del Sáhara que se encuentran bajo dominio del Frente Polisario desde la guerra cuyo alto el fuego se firmó en 1991. Esta reunión se produce en pleno debate interno dentro del Polisario, donde hay numerosas personas que defienden la vuelta a las armas para dar visibilidad a un conflicto cronificado, a pesar del mandato de la ONU, que exige que se celebre un referéndum de autodeterminación en la antigua colonia española que el régimen marroquí rechaza tajantemente.
“El servilismo de España a Marruecos le va a traer malas consecuencias”, afirma Bachir. “Al fin y al cabo, el proyecto del Gran Magreb de Hassan II también incluía a Argelia y Canarias”. “Marruecos va dando pasitos. Nadie le ha reconocido el territorio saharaui, pero ellos van adelante”. Marruecos ya intentó desafiar la soberanía española en 2002, cuando ocupó el islote de Perejil. El entonces presidente, José María Aznar, organizó una rápida operación y los expulsó sobre la marcha. Ahora, el Gobierno canario mira de frente a Sánchez para que actúe lo antes posible.
POSICIÓN ESPAÑOLA
El Gobierno de España subrayó que, “en el diálogo que España mantiene con Marruecos, se incluyen, naturalmente, las cuestiones relativas a la delimitación de aguas españolas y marroquíes, que están aún pendientes”.
Las fuentes diplomáticas españolas también subrayaron que “en la delimitación de las aguas de países colindantes debe regir, como siempre, el mutuo acuerdo en el marco del respeto a la Convención del Mar de Naciones Unidas”.
La iniciativa de Marruecos coincide con un momento en que España no tiene ministro de Asuntos Exteriores, dado que el último titular, Josep Borrell, cesó el pasado 29 de noviembre para asumir la jefatura de la diplomacia europea. Desde entonces, es la ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, la que ha asumido las competencias de Exteriores.
El ministro marroquí de Exteriores, Naser Burita presentó el lunes las dos leyes ante la Comisión de Exteriores de la Cámara de Representantes del Parlamento, y calificó los dos textos de “históricos” y “soberanos”.
Las leyes que regulaban el espacio marítimo de Marruecos datan de 1975 y 1982 y tenían como límite al sur la ciudad de Tarfaya, pero con la nueva revisión normativa adoptada el lunes, Marruecos pretende extender su tutela jurídica sobre el espacio marítimo que incluye el Sáhara Occidental hasta la ciudad de Lagüera y en el noreste hasta Saidia, fronteriza con Argelia.
El diputado regional de Podemos, Manuel Marrero, afirmaba ayer que “así es como se mueve Marruecos para conseguir sus fines”.
EEUU quiere duplicar su presencia militar en la base española de Rota
MADRID (Sputnik) — Estados Unidos quiere duplicar su presencia en la base militar de Rota (situada en Cádiz, al sur de España), según publica el diario El País citando a fuentes militares y diplomáticas.
«El Pentágono quiere aumentar en un 50% su presencia en Rota, reforzando su papel como principal base naval estadounidense en el sur de Europa», señala la información publicada por el citado diario.
En concreto, las intenciones del Pentágono son desplegar en Rota a «otros 600 militares» y «aumentar de cuatro a seis los destructores de la clase Arleigh Burke desplegados en la base».
De esta manera, la Marina de Estados Unidos contaría en Rota con una cuadrilla completa de destructores, lo que aseguraría que su Fuerza Naval Avanzada Desplegada en Europa dispondría en todo momento de cuatro unidades operativas, ya que resulta habitual que dos de ellas estén inmovilizadas por revisiones o averías.
Según la información ofrecida por El País, las autoridades de España y EEUU abordaron la posibilidad de este despliegue a nivel técnico, pero todavía no se ha planteado a nivel político.
Un despliegue de este calibre obligaría a reformar el convenio bilateral entre España y EEUU, algo para lo que no se abrirá un proceso de negociación mientras el Gobierno de España siga estando en situación interina.
Los destructores estadounidenses desplegados en Rota son la piedra angular del brazo naval del escudo antimisiles de la OTAN.
El pasado mes de junio EEUU anunció su intención de sustituir los cuatro destructores —desplegados entre 2014 y 2015— por otros «más nuevos y modernizados», un proceso de rotación que se llevará a cabo entre 2020 y 2022.
Análisis: El ridículo Supremo
Rubén Amón
La negligencia del Tribunal Supremo ha proporcionado al soberanismo una nueva victoria de propaganda, entre otras razones porque la sentencia de la justicia europea sobrentiende que Junqueras ha sido expuesto a un proceso judicial completamente anómalo e irregular.
No podía haber sido juzgado sin el beneplácito del Europarlamento -el famoso suplicatorio- ni debía haber permanecido en prisión provisional. Semejantes evidencias no contradicen los delitos en que ha incurrido ni lo convierten en impune, tampoco suponen la nulidad del proceso ni la puesta en libertad -la sentencia es firme- pero ridiculizan el procedimiento del Supremo y pervierten la reputación clarividente que se le atribuye al juez Marchena.
Fue suya la iniciativa de preguntar a la instancia comunitaria si Junqueras era o no diputado europeo. Había sido elegido como tal. Y se había presentado con las siglas de ERC para blindarse con el aforamiento, pero el hecho de no haber recogido su acta -no se lo permitieron las autoridades españolas- implicaba una duda que ha quedado técnicamente despejada.
Y no es que Marchena cometiera solo el “error” de preguntar. Ha sido mucho más grave no esperar la resolución del tribunal luxemburgués, razón por la cual Junqueras puede exhibirse ahora como una víctima del oscurantismo judicial del estado opresor. Sus costaleros y colegas reclaman la libertad. Y por la misma razón la justicia española se ha creado su propio laberinto.
¿Qué debe hacerse con el condenado, una vez convertido en mártir?
El dictamen no proporciona ninguna pista, ni tampoco puede hacerlo. Tampoco es vinculante, pero la declaración de inmunidad tanto desluce la credibilidad del Supremo como proporciona una carambola indescriptible a la estrategia escapista de Carles Puigdemont.
El ‘expresident’ tiene delante de sí un escenario portentoso. También él verá reconocida su condición de parlamentario europeo. Podrá refugiarse en la inmunidad. Y tendrá la oportunidad de regresar a España para descojonarse del Estado y de sus instituciones.
Detenerlo, lo pueden detener a iniciativa de un juez, pero soltarlo, lo deberán soltar igualmente, toda vez que el procesamiento requiere el placet del Parlamento Europeo. Mientras tanto, Puigdemont se relame de la presunción de inocencia. Organiza su regreso mesiánico. Y tanto sopesa adelantar las elecciones catalanas como presentarse a ellas. Demostrará al pueblo elegido que nunca lo abandonó. Lo que hizo fue marcharse para regresar a hombros de las multitudes, demostrando que ha puesto en ridículo al Estado español.
Son evidentes, por tanto, las consecuencias políticas. Primero porque ERC, expuesto a las pulsiones soberanistas del congreso del sábado, necesita demostrar a su feligresía que Madrid es un enemigo peligroso, amenazándose incluso el pacto con el PSOE. Y en segundo lugar porque la eventual convocatoria de unos comicios catalanes obligaría a Oriol Junqueras a replantearse el maridaje con Sánchez. De otro modo, Puigdemont podría restregarle en las urnas sus relaciones peligrosas con el Estado español y su afinidad a los carceleros.
Es una victoria del soberanismo, un fracaso supremo del Supremo y una oportunidad para el crecimiento de Vox. El tribunal comunitario no ha hecho otra cosa que un ejercicio de garantismo. Ha planteado un dictamen técnico sobre cómo y cuándo se adquiere el rango de eurodiputado, pero Abascal va a convertir el episodio en una victoria de Europa contra el orgullo de España.
Fuente: El Confidencial
