¿DE QUÉ DEMONIOS HABLAN CUANDO DICEN QUE PEDRO SÁNCHEZ ESTÁ DESTRUYENDO LA DEMOCRACIA?
Atenas, Esparta, Roma, los visigodos, Mancur Olson y la gran impostura política de nuestro tiempo
CARLOS AURELIO CALDITO AUNIÓN
RESUMEN PARA LECTORES CON PRISAS
Nos repiten constantemente que Pedro Sánchez está destruyendo la democracia. Sin embargo, casi nadie se detiene a explicar qué es exactamente esa democracia que supuestamente está siendo destruida.
La realidad es que la democracia se ha convertido en una especie de religión civil de Occidente. Todo el mundo la invoca, todos dicen defenderla y nadie parece obligado a definirla con precisión. Lo más llamativo es que las propias organizaciones que monopolizan la vida política —los partidos— apenas practican internamente aquello que exigen para el conjunto de la sociedad. Las listas electorales son confeccionadas por las cúpulas, las carreras políticas dependen de la obediencia al aparato y los ciudadanos apenas influyen en las decisiones una vez depositado el voto.
Desde la antigua Grecia hasta nuestros días, los pensadores más lúcidos han desconfiado de la concentración de poder. Platón y Aristóteles criticaron la democracia ateniense. Roma construyó un sistema basado en límites y contrapesos. Polibio advirtió de la degeneración de todas las formas de gobierno. Los romanos distinguieron entre la auctoritas y la potestas, comprendiendo que la cuestión esencial no era quién gobierna, sino cómo impedir que abuse de su poder.
La experiencia histórica demuestra que toda sociedad termina siendo dirigida por minorías organizadas. Lo explicaron Mosca, Pareto y Michels con su teoría de las oligarquías. La cuestión no es si existirán élites, porque siempre las habrá. La cuestión es cómo se seleccionan, cómo se controlan y cómo se las sustituye cuando fracasan o se corrompen.
Mancur Olson llevó esta reflexión un paso más allá con su teoría del «bandido estacionario». El poder político tiende a convertirse en una estructura que vive de los recursos producidos por otros. Cuanto menores son los controles y las responsabilidades, mayor es la tentación de utilizar el aparato público para beneficio propio o de los grupos afines.
España constituye un ejemplo especialmente llamativo. El Estado de las Autonomías ha multiplicado administraciones, organismos, empresas públicas, fundaciones, agencias y cargos políticos. Sus defensores hablan de descentralización; sus críticos observan una multiplicación de centros de gasto, clientelismo y oportunidades para la corrupción. Mientras tanto, los ciudadanos permanecen atrapados en debates identitarios, ideológicos o territoriales que apenas afectan a la estructura real del poder.
El problema de fondo no es Pedro Sánchez. Tampoco el PSOE, el PP, Vox o cualquier otra sigla. El problema es un sistema que concentra enormes cantidades de poder en manos de oligarquías partidistas con escasa responsabilidad personal y controles insuficientes.
La solución no consiste en esperar gobernantes perfectos. Nunca han existido. Consiste en limitar el poder, exigir responsabilidades, recuperar mecanismos semejantes al juicio de residencia, imponer responsabilidad patrimonial a los gestores públicos, democratizar realmente los partidos, simplificar la administración, restringir el endeudamiento y reforzar el control ciudadano sobre quienes administran recursos ajenos.
Al final, la pregunta decisiva sigue siendo la misma que se formulaban los romanos hace más de dos mil años:
¿Quién manda realmente, quién se beneficia y quién responde cuando las cosas salen mal?
Mientras esa pregunta siga sin respuesta, seguiremos discutiendo sobre democracia sin atrevernos a examinar el verdadero funcionamiento del poder.
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Cada vez que el Gobierno de Pedro Sánchez impulsa una medida controvertida, negocia con separatistas, ocupa instituciones, coloniza organismos públicos o se ve envuelto en escándalos de corrupción, escuchamos la misma acusación:
«Pedro Sánchez está destruyendo la democracia.»
La frase se repite sin cesar.
La pronuncian políticos.
La repiten periodistas.
La amplifican tertulianos.
La comparten millones de ciudadanos.
Sin embargo, rara vez se formula la pregunta previa, la única verdaderamente importante:
¿Qué democracia exactamente?
Porque antes de afirmar que algo está siendo destruido conviene explicar en qué consiste.
Y es precisamente ahí donde comienzan los problemas.
La palabra más venerada de nuestro tiempo
Pocas palabras poseen hoy un prestigio comparable al de la palabra democracia.
Todo el mundo la invoca.
Todo el mundo la reivindica.
Todo el mundo afirma defenderla.
Sin embargo, cuando llega el momento de definirla con precisión, las respuestas suelen ser confusas, contradictorias o directamente incompatibles.
Para unos democracia significa votar cada cuatro años.
Para otros significa separación de poderes.
Para otros significa libertad de expresión.
Para otros significa respeto a las minorías.
Para otros significa pluralismo político.
Para otros significa simplemente que gobiernan los suyos.
La consecuencia es evidente.
La palabra ha terminado convirtiéndose en una especie de fórmula mágica.
Un concepto sagrado.
Una creencia.
Una religión civil.
La nueva religión de Occidente
Durante siglos los gobernantes afirmaron gobernar por voluntad divina.
Más tarde afirmaron gobernar en nombre de la nación.
Los revolucionarios franceses gobernaron en nombre de la Razón.
Los comunistas gobernaron en nombre del proletariado.
Las llamadas democracias populares gobernaban en nombre del pueblo trabajador.
Y las democracias occidentales afirman gobernar en nombre de la voluntad popular expresada en las urnas.
Las etiquetas cambian.
La estructura permanece.
Siempre aparece una fuente superior de legitimidad.
Y siempre surge una minoría que afirma interpretarla.
Antes era Dios.
Después la Historia.
Más tarde la Clase Obrera.
Hoy es el Pueblo.
La pregunta sigue siendo exactamente la misma:
¿Quién controla a quienes afirman hablar en su nombre?
La democracia ateniense: el mito fundador
La historia oficial presenta a Atenas como la cuna luminosa de la democracia.
Sin embargo, resulta llamativo que los hombres más inteligentes que vivieron aquella experiencia fueran profundamente críticos con ella.
Platón la consideraba la antesala de la tiranía.
Aristóteles la clasificó entre las formas degeneradas de gobierno cuando el poder se ejercía en beneficio de una parte de la comunidad.
Ambos habían observado algo que sigue siendo cierto hoy:
La multitud es tan susceptible de ser manipulada como cualquier monarca.
La demagogia no nació en los parlamentos modernos.
Nació en Atenas.
La misma Atenas que condenó a muerte a Sócrates.
No por decisión de un rey.
No por decisión de un tirano.
Sino por decisión popular.
Y además conviene recordar algo que suele omitirse.
La inmensa mayoría de quienes vivían en Atenas no participaba en la vida política.
Mujeres.
Esclavos.
Extranjeros.
Todos quedaban excluidos.
La democracia ateniense jamás fue el paraíso igualitario que hoy suele presentarse.
Atenas contra Esparta
Como señaló Leo Strauss, gran parte de la historia política de Occidente puede interpretarse como la tensión entre dos modelos.
Atenas representa:
La libertad.
La filosofía.
La crítica.
La discusión.
El comercio.
La creatividad.
Esparta representa:
La disciplina.
La autoridad.
El deber.
La cohesión.
El sacrificio.
La supervivencia colectiva.
Atenas produce filósofos.
Esparta produce soldados.
Atenas favorece la innovación.
Esparta garantiza la continuidad.
Ninguna sociedad puede vivir exclusivamente de uno de estos principios.
Demasiada Atenas conduce a la disolución.
Demasiada Esparta conduce a la opresión.
Pero ni Atenas ni Esparta ofrecen la respuesta definitiva.
Roma: la gran olvidada
La verdadera aportación política de Occidente no procede exclusivamente de Grecia.
Procede de Roma.
Los romanos comprendieron algo que hoy parece haberse olvidado:
La cuestión decisiva no consiste en quién gobierna.
La cuestión decisiva consiste en cómo limitar a quien gobierna.
Por eso distinguían entre:
Auctoritas.
Y
Potestas.
La potestas era el poder formal.
La capacidad legal de mandar.
La facultad de imponer decisiones.
La auctoritas era algo mucho más difícil de obtener.
Prestigio.
Respeto.
Credibilidad.
Reconocimiento social.
Los romanos sabían que un gobernante podía poseer mucha potestas y muy poca auctoritas.
Y también sabían que el poder sin control acaba degenerando inevitablemente.
Por eso construyeron un sistema obsesionado con los contrapesos.
No porque creyeran en la bondad humana.
Sino precisamente porque desconfiaban de ella.
La ficción de la representación
Llegados a este punto, aparece una pregunta inevitable.
¿Existe realmente la representación política tal como se nos presenta?
Los ciudadanos no elaboran las listas electorales.
Los ciudadanos no seleccionan a los candidatos.
Los ciudadanos no controlan los partidos.
Los ciudadanos no deciden las grandes líneas políticas.
Los ciudadanos no pueden destituir directamente a quienes incumplen sus promesas.
Lo que realmente existe son organizaciones políticas que monopolizan la representación.
Y aquí surge una contradicción gigantesca.
Los partidos afirman representar la democracia.
Pero internamente funcionan como estructuras oligárquicas.
Las bases ratifican.
Las cúpulas deciden.
Los afiliados obedecen.
Los dirigentes mandan.
Las carreras políticas dependen de la fidelidad al aparato.
No del respaldo ciudadano.
Por ello la pregunta resulta inevitable:
¿Cómo puede ser plenamente democrático un sistema cuyos protagonistas principales no practican internamente aquello que predican?
La gran mentira igualitaria, las oligarquías inevitables y el eterno retorno de los bandidos
La gran mentira igualitaria
Existe una afirmación que se ha convertido en uno de los dogmas fundamentales de la política contemporánea:
Todos somos iguales.
La frase resulta aceptable si se refiere a la igualdad ante la ley.
Nadie debería disfrutar de privilegios jurídicos por razón de nacimiento, riqueza, sexo, raza, religión o cualquier otra circunstancia.
Sin embargo, desde hace décadas se intenta extender esa igualdad jurídica hacia terrenos donde simplemente no existe.
Los seres humanos no son iguales.
No lo son físicamente.
No lo son intelectualmente.
No lo son moralmente.
No lo son en disciplina.
No lo son en capacidad de trabajo.
No lo son en prudencia.
No lo son en experiencia.
No lo son en aptitud para dirigir.
No lo son en talento.
No lo son en honestidad.
Negar esta evidencia exige cerrar los ojos a la realidad.
Y lo más curioso es que nadie actúa en su vida cotidiana como si creyera realmente en semejante ficción.
Nadie escogería mediante sorteo al cirujano que va a operarle.
Nadie confiaría la construcción de un puente a quien jamás ha estudiado ingeniería.
Nadie entregaría el mando de un avión al pasajero elegido por mayoría.
Nadie querría que una central nuclear fuese gestionada por una asamblea permanente.
En todos los ámbitos donde el fracaso tiene consecuencias serias se buscan competencia, experiencia, responsabilidad y resultados.
Sólo en política se ha extendido la extraña idea de que la capacidad para gobernar puede surgir simplemente del respaldo electoral.
Elegir a los más votados no significa elegir a los mejores
Aquí aparece una de las grandes cuestiones que han acompañado a la filosofía política durante más de dos mil años.
¿Elegir a los más votados equivale a elegir a los más capaces?
La experiencia histórica sugiere que no.
Las elecciones sirven para medir apoyos.
No necesariamente para medir competencia.
La popularidad y la capacidad de gobierno son cosas distintas.
A veces coinciden.
Con frecuencia no.
Por eso los grandes pensadores políticos jamás redujeron el problema político a una simple cuestión electoral.
Aristóteles hablaba de prudencia.
Los romanos hablaban de virtud cívica.
Maquiavelo hablaba de virtud política.
Los Padres Fundadores de Estados Unidos hablaban de carácter.
Todos comprendían algo elemental.
El problema fundamental no consiste en contar votos.
Consiste en seleccionar gobernantes capaces y limitar a los incapaces.
La ley de hierro de las oligarquías
A finales del siglo XIX y principios del XX varios pensadores llegaron a conclusiones particularmente incómodas.
Gaetano Mosca.
Vilfredo Pareto.
Robert Michels.
Todos observaron el mismo fenómeno.
Toda organización humana termina siendo dirigida por una minoría.
No importa que se trate de:
- un partido político;
- un sindicato;
- una empresa;
- una iglesia;
- una universidad;
- una cooperativa;
- una asociación.
Siempre acaba apareciendo una minoría dirigente.
Michels formuló la conclusión más demoledora.
La llamó:
La ley de hierro de las oligarquías.
Toda organización compleja genera inevitablemente una élite dirigente.
No por maldad.
No necesariamente por corrupción.
Sino porque alguien debe coordinar, administrar, representar y decidir.
La cuestión no consiste en evitar la aparición de élites.
Eso es imposible.
La cuestión consiste en impedir que se conviertan en castas extractivas.
Las élites nunca desaparecen
Aquí conviene detenerse.
Una de las grandes ilusiones modernas consiste en creer que la democracia elimina las élites.
No las elimina.
Las sustituye.
Las transforma.
Las legitima.
Pero siguen existiendo.
Siempre han existido.
Siempre existirán.
La verdadera pregunta no es:
¿Quién manda?
Porque siempre manda alguien.
La verdadera pregunta es:
¿Cómo se selecciona a quienes mandan?
¿Cómo se les controla?
¿Cómo se les sustituye?
¿Cómo se les castiga cuando incumplen sus obligaciones?
Ahí reside el verdadero problema político.
Las monarquías electivas y la eterna lucha por el poder
La historia de los pueblos germánicos y de los visigodos resulta especialmente instructiva.
Sus reyes eran elegidos.
No existía una sucesión automática plenamente consolidada.
En teoría aquello parecía más participativo.
La práctica fue muy distinta.
Cada sucesión abría una lucha feroz por el poder.
Conspiraciones.
Traiciones.
Golpes palaciegos.
Magnicidios.
Usurpaciones.
Reyes depuestos.
Reyes asesinados.
La elección no eliminó el problema.
Simplemente cambió su forma.
Con el tiempo muchas monarquías electivas evolucionaron hacia sistemas hereditarios.
No porque fueran más justos.
Sino porque reducían los conflictos sucesorios.
La lección es evidente.
La mera existencia de procedimientos electivos no garantiza estabilidad, competencia ni buen gobierno.
Woodrow Wilson y la democracia como religión
La transformación decisiva llega después de la Primera Guerra Mundial.
Durante siglos coexistieron distintas fuentes de legitimidad.
Monarquía.
Tradición.
Religión.
Fueros.
Costumbres.
Constituciones históricas.
Pero tras la Gran Guerra emerge una nueva ortodoxia.
La democracia pasa a convertirse en la fuente principal de legitimidad política.
El principal impulsor de esta visión fue Woodrow Wilson.
A partir de entonces la democracia deja de ser simplemente un procedimiento.
Se convierte en un dogma.
En una creencia.
En una fuente de legitimidad moral.
Quien se presenta como demócrata adquiere una especie de superioridad moral automática.
Quien cuestiona algún aspecto del sistema pasa a ser sospechoso.
La gran paradoja americana
Y aquí aparece una ironía histórica fascinante.
La democracia moderna es difundida por un país cuyos fundadores desconfiaban profundamente de la democracia pura.
Los Padres Fundadores estadounidenses estudiaron atentamente a Aristóteles, Polibio y Roma.
Temían la oclocracia.
El gobierno de la muchedumbre excitada por las pasiones del momento.
Por eso diseñaron:
- separación de poderes;
- federalismo;
- Senado;
- Tribunal Supremo;
- Colegio Electoral;
- constituciones rígidas.
No buscaban facilitar el poder.
Buscaban limitarlo.
Temían tanto al tirano como a la multitud.
Las democracias populares
Y aquí surge una observación extraordinariamente reveladora.
Las democracias populares comunistas afirmaban gobernar en nombre del pueblo.
Las democracias liberales afirman gobernar en nombre del pueblo.
Los populistas afirman gobernar en nombre del pueblo.
Los revolucionarios afirman gobernar en nombre del pueblo.
Todos invocan al pueblo.
Todos.
La diferencia aparece cuando preguntamos:
¿Qué mecanismos permiten al pueblo controlar realmente a quienes dicen representarlo?
La respuesta suele ser mucho menos brillante que los discursos.
El eterno retorno de los bandidos
Y llegamos finalmente a Mancur Olson.
Olson formuló una de las teorías más devastadoras de toda la ciencia política moderna.
La diferencia entre el bandido errante y el bandido estacionario.
El primero saquea y desaparece.
El segundo comprende que resulta más rentable quedarse.
Protege parcialmente aquello que explota.
Mantiene cierto orden.
Y a cambio cobra tributos permanentes.
Según Olson, muchos Estados históricos pueden entenderse como la evolución de esta lógica.
La pregunta inquietante aparece inmediatamente.
¿Qué diferencia esencial existe entre quien vive sistemáticamente de recursos ajenos y quien los produce?
Y más aún:
¿Qué ocurre cuando quienes administran recursos ajenos apenas responden personalmente de sus errores?
La cuestión prohibida
Llegados a este punto surge la pregunta que casi nadie quiere formular.
¿Sirven las elecciones para controlar el poder?
¿O sirven principalmente para legitimar a quienes lo ejercen?
Porque si toda sociedad acaba siendo gobernada por minorías organizadas;
si toda organización acaba generando élites;
si los partidos funcionan como oligarquías;
si los gobernantes administran recursos ajenos;
si los mecanismos de responsabilidad son débiles;
entonces la cuestión deja de ser quién gana las elecciones.
La cuestión pasa a ser otra mucho más antigua.
Mucho más romana.
Mucho más incómoda.
¿Quién controla a quienes controlan?
El Estado de las Autonomías, las oligarquías extractivas y cómo poner freno al saqueo institucional
El Estado de las Autonomías: ¿descentralización o multiplicación del poder?
Llegados a este punto conviene descender desde la teoría política hasta la realidad española.
Porque toda reflexión política acaba siendo estéril si no se aplica a casos concretos.
Y pocos ejemplos resultan tan reveladores como el llamado Estado de las Autonomías.
Durante décadas se nos ha repetido que la descentralización acercaba el poder al ciudadano.
Que mejoraba la administración.
Que permitía una gestión más eficaz.
Que hacía posible una mayor adaptación a las peculiaridades regionales.
Ésas eran las promesas.
La realidad merece un examen más detenido.
España ha pasado de disponer de una administración central relativamente compacta a mantener simultáneamente:
- Administración del Estado.
- Diecisiete administraciones autonómicas.
- Dos ciudades autónomas.
- Diputaciones provinciales.
- Cabildos y consejos insulares.
- Mancomunidades.
- Ayuntamientos.
- Empresas públicas.
- Fundaciones públicas.
- Consorcios.
- Observatorios.
- Agencias.
- Entidades instrumentales de toda clase.
La pregunta no es si alguna de estas estructuras resulta útil.
La pregunta es si el conjunto ha mejorado realmente el control del poder.
O si simplemente ha multiplicado los centros desde los cuales puede ejercerse.
La descentralización de la corrupción
Uno de los argumentos más incómodos que pueden formularse es éste:
Quizá el principal resultado del Estado autonómico no haya sido la descentralización del poder.
Quizá haya sido la descentralización de las oportunidades de clientelismo, despilfarro y corrupción.
Antes existía un gran centro político.
Hoy existen numerosos centros políticos.
Antes existía un gran aparato burocrático.
Hoy existen muchos.
Antes había una gran red clientelar.
Hoy existen múltiples redes clientelares.
Cada una con sus cargos.
Sus subvenciones.
Sus contratos.
Sus empresas públicas.
Sus medios afines.
Sus organismos consultivos.
Sus asesores.
Sus estructuras de influencia.
La consecuencia resulta evidente.
La capacidad de vigilancia del ciudadano disminuye al mismo tiempo que aumenta la complejidad del sistema.
Joaquín Costa y el caciquismo eterno
Hace más de un siglo, Joaquín Costa denunció el caciquismo que dominaba la España de la Restauración.
Muchos españoles creen que aquel mundo desapareció.
Tal vez haya cambiado de forma.
Pero no necesariamente de naturaleza.
Los viejos caciques locales han sido sustituidos por aparatos políticos mucho más sofisticados.
Mucho mejor financiados.
Mucho más difíciles de identificar.
Mucho más difíciles de controlar.
Y, sobre todo, mucho más capaces de justificar su existencia en nombre de nobles ideales.
El gran entretenimiento
Quizá el mayor éxito de las oligarquías contemporáneas no consista en controlar el poder.
Las oligarquías siempre han intentado hacerlo.
Su verdadero éxito consiste en mantener distraídos a quienes soportan el coste del sistema.
Las guerras culturales.
Las disputas simbólicas.
Las etiquetas ideológicas.
Las polémicas identitarias.
Los agravios territoriales.
Las controversias del día.
Los escándalos cuidadosamente administrados.
Todo ello ocupa una parte creciente del debate público.
Mientras tanto, cuestiones esenciales quedan relegadas a un segundo plano.
¿Quién decide realmente?
¿Quién controla el gasto?
¿Quién responde de los errores?
¿Quién se beneficia?
¿Quién paga?
Los romanos tenían una expresión magnífica:
Panem et circenses.
Pan y circo.
Dos mil años después seguimos contemplando variantes del mismo espectáculo.
El criterio romano: Cui bono?
Por eso resulta tan útil recuperar otra pregunta romana:
Cui bono?
¿Quién obtiene provecho?
No quién pronuncia los discursos más emotivos.
No quién se presenta como más virtuoso.
No quién se proclama defensor de la democracia.
Sino:
¿Quién gana?
¿Quién cobra?
¿Quién aumenta su poder?
¿Quién amplía sus privilegios?
¿Quién vive mejor gracias a una determinada decisión política?
Aplicada sistemáticamente, esta pregunta tiene un efecto devastador sobre gran parte de la propaganda política contemporánea.
Porque obliga a mirar detrás de las palabras.
La política como profesión
Existe además un fenómeno relativamente reciente.
Durante siglos la política era una actividad temporal para muchos hombres influyentes.
Hoy se ha convertido en una profesión.
Una carrera.
Un modo de vida.
Miles de personas viven directa o indirectamente de ella.
No producen bienes.
No producen riqueza.
No arriesgan patrimonio propio.
Administran recursos obtenidos mediante impuestos.
Y cuanto mayor es el aparato político, mayores son las oportunidades profesionales asociadas a él.
Aquí reaparece Olson.
Todo grupo organizado tiende a preservar y ampliar las ventajas de las que disfruta.
La clase política no constituye una excepción.
El problema no es -sólo- Pedro Sánchez.
Llegados a este punto debemos regresar a la pregunta inicial.
¿Está Pedro Sánchez destruyendo la democracia?
La respuesta resulta menos importante que otra cuestión.
Pedro Sánchez es una consecuencia.
No la causa.
Antes de él existieron otros dirigentes.
Después llegarán otros.
El problema es más profundo.
El problema consiste en un sistema que permite a las oligarquías partidistas controlar enormes cantidades de recursos con escasa responsabilidad personal.
Un sistema donde los incentivos para gastar son abundantes y los incentivos para ahorrar son escasos.
Un sistema donde las responsabilidades se diluyen.
Un sistema donde el ciudadano vota, pero apenas controla.
¿Existe remedio?
Sí.
Pero exige abandonar muchas ilusiones.
La primera consiste en creer que aparecerán gobernantes perfectos.
No existen.
Nunca han existido.
Nunca existirán.
Por ello la solución no consiste en buscar ángeles.
Consiste en limitar a los hombres.
Todos los hombres.
Especialmente a quienes ejercen el poder.
Primera reforma: responsabilidad patrimonial
Quien administra recursos ajenos debe responder por los daños causados mediante actuaciones dolosas o gravemente negligentes.
No basta con perder unas elecciones.
No basta con abandonar un cargo.
La irresponsabilidad política constituye uno de los mayores defectos de los sistemas contemporáneos.
Segunda reforma: recuperación del juicio de residencia
La tradición hispánica ofrece una institución extraordinariamente interesante.
El juicio de residencia.
Todo cargo público debía rendir cuentas al finalizar su mandato.
Patrimonio.
Contratos.
Nombramientos.
Actuaciones.
Decisiones.
Todo debía ser examinado.
No para perseguir adversarios políticos.
Sino para recordar que el poder es una responsabilidad y no un privilegio.
Tercera reforma: democracia interna real
Resulta absurdo exigir democracia a toda la sociedad mientras los partidos funcionan como estructuras oligárquicas.
Las candidaturas deberían surgir desde abajo.
Las cuentas deberían ser públicas.
Los dirigentes deberían estar sometidos a controles efectivos.
Cuarta reforma: limitación estricta de mandatos
Nadie debería convertir la política en una profesión vitalicia.
La permanencia excesiva genera redes clientelares, dependencia y corrupción.
Quinta reforma: listas abiertas y proximidad al elector
Quien aspire a representar ciudadanos debería depender principalmente de ellos.
No de la dirección de un partido.
Sexta reforma: simplificación administrativa
Cada organismo innecesario constituye una oportunidad adicional para el despilfarro, el clientelismo y la arbitrariedad.
Séptima reforma: límites reales al endeudamiento
La deuda pública permite a los gobernantes gastar hoy y trasladar la factura a generaciones futuras.
Ésa es una de las formas más refinadas de irresponsabilidad política.
La lección final
Después de Atenas.
Después de Esparta.
Después de Roma.
Después de los visigodos.
Después de Wilson.
Después de Olson.
Después de las democracias populares y las democracias liberales.
La conclusión sigue siendo la misma.
La libertad no depende de las palabras.
No depende de las etiquetas.
No depende de los discursos.
No depende siquiera de las elecciones.
Depende de algo mucho más sencillo y mucho más difícil de conseguir.
Que quienes ejercen el poder encuentren límites efectivos.
Porque el problema fundamental de la política nunca ha sido quién ocupa el trono, el palacio presidencial o la sede del gobierno.
El problema siempre ha sido otro.
¿Cómo impedir que quienes dicen servir a la sociedad terminen viviendo de ella?
Ésa fue la pregunta de Aristóteles.
La pregunta de Polibio.
La pregunta de Roma.
La pregunta de Joaquín Costa.
La pregunta de Mancur Olson.
Y sigue siendo, hoy, la pregunta que nadie quiere responder.
