El affaire Zapatero, el indulto al hermano del juez Calama y el lento derrumbe de la confianza pública

CARLOS AURELIO CALDITO AUNIÓN

No. Probablemente España no sea el país más corrupto del mundo si la comparamos con determinados narcoestados, dictaduras africanas o repúblicas donde la corrupción constituye directamente la forma ordinaria de gobierno. Pero quizá sí sea uno de los países occidentales donde la corrupción ha conseguido algo mucho más peligroso: integrarse tan profundamente en el funcionamiento cotidiano del sistema que millones de ciudadanos ya la contemplan como parte natural del paisaje político.

Y eso resulta devastador.

Porque una sociedad puede sobrevivir a muchos escándalos aislados. Lo que termina destruyendo moralmente un país es la sensación de que:

• nada funciona verdaderamente al margen de las redes de influencia;
• las instituciones han dejado de parecer neutrales;
• y las reglas no se aplican igual según el poder, el dinero, las relaciones o el apellido del afectado.

El reciente redescubrimiento periodístico del indulto concedido en 2011 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a Miguel Ángel Calama Teixeira vuelve a poner sobre la mesa exactamente esa cuestión.

Los hechos son verificables.

Miguel Ángel Calama Teixeira, antiguo directivo de Banesto, fue condenado por el Tribunal Supremo por un delito de acusación falsa relacionado con el llamado “caso Banesto”. La condena incluía arresto e inhabilitación profesional para ejercer actividades vinculadas al ámbito financiero.

Posteriormente, el Gobierno aprobó el Real Decreto 1753/2011 mediante el cual se le concedía un indulto parcial.

Pero el aspecto verdaderamente polémico no fue sólo el perdón penal. Lo más llamativo fue el intento de eliminar también las consecuencias profesionales derivadas de la condena, permitiéndole continuar desarrollando actividad bancaria.

Años después, el propio Tribunal Supremo consideró que el Ejecutivo había incurrido en una “clara extralimitación”.

Y ahí habría quedado probablemente el asunto, archivado en la inmensa hemeroteca de escándalos españoles, si no fuera porque diversos medios han recordado recientemente otro dato:
Miguel Ángel Calama Teixeira es hermano del magistrado José Luis Calama Teixeira, juez de la Audiencia Nacional que actualmente investiga e imputa al expresidente Zapatero en relación con el llamado caso Plus Ultra.

¿Demuestra eso una actuación irregular?
No.

¿Prueba un intercambio de favores?
Tampoco.

¿Hace inevitable la sospecha pública?
Por supuesto.

Y quien pretenda sorprenderse por ello vive completamente desconectado de la realidad española de los últimos cincuenta años.

La corrupción ya no consiste sólo en sobres llenos de dinero

Uno de los grandes errores contemporáneos consiste en imaginar la corrupción únicamente como el político sorprendido recibiendo maletines llenos de billetes.

La corrupción moderna suele ser mucho más sofisticada, más legal y, precisamente por ello, mucho más difícil de combatir.

Consiste en:

• adjudicaciones cuidadosamente dirigidas;
• refinanciaciones favorables;
• rescates selectivos;
• nombramientos políticos;
• favores regulatorios;
• subvenciones ideológicas;
• indultos discutibles;
• colocación de afines;
• contratos públicos reiteradamente concentrados;
• puertas giratorias;
• campañas financiadas mediante deuda posteriormente renegociada;
• y organismos teóricamente independientes convertidos en piezas del reparto partidario.

La corrupción contemporánea rara vez se presenta ya como delito tosco y visible. Lo hace como sistema de relaciones.

Y España ofrece demasiados ejemplos acumulados como para que el ciudadano siga creyendo ingenuamente en la neutralidad absoluta de las instituciones.

El gran problema español: la confusión entre partido y Estado

El deterioro institucional español no comenzó ayer.

Durante décadas, los grandes partidos han terminado ocupando prácticamente todos los espacios decisivos del aparato estatal:

• órganos judiciales;
• tribunales;
• empresas públicas;
• organismos reguladores;
• cajas de ahorro;
• medios subvencionados;
• universidades;
• fundaciones;
• observatorios;
• consorcios;
• consejos audiovisuales;
• defensorías;
• agencias;
• y un interminable entramado burocrático financiado con dinero público.

Formalmente, las instituciones siguen siendo independientes.

Materialmente, millones de ciudadanos perciben otra cosa:
que casi todo termina dependiendo, directa o indirectamente, de acuerdos entre partidos, favores cruzados o intereses compartidos.

El Consejo General del Poder Judicial lleva años convertido en objeto de negociación partidaria.
El Tribunal Constitucional se renueva mediante cuotas.
La Fiscalía General del Estado depende del Gobierno.
El Tribunal de Cuentas arrastra desde hace años acusaciones de reparto político.

Y cuando quienes deben vigilar al poder deben parte de su carrera al propio poder, la independencia institucional deja de percibirse como garantía estructural y pasa a depender exclusivamente de la honestidad personal de individuos concretos.

Eso resulta enormemente peligroso para cualquier democracia.

El ciudadano ya no cree en la igualdad ante la ley

Ése es, probablemente, el daño más grave de todos.

Porque las sociedades modernas no se sostienen únicamente mediante elecciones, constituciones o códigos legales. Se sostienen sobre una convicción psicológica colectiva:
la idea de que las reglas son comunes.

Cuando esa convicción desaparece, empieza la descomposición moral del sistema.

Y eso es exactamente lo que muchos españoles perciben hoy.

Observan:

• indultos a poderosos;
• corrupción reiterada;
• escándalos prescritos;
• responsabilidades evaporadas;
• rescates financieros multimillonarios;
• organismos repartidos;
• aforamientos masivos;
• colocaciones;
• enchufismo;
• medios alimentados con publicidad institucional;
• y una alarmante diferencia práctica entre el trato dispensado al ciudadano común y el recibido por determinadas élites.

El resultado es devastador:
la creciente sensación de que la Justicia depende demasiado de quién sea el acusado.

El caso Plus Ultra y la sensación de impunidad estructural

La polémica relacionada con Plus Ultra agravó todavía más esa percepción.

Desde el principio surgieron dudas sobre:

• la viabilidad real de la compañía;
• su importancia estratégica;
• sus conexiones empresariales;
• y el uso de dinero público para rescatar una aerolínea con escasa relevancia en el mercado español.

Posteriormente aparecieron:

• investigaciones;
• cooperación judicial internacional;
• movimientos bancarios sospechosos;
• alertas procedentes de Suiza y Francia;
• actuaciones bajo secreto de sumario;
• y finalmente la imputación de Zapatero.

¿Significa eso culpabilidad automática?
No.

Pero vuelve a activar la sospecha permanente de millones de ciudadanos:
la sensación de que detrás de determinadas operaciones políticas y económicas existe siempre una compleja red de intereses cruzados.

Y esa sensación no nace del delirio colectivo.
Nace de décadas de experiencias acumuladas.

España: una vieja tradición de caciquismo modernizado

El problema, además, no es nuevo.

España arrastra desde hace siglos una fortísima tradición de:

• caciquismo;
• clientelismo;
• favoritismo;
• utilización privada del poder público;
• y confusión entre intereses particulares e instituciones del Estado.

Joaquín Costa denunció ya a finales del siglo XIX el sistema de “oligarquía y caciquismo” como forma real de funcionamiento político español.

Más de un siglo después, muchos ciudadanos tienen la impresión de que simplemente han cambiado:

• los trajes,
• el lenguaje,
• la propaganda,
• y las herramientas tecnológicas.

Porque el mecanismo profundo continúa pareciéndose demasiado:
redes de favores,
protección mutua,
dependencias económicas,
intercambio de influencias
y utilización del aparato estatal como instrumento de poder.

La corrupción del lenguaje

Y junto a la corrupción institucional ha avanzado otra igualmente peligrosa:
la corrupción del lenguaje.

Ya casi nunca se habla claramente de:

• propaganda;
• enchufismo;
• clientelismo;
• compra de voluntades;
• manipulación;
• reparto;
• o redes de influencia.

Ahora predominan expresiones burocráticas y vacías:

• “gobernanza”;
• “resiliencia”;
• “ecosistema institucional”;
• “transversalidad”;
• “hoja de ruta”;
• “sostenibilidad”;
• “actores sociales”.

Toda esa jerga sirve muchas veces para ocultar la realidad bajo una niebla verbal cuidadosamente diseñada.

George Orwell comprendió perfectamente ese mecanismo:
cuando el lenguaje se degrada, deja de servir para describir el mundo y empieza a utilizarse para impedir pensar con claridad.

No se dice:
“los partidos se repartieron las instituciones”.

Se dice:
“se alcanzó un consenso institucional”.

No se dice:
“red clientelar”.

Se dice:
“tejido relacional”.

No se dice:
“propaganda subvencionada”.

Se habla de:
“impulso estratégico de la comunicación”.

La degradación del lenguaje suele preceder siempre a la degradación política.

El verdadero problema no es la sospecha: es haberla merecido

Durante años se ha intentado presentar toda desconfianza hacia las élites políticas, financieras o judiciales como síntoma de radicalismo o antipolítica.

Pero la realidad resulta mucho más sencilla:
la sospecha social actual no surge del fanatismo; surge de la experiencia.

Los ciudadanos han visto demasiadas cosas:

• corrupción reiterada;
• rescates selectivos;
• escándalos diluidos;
• organismos repartidos;
• indultos discutibles;
• favores empresariales;
• y responsabilidades políticas inexistentes.

Por eso millones de personas han llegado a una conclusión demoledora:
el verdadero privilegio contemporáneo no consiste sólo en tener dinero, sino en disponer de relaciones adecuadas.

Relaciones con:

• partidos;
• bancos;
• despachos influyentes;
• fiscalías;
• medios;
• altos funcionarios;
• o determinados círculos empresariales.

Y cuando una sociedad llega a convencerse de eso, la corrupción deja de ser un problema administrativo.

Se convierte en una crisis de legitimidad del Estado.

Porque ninguna democracia puede sostenerse indefinidamente sólo mediante propaganda, miedo, subvenciones y procedimientos electorales.

Toda convivencia política depende, al final, de una convicción elemental:
que las reglas son comunes.

Cuando esa convicción desaparece, comienza lentamente la descomposición institucional.

El problema de España quizá no sea únicamente la corrupción. El problema verdaderamente devastador aparece cuando millones de ciudadanos llegan a la conclusión de que la corrupción forma ya parte natural del sistema, de que las instituciones han dejado de parecer neutrales y de que las reglas no son iguales para todos.

Porque una democracia puede sobrevivir a muchos escándalos. Lo que difícilmente sobrevive es a la pérdida generalizada de confianza pública.

Y cuando una sociedad deja de creer en la imparcialidad de sus instituciones, comienza lentamente a desmoronarse desde dentro.