A una semana de cumplirse un año del gran apagón: nadie ha asumido responsabilidades y nadie garantiza que no vuelva a ocurrir.
CARLOS AURELIO CALDITO AUNIÓN
Dentro de apenas una semana se cumplirá un año del gran apagón del 28 de abril de 2025. Un año desde que millones de españoles descubrieron, de golpe, hasta qué punto una nación moderna puede quedar paralizada en cuestión de minutos. Un año desde que estaciones ferroviarias, aeropuertos, hospitales, redes de comunicaciones, industrias y barrios enteros quedaron sumidos en el caos y la oscuridad. Y, sin embargo, doce meses después, nadie ha asumido responsabilidades políticas reales, nadie ha dimitido y ningún gobernante ha explicado con claridad qué medidas concretas se han adoptado para impedir que algo semejante vuelva a repetirse.
Ese es, probablemente, el aspecto más inquietante de todo cuanto ocurrió: no sólo el apagón en sí mismo, sino la absoluta ausencia de autocrítica posterior. Exactamente igual que sucede tras unas elecciones. Aquí todos ganan siempre. Nadie pierde jamás. Nadie reconoce errores. Nadie asume consecuencias. Y cuando la realidad resulta demasiado incómoda, se pone en marcha el viejo mecanismo de echar balones fuera, buscar culpables ajenos y encender el ventilador para salpicar a cuantos más mejor.
Las imágenes de aquellas horas continúan grabadas en la memoria colectiva: trenes detenidos, viajeros atrapados, hospitales funcionando con sistemas de emergencia, ascensores bloqueados, semáforos apagados, aeropuertos colapsados y millones de ciudadanos sin información clara durante horas. Escenas impropias de un país industrial avanzado y que, sin embargo, demostraron hasta qué punto España se ha vuelto vulnerable.
Como suele ocurrir en las situaciones críticas, fueron los ciudadanos corrientes quienes reaccionaron con más responsabilidad y serenidad que muchos dirigentes políticos. Técnicos, trabajadores del sector eléctrico, sanitarios, fuerzas de seguridad, empleados públicos y vecinos improvisaron soluciones y evitaron males mayores. La sociedad civil volvió a sostener aquello que el poder político no supo prever ni gestionar adecuadamente.
Porque, desde el primer momento, comenzó el habitual espectáculo de versiones contradictorias, declaraciones ambiguas y maniobras para diluir responsabilidades. Unos hablaban de “sabotaje”; otros insinuaban ciberataques; algunos culpaban a operadores privados; otros apuntaban a factores atmosféricos o técnicos imposibles de prever. Mientras tanto, el Gobierno central, las administraciones autonómicas, determinados medios de comunicación y las grandes compañías energéticas iniciaban el clásico intercambio de acusaciones veladas para proteger su propia imagen.
Pero, conforme pasaron los meses y comenzaron a conocerse análisis técnicos más serios, fue apareciendo una realidad mucho menos cómoda políticamente: el gran apagón no fue simplemente un accidente imprevisible. Fue también la consecuencia lógica de años de decisiones energéticas ideológicas, improvisadas y profundamente irresponsables.
Cada vez más expertos del sector eléctrico venían advirtiendo desde hacía tiempo de los riesgos derivados del cierre progresivo de centrales nucleares, de la excesiva dependencia de fuentes intermitentes como la eólica y la solar sin sistemas de respaldo suficientes, y del abandono de una política energética basada en la estabilidad del suministro. Pero esas advertencias fueron despreciadas o directamente silenciadas porque chocaban con los dogmas ideológicos del Gobierno socialcomunista y de sus aliados parlamentarios.
La obsesión por aparentar un liderazgo climático moralizante ante Bruselas y determinados organismos internacionales terminó imponiéndose sobre criterios estrictamente técnicos. Se demonizó la energía nuclear —una de las fuentes más estables y seguras para garantizar el suministro continuo— mientras se aceleraba el cierre de centrales estratégicas perfectamente operativas. Todo ello sin disponer todavía de alternativas capaces de garantizar la estabilidad de la red eléctrica nacional en situaciones críticas.
El resultado fue una creciente fragilidad estructural del sistema energético español. Porque las llamadas “energías renovables”, pese a sus indudables ventajas parciales, presentan un problema elemental que demasiados políticos prefieren ignorar: dependen del viento, del sol y de condiciones variables que no pueden controlarse. Y cuando no existen suficientes sistemas de respaldo, almacenamiento o generación estable, la red eléctrica queda expuesta a desequilibrios peligrosos.
Muchos ingenieros y especialistas advirtieron repetidamente que una transición energética acelerada, guiada más por consignas ideológicas que por criterios técnicos, podía desembocar en problemas graves de estabilidad y suministro. Pero quienes cuestionaban determinadas políticas energéticas eran rápidamente etiquetados como enemigos del progreso, negacionistas climáticos o defensores de intereses oscuros.
A ello se suma otro problema estratégico todavía más grave: la creciente dependencia energética exterior. España, como gran parte de Europa, ha ido debilitando su soberanía energética hasta depender cada vez más de factores externos, de mercados internacionales inestables y de decisiones geopolíticas ajenas. Se destruyó capacidad propia mientras se vendía a la opinión pública un discurso triunfalista sobre “transición ecológica”, “descarbonización” y “modelo sostenible”, términos convertidos muchas veces en simples consignas propagandísticas vacías de realismo técnico y económico.
Y mientras todo eso sucedía, se descuidaban infraestructuras críticas, redes de distribución, sistemas de respaldo y planes de contingencia. Porque resulta mucho más rentable electoralmente inaugurar parques solares para la fotografía que invertir discretamente en reforzar transformadores, redes de transporte o sistemas de seguridad energética cuya utilidad sólo se aprecia cuando sobreviene una crisis.
Pedro Sánchez compareció entonces tarde y con visible nerviosismo, tras horas de silencio. Prometía que todo volvería a la normalidad, aunque ni siquiera parecía disponer de información precisa sobre las causas reales del problema. Desde otros ámbitos del Gobierno comenzaron las insinuaciones sobre posibles sabotajes o factores externos, en una evidente estrategia orientada a evitar que la atención pública se dirigiera hacia las decisiones políticas acumuladas durante años.
Mientras tanto, algunos medios de comunicación actuaban más como departamentos de propaganda que como instrumentos de fiscalización del poder. En lugar de exigir responsabilidades políticas claras, muchos prefirieron centrar el debate en teorías extravagantes, rumores de redes sociales o enfrentamientos partidistas secundarios.
Y así llegamos hoy, a las puertas del primer aniversario del gran apagón: sin responsables políticos identificados, sin explicaciones plenamente transparentes y sin garantías reales de que algo semejante no vuelva a suceder. Los mismos dirigentes que impulsaron políticas energéticas discutidas por numerosos especialistas continúan actuando como si nada hubiera ocurrido. Nadie rectifica. Nadie admite errores. Nadie pide perdón.
La situación resulta todavía más preocupante porque el apagón de 2025 no fue únicamente una avería eléctrica. Fue también una advertencia brutal sobre la vulnerabilidad de nuestras sociedades hiperdependientes de la energía y sobre los peligros de sustituir la gestión técnica rigurosa por el dogmatismo ideológico.
Porque la electricidad no entiende de propaganda, consignas ni discursos grandilocuentes. La física tampoco vota. Y las redes eléctricas no funcionan mediante relatos políticos ni campañas de imagen. Funcionan o colapsan. Y cuando colapsan, la realidad termina imponiéndose de manera despiadada sobre cualquier ficción propagandística. Deja un comentarioA una semana de cumplirse un año del gran apagón: nadie ha asumido responsabilidades y nadie garantiza que no vuelva a ocurrir.Editar
