La corrupción: la principal causa de la decadencia española

¿Por qué unas naciones prosperan mientras otras se empobrecen?

¿Por qué algunos pueblos consiguen crear riqueza, libertad, seguridad jurídica y estabilidad política durante generaciones, mientras otros permanecen atrapados en el atraso, la arbitrariedad, el endeudamiento permanente y la corrupción?

Ésta es una de las preguntas más importantes de la historia.

Durante siglos se intentó responder recurriendo al clima, a la geografía, a la religión, a la cultura o a la abundancia de recursos naturales.

Sin embargo, los hechos terminan desmontando esas explicaciones.

Suiza carece de petróleo.

Japón dispone de escasos recursos naturales.

Corea del Norte y Corea del Sur comparten lengua, historia y raíces culturales.

Alemania Occidental y Alemania Oriental pertenecían al mismo pueblo.

Y, sin embargo, los resultados obtenidos por unas y otras sociedades fueron radicalmente distintos.

Los economistas Daron Acemoglu, Simon Johnson y James Robinson, galardonados con el Premio Nobel de Economía en 2024, dedicaron buena parte de su vida a intentar responder a esta cuestión.

La conclusión a la que llegaron resulta tan sencilla como demoledora:

las naciones prosperan cuando el poder está sometido a la ley; las naciones fracasan cuando la ley termina sometida al poder.

Dicho de otra manera:

Los países prosperan cuando los gobernantes tienen límites.

Los países se arruinan cuando quienes gobiernan consiguen situarse por encima de esos límites.

Los países prosperan cuando la propiedad está protegida.

Los países se empobrecen cuando el fruto del trabajo puede ser confiscado, manipulado o repartido arbitrariamente por quienes mandan.

Los países prosperan cuando existe igualdad ante la ley.

Los países se degradan cuando aparecen grupos privilegiados que viven mejor cuanto peor les va a los demás.

Éste es precisamente el punto de partida de este ensayo.

Porque durante décadas los españoles hemos discutido apasionadamente acerca de los síntomas.

Hemos discutido sobre el desempleo.

Sobre la vivienda.

Sobre la deuda pública.

Sobre las pensiones.

Sobre la baja natalidad.

Sobre la despoblación.

Sobre la educación.

Sobre la sanidad.

Sobre la productividad.

Sobre la inmigración.

Sobre el separatismo.

Sobre la creciente irrelevancia internacional de España.

Sin embargo, rara vez nos hemos detenido a analizar la enfermedad que alimenta muchos de esos males.

Esa enfermedad tiene un nombre.

Corrupción.

No hablamos únicamente del político que acepta una comisión ilegal.

No hablamos solamente del empresario que compra favores.

No hablamos únicamente del funcionario que recibe un soborno.

Todo eso existe.

Pero constituye solamente la parte visible del problema.

La corrupción más dañina es otra.

La corrupción aparece cuando el poder deja de entenderse como un servicio y pasa a considerarse un botín.

Cuando los partidos se apoderan de organismos que deberían servir a todos los ciudadanos.

Cuando los cargos públicos se conceden por amistad, parentesco, obediencia o militancia antes que por mérito y capacidad.

Cuando las subvenciones sustituyen al esfuerzo.

Cuando los impuestos dejan de financiar servicios necesarios y pasan a sostener redes de favores, dependencias y lealtades políticas.

Cuando quienes administran recursos ajenos saben que jamás responderán con su patrimonio por los daños causados.

Cuando los organismos encargados de vigilar al poder terminan dependiendo del propio poder.

Cuando la ley deja de proteger al ciudadano frente al gobernante y pasa a proteger al gobernante frente al ciudadano.

Entonces la corrupción deja de ser un delito.

Se convierte en una forma de gobierno.

El verdadero significado de la corrupción

Existe una tendencia a reducir la corrupción a una cuestión de dinero.

Es un error.

El dinero robado constituye solamente la consecuencia visible.

La raíz del problema es mucho más profunda.

La corrupción consiste en utilizar un poder que ha sido confiado para servir al interés general en beneficio propio o de los afines.

Por eso puede existir corrupción aunque nadie se lleve un euro al bolsillo.

Existe corrupción cuando se coloca a un incompetente en un puesto público por razones políticas.

Existe corrupción cuando se adjudica un contrato atendiendo a amistades y no a méritos.

Existe corrupción cuando una administración concede subvenciones para comprar apoyos.

Existe corrupción cuando una ley se redacta para favorecer a determinados grupos de interés.

Existe corrupción cuando se utiliza dinero público para hacer propaganda.

Existe corrupción cuando los gobernantes no responden por sus errores.

Existe corrupción cuando quienes deben controlar miran hacia otro lado.

La corrupción económica vacía las arcas públicas.

La corrupción institucional vacía la confianza de los ciudadanos.

Y una sociedad sin confianza termina empobreciéndose.

España ante el espejo

Ésta es la pregunta que deberíamos hacernos:

¿Cómo es posible que una nación situada en Europa Occidental, beneficiaria durante décadas de cantidades inmensas de dinero procedente de impuestos, deuda pública y fondos europeos, presente resultados tan decepcionantes en cuestiones fundamentales?

¿Por qué la deuda pública no deja de crecer?

¿Por qué la productividad permanece estancada?

¿Por qué tantos jóvenes no pueden acceder a una vivienda?

¿Por qué la natalidad se desploma?

¿Por qué tantos españoles desconfían de las instituciones?

¿Por qué se suceden los escándalos políticos generación tras generación?

¿Por qué los casos de corrupción aparecen una y otra vez bajo gobiernos de distinto signo?

La explicación habitual consiste en culpar a factores externos.

La explicación más sencilla apunta en otra dirección.

Una parte muy importante de nuestros problemas procede de la progresiva degradación de las instituciones y de la extensión de prácticas corruptas que han terminado convirtiéndose en algo habitual.

No se trata de unos pocos delincuentes infiltrados en un sistema sano.

Cuando los escándalos se cuentan por centenares.

Cuando afectan a partidos de izquierda, de derecha y nacionalistas.

Cuando alcanzan a ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas, ministerios, empresas públicas, cajas de ahorro, sindicatos y organismos de control.

Cuando se repiten durante más de cuarenta años.

Entonces el problema deja de ser el individuo.

El problema pasa a ser el sistema.

La pregunta decisiva

Por eso este trabajo no pretende limitarse a enumerar escándalos.

No pretende convertirse en una mera colección de nombres, sumarios y sentencias.

La cuestión verdaderamente importante es otra.

¿Qué características tiene un sistema que permite que la corrupción reaparezca una y otra vez, bajo gobiernos distintos, partidos distintos y circunstancias distintas?

Porque quizá la cuestión no sea quién ha robado más.

Quizá la cuestión sea por qué resulta tan difícil impedir que vuelvan a hacerlo.

Y ésa es precisamente la pregunta que debemos responder.

RESUMEN PARA LECTORES CON PRISAS:

Durante décadas se ha intentado explicar los problemas de España recurriendo a toda clase de causas: la globalización, Bruselas, la competencia extranjera, las crisis económicas, la falta de inversiones, la baja productividad, la despoblación, la natalidad, el cambio tecnológico o las circunstancias internacionales.

Sin embargo, existe un factor que ayuda a comprender una parte muy importante de casi todos esos problemas.

Ese factor es la corrupción.

No entendida únicamente como robo de dinero público, cobro de comisiones o enriquecimiento ilícito, sino como algo mucho más profundo: la utilización de las instituciones públicas en beneficio de quienes las controlan.

Ésta es precisamente la tesis central desarrollada por los economistas Daron Acemoglu, Simon Johnson y James Robinson, galardonados con el Premio Nobel de Economía en 2024 por sus investigaciones sobre la relación entre instituciones y prosperidad.

Su conclusión es sencilla.

Las naciones prosperan cuando el poder está sometido a límites efectivos.

Las naciones se empobrecen cuando quienes ejercen el poder consiguen situarse por encima de esos límites.

Los países prosperan cuando la ley protege al ciudadano frente al gobernante.

Los países fracasan cuando el gobernante utiliza la ley para protegerse a sí mismo.

La diferencia entre el éxito y el fracaso de una nación no depende principalmente del clima, la geografía, la religión o la abundancia de recursos naturales.

Depende de la calidad de sus instituciones.

A la luz de esta tesis, la historia reciente de España adquiere un significado especialmente revelador.

Durante más de cuatro décadas se han sucedido escándalos que afectan a prácticamente todos los ámbitos del poder:

Filesa.

Juan Guerra.

GAL.

Fondos reservados.

Roldán.

PSV-UGT.

Ibercorp.

Banesto.

Banca Catalana.

Pujol.

El tres por ciento.

Palau.

Malaya.

Mercasevilla.

ERE.

Cursos de formación.

FAFFE.

Gürtel.

Bárcenas.

Púnica.

Lezo.

Bankia.

Las tarjetas negras.

Nóos.

Acuamed.

Castor.

Kitchen.

Koldo.

Ábalos.

Santos Cerdán.

Tito Berni.

Plus Ultra.

Begoña Gómez.

David Sánchez.

Leire Díez.

Y centenares de casos más.

La cuestión importante no es quién aparece en cada escándalo.

La cuestión importante es que los escándalos continúan apareciendo generación tras generación.

Cambian los partidos.

Cambian los gobiernos.

Cambian los nombres.

Pero los mecanismos permanecen.

Poder político.

Dinero ajeno.

Escasos controles.

Responsabilidades difusas.

Castigos insuficientes.

Ésa es la constante que se repite una y otra vez.

Por eso el problema español no puede explicarse únicamente por la existencia de individuos corruptos.

Los corruptos han existido siempre y existirán siempre.

La verdadera cuestión consiste en determinar cuánto daño pueden causar.

Y eso depende de las reglas del juego.

España ha ido construyendo durante décadas un sistema caracterizado por una extraordinaria concentración de poder político y administrativo.

Ministerios.

Consejerías.

Diputaciones.

Ayuntamientos.

Empresas públicas.

Fundaciones.

Agencias.

Observatorios.

Consorcios.

Entidades instrumentales.

Subvenciones.

Contratos.

Ayudas.

Convenios.

Miles de centros de decisión que administran enormes cantidades de recursos públicos.

Cuanto mayor es el poder discrecional de quienes gobiernan, mayores son también las oportunidades para el favoritismo, el amiguismo y la corrupción.

A ello se suma otro problema fundamental.

La ausencia de responsabilidad efectiva.

Un empresario que toma malas decisiones suele perder dinero.

Un comerciante que fracasa responde con su patrimonio.

Un profesional incompetente pierde clientes.

Sin embargo, quienes administran miles de millones de euros públicos rara vez responden personalmente por los perjuicios causados.

Y cuando desaparece la responsabilidad, aumenta inevitablemente la imprudencia.

La situación actual recuerda en muchos aspectos a las denuncias formuladas por Joaquín Costa hace más de un siglo contra las oligarquías y el caciquismo.

Han cambiado las formas.

Han cambiado los procedimientos.

Pero sigue existiendo una tendencia constante a utilizar las instituciones para favorecer a grupos próximos al poder.

Robert Michels explicó este fenómeno mediante su célebre ley de hierro de las oligarquías.

Toda organización compleja tiende a ser controlada por una minoría dirigente.

Y esa minoría termina desarrollando intereses propios.

Mancur Olson llegó a conclusiones semejantes al estudiar cómo determinados grupos privilegiados terminan viviendo de recursos obtenidos gracias a su influencia política.

La experiencia española de las últimas décadas parece confirmar muchas de estas observaciones.

La corrupción no es un accidente.

Es una consecuencia previsible cuando coinciden determinadas circunstancias:

mucho poder,

mucho dinero ajeno,

pocos controles,

escasa transparencia,

responsabilidades insuficientes

e impunidad frecuente.

Por eso el remedio no consiste simplemente en sustituir unos gobernantes por otros.

Ni en cambiar unas siglas por otras.

El problema es más profundo.

Y exige reformas institucionales profundas.

Entre ellas:

• separación efectiva de poderes;
• independencia real de los órganos de control;
• responsabilidad patrimonial de gobernantes y altos cargos cuando causen perjuicios graves;
• protección efectiva de denunciantes;
• transparencia radical en el uso de recursos públicos;
• simplificación administrativa;
• reducción de organismos innecesarios;
• limitación del poder discrecional;
• recuperación del principio de rendición de cuentas inspirado en el antiguo juicio de residencia.

La cuestión decisiva es sencilla.

¿Queremos instituciones al servicio de los ciudadanos o instituciones al servicio de quienes las controlan?

Porque ésa es la elección de la que depende el futuro de España.

Después de examinar medio siglo de escándalos, despilfarros, privilegios e impunidad, la conclusión resulta difícil de evitar.

Los problemas de España no pueden explicarse únicamente por la economía.

Ni por la geografía.

Ni por la historia.

Ni por la mala suerte.

Una parte esencial de la explicación se encuentra en la corrupción y en la degradación de las instituciones encargadas de limitar el poder.

Por eso la tesis central de este ensayo puede resumirse en una sola frase:

Las naciones prosperan cuando la ley gobierna a quienes gobiernan.

Las naciones se degradan cuando quienes gobiernan consiguen situarse por encima de la ley.

Y ésa es precisamente la razón por la que, para comprender buena parte de la decadencia española de las últimas décadas, conviene recordar una verdad incómoda, pero extraordinariamente esclarecedora:

¡Estúpidos, es la corrupción!

SI DESEAS SABER MÁS, PROFUNDIZAR, SIGUE LEYENDO.

CAPÍTULO I

Del ideal democrático al Estado de partidos: cómo se preparó el terreno para la corrupción

Cuando se habla de corrupción en España, existe una tendencia casi instintiva a centrar la atención en el último escándalo conocido.

Hoy se habla de Koldo.

Ayer se hablaba de Ábalos.

Antes de ayer de los ERE, Gürtel, Púnica, Kitchen, Tito Berni, Plus Ultra, los cursos de formación, las mascarillas o cualquier otro episodio de la interminable serie de escándalos que acompaña la vida pública española desde hace décadas.

Sin embargo, centrarse exclusivamente en los casos concretos equivale a contemplar las hojas de un árbol sin prestar atención al tronco que las sostiene.

La cuestión verdaderamente importante no es quién ha sido el último corrupto descubierto.

La cuestión es por qué siguen apareciendo.

Y, sobre todo, por qué aparecen con tanta frecuencia.

Si una vivienda presenta una gotera aislada, basta con reparar el tejado.

Si aparecen goteras en todas las habitaciones, el problema ya no es una teja rota.

El problema es la estructura.

Lo mismo ocurre con la corrupción.

Cuando los escándalos se suceden durante más de cuarenta años, cuando afectan a partidos distintos, administraciones distintas y territorios distintos, resulta absurdo seguir hablando de simples accidentes.

Estamos ante un problema estructural.

La gran ilusión de la Transición

La Transición española logró algo extraordinariamente valioso.

Permitió el paso pacífico desde una dictadura hacia un sistema de libertades políticas.

Nadie que aspire a comprender honestamente la historia reciente de España puede negar ese mérito.

Sin embargo, reconocer sus aciertos no obliga a ignorar sus defectos.

Porque junto a los indudables avances en materia de libertades públicas se consolidó un sistema político que contenía desde su origen algunas debilidades extremadamente peligrosas.

Debilidades que con el paso de los años terminarían convirtiéndose en auténticas grietas.

Y esas grietas acabarían siendo utilizadas por partidos, grupos de presión, organizaciones clientelares y oligarquías políticas para aumentar progresivamente su poder.

El resultado fue lo que numerosos pensadores han denominado Estado de partidos.

El Estado de Derecho y el Estado de partidos

En un verdadero Estado de Derecho, los ciudadanos eligen representantes.

Los representantes elaboran leyes.

Los jueces aplican esas leyes.

Y todos, gobernantes incluidos, permanecen sometidos al mismo orden jurídico.

Sobre el papel, España funciona así.

En la práctica, la situación resulta bastante más compleja.

Con el paso de los años los partidos políticos fueron acumulando una enorme capacidad de control sobre las instituciones.

Controlan las listas electorales.

Controlan el acceso a buena parte de los cargos públicos.

Influyen decisivamente en la composición de numerosos organismos constitucionales.

Participan en la designación de los miembros de órganos llamados precisamente a controlar al poder político.

Y gestionan cantidades inmensas de recursos públicos.

La consecuencia resulta evidente.

La fidelidad al partido termina siendo, en demasiadas ocasiones, más importante que la fidelidad a los ciudadanos.

Acemoglu y Robinson describen este fenómeno con notable precisión.

Las sociedades comienzan a degradarse cuando pequeños grupos consiguen utilizar las instituciones para conservar privilegios y reforzar su posición dominante.

No hace falta que exista una conspiración.

No hace falta que nadie se reúna en una habitación oscura para diseñar un plan.

Basta con que quienes ocupan posiciones de poder tengan incentivos para conservarlas.

Y basta con que dispongan de medios suficientes para hacerlo.

El crecimiento incesante del aparato político

Durante las últimas décadas España ha experimentado un fenómeno singular.

Mientras se multiplicaban las promesas de regeneración política, también aumentaban constantemente las estructuras dependientes del poder público.

Ministerios.

Consejerías.

Direcciones generales.

Empresas públicas.

Consorcios.

Fundaciones.

Observatorios.

Agencias.

Entidades instrumentales.

Organismos autónomos.

Oficinas de toda clase.

La justificación siempre era noble.

Mejorar la gestión.

Atender nuevas necesidades.

Resolver problemas complejos.

Modernizar la administración.

Sin embargo, raramente se planteaba una cuestión elemental:

¿Quién controla a quienes controlan?

¿Quién vigila a quienes gastan?

¿Quién responde cuando fracasan?

Porque la característica más llamativa del sistema español no es únicamente la abundancia de organismos públicos.

Es la extraordinaria dificultad para exigir responsabilidades a quienes los dirigen.

El dinero ajeno y la irresponsabilidad

Milton Friedman observó hace décadas una realidad que sigue siendo perfectamente válida.

Cuando una persona gasta su propio dinero en beneficio propio suele ser prudente.

Cuando gasta dinero ajeno en beneficio propio suele ser menos prudente.

Pero cuando gasta dinero ajeno en beneficio ajeno desaparecen casi todos los incentivos para actuar con cuidado.

Éste es precisamente uno de los grandes problemas del poder político.

Los gobernantes administran recursos que no son suyos.

Y, además, rara vez responden personalmente por los perjuicios ocasionados.

Un empresario que arruina su empresa suele perder patrimonio.

Un comerciante que toma malas decisiones termina pagando las consecuencias.

Un agricultor que siembra mal recoge una mala cosecha.

Sin embargo, los responsables políticos casi nunca responden con su patrimonio por los daños causados por sus decisiones.

Y cuando el riesgo desaparece, aumenta inevitablemente la tentación del despilfarro, del favoritismo y de la corrupción.

La sustitución del mérito por la obediencia

Toda organización humana se degrada cuando la obediencia resulta más rentable que la competencia.

También ocurre en política.

En teoría, los cargos públicos deberían ser ocupados por las personas más capaces.

En la práctica, con demasiada frecuencia terminan siendo ocupados por las más obedientes.

No siempre.

Pero sí con demasiada frecuencia.

La consecuencia es devastadora.

Las personas independientes son vistas como incómodas.

Las críticas son consideradas traiciones.

La discrepancia se castiga.

La mediocridad se recompensa.

Y el resultado final es una administración progresivamente menos eficaz y cada vez más dependiente de la voluntad de quienes mandan.

Cuando la corrupción deja de ser una excepción

Aquí aparece el núcleo del problema.

La corrupción no se convierte en un fenómeno masivo porque existan muchos corruptos.

La corrupción se convierte en un fenómeno masivo cuando el sistema deja de castigarla eficazmente.

Cuando los controles fallan.

Cuando las responsabilidades se diluyen.

Cuando las investigaciones se eternizan.

Cuando los ciudadanos terminan convencidos de que nada cambia.

Cuando la impunidad resulta más frecuente que el castigo.

Entonces la corrupción deja de ser una anomalía.

Pasa a formar parte del funcionamiento ordinario del sistema.

Y eso es exactamente lo que describen Acemoglu y Robinson al estudiar las sociedades que terminan estancándose o empobreciéndose.

No fracasan porque les falten recursos.

Fracasan porque quienes controlan las instituciones terminan utilizándolas en beneficio propio.

El caso español

España no es Haití.

España no es Venezuela.

España no es Corea del Norte.

España sigue siendo una nación con enormes recursos humanos, económicos y culturales.

Precisamente por eso resulta tan preocupante la situación.

Porque la decadencia no se produce por falta de capacidades.

Se produce por el deterioro progresivo de las reglas de juego.

Se produce cuando el esfuerzo deja de ser recompensado.

Cuando el mérito pierde importancia.

Cuando la proximidad al poder genera ventajas.

Cuando la ley deja de aplicarse con el mismo rigor a todos.

Cuando el ciudadano percibe que existen privilegiados.

Y cuando la confianza en las instituciones comienza a erosionarse.

Éste es el terreno sobre el que florece la corrupción.

Y sólo comprendiendo cómo se preparó ese terreno podremos comprender el inmenso catálogo de escándalos que examinaremos a continuación.

Porque los casos de corrupción no son la enfermedad.

Son los síntomas.

La enfermedad es mucho más profunda.

Y lleva décadas extendiéndose.

Cuando la corrupción se convirtió en sistema

A mediados de los años noventa ya nadie podía sostener seriamente que los escándalos conocidos hasta entonces fueran simples accidentes.

Demasiadas coincidencias.

Demasiados nombres.

Demasiadas cantidades de dinero.

Demasiados responsables públicos.

Demasiadas promesas de regeneración seguidas de nuevas decepciones.

Lo que había comenzado como una sucesión de casos aparentemente independientes empezaba a revelar una realidad más inquietante.

La corrupción no afectaba únicamente a determinadas personas.

Afectaba a la forma misma en que se ejercía el poder.

Y precisamente por ello comenzó a extenderse como una mancha de aceite por prácticamente todos los ámbitos de la vida pública española.

El dinero fácil

Hay pocas cosas más peligrosas para una sociedad que la combinación de abundancia de dinero y ausencia de controles eficaces.

Durante los años finales del siglo XX y los primeros del XXI España disfrutó de una situación excepcional.

La entrada en el euro redujo los costes de financiación.

El crédito fluyó como nunca antes.

La construcción se convirtió en el gran motor económico.

Los ayuntamientos descubrieron que recalificar terrenos generaba enormes ingresos.

Las comunidades autónomas multiplicaron sus presupuestos.

Las cajas de ahorro prestaban dinero con una alegría que hoy resulta difícil de comprender.

Y los fondos europeos continuaban llegando en cantidades considerables.

Durante algún tiempo pareció que la prosperidad era inagotable.

Muchos confundieron una burbuja con riqueza real.

Y cuando una sociedad empieza a creer que el dinero brota espontáneamente del suelo, la corrupción encuentra un terreno extraordinariamente fértil.

Las cajas de ahorro: el gran laboratorio del clientelismo

Pocas instituciones explican mejor la degeneración española que las antiguas cajas de ahorro.

En teoría eran entidades financieras ligadas al territorio y orientadas al interés general.

En la práctica acabaron convirtiéndose con demasiada frecuencia en feudos políticos.

Partidos.

Sindicatos.

Organizaciones empresariales.

Gobiernos autonómicos.

Ayuntamientos.

Todos querían influir en ellas.

Todos querían participar en sus órganos de dirección.

Todos querían disponer de sus recursos.

Durante años financiaron proyectos ruinosos.

Operaciones inmobiliarias disparatadas.

Aeropuertos sin aviones.

Palacios de congresos sin congresos.

Ciudades de la cultura sin cultura.

Y toda clase de monumentos a la vanidad política.

Cuando llegó la crisis de 2008, la realidad apareció con toda su crudeza.

Miles de millones de euros se habían evaporado.

Y una parte importante de la factura terminó siendo pagada por los contribuyentes.

El nacionalismo y el tres por ciento

Cataluña proporcionó uno de los ejemplos más claros de cómo una estructura política puede consolidar durante décadas un sistema de favores y lealtades.

Durante mucho tiempo Jordi Pujol fue presentado como una especie de patriarca político.

Un hombre prudente.

Moderado.

Constructor de consensos.

La realidad resultó bastante más compleja.

Las investigaciones posteriores revelaron cuentas ocultas en el extranjero, movimientos de dinero difíciles de justificar y actividades que afectaban a diversos miembros de su entorno familiar.

Pero más importante aún fue la aparición recurrente de una acusación que terminó convirtiéndose en símbolo de toda una época:

el llamado tres por ciento.

La sospecha de que determinadas adjudicaciones públicas iban acompañadas de comisiones destinadas a financiar estructuras políticas o beneficiar a quienes controlaban el poder.

Lo relevante no era únicamente la cifra.

Lo relevante era la naturalidad con la que muchos parecían asumir aquella práctica.

Como si formara parte inevitable del funcionamiento normal del sistema.

El Palau de la Música

El caso Palau resultó especialmente escandaloso porque afectó a una institución cultural enormemente respetada.

La cultura suele presentarse como un territorio moralmente superior.

Como un refugio frente a los vicios de la política.

Sin embargo, la realidad volvió a demostrar que allí donde existe poder y dinero también aparecen las tentaciones.

Las investigaciones revelaron desvíos de fondos, pagos irregulares y presuntas vías de financiación política encubierta.

Una vez más aparecía el mismo patrón.

Dinero público.

Entidades aparentemente respetables.

Redes de influencia.

Ausencia de controles eficaces.

Y una larga cadena de personas que afirmaban no haber visto nada.

Marbella: la corrupción convertida en espectáculo

Si hubiera que elegir una ciudad como símbolo de la corrupción urbanística española, probablemente Marbella ocuparía el primer lugar.

Durante años el municipio se convirtió en una caricatura de todos los excesos posibles.

Especulación.

Licencias.

Recalificaciones.

Comisiones.

Favores.

Empresarios próximos al poder.

Funcionarios complacientes.

Políticos sin escrúpulos.

El caso Malaya terminó revelando hasta qué punto una administración local podía llegar a convertirse en una auténtica maquinaria dedicada al intercambio de favores y beneficios.

Lo sucedido en Marbella no fue únicamente un problema local.

Fue una advertencia para toda España.

Mostró hasta dónde puede llegar la degradación institucional cuando desaparecen los controles.

Mercasevilla y el ensayo general de los ERE

A veces determinados escándalos anuncian otros todavía mayores.

Mercasevilla fue uno de ellos.

Lo que inicialmente parecía un asunto limitado terminó mostrando prácticas preocupantes relacionadas con contrataciones, subvenciones y utilización irregular de recursos públicos.

Con el tiempo acabaría apareciendo una conexión política y administrativa con lo que después sería uno de los mayores escándalos de corrupción de la historia reciente de España.

Los ERE andaluces.

Los ERE: la corrupción elevada a método de gobierno

Existen casos de corrupción importantes.

Existen casos muy importantes.

Y después está el caso de los ERE.

Porque aquí no hablamos de un político concreto.

Ni de un funcionario concreto.

Ni de una adjudicación concreta.

Hablamos de un sistema que funcionó durante años.

Un mecanismo mediante el cual centenares de millones de euros destinados teóricamente a trabajadores y empresas terminaron distribuyéndose con criterios que los tribunales consideraron contrarios a la legalidad.

Intrusos.

Subvenciones arbitrarias.

Controles insuficientes.

Dinero público repartido al margen de los procedimientos ordinarios.

Lo más grave del caso no fue únicamente la cantidad de dinero comprometida.

Lo más grave fue la sensación de normalidad.

La impresión de que determinados procedimientos habían llegado a considerarse habituales.

Cuando algo semejante ocurre, la corrupción deja de ser una desviación.

Se convierte en una forma ordinaria de administrar recursos públicos.

Los cursos de formación

La historia volvió a repetirse.

Una idea noble.

Formar trabajadores.

Mejorar la cualificación profesional.

Favorecer el empleo.

Objetivos perfectamente razonables.

Sin embargo, allí donde existe una gran cantidad de dinero administrado con controles deficientes terminan apareciendo oportunistas.

Academias fantasma.

Cursos inexistentes.

Facturas dudosas.

Subvenciones difíciles de justificar.

Intermediarios de toda clase.

Una vez más, la intención declarada era excelente.

Y una vez más aparecieron conductas incompatibles con el interés general.

Fórum Filatélico y Afinsa

Aunque jurídicamente se tratara de asuntos distintos de los anteriores, tuvieron un enorme impacto social.

Miles de ciudadanos vieron desaparecer los ahorros acumulados durante años.

Muchos eran jubilados.

Pequeños ahorradores.

Familias corrientes.

Personas que confiaban en instituciones aparentemente respetables.

Aquellos episodios pusieron de manifiesto otra cuestión fundamental.

La corrupción no siempre adopta la forma de un cargo público que roba.

A veces consiste en la incapacidad de quienes deben vigilar para impedir que otros engañen a los ciudadanos.

La incompetencia también puede causar daños enormes.

Y cuando se combina con negligencia o connivencia, los resultados resultan devastadores.

La gran enseñanza de aquellos años

A comienzos del siglo XXI ya resultaba imposible seguir sosteniendo que España sufría únicamente problemas aislados de corrupción.

Los casos aparecían en Cataluña.

En Andalucía.

En Madrid.

En la Comunidad Valenciana.

En Galicia.

En Baleares.

En municipios grandes y pequeños.

En partidos de izquierda.

En partidos de derecha.

En partidos nacionalistas.

En sindicatos.

En entidades financieras.

En empresas públicas.

En administraciones de toda clase.

El problema ya no podía explicarse recurriendo a individuos concretos.

Había que mirar más arriba.

Había que examinar las reglas de juego.

Había que preguntarse por qué tantos responsables públicos parecían actuar convencidos de que jamás responderían personalmente por sus errores.

Y había que preguntarse por qué los mecanismos de vigilancia fallaban una y otra vez.

Acemoglu y Robinson sostienen que las sociedades comienzan a deteriorarse cuando las instituciones dejan de servir al conjunto de la población y pasan a proteger los intereses de quienes controlan el poder.

La España de aquellos años ofrecía cada vez más indicios de que algo semejante estaba ocurriendo.

Y entonces llegó la crisis de 2008.

La crisis que hizo saltar por los aires muchas ilusiones.

La crisis que reveló la magnitud real del endeudamiento.

La crisis que dejó al descubierto incontables despilfarros.

La crisis que mostró que buena parte de la prosperidad anterior había sido una ilusión financiada con deuda.

Y también la crisis que permitió comprobar hasta qué punto la corrupción se había incrustado en numerosos rincones del poder.

Lo peor todavía no había terminado.

CAPÍTULO II

Los años de la inocencia perdida: cuando la corrupción dejó de ser una excepción

Existe una ley no escrita que se repite una y otra vez a lo largo de la historia.

Las naciones no suelen derrumbarse de repente.

Primero se acostumbran.

Se acostumbran a pequeños abusos.

Se acostumbran a pequeños privilegios.

Se acostumbran a pequeñas injusticias.

Se acostumbran a mirar hacia otro lado.

Y cuando quieren darse cuenta, aquello que comenzó siendo una excepción se ha convertido en una costumbre.

Algo semejante ocurrió en España durante los años ochenta y principios de los noventa.

La democracia era joven.

La ilusión era enorme.

La mayoría de los españoles contemplaba con esperanza el futuro.

Europa aparecía como la tierra prometida.

Las libertades públicas se consolidaban.

La economía crecía.

Y una parte importante de la población creía que la corrupción era un problema propio de países atrasados.

La realidad acabaría demostrando otra cosa.

El primer aviso: Juan Guerra

Los grandes incendios suelen comenzar con una pequeña chispa.

En la España de los años ochenta una de esas chispas tuvo nombre propio:

Juan Guerra.

Hermano de Alfonso Guerra, vicepresidente del Gobierno y una de las figuras más poderosas del socialismo español.

La cuestión no consistía únicamente en las actividades concretas atribuidas a Juan Guerra.

Lo verdaderamente importante fue la sensación de impunidad que transmitía el caso.

Por primera vez muchos españoles comenzaron a sospechar que la cercanía al poder podía abrir puertas que permanecían cerradas para el resto de los ciudadanos.

Apareció una sospecha que desde entonces nunca ha desaparecido del todo:

que existían españoles de primera y españoles de segunda.

Que las reglas no eran exactamente iguales para todos.

Y que la proximidad a quienes mandaban podía convertirse en una forma extraordinariamente rentable de hacer negocios.

Filesa: la financiación de la política

Poco después llegaría el caso Filesa.

Su importancia histórica resulta difícil de exagerar.

Porque puso sobre la mesa una cuestión que sigue siendo actual cuarenta años después.

La financiación de los partidos.

Toda organización política necesita dinero.

Locales.

Campañas.

Trabajadores.

Publicidad.

Actos públicos.

Asesores.

Estructuras permanentes.

La pregunta es sencilla:

¿de dónde sale ese dinero?

Filesa mostró hasta qué punto la financiación de los partidos podía convertirse en una puerta de entrada para prácticas irregulares.

Y mostró algo aún más preocupante.

Que el problema no afectaba únicamente a personas concretas.

Afectaba a la propia estructura de los partidos.

Desde entonces, cada vez que aparece un nuevo escándalo relacionado con comisiones, adjudicaciones o contratos públicos, vuelve a surgir la misma pregunta:

¿se buscaba el beneficio personal de algunos individuos o la financiación de una maquinaria política?

Los fondos reservados

Si la financiación irregular de los partidos era preocupante, el asunto de los fondos reservados resultó todavía más inquietante.

Porque afectaba directamente al Estado.

Los fondos reservados existen en prácticamente todos los países.

Su finalidad consiste en financiar actividades relacionadas con la seguridad nacional, la lucha contra el terrorismo o determinados servicios de información.

Pero precisamente por su carácter discreto requieren controles extraordinariamente rigurosos.

Cuando esos controles fallan, el riesgo de abuso resulta inmenso.

Durante aquellos años comenzaron a aparecer denuncias, investigaciones y sospechas acerca del uso irregular de fondos públicos destinados a fines reservados.

Por primera vez muchos ciudadanos comenzaron a preguntarse si parte del aparato estatal estaba actuando fuera de los límites que impone la ley.

Los GAL: cuando el Estado cruza la línea

Pocas cuestiones han causado tanto daño moral a la democracia española como el caso de los GAL.

Conviene dejar algo claro desde el principio.

La lucha contra el terrorismo de ETA era legítima.

La defensa de los ciudadanos frente a quienes asesinaban, secuestraban y extorsionaban era una obligación elemental del Estado.

Pero precisamente por eso resultó tan grave lo ocurrido.

Porque la cuestión central no era la lucha contra ETA.

La cuestión central era otra.

¿Puede un Estado combatir el crimen utilizando procedimientos criminales?

La respuesta en una democracia digna de tal nombre sólo puede ser negativa.

Cuando el poder utiliza métodos ilegales para combatir la ilegalidad, termina destruyendo aquello que pretende defender.

El caso GAL introdujo una idea extremadamente peligrosa.

La idea de que determinados fines podían justificar determinados medios.

Y cuando una sociedad acepta ese principio, la corrupción deja de tener límites claros.

El caso Roldán

Si hubiera que elegir un símbolo de la corrupción de los años noventa, probablemente muchos españoles mencionarían un nombre:

Luis Roldán.

Director General de la Guardia Civil.

Máximo responsable político de una de las instituciones más respetadas del país.

Su caída produjo una conmoción enorme.

No se trataba de un alcalde desconocido.

No se trataba de un funcionario menor.

No se trataba de un empresario privado.

Se trataba de una de las personas que ocupaban una de las posiciones más relevantes dentro del aparato estatal.

Las acusaciones de enriquecimiento ilícito, malversación y utilización indebida de recursos públicos provocaron una profunda sensación de decepción.

Pero el daño más grave fue otro.

Muchos ciudadanos comenzaron a preguntarse:

si esto ocurre en los niveles más altos del Estado, ¿qué estará ocurriendo más abajo?

PSV-UGT: la corrupción de los supuestos vigilantes

Existe una tendencia muy humana a pensar que la corrupción afecta únicamente a los gobiernos.

Los hechos demuestran que no es así.

También aparecen casos en organizaciones empresariales.

En sindicatos.

En fundaciones.

En cooperativas.

En asociaciones.

En cualquier lugar donde exista poder y dinero.

El escándalo de PSV-UGT resultó especialmente doloroso porque afectó a una organización que decía representar los intereses de los trabajadores.

Miles de cooperativistas vieron frustradas sus expectativas de acceder a una vivienda.

Y una vez más apareció una constante que se repetirá innumerables veces en la historia española reciente.

La enorme distancia entre los discursos morales y la conducta real de quienes los pronuncian.

Ibercorp y las puertas giratorias antes de que existiera la expresión

En aquellos años todavía no se hablaba constantemente de puertas giratorias.

La expresión aún no se había popularizado.

Pero el fenómeno ya existía.

El caso Ibercorp mostró las estrechas relaciones que podían establecerse entre determinados sectores financieros y determinados responsables públicos.

La cuestión de fondo era sencilla.

¿Cómo evitar que quienes toman decisiones desde el poder utilicen posteriormente la información, los contactos o la influencia obtenidos durante el ejercicio de sus cargos para obtener beneficios privados?

La pregunta sigue sin estar resuelta.

Y continúa siendo una de las principales fuentes de desconfianza hacia las instituciones.

Banesto: poder financiero y poder político

La caída de Banesto y la figura de Mario Conde marcaron toda una época.

Más allá de las responsabilidades individuales, el caso tuvo una enorme importancia simbólica.

Permitió contemplar desde dentro las complejas relaciones existentes entre el poder político, el poder financiero, determinados medios de comunicación y los grandes centros de decisión económica.

Muchos ciudadanos comenzaron entonces a sospechar que el poder real era bastante más complejo de lo que mostraban los informativos.

Que detrás de los discursos oficiales existían intereses cruzados, favores mutuos, influencias y relaciones difíciles de percibir para el ciudadano corriente.

Y esa sospecha no ha dejado de crecer desde entonces.

Banca Catalana y los nacionalismos de poder

Mientras tanto, en Cataluña, otro caso adquiría enorme relevancia política.

Banca Catalana.

El asunto tuvo múltiples dimensiones jurídicas, económicas y políticas.

Pero dejó una enseñanza especialmente importante.

La corrupción no distingue ideologías.

No distingue territorios.

No distingue banderas.

No distingue lenguas.

No distingue colores políticos.

Aparece allí donde existe concentración de poder y ausencia de controles eficaces.

La corrupción puede envolver una bandera nacional.

Una bandera regional.

Una bandera revolucionaria.

Una bandera conservadora.

Una bandera progresista.

Le da exactamente igual.

Su verdadera patria siempre es el privilegio.

El aprendizaje colectivo

Durante aquellos años España aprendió una lección que muchos todavía se resisten a aceptar.

La corrupción no era una anomalía pasajera.

No era un accidente.

No era un simple problema de algunas personas concretas.

Los escándalos afectaban a partidos.

A sindicatos.

A organismos públicos.

A responsables políticos.

A altos funcionarios.

A entidades financieras.

A administraciones diversas.

Comenzaba a dibujarse un patrón.

Un patrón que las investigaciones de Acemoglu y Robinson ayudan a comprender.

Cuando quienes controlan las instituciones descubren que pueden utilizarlas para favorecer a los suyos, aumentar su poder y reducir las consecuencias de sus errores, la corrupción deja de ser una tentación ocasional.

Se convierte en una consecuencia casi inevitable.

Y España estaba empezando a recorrer precisamente ese camino.

Lo peor estaba todavía por llegar.

CAPÍTULO III

Cuando la corrupción se convirtió en sistema

A mediados de los años noventa ya nadie podía sostener seriamente que los escándalos conocidos hasta entonces fueran simples accidentes.

Demasiadas coincidencias.

Demasiados nombres.

Demasiadas cantidades de dinero.

Demasiados responsables públicos.

Demasiadas promesas de regeneración seguidas de nuevas decepciones.

Lo que había comenzado como una sucesión de casos aparentemente independientes empezaba a revelar una realidad más inquietante.

La corrupción no afectaba únicamente a determinadas personas.

Afectaba a la forma misma en que se ejercía el poder.

Y precisamente por ello comenzó a extenderse como una mancha de aceite por prácticamente todos los ámbitos de la vida pública española.

El dinero fácil

Hay pocas cosas más peligrosas para una sociedad que la combinación de abundancia de dinero y ausencia de controles eficaces.

Durante los años finales del siglo XX y los primeros del XXI España disfrutó de una situación excepcional.

La entrada en el euro redujo los costes de financiación.

El crédito fluyó como nunca antes.

La construcción se convirtió en el gran motor económico.

Los ayuntamientos descubrieron que recalificar terrenos generaba enormes ingresos.

Las comunidades autónomas multiplicaron sus presupuestos.

Las cajas de ahorro prestaban dinero con una alegría que hoy resulta difícil de comprender.

Y los fondos europeos continuaban llegando en cantidades considerables.

Durante algún tiempo pareció que la prosperidad era inagotable.

Muchos confundieron una burbuja con riqueza real.

Y cuando una sociedad empieza a creer que el dinero brota espontáneamente del suelo, la corrupción encuentra un terreno extraordinariamente fértil.

Las cajas de ahorro: el gran laboratorio del clientelismo

Pocas instituciones explican mejor la degeneración española que las antiguas cajas de ahorro.

En teoría eran entidades financieras ligadas al territorio y orientadas al interés general.

En la práctica acabaron convirtiéndose con demasiada frecuencia en feudos políticos.

Partidos.

Sindicatos.

Organizaciones empresariales.

Gobiernos autonómicos.

Ayuntamientos.

Todos querían influir en ellas.

Todos querían participar en sus órganos de dirección.

Todos querían disponer de sus recursos.

Durante años financiaron proyectos ruinosos.

Operaciones inmobiliarias disparatadas.

Aeropuertos sin aviones.

Palacios de congresos sin congresos.

Ciudades de la cultura sin cultura.

Y toda clase de monumentos a la vanidad política.

Cuando llegó la crisis de 2008, la realidad apareció con toda su crudeza.

Miles de millones de euros se habían evaporado.

Y una parte importante de la factura terminó siendo pagada por los contribuyentes.

El nacionalismo y el tres por ciento

Cataluña proporcionó uno de los ejemplos más claros de cómo una estructura política puede consolidar durante décadas un sistema de favores y lealtades.

Durante mucho tiempo Jordi Pujol fue presentado como una especie de patriarca político.

Un hombre prudente.

Moderado.

Constructor de consensos.

La realidad resultó bastante más compleja.

Las investigaciones posteriores revelaron cuentas ocultas en el extranjero, movimientos de dinero difíciles de justificar y actividades que afectaban a diversos miembros de su entorno familiar.

Pero más importante aún fue la aparición recurrente de una acusación que terminó convirtiéndose en símbolo de toda una época:

el llamado tres por ciento.

La sospecha de que determinadas adjudicaciones públicas iban acompañadas de comisiones destinadas a financiar estructuras políticas o beneficiar a quienes controlaban el poder.

Lo relevante no era únicamente la cifra.

Lo relevante era la naturalidad con la que muchos parecían asumir aquella práctica.

Como si formara parte inevitable del funcionamiento normal del sistema.

El Palau de la Música

El caso Palau resultó especialmente escandaloso porque afectó a una institución cultural enormemente respetada.

La cultura suele presentarse como un territorio moralmente superior.

Como un refugio frente a los vicios de la política.

Sin embargo, la realidad volvió a demostrar que allí donde existe poder y dinero también aparecen las tentaciones.

Las investigaciones revelaron desvíos de fondos, pagos irregulares y presuntas vías de financiación política encubierta.

Una vez más aparecía el mismo patrón.

Dinero público.

Entidades aparentemente respetables.

Redes de influencia.

Ausencia de controles eficaces.

Y una larga cadena de personas que afirmaban no haber visto nada.

Marbella: la corrupción convertida en espectáculo

Si hubiera que elegir una ciudad como símbolo de la corrupción urbanística española, probablemente Marbella ocuparía el primer lugar.

Durante años el municipio se convirtió en una caricatura de todos los excesos posibles.

Especulación.

Licencias.

Recalificaciones.

Comisiones.

Favores.

Empresarios próximos al poder.

Funcionarios complacientes.

Políticos sin escrúpulos.

El caso Malaya terminó revelando hasta qué punto una administración local podía llegar a convertirse en una auténtica maquinaria dedicada al intercambio de favores y beneficios.

Lo sucedido en Marbella no fue únicamente un problema local.

Fue una advertencia para toda España.

Mostró hasta dónde puede llegar la degradación institucional cuando desaparecen los controles.

Mercasevilla y el ensayo general de los ERE

A veces determinados escándalos anuncian otros todavía mayores.

Mercasevilla fue uno de ellos.

Lo que inicialmente parecía un asunto limitado terminó mostrando prácticas preocupantes relacionadas con contrataciones, subvenciones y utilización irregular de recursos públicos.

Con el tiempo acabaría apareciendo una conexión política y administrativa con lo que después sería uno de los mayores escándalos de corrupción de la historia reciente de España.

Los ERE andaluces.

Los ERE: la corrupción elevada a método de gobierno

Existen casos de corrupción importantes.

Existen casos muy importantes.

Y después está el caso de los ERE.

Porque aquí no hablamos de un político concreto.

Ni de un funcionario concreto.

Ni de una adjudicación concreta.

Hablamos de un sistema que funcionó durante años.

Un mecanismo mediante el cual centenares de millones de euros destinados teóricamente a trabajadores y empresas terminaron distribuyéndose con criterios que los tribunales consideraron contrarios a la legalidad.

Intrusos.

Subvenciones arbitrarias.

Controles insuficientes.

Dinero público repartido al margen de los procedimientos ordinarios.

Lo más grave del caso no fue únicamente la cantidad de dinero comprometida.

Lo más grave fue la sensación de normalidad.

La impresión de que determinados procedimientos habían llegado a considerarse habituales.

Cuando algo semejante ocurre, la corrupción deja de ser una desviación.

Se convierte en una forma ordinaria de administrar recursos públicos.

Los cursos de formación

La historia volvió a repetirse.

Una idea noble.

Formar trabajadores.

Mejorar la cualificación profesional.

Favorecer el empleo.

Objetivos perfectamente razonables.

Sin embargo, allí donde existe una gran cantidad de dinero administrado con controles deficientes terminan apareciendo oportunistas.

Academias fantasma.

Cursos inexistentes.

Facturas dudosas.

Subvenciones difíciles de justificar.

Intermediarios de toda clase.

Una vez más, la intención declarada era excelente.

Y una vez más aparecieron conductas incompatibles con el interés general.

Fórum Filatélico y Afinsa

Aunque jurídicamente se tratara de asuntos distintos de los anteriores, tuvieron un enorme impacto social.

Miles de ciudadanos vieron desaparecer los ahorros acumulados durante años.

Muchos eran jubilados.

Pequeños ahorradores.

Familias corrientes.

Personas que confiaban en instituciones aparentemente respetables.

Aquellos episodios pusieron de manifiesto otra cuestión fundamental.

La corrupción no siempre adopta la forma de un cargo público que roba.

A veces consiste en la incapacidad de quienes deben vigilar para impedir que otros engañen a los ciudadanos.

La incompetencia también puede causar daños enormes.

Y cuando se combina con negligencia o connivencia, los resultados resultan devastadores.

La gran enseñanza de aquellos años

A comienzos del siglo XXI ya resultaba imposible seguir sosteniendo que España sufría únicamente problemas aislados de corrupción.

Los casos aparecían en Cataluña.

En Andalucía.

En Madrid.

En la Comunidad Valenciana.

En Galicia.

En Baleares.

En municipios grandes y pequeños.

En partidos de izquierda.

En partidos de derecha.

En partidos nacionalistas.

En sindicatos.

En entidades financieras.

En empresas públicas.

En administraciones de toda clase.

El problema ya no podía explicarse recurriendo a individuos concretos.

Había que mirar más arriba.

Había que examinar las reglas de juego.

Había que preguntarse por qué tantos responsables públicos parecían actuar convencidos de que jamás responderían personalmente por sus errores.

Y había que preguntarse por qué los mecanismos de vigilancia fallaban una y otra vez.

Acemoglu y Robinson sostienen que las sociedades comienzan a deteriorarse cuando las instituciones dejan de servir al conjunto de la población y pasan a proteger los intereses de quienes controlan el poder.

La España de aquellos años ofrecía cada vez más indicios de que algo semejante estaba ocurriendo.

Y entonces llegó la crisis de 2008.

La crisis que hizo saltar por los aires muchas ilusiones.

La crisis que reveló la magnitud real del endeudamiento.

La crisis que dejó al descubierto incontables despilfarros.

La crisis que mostró que buena parte de la prosperidad anterior había sido una ilusión financiada con deuda.

Y también la crisis que permitió comprobar hasta qué punto la corrupción se había incrustado en numerosos rincones del poder.

Lo peor todavía no había terminado.

CAPÍTULO IV

La gran crisis: cuando la realidad llamó a la puerta

Hay momentos en la historia de las naciones en los que la realidad irrumpe con la fuerza de un ariete.

Durante años pueden mantenerse las apariencias.

Pueden ocultarse errores.

Pueden maquillarse cifras.

Pueden aplazarse problemas.

Puede incluso comprarse tiempo mediante deuda.

Pero llega un momento en que la realidad presenta la factura.

Y la factura siempre acaba llegando.

La crisis de 2008 constituyó uno de esos momentos.

Durante años se había repetido que España era poco menos que un milagro económico.

Los precios de la vivienda subían sin descanso.

El crédito fluía como el agua.

Los ayuntamientos gastaban alegremente.

Las comunidades autónomas multiplicaban organismos, empresas públicas y cargos de confianza.

Las cajas de ahorro financiaban proyectos cada vez más disparatados.

Y los gobernantes de todos los colores se felicitaban mutuamente por los éxitos obtenidos.

Entonces la burbuja estalló.

Y apareció una pregunta devastadora.

¿Dónde había ido a parar todo el dinero?

Bankia y el hundimiento de las cajas

La respuesta comenzó a llegar cuando los españoles descubrieron el verdadero estado de muchas entidades financieras.

Durante años las cajas de ahorro habían sido presentadas como ejemplos de compromiso social y cercanía al ciudadano.

La realidad resultó mucho menos edificante.

Consejos de administración ocupados por políticos.

Representantes sindicales sin experiencia financiera.

Dirigentes nombrados por afinidades partidistas.

Préstamos concedidos con criterios más políticos que económicos.

Operaciones inmobiliarias ruinosas.

Proyectos faraónicos.

Y una gestión que, en demasiados casos, parecía inspirada más por el interés electoral que por la prudencia financiera.

Bankia se convirtió en el símbolo de aquella catástrofe.

Miles de pequeños ahorradores vieron evaporarse buena parte de sus recursos.

El Estado tuvo que intervenir.

Y una parte considerable de la factura terminó siendo asumida por los contribuyentes.

La pregunta era inevitable.

Si un empresario privado arruina su empresa, responde con su patrimonio.

¿Por qué quienes habían contribuido a arruinar aquellas entidades apenas respondieron por los daños causados?

Las tarjetas negras

Si Bankia simbolizó el desastre financiero, las llamadas tarjetas negras simbolizaron algo todavía más corrosivo.

La sensación de impunidad.

Mientras millones de ciudadanos sufrían desempleo, cierres de negocios y ejecuciones hipotecarias, algunos directivos utilizaban tarjetas opacas para sufragar gastos personales.

Restaurantes.

Viajes.

Compras.

Caprichos diversos.

No era únicamente una cuestión económica.

Era una cuestión moral.

Porque reflejaba una mentalidad.

La idea de que los recursos ajenos podían utilizarse como si fueran propios.

La idea de que ciertas personas pertenecían a una categoría especial de ciudadanos.

La idea de que las normas estaban hechas para otros.

Gürtel: el sistema de las comisiones

A medida que avanzaban las investigaciones judiciales comenzó a emerger otro gigantesco entramado.

La trama Gürtel.

Durante años se convirtió en sinónimo de corrupción política.

Empresarios.

Contratos públicos.

Comisiones.

Regalos.

Financiación irregular.

Cargos públicos.

Intermediarios.

Todo ello unido por una compleja red de relaciones personales y económicas.

Lo verdaderamente preocupante no era únicamente la existencia de conductas delictivas.

Lo verdaderamente preocupante era la sensación de normalidad que transmitían muchas de las conversaciones, prácticas y procedimientos que fueron saliendo a la luz.

Como si determinados comportamientos hubieran llegado a considerarse habituales.

Como si la frontera entre la gestión pública y el beneficio privado se hubiera ido desdibujando progresivamente.

Bárcenas y la caja paralela

Del interior de Gürtel surgió otro de los grandes escándalos políticos de la democracia española.

Luis Bárcenas.

Los llamados papeles de Bárcenas.

La presunta existencia de una contabilidad paralela.

Las donaciones opacas.

Los sobresueldos.

Las anotaciones manuscritas.

Y una pregunta que sigue persiguiendo a buena parte de la clase política española:

¿cuánto sabían quienes ocupaban las posiciones de mando?

Porque en las grandes organizaciones las irregularidades rara vez prosperan durante años sin que nadie perciba absolutamente nada.

Púnica: el poder local como negocio

Si Gürtel mostró una forma de corrupción ligada a contratos y financiación política, Púnica reveló algo igualmente preocupante.

La facilidad con la que determinadas administraciones podían convertirse en centros de intercambio de favores.

Ayuntamientos.

Contratos.

Empresas tecnológicas.

Servicios públicos.

Adjudicaciones.

Comisiones.

Una vez más aparecía el mismo patrón.

Poder político.

Dinero público.

Intereses privados.

Y controles insuficientes.

Lezo y el Canal de Isabel II

El Canal de Isabel II constituye una de las infraestructuras más importantes de la Comunidad de Madrid.

Precisamente por ello el caso Lezo resultó tan alarmante.

Porque volvió a poner de manifiesto hasta qué punto una empresa pública puede convertirse en un instrumento de poder.

Operaciones internacionales.

Compras difíciles de justificar.

Gestión opaca.

Redes de influencia.

Y una pregunta que se repite constantemente en la historia de la corrupción española:

¿quién vigila realmente a quienes administran enormes cantidades de recursos públicos?

Nóos y la corrupción de prestigio

Durante años muchos ciudadanos asociaron la corrupción con políticos profesionales, empresarios sin escrúpulos o funcionarios deshonestos.

El caso Nóos rompió ese esquema.

Porque afectó a personas situadas en posiciones de enorme prestigio social.

La enseñanza fue demoledora.

La corrupción no distingue clases sociales.

No distingue apellidos.

No distingue títulos.

No distingue honores.

Puede aparecer allí donde coinciden poder, influencia y ausencia de controles eficaces.

Los Pujol

Mientras tanto, las investigaciones sobre el entorno de Jordi Pujol seguían avanzando.

Las cuentas ocultas.

Los movimientos de dinero.

Las actividades empresariales de diversos miembros de la familia.

Las explicaciones contradictorias.

Todo ello terminó provocando una enorme conmoción política.

Durante décadas una parte importante de la sociedad catalana había contemplado a Pujol como una figura casi patriarcal.

La caída de ese mito produjo un efecto devastador.

Porque recordó algo esencial.

La corrupción no desaparece por envolverse en una bandera.

Ni por invocar grandes ideales.

Ni por presentarse como defensora de una causa noble.

Castor: beneficios privados, pérdidas públicas

El proyecto Castor constituye uno de los ejemplos más ilustrativos de un fenómeno extraordinariamente frecuente.

La privatización de los beneficios y la socialización de las pérdidas.

Cuando el proyecto funcionaba, las ganancias eran privadas.

Cuando aparecieron los problemas, la factura terminó recayendo sobre los ciudadanos.

Este mecanismo aparece constantemente en la historia económica española.

Y explica buena parte del descontento social acumulado durante las últimas décadas.

Acuamed

La empresa pública encargada de infraestructuras hidráulicas tampoco escapó a las sospechas.

Contratos.

Modificaciones de obras.

Certificaciones.

Sobrecostes.

Investigaciones judiciales.

Una vez más aparecía el mismo problema.

El dinero público.

La dificultad para controlar su utilización.

Y la lentitud de los mecanismos destinados a exigir responsabilidades.

Kitchen: cuando el poder se protege a sí mismo

Si hubiera que elegir uno de los asuntos más inquietantes de los últimos años, Kitchen ocuparía un lugar destacado.

Porque ya no estamos hablando únicamente de dinero.

Estamos hablando del posible uso de recursos estatales para proteger intereses políticos.

La gravedad de una conducta semejante resulta evidente.

Una democracia puede sobrevivir a la existencia de corruptos.

Lo que pone en peligro su propia legitimidad es la utilización de los mecanismos del Estado para encubrirlos o protegerlos.

Porque entonces la corrupción deja de limitarse a determinadas personas.

Y comienza a afectar al propio funcionamiento de las instituciones.

El deterioro de la confianza

A estas alturas los españoles habían asistido durante años a una sucesión casi ininterrumpida de escándalos.

ERE.

Gürtel.

Bárcenas.

Púnica.

Lezo.

Nóos.

Los Pujol.

Bankia.

Las tarjetas negras.

Acuamed.

Kitchen.

Y muchos otros.

La consecuencia fue inevitable.

La confianza comenzó a erosionarse.

Y la confianza es uno de los pilares invisibles sobre los que descansa cualquier sociedad civilizada.

Sin confianza se encarece la actividad económica.

Se debilita la inversión.

Se deteriora la convivencia.

Y se multiplica el cinismo.

Los ciudadanos terminan convencidos de que todos son iguales.

De que nada cambia.

De que nadie responde.

De que la ley no se aplica con el mismo rigor a todos.

Y cuando una sociedad llega a ese punto, el daño causado por la corrupción supera con mucho el dinero robado.

Porque empieza a destruir algo mucho más valioso.

Empieza a destruir la fe de los ciudadanos en sus propias instituciones.

La confirmación de la tesis

Acemoglu, Johnson y Robinson sostienen que las sociedades prosperan cuando el poder encuentra límites efectivos y cuando las reglas son iguales para todos. Por el contrario, se degradan cuando grupos privilegiados consiguen utilizar las instituciones en beneficio propio.

La España posterior a 2008 parecía ofrecer una confirmación casi experimental de esa tesis.

Los problemas ya no podían atribuirse al clima.

Ni a la geografía.

Ni a la religión.

Ni a la cultura.

Los problemas aparecían allí donde faltaban controles eficaces, donde sobraba impunidad y donde quienes administraban recursos ajenos apenas respondían por sus actos.

La crisis económica había actuado como una radiografía.

Y la radiografía mostraba una enfermedad mucho más profunda de lo que muchos estaban dispuestos a reconocer.

Pero aún faltaba un episodio decisivo.

La pandemia.

Y con ella llegarían nuevas formas de corrupción, nuevos escándalos y nuevas pruebas de hasta qué punto las instituciones españolas habían seguido deteriorándose.

CAPÍTULO V

La pandemia, las mascarillas y la corrupción en tiempos de emergencia

Existe una vieja enseñanza atribuida a diversos pensadores políticos:

las crisis no transforman a las sociedades; simplemente revelan lo que realmente son.

Durante años España había convivido con una corrupción más o menos visible.

Escándalos.

Comisiones.

Contratos amañados.

Subvenciones dudosas.

Enchufes.

Redes clientelares.

Favores políticos.

Sin embargo, la llegada de la pandemia en 2020 sometió al país a una prueba extraordinaria.

Y las pruebas extraordinarias suelen poner de manifiesto tanto las virtudes como las miserias de un sistema.

El miedo como justificación universal

La pandemia provocó miedo.

Un miedo comprensible.

Miles de fallecidos.

Hospitales desbordados.

Incertidumbre.

Desconocimiento.

Urgencia.

Y precisamente porque la situación era excepcional, los controles ordinarios comenzaron a relajarse.

Los procedimientos habituales fueron sustituidos por contrataciones de emergencia.

Las verificaciones previas se redujeron.

Las adjudicaciones se aceleraron.

Los mecanismos de vigilancia quedaron debilitados.

La justificación parecía razonable.

Había que actuar deprisa.

Y, efectivamente, era necesario actuar deprisa.

El problema aparece cuando la urgencia se convierte en una coartada permanente.

Porque allí donde disminuyen los controles aumenta inevitablemente el riesgo de corrupción.

Las mascarillas de oro

Con el paso de los meses comenzaron a conocerse contratos difíciles de explicar.

Intermediarios sin experiencia previa.

Empresas improvisadas.

Comisiones extraordinarias.

Material defectuoso.

Precios muy superiores a los normales.

Beneficios desproporcionados.

Y cantidades millonarias de dinero público distribuidas con una rapidez desconocida hasta entonces.

La pandemia había creado una situación ideal para los oportunistas.

Una necesidad urgente.

Grandes cantidades de dinero.

Escasos controles.

Y gobernantes convencidos de que cualquier crítica podía ser descalificada como insolidaria o irresponsable.

Lo ocurrido recordó a muchos españoles una palabra que parecía perteneciente al pasado.

Estraperlo.

Durante la posguerra algunos hicieron fortuna aprovechándose de la escasez.

Durante la pandemia otros descubrieron nuevas formas de enriquecerse aprovechándose de la emergencia.

Cambiaron los productos.

Cambiaron los procedimientos.

Pero la lógica siguió siendo exactamente la misma.

El caso Koldo

La investigación que acabaría conociéndose como caso Koldo constituye probablemente el mayor escándalo político surgido de la pandemia.

Inicialmente parecía limitarse a la actuación de determinados intermediarios relacionados con contratos de mascarillas.

Sin embargo, conforme avanzaron las investigaciones comenzaron a aparecer conexiones políticas cada vez más incómodas.

Comisiones.

Contratos públicos.

Relaciones personales.

Favores.

Empresas beneficiadas.

Y cantidades de dinero cuya justificación se convirtió en objeto de investigación judicial.

Lo verdaderamente significativo no era únicamente la conducta de determinados individuos.

Lo verdaderamente importante era comprobar cómo personas próximas a centros de poder podían acceder a oportunidades vedadas para el ciudadano común.

Una vez más aparecía el mismo patrón.

La proximidad al poder convertida en ventaja económica.

José Luis Ábalos

La aparición del nombre de José Luis Ábalos elevó el asunto a una dimensión completamente distinta.

Ya no se trataba únicamente de asesores o intermediarios.

Estamos hablando de quien había sido ministro del Gobierno de España y secretario de Organización del PSOE.

La cuestión central no era únicamente determinar responsabilidades penales.

La cuestión era comprender cómo determinadas relaciones personales podían desarrollarse durante años sin que nadie detectara irregularidades.

O sin que nadie quisiera detectarlas.

La pregunta volvía a ser la misma que aparece en prácticamente todos los grandes escándalos españoles:

¿fallaron los controles o nadie quiso utilizarlos?

Santos Cerdán

La aparición posterior del nombre de Santos Cerdán agravó todavía más la situación.

Porque ya no hablamos únicamente de antiguos responsables políticos.

Hablamos de personas situadas en el núcleo mismo de la dirección del partido que sostiene al Gobierno.

A medida que las investigaciones avanzaban, aumentaba la sensación de que el problema no podía reducirse a comportamientos individuales.

Comenzaba a dibujarse una estructura de relaciones, influencias y favores que recordaba demasiado a otros episodios ya conocidos de la historia política española.

Los nombres cambian.

Los procedimientos evolucionan.

Pero los mecanismos suelen ser sorprendentemente parecidos.

Tito Berni

El llamado caso Tito Berni introdujo otro elemento especialmente corrosivo.

No sólo aparecieron sospechas de corrupción económica.

También surgió una imagen profundamente degradada de la vida pública.

Favores.

Empresarios.

Prostitución.

Drogas.

Influencias.

Promesas.

Intermediarios.

El asunto ofreció a muchos ciudadanos la impresión de que algunos cargos públicos habían llegado a considerar las instituciones como instrumentos destinados a satisfacer intereses personales.

Y cuando esa percepción se extiende, el daño institucional resulta inmenso.

Plus Ultra y el dinero de los contribuyentes

Pocas operaciones han generado tantas preguntas como el rescate de Plus Ultra.

Los defensores de la operación insistieron en su necesidad.

Los críticos cuestionaron desde el principio su carácter estratégico.

La cuestión de fondo era sencilla.

¿Por qué esa empresa?

¿Por qué esa cuantía?

¿Por qué se tomaron determinadas decisiones?

Y, sobre todo:

¿se habrían adoptado exactamente las mismas decisiones si las personas implicadas hubieran sido otras?

En una sociedad sana esas preguntas deberían recibir respuestas claras y verificables.

Cuando las respuestas no llegan, la sospecha prospera.

La SEPI y el problema de la responsabilidad

El caso Plus Ultra puso también el foco sobre una cuestión mucho más amplia.

La responsabilidad de quienes administran enormes cantidades de recursos públicos.

En España resulta relativamente sencillo autorizar gastos millonarios.

Lo extraordinariamente difícil es encontrar a alguien que responda personalmente cuando esas decisiones causan perjuicios.

Éste es uno de los grandes problemas del sistema.

El dinero es público.

Las decisiones son públicas.

Los riesgos son públicos.

Pero las responsabilidades suelen disolverse entre organismos, informes, comisiones y procedimientos interminables.

Begoña Gómez

La investigación sobre Begoña Gómez añadió una dimensión especialmente delicada.

La cercanía al presidente del Gobierno convirtió automáticamente cualquier sospecha en una cuestión de interés nacional.

La presunción de inocencia debe respetarse siempre.

Pero precisamente por ello también resulta imprescindible investigar con rigor cualquier posible utilización de influencias derivadas de una posición privilegiada.

La cuestión fundamental no consiste en quién sea la persona investigada.

La cuestión consiste en si todos los ciudadanos reciben exactamente el mismo trato ante la ley.

Acemoglu y Robinson insisten repetidamente en que las sociedades prosperan cuando las reglas son iguales para todos.

Y comienzan a deteriorarse cuando ciertos grupos adquieren privilegios especiales.

David Sánchez

El caso de David Sánchez despertó preguntas semejantes.

La creación de determinados puestos.

Las funciones desempeñadas.

Los procedimientos de contratación.

Las circunstancias que rodearon su incorporación a la Diputación de Badajoz.

La cuestión vuelve a ser sencilla.

¿Habría ocurrido exactamente lo mismo si el interesado se hubiera apellidado de otra manera?

Cuando una sociedad empieza a formularse esa pregunta con frecuencia, existe un problema institucional serio.

Leire Díez y las cloacas del poder

Los asuntos relacionados con Leire Díez introdujeron un elemento particularmente inquietante.

La posible utilización de información sensible.

Las maniobras para influir sobre investigaciones.

Los intentos de desacreditar a quienes investigan.

Las presiones indirectas.

Las filtraciones.

Todo ello remite a una cuestión esencial.

Una democracia puede soportar la existencia de corruptos.

Lo que difícilmente puede soportar es que se utilicen recursos políticos para obstaculizar investigaciones o proteger a determinadas personas frente a la acción de la justicia.

Porque entonces el problema ya no es la corrupción.

El problema es la impunidad.

La corrupción del siglo XXI

La corrupción contemporánea rara vez adopta las formas burdas del pasado.

Cada vez es menos frecuente encontrar maletines llenos de billetes.

Las nuevas formas suelen ser más sofisticadas.

Contratos.

Subvenciones.

Rescates empresariales.

Colocaciones.

Influencias.

Asesorías.

Informes.

Intermediarios.

Fundaciones.

Empresas instrumentales.

Entidades públicas.

Y una compleja maraña administrativa que dificulta extraordinariamente determinar quién tomó cada decisión y quién debe responder por ella.

Pero el principio sigue siendo el mismo.

Utilizar el poder para obtener ventajas que el ciudadano común jamás podría obtener.

La confirmación definitiva

Llegados a este punto resulta difícil no recordar las conclusiones de Acemoglu, Johnson y Robinson.

Los países fracasan cuando quienes controlan las instituciones consiguen utilizarlas para beneficiarse a sí mismos y a sus allegados.

Los países prosperan cuando nadie está por encima de la ley.

La cuestión decisiva ya no consiste en enumerar escándalos.

La cuestión consiste en comprender qué tienen todos ellos en común.

Filesa.

Roldán.

GAL.

Pujol.

Palau.

Malaya.

ERE.

Gürtel.

Púnica.

Lezo.

Bankia.

Kitchen.

Koldo.

Ábalos.

Santos Cerdán.

Tito Berni.

Plus Ultra.

Begoña Gómez.

David Sánchez.

Leire Díez.

Y centenares de casos más.

Los nombres cambian.

Las siglas cambian.

Los protagonistas cambian.

Pero el mecanismo permanece.

Siempre encontramos la misma combinación:

poder,

dinero ajeno,

escasos controles,

responsabilidades difusas,

y castigos insuficientes.

Y mientras esas condiciones sigan existiendo, los escándalos continuarán apareciendo.

Porque el problema no reside únicamente en las personas.

El problema reside en las reglas del juego.

CAPÍTULO VI

¿Por qué sigue ocurriendo? Las causas profundas de la corrupción española

Llegados a este punto, después de recorrer décadas de escándalos, nombres propios, sumarios judiciales, comisiones de investigación y promesas de regeneración, resulta inevitable formular una pregunta.

Una pregunta sencilla.

Una pregunta incómoda.

Una pregunta que rara vez se plantea la clase política.

¿Por qué sigue ocurriendo?

¿Por qué aparecen nuevos casos una y otra vez?

¿Por qué cambian los partidos, cambian los gobiernos, cambian las generaciones y, sin embargo, la corrupción continúa apareciendo con una regularidad casi matemática?

La explicación habitual consiste en afirmar que existen demasiados corruptos.

Es una respuesta cómoda.

Y falsa.

Los corruptos han existido siempre.

Han existido en todas las épocas.

Han existido en todos los países.

La cuestión decisiva no es cuántos corruptos existen.

La cuestión decisiva es cuánto daño pueden causar.

Y eso depende de las instituciones.

Precisamente la gran enseñanza de Acemoglu, Johnson y Robinson consiste en que las naciones prosperan cuando las reglas limitan eficazmente el poder y castigan los abusos, mientras que se empobrecen cuando quienes controlan el poder consiguen escapar a esos límites.

Por consiguiente, la pregunta correcta no es:

«¿Por qué hay corruptos?»

La pregunta correcta es:

«¿Por qué nuestro sistema sigue ofreciendo oportunidades tan abundantes para la corrupción?»

El dinero ajeno: la gran tentación

Existe una observación de Milton Friedman que resume buena parte del problema.

Cuando una persona gasta su propio dinero en beneficio propio suele actuar con prudencia.

Cuando gasta su propio dinero en beneficio de otros también suele vigilar el gasto.

Cuando gasta dinero ajeno en beneficio propio la prudencia disminuye considerablemente.

Pero cuando gasta dinero ajeno en beneficio ajeno desaparecen casi todos los incentivos para actuar con cuidado.

Ésta es precisamente la situación de gran parte de quienes ejercen responsabilidades públicas.

Administran recursos que no les pertenecen.

No responden personalmente de las pérdidas.

No arriesgan su patrimonio.

Y rara vez sufren consecuencias proporcionales a los daños ocasionados.

La tentación resulta enorme.

El crecimiento incontrolado del poder político

España ha construido durante las últimas décadas uno de los aparatos administrativos más extensos de Europa.

Administración central.

Comunidades autónomas.

Diputaciones.

Cabildos.

Consejos comarcales.

Ayuntamientos.

Empresas públicas.

Consorcios.

Fundaciones.

Agencias.

Organismos autónomos.

Entidades de toda clase.

Cada uno de esos organismos administra recursos.

Cada uno concede contratos.

Cada uno realiza compras.

Cada uno otorga subvenciones.

Cada uno crea cargos.

Cada uno ofrece oportunidades para el favoritismo.

Cuanto mayor es el poder político sobre la economía, mayores son también las oportunidades para la corrupción.

No es una cuestión ideológica.

Es una cuestión matemática.

Si el gobernante puede decidir quién recibe millones de euros, siempre aparecerán personas dispuestas a influir sobre esa decisión.

El viejo caciquismo con ropas nuevas

Muchos españoles creen que el caciquismo desapareció hace más de un siglo.

Se equivocan.

Ha cambiado de aspecto.

Ha cambiado de lenguaje.

Ha cambiado de procedimientos.

Pero sigue existiendo.

Joaquín Costa denunció a finales del siglo XIX una España dominada por oligarquías y caciques.

Una España donde el acceso a oportunidades dependía más de las relaciones personales que del mérito.

Una España donde la ley era aplicada con diferente rigor según la posición social del interesado.

Una España donde el poder se utilizaba para recompensar a los fieles y castigar a los discrepantes.

Resulta difícil leer hoy muchas de aquellas páginas sin experimentar cierta sensación de familiaridad.

El cacique actual no siempre reparte favores desde la plaza del pueblo.

A veces lo hace desde una consejería.

Desde una diputación.

Desde una empresa pública.

Desde una fundación subvencionada.

Desde un ministerio.

Pero la lógica sigue siendo la misma.

Robert Michels y la ley de hierro de las oligarquías

A comienzos del siglo XX, el sociólogo Robert Michels formuló una observación extraordinariamente incómoda.

Toda organización compleja tiende a ser controlada por una minoría.

Incluso aquellas organizaciones creadas para defender la igualdad.

Incluso aquellas nacidas para combatir los privilegios.

Incluso aquellas que prometen representar a las bases.

Con el tiempo aparecen dirigentes profesionales.

Burócratas.

Especialistas.

Gestores.

Aparatos permanentes.

Y esos aparatos terminan desarrollando intereses propios.

Su prioridad deja de ser el objetivo original de la organización.

Su prioridad pasa a ser la supervivencia de la propia organización y de quienes viven de ella.

Resulta difícil encontrar una descripción más precisa de muchos partidos políticos actuales.

Mancur Olson y los grupos extractivos

Mancur Olson aportó otra pieza fundamental para comprender el problema.

Observó que las sociedades prósperas tienden a generar grupos organizados que buscan obtener privilegios.

Subvenciones.

Protecciones.

Monopolios.

Ventajas fiscales.

Regulaciones favorables.

Ayudas públicas.

Contratos.

Con el paso del tiempo estos grupos se multiplican.

Cada uno obtiene pequeñas ventajas.

Cada uno captura una parte de los recursos colectivos.

Cada uno encuentra argumentos aparentemente nobles para justificar sus privilegios.

Y el resultado final es una economía cada vez más rígida, menos dinámica y más dependiente de decisiones políticas.

España ofrece numerosos ejemplos de este fenómeno.

Sectores enteros viven pendientes de subvenciones.

Organizaciones enteras dependen de transferencias públicas.

Empresas enteras prosperan gracias a regulaciones diseñadas a su medida.

No estamos ante una economía libre.

Estamos ante una economía crecientemente condicionada por decisiones políticas.

Y allí donde el político decide quién gana y quién pierde, la corrupción encuentra terreno fértil.

El bandido estacionario

El propio Olson formuló una imagen especialmente reveladora.

La del bandido estacionario.

Imaginemos un ladrón que asalta una aldea.

Roba cuanto puede y desaparece.

Ahora imaginemos otro más inteligente.

Comprende que resulta más rentable quedarse.

Gobernar la aldea.

Cobrar tributos regularmente.

Y asegurarse de que la población conserve suficiente riqueza para seguir produciendo.

Ese segundo bandido obtiene mayores beneficios a largo plazo.

La imagen es provocadora.

Pero ayuda a comprender cómo funciona el poder cuando desaparecen los controles efectivos.

Los gobernantes no necesitan destruir la fuente de riqueza.

Les basta con administrarla en su beneficio.

Y cuanto más débil sea la vigilancia, más fuerte será la tentación.

La desaparición de la responsabilidad personal

Aquí encontramos probablemente una de las raíces más profundas del problema español.

En la España actual resulta extraordinariamente difícil exigir responsabilidades personales a quienes administran recursos públicos.

Un ministro puede equivocarse.

Un consejero autonómico puede equivocarse.

Un alcalde puede equivocarse.

Un presidente de empresa pública puede equivocarse.

Un director general puede equivocarse.

Y las consecuencias suelen ser escasas.

Dimisiones tardías.

Recolocaciones.

Jubilaciones.

Nombramientos en otros organismos.

Puestos de asesor.

Consejos consultivos.

Embajadas.

Empresas públicas.

La responsabilidad patrimonial efectiva resulta excepcional.

Y cuando desaparece la responsabilidad, aumenta inevitablemente la imprudencia.

El juicio de residencia

Nuestros antepasados comprendían este problema mejor de lo que solemos admitir.

Durante siglos existió en España una institución llamada juicio de residencia.

Cuando un alto cargo concluía su mandato debía someterse a una revisión exhaustiva de su gestión.

Los ciudadanos podían presentar denuncias.

Se examinaban sus actuaciones.

Se investigaban abusos.

Y podían imponerse sanciones económicas, administrativas o penales.

El sistema tenía defectos.

Como toda obra humana.

Pero partía de una idea extraordinariamente sensata:

quien ejerce poder debe rendir cuentas.

Hoy ocurre exactamente lo contrario.

Cuanto más alto es el cargo, más difícil suele resultar exigir responsabilidades.

La corrupción del lenguaje

Existe además una forma de corrupción menos visible.

La corrupción de las palabras.

Los viejos términos españoles han sido sustituidos por una jerga diseñada para ocultar la realidad.

Ya no se habla de enchufes.

Se habla de perfiles adecuados.

Ya no se habla de favores.

Se habla de oportunidades.

Ya no se habla de propaganda.

Se habla de comunicación institucional.

Ya no se habla de compra de voluntades.

Se habla de políticas públicas.

Ya no se habla de despilfarro.

Se habla de inversión estratégica.

Ya no se habla de privilegios.

Se habla de derechos adquiridos.

La degradación del lenguaje suele preceder a la degradación de las instituciones.

Porque resulta más fácil aceptar un abuso cuando se le cambia el nombre.

El núcleo del problema

Después de recorrer décadas de escándalos, investigaciones y fracasos, la conclusión resulta difícil de evitar.

España no sufre únicamente un problema de corrupción.

España sufre un problema de incentivos.

Demasiado poder concentrado.

Demasiado dinero administrado por terceros.

Demasiadas oportunidades para el favoritismo.

Demasiadas responsabilidades diluidas.

Demasiada impunidad.

Y muy pocos mecanismos eficaces para exigir cuentas a quienes gobiernan.

Ésa es la razón por la que los escándalos reaparecen una y otra vez.

No porque los españoles sean peores que otros pueblos.

No porque exista una maldición histórica.

No porque la corrupción forme parte de nuestro carácter nacional.

Sino porque las reglas del juego siguen permitiendo que los beneficios de la corrupción sean elevados y sus riesgos relativamente reducidos.

Y mientras esa situación no cambie, los nombres seguirán cambiando.

Pero los escándalos continuarán apareciendo.

Exactamente igual que hasta ahora.

CAPÍTULO VII

¿Tiene remedio España? Cómo reconstruir instituciones al servicio de los ciudadanos

Llegados a este punto, después de recorrer décadas de escándalos, abusos, despilfarros, impunidad y degradación institucional, muchos lectores habrán llegado a una conclusión pesimista.

España no tiene remedio.

La corrupción forma parte de nuestra naturaleza.

Nada puede cambiar.

Todo seguirá igual.

Es una reacción comprensible.

Y, sin embargo, es falsa.

La historia demuestra exactamente lo contrario.

Ninguna nación está condenada de manera irreversible.

Las instituciones humanas no son fenómenos naturales.

No son montañas.

No son océanos.

No son cordilleras.

Son obras humanas.

Y todo aquello que ha sido construido por los hombres puede ser reformado por los hombres.

La cuestión no consiste en saber si España tiene remedio.

La cuestión consiste en saber si existe voluntad suficiente para aplicarlo.

La primera condición: aceptar el diagnóstico

No existe tratamiento posible cuando se niega la enfermedad.

Durante décadas buena parte de la clase política española ha preferido reducir la corrupción a una colección de casos aislados.

Un alcalde corrupto.

Un concejal corrupto.

Un empresario corrupto.

Un funcionario corrupto.

Y asunto concluido.

Pero la experiencia demuestra que el problema es mucho más profundo.

Cuando los escándalos afectan a prácticamente todas las administraciones.

Cuando aparecen bajo gobiernos distintos.

Cuando afectan a partidos distintos.

Cuando se prolongan durante décadas.

La explicación no puede encontrarse únicamente en las personas.

Debe buscarse también en las reglas del juego.

Y mientras no se acepte esta realidad, cualquier intento de reforma estará condenado al fracaso.

Limitar el poder

La enseñanza central de Acemoglu, Johnson y Robinson puede resumirse en una frase:

las sociedades prosperan cuando el poder encuentra límites efectivos.

No existe ninguna razón para confiar ciegamente en la bondad de los gobernantes.

Ni de los gobernantes actuales.

Ni de los futuros.

Ni de los de izquierdas.

Ni de los de derechas.

Ni de los nacionalistas.

Ni de los centralistas.

Ni de los progresistas.

Ni de los conservadores.

El problema no son las personas.

El problema es el poder sin control.

Por eso la primera gran reforma consiste en limitarlo.

Cuanto menor sea la capacidad discrecional de los gobernantes para repartir dinero, favores, subvenciones, contratos y privilegios, menor será también la corrupción.

Separación efectiva de poderes

Montesquieu sigue teniendo razón tres siglos después.

Quien hace las leyes no debería controlar a quien las aplica.

Y quien gobierna no debería influir sobre quienes deben juzgarle.

La independencia judicial no es un lujo.

Es una necesidad.

Porque cuando los ciudadanos sospechan que la justicia puede verse condicionada por intereses políticos, la confianza en todo el sistema comienza a deteriorarse.

No basta con proclamar la separación de poderes.

Hay que garantizarla.

Y garantizarla significa impedir que los partidos conviertan los órganos de control en prolongaciones de sus estructuras de poder.

Responsabilidad patrimonial de gobernantes y altos cargos

Ésta debería ser una de las reformas fundamentales.

Quien administra recursos públicos debe responder por los daños causados cuando actúe con dolo, abuso grave o negligencia manifiesta.

No es razonable que un empresario responda con su patrimonio.

No es razonable que un profesional responda con su patrimonio.

No es razonable que un comerciante responda con su patrimonio.

Y que, sin embargo, quienes manejan cientos o miles de millones de euros públicos apenas asuman consecuencias personales.

La irresponsabilidad fomenta la imprudencia.

La responsabilidad fomenta la prudencia.

Es una regla tan antigua como evidente.

Recuperar el espíritu del juicio de residencia

Nuestros antepasados comprendían algo que hemos olvidado.

El poder necesita vigilancia constante.

Durante siglos los altos cargos de la Monarquía Hispánica eran sometidos al llamado juicio de residencia.

Al finalizar su mandato se examinaba minuciosamente su gestión.

Se escuchaban denuncias.

Se investigaban abusos.

Se comprobaban decisiones.

Y podían imponerse sanciones.

No se trata de copiar literalmente aquella institución.

Pero sí de recuperar su espíritu.

Todo gobernante debería rendir cuentas de manera exhaustiva al concluir su mandato.

No mediante ceremonias propagandísticas.

No mediante entrevistas complacientes.

No mediante memorias triunfalistas.

Sino mediante auditorías rigurosas e independientes.

Protección efectiva de denunciantes

Una sociedad sana protege a quienes denuncian abusos.

Una sociedad enferma protege a quienes los cometen.

España ha avanzado algo en esta materia.

Pero sigue existiendo un enorme miedo a denunciar.

Funcionarios.

Empleados públicos.

Trabajadores de empresas participadas por administraciones.

Profesionales que detectan irregularidades.

Muchos saben perfectamente lo que ocurre.

Pero también saben lo que puede ocurrirles si hablan.

Mientras denunciar implique riesgos superiores a callar, la corrupción seguirá prosperando.

Transparencia radical

Toda administración debería estar obligada a publicar de forma comprensible y accesible:

• contratos;
• subvenciones;
• convenios;
• adjudicaciones;
• informes técnicos;
• gastos de representación;
• viajes;
• asesores;
• sueldos;
• indemnizaciones.

No hablamos de ocultar información entre miles de páginas incomprensibles.

Hablamos de permitir que cualquier ciudadano pueda saber fácilmente qué se hace con su dinero.

Porque el dinero público pertenece a los contribuyentes.

No a los gobernantes.

Reducir las oportunidades para la corrupción

La mejor forma de combatir la corrupción no consiste únicamente en castigarla.

Consiste en dificultarla.

Cada organismo innecesario constituye una oportunidad para el despilfarro.

Cada subvención arbitraria constituye una oportunidad para el favoritismo.

Cada procedimiento opaco constituye una oportunidad para el abuso.

Cada poder discrecional constituye una tentación.

La mejor vacuna contra la corrupción es la sencillez.

Reglas claras.

Procedimientos simples.

Responsabilidades definidas.

Y vigilancia permanente.

El mérito frente al servilismo

Ninguna sociedad puede prosperar cuando la obediencia resulta más rentable que la competencia.

Sin embargo, eso es exactamente lo que ocurre cuando los nombramientos dependen de afinidades personales o políticas.

Las instituciones necesitan a los mejores.

No a los más obedientes.

No a los más dóciles.

No a los más serviles.

La sustitución del mérito por la fidelidad constituye uno de los caminos más rápidos hacia la decadencia.

Y España lleva demasiado tiempo recorriéndolo.

Menos legislación y mejor legislación

España padece una auténtica inflación legislativa.

Miles de normas.

Miles de reglamentos.

Miles de disposiciones.

Miles de páginas que casi nadie conoce completamente.

El exceso normativo no genera necesariamente mayor seguridad jurídica.

Muchas veces produce exactamente lo contrario.

Confusión.

Arbitrariedad.

Interpretaciones contradictorias.

Dependencia creciente de expertos y asesores.

Y más oportunidades para quienes saben moverse dentro de ese laberinto.

La ley debe proteger la libertad.

No convertirse en una selva donde sólo prosperen quienes tienen contactos o recursos suficientes para orientarse.

Reconstruir la confianza

Éste es probablemente el objetivo más importante.

Porque la corrupción no destruye únicamente dinero.

Destruye confianza.

Y una sociedad sin confianza termina fragmentándose.

Los ciudadanos dejan de creer en las instituciones.

Dejan de creer en la justicia.

Dejan de creer en los partidos.

Dejan de creer en los medios de comunicación.

Dejan de creer incluso en la posibilidad de mejorar las cosas.

Y cuando eso ocurre, la decadencia se acelera.

Reconstruir la confianza exige tiempo.

Pero exige sobre todo ejemplo.

Las leyes son necesarias.

Los controles son necesarios.

Las auditorías son necesarias.

Pero ninguna reforma funcionará si quienes ejercen responsabilidades públicas siguen considerando el poder como un botín.

La gran elección

Al final, la cuestión planteada por Acemoglu, Johnson y Robinson sigue siendo extraordinariamente actual.

Todas las sociedades deben elegir.

Pueden construir instituciones que limiten el poder.

O pueden permitir que el poder termine limitando la libertad.

Pueden construir instituciones al servicio de los ciudadanos.

O pueden construir instituciones al servicio de quienes las controlan.

Pueden premiar el mérito.

O pueden premiar la obediencia.

Pueden proteger la propiedad.

O pueden utilizarla como fuente permanente de recursos para alimentar redes clientelares.

Pueden exigir responsabilidades.

O pueden seguir tolerando la impunidad.

España no carece de talento.

No carece de recursos.

No carece de capacidad de trabajo.

No carece de historia.

No carece de experiencia.

Lo que necesita es algo mucho más sencillo y mucho más difícil al mismo tiempo.

Necesita volver a someter el poder a la ley.

Porque cuando la ley deja de gobernar a quienes gobiernan, la corrupción deja de ser una excepción.

Y termina convirtiéndose en una forma de gobierno.

Ésa es la gran lección de nuestra historia reciente.

Y también la gran advertencia para nuestro futuro.

CAPÍTULO VIII

¡ESTÚPIDOS, ES LA CORRUPCIÓN!

Una conclusión para quienes aún buscan explicaciones

Llegamos al final.

Hemos recorrido décadas de escándalos.

Hemos visto desfilar ministros, consejeros, alcaldes, presidentes autonómicos, directores generales, empresarios, sindicalistas, banqueros, intermediarios, comisionistas y toda clase de personajes que, en un momento u otro, ocuparon titulares, juzgados y comisiones parlamentarias.

Hemos contemplado cómo cambiaban los gobiernos.

Cómo cambiaban las siglas.

Cómo cambiaban los discursos.

Cómo cambiaban los protagonistas.

Y, sin embargo, una cosa permanecía.

La corrupción.

Ésa es precisamente la cuestión que muchos se resisten a comprender.

El problema fundamental de España no es la corrupción de un partido concreto.

El problema fundamental de España es que la corrupción ha terminado formando parte del modo habitual de ejercer el poder.

Y mientras no comprendamos esa realidad seguiremos combatiendo los síntomas mientras la enfermedad continúa avanzando.

La explicación equivocada

Durante años se nos ha dicho que nuestros problemas proceden de la falta de inversión.

De la globalización.

De la competencia china.

De los mercados.

De Bruselas.

De la oposición.

Del cambio climático.

De la pandemia.

De la guerra.

De la herencia recibida.

Siempre existe una explicación exterior.

Siempre existe un culpable lejano.

Siempre existe una circunstancia extraordinaria.

Sin embargo, ninguna de esas explicaciones responde adecuadamente a una pregunta elemental.

¿Por qué otras naciones sometidas a las mismas dificultades obtienen resultados mejores?

¿Por qué algunas administraciones funcionan razonablemente bien y otras se convierten en focos permanentes de escándalos?

¿Por qué algunos países consiguen limitar los abusos mientras otros parecen producirlos en serie?

Acemoglu, Johnson y Robinson ofrecen una respuesta incómoda.

Las diferencias fundamentales no dependen de la geografía.

No dependen del clima.

No dependen de la religión.

No dependen de la raza.

No dependen siquiera de los recursos naturales.

Dependen de las instituciones.

Dependen de las reglas.

Dependen de los límites impuestos al poder.

La historia de siempre

En el fondo, toda la historia política puede resumirse en una lucha permanente.

La lucha entre quienes desean someter el poder a la ley.

Y quienes desean utilizar la ley para aumentar su poder.

La lucha entre quienes consideran los cargos públicos una responsabilidad.

Y quienes los consideran una oportunidad.

La lucha entre quienes entienden el gobierno como un servicio.

Y quienes lo entienden como una forma de obtener privilegios.

La tecnología cambia.

Los nombres cambian.

Las ideologías cambian.

Los discursos cambian.

Pero esa lucha permanece.

Y España no constituye ninguna excepción.

Joaquín Costa tenía razón

Hace más de un siglo Joaquín Costa denunciaba la existencia de una España dominada por oligarquías y caciques.

Muchos pensaron que aquella realidad desapareció hace tiempo.

No desapareció.

Se transformó.

El cacique ya no necesita controlar una mesa electoral.

Puede controlar una consejería.

Una diputación.

Una empresa pública.

Una fundación subvencionada.

Un organismo regulador.

Un medio de comunicación dependiente de publicidad institucional.

Un sindicato subvencionado.

Una asociación mantenida con dinero público.

La forma cambia.

La esencia permanece.

La ley de hierro

Robert Michels comprendió otro aspecto esencial.

Toda organización tiende a ser controlada por una minoría.

Toda organización desarrolla una estructura dirigente.

Y toda estructura dirigente acaba generando intereses propios.

Eso ocurre en los partidos.

En los sindicatos.

En las organizaciones empresariales.

En las asociaciones.

Y también en las administraciones públicas.

La cuestión no consiste en impedir que aparezcan élites.

Eso es imposible.

La cuestión consiste en impedir que esas élites dejen de responder ante quienes dicen representar.

El bandido elegante

Mancur Olson formuló una de las metáforas más esclarecedoras de la ciencia política moderna.

La del bandido estacionario.

No roba una sola vez.

No saquea y desaparece.

Permanece.

Administra.

Recauda.

Distribuye.

Favorece.

Castiga.

Y procura que la fuente de riqueza continúe produciendo.

No destruye el sistema.

Vive de él.

La imagen resulta incómoda.

Pero ayuda a comprender por qué tantos gobernantes prometen resolver problemas que nunca terminan de resolverse.

Porque determinados problemas generan presupuestos.

Generan organismos.

Generan cargos.

Generan poder.

Y el poder rara vez se desprende voluntariamente de aquello que lo alimenta.

La corrupción y el lenguaje

Existe otro aspecto especialmente inquietante.

La corrupción suele comenzar mucho antes de que desaparezca el dinero.

Comienza cuando desaparece la claridad.

Cuando las palabras dejan de describir la realidad y empiezan a ocultarla.

Cuando los privilegios se convierten en derechos adquiridos.

Cuando el despilfarro se convierte en inversión estratégica.

Cuando el enchufe se convierte en perfil adecuado.

Cuando la propaganda se convierte en comunicación institucional.

Cuando el fracaso se convierte en resiliencia.

Cuando el saqueo fiscal se convierte en solidaridad.

Cuando la deuda se convierte en estímulo.

Cuando la dependencia se convierte en protección.

La corrupción necesita oscuridad.

Y la oscuridad suele empezar por el lenguaje.

La responsabilidad olvidada

Quizá la mayor diferencia entre las sociedades prósperas y las decadentes no sea la riqueza.

Ni la tecnología.

Ni la educación.

Ni siquiera la cultura.

Quizá la diferencia fundamental sea otra.

La capacidad de exigir responsabilidades.

Cuando quienes gobiernan saben que responderán por sus actos, actúan con prudencia.

Cuando saben que no responderán, actúan de otra manera.

La historia humana ofrece pruebas abundantes de esta realidad.

Y la historia española de las últimas décadas también.

No es una cuestión de izquierdas o derechas

Éste es uno de los errores más frecuentes.

La corrupción no pertenece a una ideología concreta.

No pertenece a la izquierda.

No pertenece a la derecha.

No pertenece al nacionalismo.

No pertenece al centralismo.

No pertenece al socialismo.

No pertenece al liberalismo.

La corrupción pertenece al poder.

Aparece allí donde los controles son insuficientes.

Aparece allí donde las responsabilidades desaparecen.

Aparece allí donde el dinero ajeno se administra sin vigilancia.

Aparece allí donde los ciudadanos dejan de exigir cuentas.

Por eso el problema español no puede resolverse sustituyendo unas siglas por otras.

El problema sólo comenzará a resolverse cuando cambien las reglas del juego.

La gran pregunta

Al final, después de cientos de miles de páginas judiciales, décadas de investigaciones, incontables escándalos y promesas de regeneración repetidas hasta el cansancio, seguimos enfrentándonos a la misma pregunta.

¿Queremos ciudadanos libres o súbditos dependientes?

¿Queremos instituciones al servicio de la nación o al servicio de quienes las controlan?

¿Queremos gobernantes sometidos a la ley o gobernantes que utilicen la ley en su beneficio?

Porque ésa es la verdadera cuestión.

Y de su respuesta depende el futuro de España.

La conclusión

Acemoglu, Johnson y Robinson sostienen que los países fracasan cuando las instituciones dejan de servir al conjunto de la sociedad y pasan a servir a grupos privilegiados.

Joaquín Costa denunció hace más de un siglo el dominio de oligarquías y caciques.

Michels advirtió sobre la tendencia de las organizaciones a convertirse en instrumentos de sus dirigentes.

Olson explicó cómo los grupos privilegiados terminan viviendo del esfuerzo ajeno.

Todos ellos, desde perspectivas distintas, llegaron a una conclusión semejante.

La decadencia comienza cuando el poder deja de estar sometido a límites efectivos.

Y la prosperidad comienza cuando esos límites vuelven a imponerse.

Por eso, después de recorrer medio siglo de escándalos, abusos, privilegios e impunidad, la conclusión de este ensayo puede resumirse en una sola frase.

Una frase sencilla.

Una frase incómoda.

Una frase que explica mucho más de lo que parece.

No es la geografía.

No es el clima.

No es la historia.

No es la religión.

No es la mala suerte.

No es la falta de recursos.

Estúpidos, es la corrupción.